Econóptica Marzo 2016

Conforme al anuncio hecho por el Presidente, los recursos servirn para crear ms oportunidades de empleos en infraestructura, desarrollo social, microempresas, turismo, vivienda, ganadera y agricultura. Adems, anunci que prximamente se dar a conocer un esquema complementario para potenciar el aparato productivo conjuntamente con el sector privado, en reas como plantas ensambladoras y el turismo. Para la generacin de empleos en el sector vivienda y dems sectores se har una inversin de 4.700 millones de lempiras (unos 208,3 millones de dlares) que estn previstos en el Presupuesto General de la Repblica. Se espera que con el programa se tengan ms opciones de empleo en obras menores como la construccin de infraestructura bsica en barrios, comunidades, aldeas y caseros. Parte de los recursos sern aportados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Banco Centroamericano de Integracin Econmica (BCIE) y el Banco Mundial (BM), entre otros entes de crdito internacionales.Y adicionalmente, el presidente ha indicado que el aparato agroalimentario del pas tendr una transformacin dramtica. En forma muy optimista ha indicado que con los puertos y los aeropuertos, las autopistas nuevas y la reconstruccin de las carreteras

existentes que el gobierno tiene en cartera, el pas tendr un despegue sin precedente, haciendo un llamado a la empresa privada para que participe en las iniciativas ociales con el objetivo de "crecer juntos".Como sector privado nos sentimos optimistas ante estos anuncios del Presidente que, de materializarse, daran un fuerte impulso al crecimiento econmico de nuestro pas y contribuiran a resolver uno de los ms serios problemas que aigen a los hondureos a todos los nivelesadems de la seguridad-- como ser el desempleo. Conforme a informacin publicada por el Instituto Nacional de Estadsticas (INE) a junio 2015 el total de personas con problemas de empleo asciende a 2.301,322; la tasa de desempleo abierto es de 7.3%, la tasa de sub-empleo visible de 14.1% y la de sub-empleo invisible de 41.1%.Al arribar a sus dos aos, el gobierno del Presidente Hernndez ha hecho un excelente trabajo en resolver el problema macroeconmico, habiendo logrado reducir el dcit scal de un 7.9% en el ao 2013 a un estimado de 3.2%-3.5% en 2015 y se ha mantenido en cumplimiento del Acuerdo Stand By rmado con el Fondo Monetario Internacional a nales del ao 2013. El

nivel al que se mantienen las reservas internacionales fortalece la conanza en la moneda nacional y la inacin del 2015 ha sido la ms baja desde el ao 2009. Otro avance importante ha sido en el tema de seguridad, donde se han tomado acciones rmes en contra del narcotrco y la criminalidad y se ha logrado reducir la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes de 86.5% a 56%.Habiendo logrado estabilizar la macroeconoma, ha llegado el momento de impulsar en forma agresiva los programas y proyectos que logren catapultar el crecimiento econmico a porcentajes que permitan a Honduras iniciar la senda del desarrollo econmico y social, en forma equitativa y sostenible. En esta forma se resolvern los problemas de los hondureos mediante la creacin de empleos productivos. Los programas de subsidios y bonos son de naturaleza temporal y no resuelven los problemas de los beneciarios.Con tasas de crecimiento poblacional de alrededor de 2.2%, nuestro pas necesita crecer a tasas superiores al 6% por un buen nmero de aos y para lograrlo, est claro que se

necesita el aporte decidido del sector privado, que con su inversin de capital, innovacin, tecnologa e iniciativa puede hacer que la economa alcance esos niveles de crecimiento. Cualquier estrategia que se desee impulsar en un pas necesita forzosamente incluir al sector privado, dndole oportunidades para que pueda crecer. En una economa de mercado, el sector privado contribuye a al crecimiento econmico y a la reduccin de la pobreza mediante incrementos a la productividad, la creacin de empleo y el pago de salarios competitivos. Est comprobado que la acumulacin de factores, la tecnologa y la eciencia son determinantes para mejorar el desempeo econmico de un pas. Y esto lo logra el sector privado si existen las condiciones para que pueda operar dentro de un marco de respeto al Estado de Derecho, sistemas tributarios y logsticos que faciliten su competitividad y su insercin en los mercados internacionales y promuevan la creacin de nuevas

empresas. Paralelamente, se debe combatir la corrupcin poltica, el despilfarro de los recursos que aportamos los contribuyentes y la transparencia. En esta direccin, es conveniente mencionar que de acuerdo al ltimo informe del Doing Business 2016, Honduras ocupa la posicin 110una mejora de 5 posiciones con relacin al 2015-- en una muestra de 189 pases, aunque en la regin solo estamos mejor que Nicaragua. Los factores donde peor evaluados salimos como pas se encuentran Pagando impuestos posicin 155, Cumplimiento de Contratos y Trmites para comenzar un negocio posicin 150. Mientras que nuestra mejor calicacin esta en Obteniendo crdito posicin 7.En la misma direccin, de acuerdo a un anlisis elaborado por INCAE sobre la competitividad de la regin, se hace nfasis en los factores que impulsan la misma, distinguiendo entre pases con ingreso per cpita menor y mayor a US$2 miles. En los primeros, los requerimientos bsicos giran alrededor de las instituciones, infraestructura, estabilidad macroeconmica y salud y educacin bsica. En

cuanto a los segundos, los requerimientos esenciales son educacin superior y capacitacin, eciencia en el mercado de bienes, eciencia en el mercado laboral, preparacin tecnolgica y tamao del mercado.Siendo que Honduras ya sobrepasa el ingreso per cpita de US$2 milesaunque estamos rezagados en el fortalecimiento de las instituciones, que es importante para garantizar el respeto a la ley, a los contratos y a la propiedad privadaes importante pasar a la siguiente etapa, para lo cual a nuestro criterio se necesita que todos los sectores aporten valor agregado a travs de una dialogo franco e incluyente, sin imposiciones ni posiciones arbitrarias de ninguna clase. Tomamos la palabra al Presidente de la Repblica en cuanto a que todos juntos podemos construir la Nueva Honduras. Pero esta frase solo se puede convertir en realidad si todos participamos en el proceso, dentro de un clima de respeto a la ley y creando las condiciones para promover la inversin privada nacional y extranjera.

Crditos

Mensaje de la Presidencia

Editorial

Independencia del Poder Judicial

Responsabilidad Fiscal

Comportamiento de la economa hondurea

Formacin profesional, como factor de competitividad y generacin de empleo

El taln de Aquiles de la responsabilidad social empresarial

Facilitacin del comercio, un desafo o una actitud

Competitividad de la industria del camarn en Honduras

La reforma del subsector elctrico en Honduras

NDICE3

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CRDITOS

Consejo Editorial:Arturo Alvarado Sanchez Federico lvarezGustavo Len GmezVilma SierraSantiago HerreraGabriel MolinaEyby Aguirre

Colaboradores especiales:Gilberto RamosFernan NuezJulio GomMarvin OsegueraLidabel AlmendarezHans AuerCarlos Castaeda ViasEduardo Reyes Reina

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MENSAJE DE LA

Aline FloresHan pasado 4 aos desde que asum este reto de liderar el Sector Privado hondureo, lo hice con mucha ilusin, creyendo como lo sigo haciendo que la empresa privada es el factor clave para generar inversin, empleo y crecimiento inclusivo. En este ejercicio hemos logrado incidir en muchas leyes, iniciativas, programas y proyectos, que favorecen el clima de inversiones, la conanza, la seguridad jurdica y ciudadana, la sostenibilidad de las empresas y la estabilidad del empleo.

Tambin debemos reconocer que no todos los propsitos que nos jamos se alcanzaron, ya sea por no haber logrado los consensos necesarios, la viabilidad de los mismos, la falta de respaldo poltico, entre los cuales debo destacar, no hemos podido inuir al nivel deseado en el marco de la poltica scal y mas especcamente en la tributaria, a pesar de nuestras gestiones, innumerables reuniones, comisiones de trabajo, iniciativas de ley y hasta recursos ante las cortes de justicia.

Algunas acciones que creo han sido fundamentales en mi gestin, han sido el haber desarrollado y lanzado nuestra estrategia de empresa sostenible, como una gua para el sector privado, de lo que se debe de hacer para asegurar la sostenibilidad de la empresa, particularmente la MIPYME, tambin el haber logrado, mantenido y ampliado el Acuerdo Multi-anual de salarios, factor de estabilidad, predictibilidad y reduccin de conictividad en las relaciones entre empleadores y trabajadores, hemos apoyado temas fundamentales para las empresas y la comunidad nacional como la Canasta Bsica, el fortalecimiento del sector elctrico, hasta alcanzar la autonoma en la generacin renovable, hemos impulsado la equidad de gnero como poltica institucional a nivel empresarial y particularmente, hemos hecho nfasis en el tema de transparencia, lanzando nuestra primera declaracin de principios de integridad empresarial, rmamos el Pacto Global y hemos respaldado a nuestras gremiales en iniciativas como CosT, para las contrataciones transparentes en obras publicas y el reconocimiento de Honduras en la iniciativa EITI para las industrias extractivas.

Quedan para quienes me releven en este rol, muchos retos tales como consolidar una reforma tributaria favorable a la inversin, la implementacin responsable y sostenible de la reforma del Sistema de Proteccin Social, consolidar mas una relacin sana y respetuosa con el Sector laboral, crear las condiciones para la implementacin de la Estrategia de Crecimiento y generacin de empleo, desarrollada por la rma Mackinsey a iniciativa de una parte del Sector Privado y consolidar el proceso de Unin Aduanera e implementacin exitosa de la Alianza por la Prosperidad, seguir luchando por la consolidacin de las instituciones y el clima de negocios, condicin bsica para fomentar la conanza y las inversiones, entre otras cosas.

Como lo dije antes y lo digo ahora, como sector privado nuestro trabajo es crear trabajo y no hay mejor sistema de proteccin social que la creacin de empleo, ese es y debe ser el reto de nuestra sociedad y de nosotros como empresarios, hay algunos que dicen que no pueden haber empresas exitosas en sociedades fracasadas y esa debe ser nuestra lucha, para alcanzar un crecimiento inclusivo.

Me despido con la frente en alto por el deber cumplido, seguir apoyando desde mis empresas y en los espacios gremiales que se me concedan, al nuevo liderazgo del Sector Privado, a n de consolidar estos planes y proyectos, que propendan a alcanzar los mejores derroteros de nuestra Patria Honduras, esta donde vivimos, invertimos y trabajamos.

Muchas gracias







4. MARZO 2016 ECONOPTICA

PRESIDENCIA


El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernndez, anunci el lanzamiento de un programa para crear a corto, mediano y largo plazo 150.000 nuevos empleos, que ser nanciado con recursos nacionales y externos. La iniciativa, denominada Programa Presidencial de Empleo y Oportunidades, aprobada en Consejo de Ministros, tambin ser apoyada por los municipios y la empresa privada.


EDITORIALEDITORIAL



Arturo Alvarado Snchez




EDITORIALEDITORIAL



La LRF se basar en las iniciativas de las autoridades para mantener las ganancias scales alcanzadas hasta el momento y los progresos realizados en el desarrollo del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP). Esta ley adoptar segn se detalla, la rendicin de cuentas, transparencia y estabilidad, principios coherentes con las normas internacionales y mejores prcticas. Contendr un lmite en el dcit del sector pblico y una restriccin a la tasa de crecimiento del gasto corriente. La ley tambin contendr una clusula transitoria que dene un camino de transicin para obtener estas metas en 2019. Este camino ser plenamente coherente con las metas scales del programa. Una vez que la ley sea aprobada por la legislatura, todas sus disposiciones, con excepcin de las reglas scales para 2016-17, sern exigibles.Lo anterior nos parece propicio, dado que cada 4 aos con el cambio de gobierno, el pas y sus agentes econmicos nos vemos enfrentados a paquetes scal que nos han llevado a la creacin de nuevos impuestos, elevando de forma sustancial la presin tributaria y afectando la competitividad de las empresas y la economa nacional, todo lo anterior, agravado por la tremenda carga que representa para el Estado el creciente endeudamiento




pblico y las limitaciones presupuestarias para atender las crecientes demandas de la poblacin hondurea en asuntos de seguridad y en servicios de infraestructura econmica y social, de educacin y de salud, las que, de no ser atendidas oportunamente, crean ms pobreza y desigualdad y, con ello, presiones sociales e incrementados problemas de inseguridad y violencia. Si bien la poltica monetaria es clave, la poltica scal es fundamental. Esto, ms all del denominado efecto crowding-out, no reconocido por algunos de los grandes tericos de la economa. Por la va del gasto y del multiplicador, el Estado puede modular las coyunturas negativas e incluso, por el inters social, sobrepasar ciertos lmites para relanzar la economa. Sin embargo y esto es importante,el gasto en inversin pblica no puede ser nanciado inorgnicamente y tampoco puede estar desligado de las tendencias de fondo de la coyuntura. Esto quiere decir, en suma, que las polticas contra-cclicas, de las que tanto se habla, deben tomar en cuenta la realidad de la economa, sus perspectivas futuras y adaptarse a esas previsiones. No pueden aplicarse polticas contra-cclicas sin benecio de inventario, pues sus efectos podran ser ms perniciosos y podran incubarse desajustes de ms difcil control en el futuro.

Los planteamientos anteriores sugieren la importancia de aplicar siempre polticas scales apropiadas, coordinadas, como base de la sostenibilidad del crecimiento y de la creacin de condiciones de bienestar. Parecera estar claro que la poltica scal anti-cclica no puede ser cualquier poltica: debe reunir algunas condiciones, tener objetivos claros y, sobre todo, al igual que en el caso de la poltica monetaria en los pases, ser creble. Y es sta, precisamente, la preocupacin central. Dems est decir que hay consenso en la conveniencia de aplicar polticas scales anti-cclicas y sostenibles en el largo plazo, como requisito para lograr credibilidad, estabilidad macroeconmica y mejor desempeo de las economas. Pero, cuando ese compromiso no es claro, por las razones que sean (sobre todo por el hecho, por ejemplo, de que las demandas sociales son siempre crecientes y urgentes), lo recomendable es permitir que la poltica scal est guiada por reglas que establezcan metas especcas sobre el dcit scal o lmites cuantitativos sobre el gasto pblico, el nivel de la deuda o arbitrios del mismo tipo. Para que sean efectivas, esas reglas deben contar con el respaldo de los diferentes estamentos de la sociedad y es aqu donde se vuelve importante, lograr consensos y/o pactos de responsabilidad scal como ya se ha propuesto en Honduras.Las reglas limitan el uso discrecional de los recursos pblicos y establecen prioridades dentro de rangos precisos, lo que tiende a reducir la volatilidad del crecimiento y favorece la sostenibilidad de la recuperacin econmica (al menos se es el objetivo) y, de hecho, una mejor asignacion de los recursos (o al menos, en principio, mayores oportunidades). Polticas scales muy laxas tienen efectos contrarios. De all que en algunos pases, para consolidar la posicin de las cuentas pblicas y ordenar anti-cclicamente el desempeo macroeconmico, se denen objetivos cuantitativos que apuntan a regularlas de modo gradual y, por supuesto, una vez ms, sin perder de vista el carcter contra-cclico que deben tener esas opciones de poltica: son los casos, por ejemplo, de Chile, Mxico y Per.Al igual que en el caso de las nanzas personales, a nivel pblico deben priorizarse los gastos ms importantes, los proyectos ms urgentes y quiz ineludibles; debe planicarse su modo de nanciamiento sin perder de vista el perl de la deuda; en n, debe preverse la tendencia de los ingresos y gastos futuros, las posibilidades de pago de las deudas, etc. Esto deja ver el mediano y largo plazos con mayor objetividad y apoya una programacin ms rigurosa.Esa programacin es siempre urgente en el caso del Estado, en especial, en pases en desarrollo: las demandas sociales deben atenderse prioritariamente, pero ciertos niveles de

cautela respecto de algunos gastos deben incorporarse a la disciplina estatal, en funcin precisamente de lograr un mayor bienestar social que se mantenga en el tiempo. Nuevos patrones de deuda pblica sern asimismo consecuencia de ese manejo prudencial. El Estado no puede gastar sin medida, sin que ello signique abogar por un enfoque que agrave los desequilibrios y la desaceleracin de la economa, como en muchas ocasiones se ha sealado tratando de justicar la laxitud scal.Las Leyes de Responsabilidad Fiscal o Reglas Fiscales tratan sobre todo de privilegiar y consolidar un enfoque de prioridades, a lo que obliga la bsqueda del mejor posicionamiento de las cuentas del Gobierno y que priorizar la atencin de los requerimientos de un clima propicio de reactivacin de la inversin y las demandas sociales ms urgentes.La ausencia de una regla scal, sobre todo cuando la posicin de las cuentas pblicas est signada por la volatilidad y el riesgo (vista la rigidez de los ingresos, la estructura y calidad del gasto) y complicada por la discrecionalidad pblica, se revela en la fuerte variabilidad y magros resultados alcanzados histricamente por los Gobiernos Centrales y el denominado sector pblico no nanciero (SPNF). La tendencia errtica del resultado primario del Gobierno central y del SPNF no es ms que una muestra de la fragilidad y la volatilidad de los ingresos y de la discrecionalidad del gasto; en esas condiciones resulta muy difcil ordenar la macroeconoma desde la perspectiva de la estabilidad y el cambio a mediano y largo plazos. Ello exige disciplina progresiva desde el sector pblico, por los benecios que una aplicacin consistente de la regla-objetivo puede generar en el tiempo.El gasto excesivo en determinadas coyunturas tiene esto no puede olvidarse efectos inter-generacionales, sobre todo cuando la tasa de retorno del objeto del gasto no es ptima y, sobre todo y paradjicamente, en materia de redistribucin de ingresos, que es lo que supuestamente trata de corregirse a travs de la laxitud scal. De ah la importancia de la jacin seria de reglas scales claras que consoliden un esquema de prioridades de gasto y apunten a sostener el equilibrio scal de largo plazo. Quede claro que no se trata de ser pro-cclicos en perodos recesivos, vale decir, restringir el gasto en medio de procesos depresivos: sera ingenuo y socialmente nefasto.Se trata s de sostener un proceso de gestin apropiado de las nanzas pblicas, asignando al Estado el nivel de mnima discrecionalidad que le asiste, pero restndole precisamente en bsqueda del bienestar presente y futuroposibilidades de un manejo de baja calidad del gasto(vase en el caso de Honduras los magros resultados en materia de seguridad, educacin y salud) y sin referentes

claros de la orientacin del largo plazo y de cmo las condiciones internacionales en las que el pas se inserta van a inuenciar sobre el proceso de crecimiento econmico y mejoramiento de las condiciones de vida.POLTICA FISCALLa intencin primordial de la aplicacin de una regla scal es asegurar un comportamiento responsable dentro de una senda que contribuya a la bsqueda de la estabilidad econmica. En particular, reglas de carcter numrico estn dirigidas a restringir el dcit de una manera explcita, evitando la discrecionalidad del manejo pblico y por lo tanto la disminucin de la tendencia a generar dcit recurrentes debido a factores polticos o problemas coyunturales por los que algn gobierno pudiera atravesar.La aplicacin de una regla cuantitativa favorece la permanencia de polticas estables y consistentes en el largo plazo, reduciendo el riesgo de la aplicacin de medidas discrecionales del tipo caso por caso que conduzcan a la economa por un sendero poco predecible. Como es de suponer, el debate econmico sobre el papel que debe seguir la poltica econmica, sea sta activa o pasiva, se proyecta hacia la decisin de adoptar reglas o permitir el manejo discrecional, en particular hacia la decisin de lograr conanza y perder discrecin o viceversa.La mejor forma de mantener un buen desempeo en el largo plazo es institucionalizar el manejo scal en general, liberndolo de interferencias exgenas, sean stas de orden poltico o econmico. Para ello, se requiere un conjunto de normas establecidas con fuerza de ley que contribuyan a mantener una administracin scal prudente y ecaz de manera permanente. Sin embargo, la propuesta de un conjunto de reglas scales no garantiza necesariamente el logro de un buen desempeo scal; es necesario, adems, el respaldo de un slido proceso presupuestal y normas de transparencia que colaboren en la obtencin de objetivos claramente estipulados.La experiencia de pases que han impuesto diversos tipos de restricciones scales es valiosa a lo largo de los ltimos veinte aos, y en especial de aqullos que han dado pasos denitivos hacia la creacin de una conciencia scal institucionalizada como en el caso de los pases de la Comunidad Econmica Europea, Estados Unidos de Amrica, Nueva Zelanda, Argentina y Costa Rica, entre otros. A pesar de la variedad de los resultados scales.Es fundamental en este punto destacar que para lograr el objetivo, es necesario contar con normas de transparencia adecuadas, a n de hacer de conocimiento pblico los objetivos y metas del gobierno, as como la estructura de las cuentas pblicas. Asimismo, el cumplimiento de normas de transparencia comprende el acceso conable a la

informacin sobre las intenciones y acciones del gobierno en materia scal. Las funciones, estructura, cuentas y proyecciones del sector pblico debern ser entendibles, normalizadas y comparables con normas internacionales. El Cdigo de Buenas Prcticas sobre Transparencia Fiscal adoptado por el Fondo Monetario Internacional en abril de 1998 provee los planteamientos necesarios para el logro de un buen manejo scal, condicin fundamental para alcanzar estabilidad macroeconmica y crecimiento.Un buen desempeo pblico no slo deber estar respaldado por normas de transparencia como las descritas lneas arriba sino por principios de responsabilidad y predictibilidad. Responsabilidad, en el sentido de que el gobierno deber hacerse cargo de la conduccin de la poltica scal y ser responsable por ella; es decir, velar elmente por el cumplimiento de las reglas establecidas bajo responsabilidad explcitamente denida. Del mismo modo, las actividades pblicas debern ser fciles de predecir y conocidas por todos los agentes a n de evitar uctuaciones que comprometan los objetivos establecidos.

El carcter permanente de una regla scal obedece a que el compromiso institucional generado debe ser sostenido a lo largo del tiempo, independientemente de los cambios de gobiernos nacionales o locales. Gran parte de la credibilidad que debe transmitir una regla recae en su intencin de ser permanente aunque posteriormente sea abandonada o suspendida.Otra caracterstica fundamental para el xito en la aplicacin de una regla scal es su cumplimiento obligatorio y el establecimiento de penalidades en caso de incumplimiento, lo que est vinculado con la credibilidad y el respaldo legal que el marco institucional debe proveer a cualquier regla scal. El desempeo de un gobierno deber estar sujeto al cumplimiento estricto de las normas ya establecidas, bajo sancin. Gobiernos que decidan omitir o vulnerar cualquier regla debern enfrentar una sancin no solamente poltica sino en algunos casos penal en contra de los funcionarios responsables.




El ndice Global de Competitividad 2015-2016 que anualmente estima y publica el Foro Econmico Mundial (WEF por sus siglas en ingles) en su pilar instituciones otorga a Honduras una puntuacin de 3.3 de un mximo de 7, y un ranking de 94 de 140 en la variable instituciones y su pilar Independencia del Poder Judicial, posicin que revela ms bien una desventaja competitiva, que para superar hace falta que el proceso de seleccin de magistrados, pase de un simple ejercicio de reparticin de puestos entre partidos polticos a un serio esfuerzo por ganar la batalla de alcanzar una real independencia judicial, que garantice la seguridad jurdica y ciudadana, favoreciendo el clima de negocios del pas.Es por lo anteriormente expresado, que consideramos importante hablar de los principios fundamentales que destacan el valor de buscar, consolidar y garantizar la independencia judicial, ms all del simple nombramiento de una nueva CSJ.Cada Estado est compuesto por tres elementos a saber, territorio, poblacin y poder. Este poder

Recientemente hemos estado como Sociedad, avocados al proceso de seleccin de los Magistrados que dirigirn la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el periodo 2016-2023, y como tal, el rgano supremo del Poder Judicial, eso implic un largo proceso mediante el cual varias organizaciones de la sociedad designaron a sus representantes ante la Junta Nominadora, deniendo las reglas de juego mediante el cual cumpliran su cometido, luego el Congreso revisando y recomendando una lista de 15 magistrados y el sui generis y dilatado proceso mediante el cual, se eligieron los magistrados a la CSJ.

necesita ser reglamentado, dando lugar a normas claras de juego, en funcin del espacio territorial en donde el mismo ser ejercido, y a las personas sometidas al referido poder del Estado.Cada uno de los tres rganos de poder del Estado, tiene especcas atribuciones y obligaciones establecidas por la Carta Magna, a las que los mismos deben ceirse, resguardando sus respectivas competencias y evitando el inmiscuimiento recproco entre los mismos. La misma constitucin establece que estos poderes sern complementarios e independientes y sin relaciones de subordinacin.Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nacin tiene dicho que cada poder, "dentro de los lmites de su competencia, obra con independencia de los otros dos en cuanto a la oportunidad y extensin de las medidas que adopta y a los hechos y circunstancias que la determinan", y que es obligacin de los jueces "asegurar a cada poder el goce de la competencia constitucional que le concierne en el mbito de su propia actividad".

Este estilo de actuar del Estado, con un poder legislando, otro ejecutando y el restante controlando, es lo que se ha dado a llamar Estado de Derecho y es al que solemos referirnos con la expresin el imperio de la ley, conformada a los extremos constitucionales. El Poder Judicial, es uno de los tres poderes que integra el orden jurdico orgnico de nuestro pas, conjuntamente con el Legislativo y el Ejecutivo, y tiene por potestad la imparticin de justicia, que emana del Pueblo, y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes, nicamente sometidos a la Constitucin y a las leyes. Asimismo, ejercer la funcin de controlar a los otros dos poderes en relacin a los actos de gobierno que desempeen, los cuales, como es obvio deben ser realizados dentro de los parmetros que la Constitucin de la Repblica establece.

Solamente en los jueces reside la potestad que imprime a dichos rganos un sentido especco dentro de nuestro rgimen institucional de divisin de poderes, que consiste en juzgar determinada clase de conictos, sea originariamente o mediante revisin de lo resuelto por funcionarios u organismos administrativos. De esa circunstancia derivan, fundamentalmente, las previsiones constitucionales y legales tendientes a asegurar la independencia de los jueces con respecto a los restantes poderes del Estado.Podemos denir a la independencia del poder judicial, como la garanta instituida por y a favor del Pueblo, para que quienes tienen a su cargo la tarea diaria de impartir justicia en los hechos posteriores a su designacin y sometidos a su examen, lo hagan impvidamente, razonablemente, racionalmente, apegados a la ley y sobre todo, libres de inujos externos, signicando un lmite concreto a los dems poderes del Estado, frenando una intromisin indebida, y por cualquier medio, de estos en las decisiones jurisdiccionales y soberanas de los magistrados.En la era de la globalizacin y de lo efmero es positivo recordar algunos principios bsicos de la independencia judicial, no con la idea de hacer un declogo sino como un ejercicio de memoria. Si bien cada da est ms presente en nuestra sociedad el concepto de lo pasajero, las naciones no pasan. El ritmo vertiginoso de la globalizacin no debe diluir la historia institucional de cada pas que le ha otorgado su identidad, construida lentamente a lo largo de tiempos ms acompasados y silenciosos.Como grupo humano, como nacin nos organizamos bajo un sistema que est plasmado bsicamente en la Constitucin de la Repblica. All estn presentes los principios bsicos que pactamos respetar para convivir paccamente y crecer como nacin y pas. Segn este sistema los guardianes de la Constitucin, de los derechos y deberes de todos los ciudadanos, son los jueces organizados en uno de los poderes del estado, el Poder Judicial. Es por eso que es vital para su funcionamiento la independencia de ste respecto de los otros poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo. La separacin de los poderes del estado, su control y equilibrio son caractersticos de una republica, y por lo tanto la independencia del Poder Judicial tambin lo es. La independencia de todos los magistrados y funcionarios que lo integran, es una forma de garantizar la justicia, la transparencia, la seguridad jurdica, el cumplimiento de las normas, y de nuestra Constitucin, que nos gua como sociedad organizada.

Independencia judicial implica imparcialidad, decoro en el ejercicio de la funcin del juez, honestidad, idoneidad tcnica jurdica, idoneidad fsico psicolgica, idoneidad gerencial, secreto profesional, fortaleza, prudencia, y compromiso institucional. Independencia judicial debe ser entendida como el libre ejercicio de los jueces que integran el Poder Judicial de sus funciones, libre en cuanto a presiones de todo tipo polticas, econmicas y personales. Tendremos jueces independientes cuando especialmente los otros dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, respeten las garantas constitucionales de seleccin, remocin y remuneracin de los mismos. Estas garantas no son un privilegio ni un benecio de carcter personal o patrimonial de los juece

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