DE LOS DIARIOS MÁS IMPORTANTES DEL ESTADO DE OAXACA

Martes 01 de Marzo de 2016

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Puerto Escondido

Oaxaca

México

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Oaxaca: Premio a la ineptitud o cinismo colectivo

Redacción

Loma Bonita, Oax; 29 febrero 2016.- Gabino Cué es candil de la calle y oscuridad de su casa. Mientras los maestros volvían a desquiciar al estado con manifestaciones, él, reunido en Toluca con los gobernadores tomaba protesta como Presidente de la Conago. No fue un reconocimeinto a su trayectoria, fue la certeza de que ha entregado un estado al que contribuyó a que fuera pisoteado una vez más.

Con un caos magisterial el maestro así procede, si con Oaxaca no puede ¿no es suficiente señal?; y no es nada personal no es un chisme de comadre, el Estado es un desmadre el que no quita arrebata, su designación no es grata, suena a mentada de madre.

Ante Peña simbolizo que a Oaxaca yo la entrego esto es parte del juego una entrega que autorizo; mi cariño fue postizo Oaxaca, fuiste violada, caja chica tan deseada, y ante los gobernadores todos ellos mis señores, hoy te mando a la chingada.

Me eligen a convocar un combate a la pobreza y yo tengo en la cabeza a todas las soluciones; Oaxaca y sus expresiones como hoy, de impunidad, garantizan claridad en todo lo que yo hago, ¡Presidente del Conago me merezco por lealtad!

Soy la aguja en el pajar, soy el ejemplo a seguir y como ya me debo ir, ¡Oaxaca te voy a entregar!; y traeré a protestar a mis chicos muy queridos, buenos profes, no fingidos, constructores de concordia ya que lo Conago exordia a que estemos muy unidos.

Gobierno retendrá 2.5 % en pagos de facturas de proveedores

Jaime GUERRERO

Oaxaca, 01 de marzo, 2016.- El pasado 31 de diciembre del 2015, fue publicado en el periódico oficial del Estado de Oaxaca, una de las reformas

que afectan a todas las personas fiscas y morales que sean proveedores o prestadores de servicios del Gobierno del Estado de Oaxaca, al

establecer una nueva contribución (pago de derechos) dentro de la Ley Estatal de Derechos.

A propuesta del Gobernador, Gabino Cué Monteagudo, las y los diputados de la LXII Legislatura, establecieron que “retener” el 2.5 por ciento del

importe total del pago de facturas por las contratación de servicios.

La Secretaría de Finanzas, justificó dicho pago en los servicios de inspección, vigilancia y control a cargo de la Secretaria de la Contraloría y

Transparencia Gubernamental, obligándolos a pagar por la prestación de servicios una tasa del 2.5% sobre el importe total de la contratación.

Es el artículo 82 de la Ley Estatal de Derechos la que establece que las personas físicas, morales o unidades económicas en su carácter de

proveedores o prestadores de servicios al Gobierno del Estado, causarán y pagarán sobre el importe total de la contratación sin incluir el Impuesto

al Valor Agregado, el dos punto cinco por ciento por los servicios de inspección, vigilancia y control a cargo de la Secretaría de la Contraloría y

Transparencia Gubernamental.

“Las Dependencias y Entidades retendrán el importe del derecho a que se refiere el presente artículo y depositarán de inmediato a la cuenta

bancaria que para tal efecto aperture la Secretaría de Finanza, debiendo de dar aviso sobre el depósito efectuado”, plasma la ley.

Agrega que los ingresos que se obtengan por la recaudación de este derecho, se destinarán hasta en un 50 por ciento de los montos que les

correspondan a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental; el 50 por ciento será destinado y ejercido para la evaluación del

desempeño a que se refiere la Ley de Coordinación Fiscal, Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y las demás disposiciones

legales aplicables.

Para ello, faculta a la Secretaría de Finanzas para que en el ámbito de su competencia emita las disposiciones administrativas y legales, para la

implementación de ese gravamen.

Sin embargo, fiscalistas, señalan que la contribución que se pretende cobrar por parte del estado tiene “sin dudas fines extrafiscales, es decir

tratándose de un año electoral, seguramente es para el pago campañas políticas”.

El incremento se quedará permanente hasta que se modifique la ley estatal de derechos para el Estado de Oaxaca, es decir, la tasaÂÂ del 2.5

sobre el importe total de los contratos, estará vigente del ejercicio 2016 en adelante.

Además, se desconoce en qué consisten los servicios de inspección, vigilancia y control a cargo de la Secretaria de la Contraloría y Transparencia

Gubernamental.

No obstante, los prestadores de servicios tienen el derecho de ampararse contra esa reforma.

“Represores” de 2006 con URO, trabajan con Cué

YURI SOSA @YuriSosa04

Oaxaca de Juárez.- La Comisión de la Verdad Oaxaca (CVO) entregará este lunes a los tres Poderes del Estado su informe respecto a la investigación de los abusos del gobierno cometidos durante el conflicto social de 2006-2007, en el que se violentaron los derechos humanos.

Al anunciar la conclusión de su gestión en la búsqueda de justicia, reparación del daño y dejar garantías de no repetición, la CVO encabezada por el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, recomendó entre, otras cosas, la inhabilitación de al menos unos 40 funcionarios públicos, por omisión y actuación en los hechos de hace casi 10 años.

Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, el actual titular de la Fiscalía General del Estado, está entre los responsables en la investigación realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el archivo "caso Oaxaca 1/2007", quien durante el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz fungió como director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia, indicó la consejera Marina Jiménez.

De la misma forma, el organismo recomendó al gobernador Gabino Cué Monteagudo que realice las gestiones para garantizar la suspensión de funcionarios que actualmente ocupan cargos públicos y que durante el 2006-2007 tuvieron responsabilidad en la violación a los derechos humanos.

Solalinde Guerra indicó que la constancia de la impunidad en los agravios es la permanencia en la función pública de los protagonistas de la represión de esa época quien aún ocupan cargo en los tres órdenes de gobierno actual.

El presidente de la CVO señaló que en actual gobierno estatal no existió un aporte real para la justicia pese a la creación de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).

En el informe de más de mil 100 hojas, la CVO asevera que el Estado violó de manera sistemática el principio de inocencia, detenciones arbitrarias, tratos crueles e inhumanos, desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales.

Durante la investigación se da cuenta de agresiones a 33 periodistas y se incluyen los nombres de 373 víctimas, sin incluir familiares, el testimonio de 263 personas recabados entre mayo del 2015 y febrero de este año, de las cuales el 38.4 por ciento se trató de víctimas directas.

De los 68 funcionarios citados a declarar por los hechos, sólo acudieron el ex presidente Vicente Fox Quesada y el ex secretario de Salud, Martín Vázquez Villanueva.

No obstante, en los anexos la Comisión de la Verdad enlista a 154 funcionarios de los tres ámbitos de gobierno que las víctimas entrevistadas señalaron de manera directa como perpetradores o participantes del conflicto.

SECCIÓN 22 "MATÓ A 4 PERSONAS" PARA COBRAR 16 MDP

Durante un resumen de su informe, el Consejo de la Comisión de la Verdad Oaxaca (CVO), Diego Osorno, indicó que en durante su investigación, este organismo no pudo obtener pruebas, como actas de defunción u otros documentos, que comprueben la muerte de cuatro personas que la Sección 22 del SNTE reportó como fallecidas.

La CVO registró dos procesos de la reparación de daños a la víctimas del conflicto, uno de ellos a través del fideicomiso F/2001442 que gestionó la dirigencia de la gremial mediante la Secretaría de Gobernación (Segob) en el 2006 por la cantidad de 5 millones de pesos y que cubriría a 16 deudos.

Otro fondo se gestionó por la Coordinación de Derechos Humanos del Gobierno de Oaxaca a partir de una demanda civil, por lo que el gobierno estatal destinó 11 millones de pesos para 64 víctimas, que supuestamente recibieron 170 mil pesos cada una.

Gobierno de URO incurrió en crímenes de lesa humanidad Escrito Por Quadratín

La Comisión de la Verdad determinó que el gobierno de Ulises Ruiz incurrió en desapariciones forzadas, tortura y crímenes de lesa humanidad en los años 2006

y 2007 contra activistas y participantes del movimiento político social. Al mismo tiempo, criticó al gobierno actual de Gabino Cué, al que calificó de insuficiente y

omiso en castigar a los responsables de esos hechos.

Al dar a conocer su informe denominado "Ya sabemos, no más impunidad", este organismo hizo una serie de recomendaciones a los gobiernos federal y estatal,

para que cesen a funcionarios actuales que participaron en la violación de los derechos humanos.

Esta comisión, que operó con poco más de 18 millones de pesos de septiembre de 2014 a febrero de 2016, recomendó a la Fiscalía General del Estado y a la

Fiscalía de Investigaciones de Delitos de Trascendencia Social que retomen las indagatorias en contra de Ruiz Ortiz, así como del ex secretario de Gobierno,

Jorge Franco Vargas, Lizbeth Caña Cadeza, José Manuel Vera Salinas, y Manuel Moreno Rivas, entre otros que estaban a cargo de las actividades de seguridad

y procuración de justicia.

También, pidió a la PGR revisar las demandas penales en contra de las administraciones federales de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa por su

responsabilidad, así como que se finquen responsabilidades contra mandos de seguridad federal por su incursión en las agresiones.

Al respecto de Vicente Fox, la Comisión de la Verdad señaló que el ex presidente de la República justificó la entrada de la fuerza federal en 2016 por la presión

que le ejerció Calderón Hinojosa, con lo cual rompió el síndrome del 68, por el que ningún Presidente ordenaba la incursión de fuerzas federales para evitar un

hecho como Tlatelolco.

La Comisión de la Verdad aseguró que detectaron al menos 9 fosas clandestinas en casas de los mandos policíacos. Asimismo, recomendó que el Congreso del

Estado, y la Secretaría de la Contraloría, inicie procedimientos administrativos para cesar a funcionarios vinculados con los hechos de esos años, entre ellos el

actual Fiscal General.

A casi diez años de los hechos, señaló que el entonces gobierno empleó técnicas de contrainformación, como lo fue el portal electrónico www. oaxacaenpaz.com

y la llamada Radio Ciudadana, empleándose estrategias de persecución y hostigamiento contra periodistas independientes y dirigentes del movimiento social.

A la operación de ese medio señaló de responsable al ex secretario de Obras Públicas, Eviel Pérez Magaña y al entonces secretario de Finanzas Miguel Ángel

Ortega Habib, que presumiblemente utilizaron recursos públicos para esa operación. Asimismo, dijeron que al menos 9 homicidios fueron ejecuciones

extrajudiciales, es decir, crímenes de Estado, "ya que responde a una forma de operar que, se presume, siguió una ruta de acción de varios de los casos;

selección de persona, seguimiento, vigilancia y ejecución".

También pidieron a la Sección 22 del SNTE, así como al IEEPO, transparentar el uso de un fideicomiso para víctimas, pues en algunos casos no fueron

beneficiados los afectados y en 4 supuestos fallecidos, no existen comprobantes, ni documentos que lo acrediten.

La Comisión pidió la comparecencia de 68 funcionarios relacionados con el conflicto, incluyendo al ex gobernador Ulises Ruiz; solamente atendieron el llamado el

ex presidente de la República, Vicente Fox Quesada y el ex secretario de Salud, Martín Vásquez Villanueva. En sus anexos incluyeron los nombres de 373

víctimas, además, la Comisión de la Verdad tomó el testimonio de 263 personas entre mayo de 2015 y febrero de 2016.

Este grupo de trabajo estuvo integrado por el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, la activista en derechos humanos, Marina Jiménez y el periodista Diego

Osorno. Presentarán su informe ante los Tres Poderes y pedirán a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, así como a la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos dar seguimiento a los casos, aunque este documento no tenga carácter vinculatorio.

Informe de la Comisión de la Verdad “¡Ya Sabemos! No más impunidad en Oaxaca”

Comunicado de Prensa

 Informe de la Comisión de la Verdad “¡Ya Sabemos! No más impunidad en Oaxaca”

No me gusta recordar lo que pasó en 2006, porque cuando recuerdo lloro. Pero sí me gusta llorar, porque para mí es como un descanso.

Testimonio CVO

México, 29 de febrero, 2016.- El día de hoy la Comisión de la Verdad de Oaxaca concluye formalmente sus trabajos de investigación sobre los hechos que

motivaron violaciones a los derechos humanos acontecidos en los años 2006 y 2007. En el transcurso de este día se hará entrega del informe a los tres poderes del Estado y se realizarán todos los trámites administrativos para el cierre de la gestión.

A partir de la entrega del informe se iniciará un proceso de edición y publicación del mismo a fin de que el pueblo de Oaxaca conozca la versión de los acontecimientos investigados por esta Comisión. Este día, para cumplir con los principios de justicia, verdad y máxima publicidad, presentamos un Resumen

Ejecutivo donde damos cuenta de los principales contenidos del Informe: La CVO inició sus funciones en septiembre de 2014, mes en el que ocurrió la ejecución y desaparición forzada de estudiantes de la Escuela Normal Rural de

Ayotzinapa. En esas fechas, de conformidad al Decreto legislativo 2056, el titular del Poder Ejecutivo tomó protesta a la comisionada y comisionados que integran este organismo del Estado. Es importante destacar que las Comisiones de la Verdad son organismos oficiales instituidos para investigar e informar de la pauta de

las violaciones a los derechos humanos en el pasado. Por lo regular, las expectativas que provocan son casi siempre desproporcionadas con lo que se puede esperar de ellas.

Sin embargo, las Comisiones de la Verdad buscan recordar y reivindicar la dignidad de las víctimas, plantear programas de reparación integral, promover la justicia, así como fortalecer el Estado de derecho y la futura protección de los derechos humanos. Asimismo, pueden resultar herramientas eficientes y eficaces

de contraste cuando el Estado busca tergiversar la “verdad histórica” con la finalidad de encubrir o exagerar la realidad, no sólo ante acontecim ientos graves como en el conflicto de Oaxaca en 2006, sino también en la cotidianidad, a través de un aparato de comunicación social que tiene como misión generar todos los

días propaganda en lugar de información. Basta identificar que el presupuesto total de 18 millones 173 mil pesos ejercido por la CVO durante su periodo legal de existencia, entre septiembre de 2014 y

febrero de 2016, equivale al gasto que hizo el gobierno federal para publicitarse en medios de comunicación en tan sólo tres días. Para esta investigación, la CVO recurrió tanto al método inductivo como deductivo. En el primer caso, porque se partió de la observación y registro de hechos,

para después realizar un análisis de los mismos, y posteriormente, obtener una generalidad a partir de ello. Dado que no fue suficiente con el método inductivo, se acudió al método deductivo debido a que proporciona principios generales ya existentes, que al momento de analizar nuestro objeto de estudio podrá

proporcionarnos principios secundarios que demostrarán la veracidad de los principios generales. Asimismo, la investigación recurrió tanto a fuentes primarias como a fuentes secundarias.

Una vez clasificadas las fuentes, se pasó a elaborar los documentos que serían considerados insumos para el desarrollo de la investigación: cronología, antecedentes y contexto social del movimiento de 2006, caracterización del movimiento y mapas de ubicación. Paralelamente, se fueron elaborando listas de

víctimas de violación de derechos humanos con nombre, datos generales, edad, profesión, sexo, derecho violentado, hecho que lo ocasionó y fecha. Es preciso aclarar que son varias listas, debido a que cada una pertenece a la institución que la elaboró. No obstante, la CVO elaboró la propia a partir de la investigación.

Así, las etapas de la investigación consistieron en: 1) fundamentación teórica y análisis de los antecedentes del impacto psicosocial en Oaxaca por los hechos ocurridos en los años 2006 y 2007; 2) realización de entrevistas y toma de testimonios; 3) una muestra por conveniencia de la información proporcionada fue

sistematizada en el software Atlas.ti y Excel; 4) análisis de la información sistematizada; 5) redacción del informe final de impacto psicosocial. A algunos de los casos seleccionados en la muestra por conveniencia se les aplicó el cuestionario de Evaluación de Calidad de Vida de la Organización Mundial de la Salud.

Por lo tanto, este esfuerzo investigativo puede considerarse un estudio de tipo descriptivo, cualitativo-cuantitativo; que privilegia la perspectiva –o marco teórico- psicosocial del daño y el afrontamiento, enlazado a lo político que tienen las violaciones a los derechos humanos; ya que no es posible aislar uno y otro elemento

(contexto político, social, histórico, jurídico, de derechos humanos, de daño y de afrontamiento), pues por ejemplo, una medida jurídica y social como lo puede ser la sanción a los responsables contribuye en muchos sentidos al proceso de reparación del daño emocional y a la reconciliación del Estado con la sociedad; con lo

cual se contribuye a garantizar que nuevas violaciones no vuelvan a ocurrir; todo lo cual es hablar de una sociedad que busca su bienestar y la salud para todos sus integrantes.

Si el capítulo 1 de este informe se centra en la denuncia de las víctimas por las cuales la CVO lleva a cabo este trabajo, el objetivo del capítulo 2 es estudiar el comportamiento del Estado, evidenciando el empleo de su maquinaria para sofocar el movimiento social de 2006-2007, argumentando el mantenimiento tanto la

paz social como el Estado de Derecho. Por su parte, en el capítulo 3 se revisa lo que fue la actuación de las autoridades en el ámbito de Procuración y administración de justicia. Particularmente, en relación a los Derechos al debido proceso, a la seguridad Jurídica y el acceso a la Justicia. Mientras tanto, en el

capítulo 4 se explican las consecuencias psicosociales que arrojaron como resultado el que a diez años de distancia prevalezca un daño psicosocial, tal y como lo manifiestan los testimonios individuales y colectivos tomados por la CVO. Un daño que se ha preservado, y se le agregan nuevos daños, ante la impunidad que

ha rodeado los hechos desde aquel entonces. Finalmente se presenta un capítulo de Conclusiones y uno de Recomendaciones, así como un amplio apartado

de Anexos. Algunas conclusiones: A partir del 14 de junio de 2006, tras la instrumentación de un operativo por parte del Gobierno estatal con el objetivo de desalojar el zócalo, el movimiento

magisterial contó con el apoyo de más personas inconformes y organizaciones que conformarían a la postre el movimiento social. El objetivo común fue la destitución de Ulises Ruiz Ortiz como gobernador. Se demandó se le sometiera a juicio político y se decretara la desaparición de poderes. El movimiento se dio a

la tarea de incrementar las acciones colectivas, entre ellas, la toma de instituciones, el bloqueo de carreteras, la instalación de barricadas, los paros sindicales y las manifestaciones. Ante dicha estrategia del movimiento social, el Gobierno estatal recurrió a todos los medios legales e ilegales, decantándose en mayor

medida por los segundos para tratar de contener la inconformidad generalizada. La CVO pudo registrar que las autoridades instrumentaron diversos operativos. Primero entre la coordinación de las instituciones de seguridad estatales, y

después mediante la coordinación entre instituciones estatales y federales. Esto último, tras la aprobación de la intervención de la PFP en Oaxaca el 28 de octubre de 2006. Los operativos fueron los siguientes: Operativo 14 de junio, Plan General de Operaciones Antibloqueo (20 de julio a 20 de agosto de 2006),

Limpieza de Vialidades (21 y 22 de agosto de 2006), Plan Hierro (1 al 27 de octubre de 2006), Plan Rector de Operaciones “Juárez” (28 de octubre de 2006 al 24 de enero de 2007) y Guelaguetza (1 de julio al 1 de agosto de 2007). Los operativos fueron una respuesta del Estado frente al descontento ciudadano, pero estos,

más que aminorar la inconformidad, hicieron que el conflicto escalara y se profundizaran sus consecuencias. El Estado violó de manera masiva y sistemática los siguientes derechos humanos: violación del principio de presunción de inocencia, al debido proceso y

garantías judiciales; detenciones arbitrarias, tratos crueles inhumanos y degradantes; así como también incurrió en desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales, consideradas como violaciones graves de derechos humanos. La tortura fue sistemática y generalizada, dado que el tiempo que duró el conflicto

hubo una frecuencia casi diaria de detenciones acompañadas de esta práctica. Por lo anterior se puede presumir la existencia de crímenes de lesa humanidad. A casi diez años de los hechos ocurridos en 2006 y 2007, la población oaxaqueña no ha tenido conocimiento de la cantidad de recursos públicos que se erogaron

para publicitar al Gobierno de Oaxaca en medio de la crisis social. Asimismo, se desconoce el monto destinado a los distintos medios de comunicación que lo recibieron bajo el concepto de publicidad oficial. Esta situación está directamente relacionada con temas de transparencia, acceso a la información y gasto

público. Aparte de emplear mecanismos de represión física, psicológica y técnica contra los medios comunitarios y alternativos, el aparato estatal utilizó técnicas de

contrainformación, como lo fueron el portal electrónico www.oaxacaenpaz.com y la denominada Radio Ciudadana, a través de los cuales se instrumentaron estrategias de persecución, hostigamiento y estigmatización en contra de periodistas independientes y dirigentes del movimiento social. Al respecto, la CVO pudo

establecer, a través de testimonios, la relación directa entre el gobernador Ulises Ruiz Ortiz, así como el secretario de Obras Públicas, Eviel Pérez Magaña, y el secretario de Finanzas, Miguel Ángel Ortega Habib, con la creación y operación ilegal de la llamada Radio Ciudadana, en la cual podrían haberse usado recursos

públicos. La CVO logró registrar que al menos 33 periodistas, comunicadores o miembros de los medios de comunicación fueron agredidos físicamente, algunos en más de

una ocasión. Asimismo, fueron ejecutados al menos dos periodistas entre octubre y diciembre del año 2006, Bradley Roland Will y Raúl Marcial Pérez. En 2007 fueron ejecutados tres voceadores de un diario local en el Istmo de Tehuantepec. Un número indeterminado de comunicadores de medios alternativos fueron

agredidos, amenazados o coartados en su libertad de expresión e información. A casi una década de los acontecimientos se sigue sin tener estadísticas fiables y concretas. Esta CVO presenta en sus anexos los nombres de 373 víctimas, sin

incluir a familiares ni a otras víctimas que, por diversas razones, no se han presentado a declarar ante ninguna instancia. Durante sus trabajos, la CVO tomó, de manera formal y exhaustiva, el testimonio de 263 personas entre mayo de 2015 y febrero de 2016, de los cuales el 61%

fueron individuales y 39% se recopilaron en sesiones colectivas. Del total, el 38.4% se trató de víctimas directas, el 60.83% fueron testimonios o informantes y el 0.7% presuntos perpetradores. La razón del bajo porcentaje de víctimas directas posiblemente se deba a los siguientes factores: el primero es la desconfianza

hacia las instituciones gubernamentales actuales, la cual fue heredada por la CVO, ya que es un órgano autónomo del Gobierno del Estado de Oaxaca, el mismo que violentó sus derechos humanos. El segundo fue la presencia de la PFP, en 2015, para que pudieran celebrarse las evaluaciones de la reforma educativa

rechazada por el movimiento magisterial oaxaqueño. En estos operativos policiales realizados durante los trabajos de la CVO hubo algunas detenciones y persecuciones de personas que ya habían sido víctimas en el conflicto del 2006 y 2007. La misma CVO registró en sus oficinas dos incidentes de seguridad

provocados por agentes de las fuerzas federales. Con el fin de garantizar su derecho de audiencia, la CVO solicitó formal y públicamente la comparescencia de 68 funcionarios relacionados con el conflicto,

incluyendo al exgobernador Ulises Ruiz Ortiz. Solamente atendieron este llamado el expresidente de la República, Vicente Fox Quesada, y el exsecretario de Salud estatal, Martín Vázquez Villanueva. En el apartado de anexos de este informe, se mencionan los nombres de los 154 funcionarios de los tres ámbitos de

gobierno que las víctimas entrevistadas por la CVO señalan de manera directa como perpetradores o participantes del conflicto. Con respecto a los casos estudiados por la CVO de los homicidios de las siguientes personas: Arcadio Fabián Hernández, Eleuterio José Jiménez Colmenares,

Lorenzo Sampablo Cervantes, Alejandro García Hernández, Emilio Alonso Fabián, Esteban López Zurita, Bradley Ronald Will, Raúl Marcial Pérez y Alberto Jorge López Bernal, existen elementos suficientes para sostener que se trató de ejecuciones extrajudiciales, es decir, crímenes de Estado. Esto ya que responden a una

forma de operar que, se presume, siguió una ruta de acción en varios de los casos: la selección de la persona o personas, seguimiento y vigilancia, ejecución y, por último, falta de acopio y eliminación de pruebas que conlleven a encontrar a los autores, especialmente, el material y, por ende, el intelectual.

La CVO considera que, al igual que todas las ejecuciones extrajudiciales que se realizaron durante el conflicto, la del periodista Bradley Roland Will continúa en la impunidad; sin una línea de investigación que dé como resultado el acceso a la justicia, así como a la verdad, para dar nombre y castigo tanto a los autoridades

materiales como intelectuales de la misma. Durante el conflicto de 2006-2007 en Oaxaca, las detenciones respondieron a un patrón de actuación por parte del Estado. En primer lugar fueron realizadas de

manera arbitraria y acompañadas por tratos crueles, inhumanos, degradantes y tortura. En su gran mayoría fueron realizadas por grupos armados ilegales, los cuales llevaban a las personas detenidas a sitios desconocidos, donde las torturaban. El siguiente paso era entregarlos a alguna autoridad, la cual volvía a

torturarlas, y ésta, a su vez, las ponía a disposición del Ministerio Público. Después de la entrada de la PFP a la ciudad de Oaxaca, fueron incluidos en esta cadena de custodia, elementos del Ejército, bajo el formato de “personal COMISIONADO a la Secretaría de Seguridad Pública”, según información proporcionada

por la Secretaría de la Defensa Nacional. De acuerdo con la información recabada por esta CVO, tanto en documentación oficial como mediante la recolección de testimonios, existen elementos para

señalar al entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz, el procurador Evencio Nicolás Martínez Ramírez, el secretario de Protección Ciudadana, Sergio Segrestre Ríos; el director de la Policía Ministerial estatal, Daniel Camarena Flores; y el coordinador de Seguridad, Vialidad y Tránsito Municipal, Aristeo López Martínez, en una

serie de agravios cometidos contra Emeterio Marino Cruz, los cuales incluyen la tentativa de homicidio calificado, abuso de autoridad, tortura, trato cruel, inhumano y degradante, entre otros.

Según el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, operado por la Secretaría de Gobernación, la de Defensa Nacional y Presidencia de la República, se tienen documentadas 216 personas desaparecidas de 2005 a julio de 2015, en 35 de los 570 municipios que componen el estado de Oaxaca. De

estas cifras, 97 desapariciones se registraron durante el periodo de gobierno de Ulises Ruiz Ortiz y 119 desde el inicio del gobierno de Gabino Cué Monteagudo hasta julio de 2015. De las 216 desapariciones, 18 pertenecen al fuero federal y se encuentran en el periodo de 2005 a julio de 2015; mientras que 198

corresponden al fuero común, registradas en el periodo de 2007 y 2015. De esas cifras, 115 son varones y 101 mujeres, la media de edad es de 27 años. Es importante que las autoridades estatales no minimicen esta problemática que ha crecido en los años recientes en todo el país. Para poder descartar que se trate

de desapariciones forzadas, el Estado debe aclarar la situación de estas 216 personas. En su testimonio dado a esta CVO, el expresidente Vicente Fox Quesada declaró la presión que recibió por parte de su sucesor, Felipe Calderón Hinojosa, para

enviar las fuerzas federales a Oaxaca, ya que de esto dependía garantizar que el PRI estuviera presente en la toma de protesta presidencial efectuada el 1 de diciembre de 2006. Sin embargo, Fox Quesada asumió ante la CVO la decisión y responsabilidad del operativo efectuado, así como también explicó que esta

decisión rompió un paradigma que existía en la institución presidencial después de la masacre de estudiantes ocurrida el 2 de octubre de 1968 en la Ciudad de México, el cual impedía a los mandatarios de la República ordenar la represión directa en contra de un movimiento social. Fox Quesada consideró que el

operativo implementado en Oaxaca el 29 de octubre de 2006 acabó con lo que consideró “el síndrome presidencial de Tlatelolco” (“ningún presidente quería ser Gustavo Díaz Ordaz”) y aseguró que, en continuación con ello, su sucesor, Felipe Calderón, mantuvo y acrecentó las acciones represivas directas en contra de

los movimientos sociales bajo el contexto del combate a las drogas. Esta caracterización hecha por el expresidente, sumada a otros testimonios y análisis recabados por la CVO, permiten considerar que el Estado mexicano ensayó

en 2006 en Oaxaca un conjunto de procedimientos que tienen como objetivo fortalecer la impunidad y cuya aplicación en los años siguientes a nivel nacional derivó en lo que ahora es denunciado y visibilizado como una crisis nacional de derechos humanos, la cual tiene como epicentro la ejecución y desaparición de

estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa ocurrida en septiembre de 2014. Se establece la responsabilidad del Senado de la República ya que atendió la solicitud de desaparición de poderes en el estado privilegiando los intereses

políticos enmarcados en la sucesión presidencial de 2006, en lugar de procurar la estabilidad, seguridad y paz en el estado de Oaxaca, donde se cometieron una serie de violaciones graves a los derechos humanos, luego de su negativa.

Las violaciones a los derechos humanos que se dieron durante el conflicto deberían tener como consecuencia que la víctima pueda solicitar al Estado la reparación integral del daño por las responsabilidades en que incurrieron sus órganos institucionales. Sin embargo, en reparaciones económicas y simbólicas,

solamente algunos han sido beneficiados; pero en el caso de la responsabilidad penal, la víctima busca la justiciabilidad de esas violaciones, y si no hay justicia de esa índole se sigue dando la impunidad, violentándose el derecho a la verdad y acceso a la justicia.

La CVO registró, a lo largo de estos diez años, dos procesos de reparación hacia las víctimas del conflicto. Uno a través del fideicomiso F/2001442 conseguido por la dirigencia de la Sección XXII mediante negociación con la Secretaría de Gobernación en 2006, por la cantidad de 5 millones de pesos, mismos que fueron

destinados a 16 deudos de personas que fueron víctimas de homicidio durante los años 2006 y 2007 en Oaxaca. Otro es el fondo gestionado por la Coordinación de Derechos Humanos del gobierno de Oaxaca a partir de una demanda civil, lo que derivó en un acuerdo con el Gobierno estatal, por 11 millones de pesos para

64 víctimas, que presuntamente recibieron 170 mil pesos cada una. En general, ambos se desarrollaron de manera incompleta, parcializada, sin garantizar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, lo cual en lugar de

reparar el daño contribuyó a la división y confrontación entre víctimas, ya que estuvieron enfocados principalmente a la indemnización económica, sin considerar

premisas aún más relevantes para la reparación del daño, como lo serían la investigación eficaz de los acontecimientos que vivió Oaxaca en el 2006-2007, con la publicación y difusión de la verdad sobre esos hechos, el juicio y sanción a los responsables, la realización de medidas de carácter simbólico para las víctimas y la comunidad, así como el establecimiento de medidas que garantizaran la no repetición de violaciones a derechos humanos.

La enorme mayoría de las víctimas de violación de derechos humanos que entrevistó la CVO coincide en señalar que el gobierno encabezado por Gabino Cué Monteagudo no brindó justicia, debido a que los perpetradores no han sido sancionados y a que las víctimas no han sido reparadas de manera integral. Ambas

cosas fueron parte de las promesas del gobierno de la alternancia. Las víctimas señalan que se sienten engañadas, pues ha sucedido todo lo contrario, los presuntos perpetradores fueron premiados con puestos en el gobierno de la alternancia y, a últimas fechas, algunos de ellos o ellas se han postulado como

candidatos para ocupar puestos públicos en las siguientes elecciones. Esta CVO considera que el mantener a los perpetradores y encubridores del conflicto del 2006 y 2007 en cargos públicos, es algo que fortalece la impunidad y daña el proceso de transición democrática.

No hubo un real aporte para la justicia transicional durante el actual gobierno de Gabino Cué Monteagudo, pese a que se creó la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, así como la Fiscalía de Investigación en Delitos de Trascendencia Social y esta misma Comisión de la Verdad, ya que todo ello

resultó insuficiente, debido a que estas acciones no fueron acompañadas de un proceso de depuración de los cuerpos policiacos y de procuración de justicia, así como de judicialización de los perpetradores; esto ya que tanto en la Fiscalía General de Oaxaca, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca,

la Secretaría de Seguridad Pública y el Tribunal Superior de Justicia, quedaron perpetradores de derechos humanos que participaron en el conflicto del 2006 y 2007.

La CVO convocó a dar su testimonio al sector empresarial, así como a ciudadanos que se sintieron lastimados por las acciones del movimiento social. A pesar de insistir en la importancia de escuchar a todas las voces involucradas en los acontecimientos y, en especial a la ciudadanía que no tomó una posición a favor de

ningún grupo, en este sector prevaleció el desdén en torno al conflicto del 2006 y 2007. Después de 10 años de impunidad, las víctimas y la comunidad oaxaqueña han demostrado de lo que son capaces para recuperarse y sanar, así como extender

sus redes de apoyo, a pesar de los obstáculos del Estado. Han demostrado que tienen muchos recursos internos y externos para sobrellevar las adversidades, para sanar, seguir desarrollándose y crecer como personas y como comunidades. Los testimonios recolectados por esta CVO revelan su resistencia para seguir

adelante y no dejarse vencer. Recomendaciones:

1.   La Comisión de la Verdad recomienda a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía de Investigación de Delitos de Trascendencia Social que, como resultado de la profusa información que brinda el presente informe, retomen las indagatorias en contra del exgobernador de Oaxaca, Ulises Ernesto Ruiz Ortiz; el

exsecretario de Gobierno, Jorge Franco Vargas; la exprocuradora, Rosa Lizbeth Caña Cadeza; el exdirector de Seguridad Pública, José Manuel Vera Salinas; y el exdirector de la Policía Ministerial, Manuel Moreno Rivas; así como demás integrantes de su gabinete y funcionarios municipales, especialmente los encargados

de procuración de justicia y seguridad pública. Esto con el fin de que se finquen las responsabilidades penales por delitos y violaciones graves a los derechos humanos, en especial de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes que se detallan ampliamente

en este informe. Estos delitos cometidos no solo son imprescriptibles, sino que, dadas las características de sistematicidad con que se cometieron, pueden constituir crímenes de

lesa humanidad. Es necesario señalar que una de las principales medidas de reparación para las víctimas de las violaciones a los derechos humanos es el enjuiciamiento y sanción a los responsables, perpetradores y operadores de los crímenes cometidos.

2.   La Comisión de la Verdad recomienda a la Procuraduría General de la República revisar las demandas penales dirigidas en contra de las administraciones federales, de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, por su responsabilidad en los hechos del conflicto social oaxaqueño. En el

conflicto de Oaxaca, la intervención de fuerzas federales, la participación de las instancias de administración de justicia y la injerencia de los aparatos de inteligencia a nivel nacional fue una responsabilidad directa de estos dos expresidentes.

Asimismo, se recomienda a la Procuraduría General de la República, a través de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, revisar la actuación de los ex funcionarios federales Eduardo Medina Mora, Genaro García Luna y Ardelio Vargas Fosado, señalados por

las propias víctimas y actores en el conflicto social como responsables de dirigir las acciones represivas contra manifestantes en el Operativo Juárez de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2006.

3.   La Comisión de la Verdad recomienda al Congreso del Estado y a la Secretaría de la Contraloría iniciar los procedimientos administrativos de inhabilitación de la función pública y separación del cargo a funcionarios señalados como responsables de violaciones a los derechos humanos. Todo esto con

base en lo que establece la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos. En la investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, caso Oaxaca 1/2007, se establece la responsabilidad de los siguientes funcionarios: Alma López

Vásquez, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, Pedro Ismael Díaz Laredo, Manuel Moreno Rivas, Jorge Alberto Quezada Jiménez, Heliodoro Díaz Escárraga, Margarito López Aragón, Joaquín Darío Berges y Dorantes, Víctor Amado Alonso Altamirano, Jorge Aquino Reyes, Andrés Quevedo Martínez, Evencio Nicolás Martínez

Ramírez, Sergio Segreste Ríos y Daniel Camarena Flores. La depuración del personal de las instituciones públicas, en particular en los sectores de seguridad y justicia, es uno de los componentes de una estrategia efectiva y legítima de justicia transicional.

4.   La Comisión de la Verdad recomienda al gobernador del estado de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, realice las gestiones necesarias que garanticen el cese de los funcionarios que ocupan actualmente cargos en su gobierno y que tuvieron responsabilidades en las graves violaciones a los derechos humanos

cometidas en los años 2006 y 2007, según las investigaciones de esta Comisión y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estos nombramientos han fomentado y consolidado la impunidad, además de que han sido un factor que ha inhibido a las víctimas a buscar la verdad y justicia.

5.   La Comisión de la Verdad recomienda al Congreso federal y local, a la Secretaría de la Contraloría y a los Consejos Ciudadanos de dichos organismos autónomos, revisar la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal Derechos Humanos de Oaxaca (ahora Defensoría de

los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca), así como de sus titulares y visitadores del periodo 2006 y 2007, para establecer las medidas de sanción necesarias. De acuerdo a la información obtenida por esta Comisión se presume su omisión, negligencia y falta de compromiso institucional en la defensa de los

derechos humanos de las víctimas del conflicto social, esta información, cabe mencionar, está debidamente documentada y fundamentada en el presente informe. 6.   La Comisión de la Verdad recomienda impulsar acciones legislativas orientadas a instaurar una nueva institucionalidad y un pacto sociopolítico, mediante

las cuales se garantice plenamente la no repetición de las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad. El respeto a los derechos humanos, el combate contra la impunidad y el restablecimiento del Estado de derecho tendrán que ser los ejes de este nuevo orden jurídico y de una profunda

reforma democrática del Estado. La Comisión de la Verdad recomienda dotar de mayores facultades y atribuciones a la Fiscalía de Investigación de Delitos de Trascendencia Social y/o establecer

la Vicefiscalía de Derechos Humanos encargada de dar continuidad a los crímenes cometidos durante el conflicto social de 2006 y 2007, así como también de la atención de las víctimas. Para los cargos de fiscal y vicefiscal se deberán nombrar a profesionales que cumplan el perfil de pleno conocimiento en la materia de

derechos humanos y justicia transicional, y cumplir con la certificación profesional de servidores públicos encargados de la procuración de justicia. Asimismo, a efectos de acotar la intervención del Ejecutivo en el Poder Judicial, se recomienda al Congreso del Estado promover la reforma de los artículos 79 y

102 de la Constitución local para eliminar las facultades del gobernador en las propuestas del nombramiento de magistrados. 7.   La Comisión de la Verdad recomienda a la Coordinación de Atención a los Derechos Humanos del Poder Ejecutivo impulsar medidas de reparación del

daño a través de la restitución, indemnización, rehabilitación, medidas de satisfacción y las garantías de no repetición de las víctimas. Articular una propuesta que refleje adecuadamente el potencial que tienen las medidas de reparación establecidas en las convenciones internacionales de derechos humanos, retomando los

contenidos fundamentales del Plan Integral de Reparación del Daño de junio de 2012 propuesto por organizaciones de atención a víctimas y el Gobierno del Estado. La Comisión recomienda al Poder Legislativo armonizar la legislación estatal en materia de atención a víctimas y la instalación del Sistema Estatal de

Protección a Víctimas, así como una Unidad de Evaluación de Riesgo para las Víctimas. La Comisión de la Verdad reconoce los esfuerzos que han realizado las organizaciones ciudadanas defensoras de los derechos humanos y recomienda continuar

este empeño siempre con un espíritu de colaboración y de no revictimización. 8.   Es fundamental preservar la memoria de las víctimas, por ello una medida reparadora consiste en construir una narrativa histórica que fortalezca la

dignidad de las personas que sufrieron agravios o fueron lastimadas o afectadas en sus personas, bienes o patrimonio. La Comisión de la Verdad recomienda instaurar un Museo de la Memoria sobre los acontecimientos de 2006 y 2007 que tenga como propósitos fortalecer los valores de la tolerancia, la no violencia y el

respeto a los derechos humanos; asimismo, que busque advertir sobre los riesgos del olvido, la indiferencia —o la discriminación— y violencia sobre aquellos hechos.

La Comisión recomienda a la Secretaría de Cultura y al Instituto Estatal de Educación Pública impulsar una cultura de paz y respeto a los derechos humanos en las escuelas e instituciones educativas en su nivel básico a través de la currícula escolar y de las artes visuales, la literatura, la música, la danza, entre otras, que

preserve la memoria como una forma material y simbólica de restablecer el tejido social lastimado por los hechos traumáticos acontecidos en el pasado reciente. De la misma manera, se recomienda a las distintas asociaciones religiosas, a las organizaciones de la sociedad civil, a los medios de comunicación y al sector

empresarial, coadyuvar en acciones orientadas a la cultura de paz y reconciliación social. 9.   Las necesidades y demandas de las víctimas deben ser retomadas de la investigación realizada por la Comisión de la Verdad y atendidas en una

estrategia integral otorgando los recursos materiales y humanos necesarios y suficientes, y por el tiempo apropiado para la reparación del daño y la reconciliación con la sociedad. La Comisión recomienda a las instancias especializadas de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, a fin de precisar las

áreas más sensibles del daño psicosocial, aplicar la Evaluación de Calidad de Vida de la Organización Mundial de la Salud o utilizar cualquier otro método que permitan determinar, de manera fiable, las áreas más afectadas por las violaciones a los derechos humanos en las víctimas y sus familias.

10.   La Comisión de la Verdad recomienda, además de la reparación material y económica, como medidas simbólicas de reparación: a) promover la declaración pública de reconocimiento de responsabilidad sobre toda violación a los derechos humanos, en especial de las víctimas del conflicto, pero también de

otros sectores afectados durante este periodo, como los migrantes, los pueblos indígenas, las niñas y niños, las mujeres; b) un memorial para las víctimas del conflicto; y c) establecer fechas conmemorativas en actos oficiales.

Esta Comisión también propone garantizar el restablecimiento de la dignidad de las víctimas, de quienes hayan sufrido difamación a su persona, incapacidad total o parcial, o que hayan perdido la vida, mediante la realización de acciones públicas de contenido simbólico como son: rotulación de calles o plazas públicas,

proyectos comunitarios en su memoria u otras acciones creativas que tengan un contenido emblemático y un fin comunitario.

11.   La Comisión de la Verdad, como resultado de la investigación realizada y de la información aportada por testigos e informantes, tiene identificada una serie de domicilios donde presuntamente se localizan fosas donde se habrían llevado a cabo inhumaciones clandestinas de activistas sociales o, bien, de militantes del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR). La Comisión recomienda a la Procuraduría General de la

República, a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, a continuar la investigación iniciada por la Comisión de la Verdad, y llevar acabo las diligencias de resguardo e inspección de dichos lugares. La desaparición forzada de

personas es un tema fundamental en la agenda pública del estado y del país. 12.   La Comisión de la Verdad recomienda a la Fiscalía General del Estado esclarecer los 29 casos de desaparición de personas que tuvieron lugar en los

años 2006 y 2007. Es importante señalar que la cifra de personas desaparecidas registradas de manera oficial se incrementó en Oaxaca a partir de ese periodo. Sin duda alguna, la desaparición de personas y las personas no localizadas constituyen hoy el más grave signo de la crisis de derechos humanos que atraviesa

este país. 13.   La Comisión de la Verdad recomienda a la Fiscalía General del Estado profundizar en la investigación y cumplimentar las seis órdenes de aprehensión

giradas en contra de los autores materiales e intelectuales de la ejecución extrajudicial del activista Arcadio Hernández Santiago, cuyo caso fue consignado por la Fiscalía de Investigación en Delitos de Trascendencia Social con apoyo de esta Comisión. Por su parte, al Juzgado Mixto de Primera Instancia, con sede en

Ocotlán de Morelos, para que con los elementos que existen en el proceso judicial emita sentencias condenatorias. 14.   La Comisión de la Verdad recomienda a la Fiscalía de Investigación en Delitos de Trascendencia Social reforzar y consignar las averiguaciones

iniciadas con relación a los crímenes de 2006 y 2007. Debido a la información que esta Comisión, como órgano coadyuvante ha aportado, se recomienda agilizar las diligencias necesarias para la consignación de los casos de ejecución extrajudicial de José Eleuterio Jiménez Colmenares y el caso de tortura cometido en

contra de Emeterio Marino Cruz. 15.   La Comisión de la Verdad recomienda a la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación transparentar los recursos públicos

otorgados por el Gobierno federal en la minuta suscrita el 27 de octubre de 2006, e iniciar una investigación en relación al Fideicomiso de Inversión y Administración para el Apoyo a Familiares de los Caídos en el Conflicto Social de 2006 No. F/2001442. De acuerdo a las investigaciones realizadas se presume la

existencia de un fraude cometido en la administración de dichos recursos. Este fideicomiso fue administrado por un comité integrado por representantes de la Sección XXII y la dirección del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca.

16.   Durante el conflicto social se cometieron agravios en contra de 33 comunicadores y la ejecución de dos periodistas. Por otra parte, 20 personas defensoras de derechos humanos sufrieron hostigamiento y persecución. La Comisión recomienda a la Defensoría Especializada en Defensores y Periodistas de

Oaxaca diseñar los protocolos de actuación y las medidas cautelares para que no se vuelvan a repetir estos hechos. A raíz de estos acontecimientos, es necesario crear medidas legislativas, administrativas y de otra índole para asegurar que los derechos y libertades para el trabajo de defensa de los derechos

humanos estén efectivamente garantizados por el Estado y sus instituciones. Se recomienda a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca esclarecer plenamente la ejecución del periodista norteamericano Bradley Roland Will, la consignación de los autores materiales e

intelectuales de este hecho. 17.   La Comisión de la Verdad recomienda al Ejecutivo estatal, a través de la Coordinación de Atención a los Derechos Humanos, a coordinar las acciones

necesarias con la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ejecutivo federal para garantizar que Ramiro Aragón Pérez, quien recibió asilo político en Estados Unidos, pueda regresar al país con plenas garantías de respeto a su libertad e integridad.

18.   La Comisión de la Verdad recomienda al Poder Ejecutivo cumplir con las obligaciones asumidas por el Estado mexicano de proteger y garantizar los derechos humanos y el derecho a la seguridad de la población, a partir del diseño e implementación de políticas públicas integrales que desarrollen acciones

específicas y planes estratégicos en el plan operativo, normativo y preventivo. Recomienda también asegurar estándares especiales de protección que requieren aquellas personas en situación de vulnerabilidad frente a la violencia o el delito, como son las niñas, niños y adolescentes, las mujeres, la población indígena y

afrodescendientes, y las personas migrantes y sus familias, sin perjuicio de las obligaciones de proteger los derechos humanos de toda la población bajo su jurisdicción.

19.   La intervención de las fuerzas armadas durante el conflicto social de 2006 y 2007 en Oaxaca tiene que sentar un precedente importante a nivel nacional para establecer una clara distinción entre las funciones de defensa nacional, a cargo de las fuerzas armadas, y del derecho a la seguridad, a cargo de las fuerzas

policiales. La Comisión recomienda a las autoridades federales: Congreso de la Unión, Secretaría de Gobernación y Comisión Nacional de Seguridad Pública, en el ámbito de sus competencias y atribuciones, regular los procedimientos policiales que involucran el uso de la fuerza pública mediante la legislación y los

protocolos de actuación. Así como también capacitar a las fuerzas policiales en materia de estándares internacionales de derechos humanos y establecer mecanismos de control interno y externo para investigar los casos en que las fuerzas de seguridad hagan uso de medios letales.

20.   La Comisión de la Verdad recomienda a la Secretaría de Educación Pública, al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y a las Secciones XXII y LIX, garantizar en todo tiempo, por encima de intereses políticos y gremiales, el derecho a la educación

de las niñas, niños y adolescentes. La Comisión recomienda al Ejecutivo estatal, a través del Sistema de Protección de los Derechos de la Niñez, impulsar las políticas públicas necesarias para garantizar el interés superior del niño como valor supremo. Durante el conflicto social de 2006 y 2007, la población más

desatendida y vulnerada fueron las niñas y los niños de Oaxaca. 21.   La Comisión de la Verdad recomienda a los medios de comunicación públicos, privados, sociales y comunitarios, contribuir al restablecimiento del tejido

social afectado por los hechos que polarizaron a la sociedad oaxaqueña a través de contenidos informativos basados en un código de ética que dignifique a las personas participantes en el conflicto social y a las víctimas de estos acontecimientos. Se recomienda especialmente a la Corporación Oaxaqueña de Radio y

Televisión (CorTv), medio público local, impulsar acciones que contribuyan a difundir los contenidos de este informe en las lenguas indígenas de estado y producir contenidos informativos y pedagógicos de la verdad histórica de Oaxaca.

22.   La instauración de esta Comisión es un paso importante para garantizar el derecho a la verdad en el estado de Oaxaca. Es preciso profundizar en los principios de la justicia transicional, como son: justicia, verdad, reparación y no repetición. Para ello se tendrán que impulsar las reformas legislativas y las

políticas públicas que eliminen los obstáculos legales y de facto que impidan el seguimiento de los procesos judiciales en relación a las violaciones a los derechos humanos. Es por ello que la Comisión de la Verdad recomienda al Congreso del Estado y a la Secretaría de Finanzas aprobar los recursos suficientes, mediante

la Ley de Ingresos y Egresos para el periodo 2016-2017, para dotar de equipo especializado y personal que garantice que las instituciones de procuración de justicia atiendan y den cauce a las demandas de justicia y reparación.

23.   Corresponde al Ejecutivo estatal, a través de las secretarías y órganos autónomos, adoptar las medidas necesarias para clasificar, sistematizar, preservar y tener a disposición los archivos históricos relacionados con los esfuerzos emprendidos en la búsqueda de la verdad. Cabe señalar que existe

información reservada y testimonios protegidos por la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. De la misma manera, corresponde también al Ejecutivo invertir los recursos financieros para impulsar campañas del presente Informe para que el pueblo oaxaqueño conozca los

resultados alcanzados y se dé cumplimento efectivo a las recomendaciones formuladas en un plazo razonable. 24.   Se recomienda al Consejo Ciudadano de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y a las organizaciones de la sociedad civil

estatales y nacionales, diseñar los mecanismos y procedimientos necesarios para dar cauce y seguimiento a las recomendaciones derivadas del presente informe.

25.   La Comisión de la Verdad recomienda a las víctimas del conflicto social de 2006 y 2007 seguir extendiendo sus redes de apoyo para continuar desarrollándose y creciendo tanto como personas como colectivos a pesar de los diversos obstáculos impuestos por el Estado.

Hasta que Oaxaca no atienda las secuelas del conflicto iniciado en 2006 parece difícil que puedan solucionarse sus problemas de la actualidad ni los de los años que sigan, ya que mientras que las víctimas han sido olvidadas, estigmatizadas e incluso criminalizadas, los perpetradores de violaciones a los derechos

humanos gozan de impunidad, gracias a lo que parece una amnistía de facto. Es por ello que este informe se titula: “¡Ya sabemos!”. Porque una vez que la sociedad esté consciente de los hechos que motivaron las violaciones a los

derechos humanos del pueblo oaxaqueño, lo que sigue para las víctimas del conflicto es la justicia y la reparación integral del daño. Con este documento de denuncia, esta Comisión de la Verdad dice no a la impunidad en Oaxaca.

Istmo, aún sin servicios de salud

Trabajadores esperan medicamentos

Carlos Torres @karlostorresh

OAXACA DE JUÁREZ.- Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud (SNTSA) del Istmo denunciaron que los medicamentos, para que se reanude el servicio en la región, no han sido suministrados por los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

El secretario general de la Sub Sección 02, Rodolfo Martínez Altamirano, teme que por el bloqueo que mantiene la Sección 22 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) los suministros se retrasen otro día, lo que afectaría a los siete hospitales y 142 centro de salud de la zona, pues continúan suspendidas las consultas por falta de fármacos.

El representante de la gremial explicó que conforme lleguen los medicamentos, se irán reactivando los servicios que permanecen suspendidos desde hace más de un mes.

Martínez Altamirano dijo que hasta el momento ya recibieron la lavadora que habían solicitado en su pliego petitorio y que era una prioridad para el funcionamiento del hospital "Doctor Macedonio Benítez Fuentes", en Juchitán de Zaragoza.

Asimismo, sostuvo que mantendrán una asamblea permanente en lo que terminan de suministrar los materiales necesarios para dar consultas, “los cuales, esperamos no rebasen esta semana”.

Maestros desquician Oaxaca mientras Cué asume

presidencia de la Conago en Toluca FUENTE

Proceso

Mientras el gobernador Gabino Cué asumía la presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) en Toluca, Estado de México, los maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) desquiciaban esta capital: bloquearon por espacio de 10 horas las carreteras que comunican a la entidad con Chiapas, Guerrero, Veracruz y Puebla.

Un momento de tensión ocurrió al mediodía cuando maestros de la Sección 22 que demandan la instalación de una mesa de negociación con

el gobierno de Cué derribaron una puerta de las oficinas centrales del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) que estaba

resguardada por la Policía Estatal.

Los inconformes retuvieron 10 autobuses de transporte urbano y una pipa de Petróleos Mexicanos (Pemex) para bloquear la carretera

federal 190, precisamente en el crucero del IEEPO, donde un grupo intentó ingresar a las oficinas y derribó una puerta.

Sin embargo, ante su impotencia de ingresar porque el edificio fue resguardado por policías estatales con equipo antimotines, procedieron a

quemar un neumático y le prendieron fuego a un bote con basura.

Aunque el gobierno estatal amenazó con realizar descuentos a maestros faltistas, de las 07:00 a las 18:00 horas realizaron un paro de labores

y bloquearon carreteras que impidieron la comunicación con las entidades vecinas de Chiapas, Guerrero, Puebla y Veracruz.

Por su parte, las autoridades educativas reportaron de manera preliminar que ocho de cada 10 planteles educativos de los Valles Centrales,

sí cumplieron con su responsabilidad educativa al frente de las aulas, al tiempo que reiteraron su disposición al diálogo “abierto y

transparente” pero sin chantajes y sin negociar la ley.

Desde las 06:00 horas de este lunes el nuevo IEEPO inició con las acciones de supervisión para conocer qué planteles educativos, así como

cuántas maestras y maestros brindan los servicios escolares en la ciudad de Oaxaca de Juárez, los Valles Centrales y las demás regiones del

estado.

Según el reporte oficial, en la región de los Valles Centrales al menos ocho de cada 10 escuelas –es decir, el 80% de los planteles educativos–

operan con normalidad y los maestros cumplen con su obligación de mantenerse al frente de las aulas “para brindar una educación de

calidad, tal como lo establece el calendario escolar publicado por la SEP”, indicó el IEEPO.

Lo cierto es que en la capital los maestros de la Sección 22 generaron caos vial al bloquear los principales cruceros ubicados en el

Monumento a la Madre, el IEEPO, Cinco Señores, Símbolos Patrios y el estadio de Beisbol.

Además, los maestros de la Cañada bloquearon la carretera Oaxaca-Puebla, los de la Costa vía Oaxaca-Guerrero y los del Istmo vía Salina

Cruz-Coatzacoalcos y Juchitán-Tuxtla Gutiérrez.

En tanto que los de la mixteca bloquearon la autopista Oaxaca-México en el tramo de Nochixtlán y la desviación a Yucudaa, y los de

Tuxtepec impidieron la circulación en el puente Caracol que comunica a Oaxaca con Veracruz.

Por su parte el gobernador asistió a la Quincuagésima Reunión Ordinaria de la Conago celebrada en la ciudad de Toluca, donde Cué tomó

posesión de ese órgano colegiado en sustitución de Eruviel Ávila Villegas.

Ahí, el presidente Enrique Peña Nieto, llamó a la unidad nacional para el fortalecimiento de la República, además de expresar el respaldo

absoluto de la Conago a las grandes reformas impulsadas por el Estado mexicano, a fin de consolidar el desarrollo social, económico y

productivo que exige y merece el pueblo de México.

Supervisores encubren a maestros para ir a protestas

YURI SOSA @YuriSosa04

Oaxaca de Juárez.- Las amenazas y presiones de directores y supervisores de escuelas son los motivos por los que decenas de comités de padres acceden a suspender clases, denunció la presidenta de la Coordinadora General de Padres de Familia "Por una cultura educativa" A.C, Luisa García Cruz.

Pese a la inconformidad de los padres de familia por los "paros" de labores que realiza la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), los directores de las instituciones educativas amedrentan a los Comités, pues les dicen que en caso de oponerse a sus actividades sindicales pondrán al resto de los tutores de la escuela en su contra.

En esta situación se encuentra la mayoría de los 300 Comités de Padres de Familia que integran dicha Coordinadora en los Valles Centrales, en donde en algunas se ha logrado la destitución del comité, afirmó Luisa García.

García Cruz exigió al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) aplique la ley para hacer valer el derecho de sus hijos, y no ceder a los chantajes a los que recurre el magisterio para cumplir sus demandas.

La presidenta de la Asociación Civil dijo que los comités de padres de familia atraviesan una situación difícil al tratar de defender la aplicación de la reforma educativa.

Así también, la madre de familia indicó que en las escuelas, los directores y supervisores siguen "cubriendo" a su personal para participar en las movilizaciones sindicales, quienes justifican que el maestro o personal administrativo está de incapacidad.

"A partir de la depuración del personal del IEEPO, ahora en algunas escuelas hay exceso de personal en áreas administrativas, quienes participan en las marchas y protestas", afirmó la presidenta.

CUARTO "PARO" DE LABORES EN EL CICLO ESCOLAR

La ausencia de los profesores en las aulas de este lunes para participar en actividades sindicales suman cuatro en lo que va del ciclo escolar 2015-2016.

En octubre pasado los maestros de la Sección 22 se ausentaron los días 2 y 12 para realizar bloqueos y marchas; mientras que el pasado 5 de febrero, en desacato a lo marcado por el calendario oficial de la SEP, los maestros volvieron a faltar a las aulas.

POR MOVILIZACIÓN

Sección 22 paraliza escuelas en Oaxaca

Christian Jiménez

Oaxaca.- La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) acordó una serie de movilizaciones que se llevarán a cabo este lunes, desde las primeras horas, con las que quedaron suspendidas las actividades en 13 mil escuelas de la entidad.

De acuerdo con la convocatoria emitida por la dirigencia magisterial, este lunes se iniciará la jornada de protesta con concentraciones masivas en lugres definidos por cada región, a fin de dar un ultimátum al gobierno estatal y federal para realizar una mesa de negociación en la que se trate el tema de la liberación de los presos políticos del movimiento, la regularización salarial de los 83 mil docentes reconocidos por el sindicato y el respeto al trabajo.

Hasta este domingo, se definió que como parte de las acciones programadas se realizará un bloqueo en puente Caracol, en Tuxtepec, en la región de la Cuenca; puente de Tehuantepec, en la región del Istmo; en la población de Zanatepec, en el Istmo; en el Monumento a Juárez, en el crucero de la Y, en San Bartolo Coyotepec; en los Valles Centrales, así como en las salidas a Huajuapan de León y las casetas de Coixtlahuaca y Huitzo.

Por otra parte, se prevé que en la movilización participen al menos 30 mil profesores, que representarían a menos del 45% del total, cifra similar a la de los participantes en la pasada convocatoria del 7 de febrero. Al respecto, la dirigencia magisterial indicó que no existe temor por los descuentos que el IEEPO ha aplicado a la base trabajadora, no obstante, insistió en que éstos son ilegales, toda vez que transgreden el derecho a la movilización.

Desde el 20 de julio, cuando la federación asumió la rectoría de la educación en el estado, suman –con ésta- cuatro ocasiones en las que el magisterio ha exhortado a sus afiliados a abandonar sus labores. Cada docente se hace acreedor de un descuento promedio de 625 pesos, por día no laborado.

Derriban maestros puertas del IEEPO; toman camiones, pipa de Pemex y

bloquean la 190

LIZETTE MENDOZA ALAVEZ

El mediodía de este lunes, profesores de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) derribaron las puertas de las oficinas centrales del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), como parte de sus protestas que se extendieron por todo el estado.

Un contingente de poco menos de 500 profesores inició una protesta afuera de las oficinas del IEEPO, en la capital, donde tomó nueve camiones urbanos y suburbanos, un autobús de pasajeros de una línea de primera clase y una pipa de Pemex vacía, acciones que realizaron al inicio de la protesta desplegada en todo el estado para exigir un diálogo directo con el Poder Ejecutivo de Oaxaca por su inconformidad con la reforma educativa federal.

Luego de bloquear la carretera federal 190, en el tramo de las oficinas de la dependencia educativa, un grupo de docentes se acercó a los accesos 1,3 y 4 del IEEPO y a empellones derribaron las puertas.

Los policías estatales con equipo antimotines que están dentro del edificio se replegaron y formaron vallas para impedir el paso de los maestros.

Ante tal situación, los manifestantes tiraron el contenido de un tambo con basura y prendieron una fogata ante la mirada pasiva de los uniformados, quienes aseguraron que tienen órdenes de evitar una confrontación con los sindicalizados.

Los profesores protagonizaron estas acciones, son parte del grupo de cerca de 5 mil 900 docentes regularizados a quienes no han pagado desde hace más de un año, pues la autoridades educativas argumentan que los espacios laborales que ocupan son apócrifos.

Dan otra oportunidad a 2 mil maestros

En el país tres mil profesores serán dados de baja, anuncia la SEP

Lizette Mendoza Alavez

Al menos dos mil maestros oaxaqueños que no realizaron el examen de Evaluación al Desempeño Escolar 2015-2016, tendrán una segunda oportunidad, la cual estarían llevándolo a cabo de marzo a junio.

Durante la presentación de los resultados de este examen, que forma parte de la Reforma Educativa, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer, señaló que de los 150 mil 86 maestros convocados, hasta el momento han participado, 134 mil 140; es decir, 89.5 por ciento de la meta programada.

De ellos, el 2.2 por ciento, es decir, tres mil 300 docentes, que no se presentaron, serán dados de baja.

En tanto, los dos mil maestros que faltan en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán suman 12 mil 586.

De los trabajadores de la educación que ya se evaluaron, los resultados son los siguientes; 14 mil 545 docentes, son calificados como insuficientes, sin embargo tal como lo establece la Ley General del Servicio Profesional Docente en su artículo 53: Ninguno perderá su empleo o alguna de sus prestaciones, sino que deberán presentar la evaluación nuevamente -la segunda de un total de tres oportunidades- en un plazo no mayor a 12 meses, y recibirán la formación continua específica que requieren, con base en los resultados de la evaluación.

En tanto, 38 mil 824 docentes, obtuvieron el titulo de "suficientes", quienes según el artículo 52 de la Ley General del Servicio Profesional Docente obtendrán la permanencia en su plaza por cuatro años; recibirán formación continua específica a sus necesidades, de acuerdo a los resultados de la evaluación y deberán evaluarse nuevamente en cuatro años, como parte de esta nueva cultura.

Asimismo, 41 mil 791 educadores son consideraros "buenos", quienes, además de los beneficios anteriores podrán enseñar más horas, y con ello ganar más, quienes presten sus servicios en escuelas ubicadas en zonas de alta pobreza y alejadas de zonas urbanas, recibirán un incremento de 41 por ciento sobre su sueldo base.

Mientras que la categoría de "destacados", solo la obtuvieron ocho mil 153 docentes, ellos serán, quienes recibirán un aumento de 35 por ciento a su sueldo base, que será pagado en la segunda quincena de mayo, retroactivo al 16 de febrero, así como acceso preferencial a los créditos de vivienda y personales del ISSSTE.

Hay una campaña de hostigamiento y persecución, insiste

Repudia la CNTE despidos; ‘‘no acudiremos a evaluarnos’’

‘‘La SEP no tiene claridad en sus resultados; resistiremos’’, advierte

LAURA POY SOLANO

Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) manifestaron su repudio al anuncio del despido de 3 mil 360

profesores de 28 entidades, y aseguraron que los poco más 12 mil 500 docentes de Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas que pueden ser

convocados a una segunda oportunidad para evaluarse en el primer semestre del año ‘‘no acudirán’’.

En entrevista, afirmaron que el magisterio disidente de esas cuatro entidades ‘‘ya tiene una decisión muy clara. No asistiremos pese a la campaña

de hostigamiento y persecución administrativa que se ha desatado contra nuestro compañeros’’.

Enrique Enríquez Ibarra, dirigente de la sección 9 de la Ciudad de México, destacó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ‘‘no tiene

claridad en sus resultados. Las notificaciones nos han dejado de llegar y nos parece que quieren mantener una campaña de hostigamiento’’.

La CNTE, dijo, está lista para resistir en el terreno jurídico ante el cese de los profesores, y agregó que el llamado a todo el magisterio disidente

es a la unidad y a mantener la organización en cada sector, región y sección sindical.

Informó que este 5 marzo se convocó a una asamblea nacional representativa para analizar los resultados de la evaluación del desempeño y

determinar las acciones que seguirán en los estados y en la capital del país. Un día después, dijo, se sumaron al debate representantes del magisterio

de la educación media superior.

En tanto, dirigentes sindicales de Oaxaca, estado de México, Guerrero y Chiapas afirmaron que pese al anuncio de despido de 3 mil 360 de sus

compañeros, “no vamos a dejar de resistir ante la imposición de la reforma educativa, que no es más que una transformación total de nuestras

condiciones de trabajo que trastoca conquistas que demandaron décadas de lucha del magisterio disidente’’.

Agregaron que buscarán todas las vías jurídicas para echar abajo los despidos que calificaron de ‘‘ilegales, arbitarios y violatorios de los derechos

humanos y laborales de miles de maestros que por muchos años han laborado con su mejor esfuerzo en escuelas que carecen hasta de lo

indispensable’’.

Recordaron que en esta evaluación no se cumplió el compromiso de garantizar una evaluación que tomara en cuenta las ‘‘diferencias socio

regionales de cada maestro.

‘‘Se insistió en muchas ocasiones en que no nos oponemos a la evaluación, sino a un mecanismo punitivo que, como hoy comprobamos, busca

desaparecer la seguridad en el empleo, lo que es un derecho de todo trabajador con plaza de base, y se nos deja inmersos en un esquema que nos

mantiene en una zozobra permanente sobre si tendremos o no trabajo el año que entra’’, aseguró Pedro Ramírez Vázquez, del magisterio del estado

de México.

Por su parte, integrantes de la dirección política de la sección 22 de Oaxaca informaron que hoy se iniciará su asamblea plenaria donde se

analizarán los resultados de la evaluación del desempeño, pero adelantaron que ‘‘es consenso de los compañeros de base que no le vamos a entrar a la

etapa de reposición, y no descartamos que las autoridades educativas federales y locales quieran incluir entre los cesados a compañeros de la entidad,

lo que no vamos a permitir’’, concluyeron.

Reforma educativa es un hecho constitucional: Nuño Ningún diálogo con la CNTE para ver cómo “darle la vuelta”, dice; "es un hecho que ya existe, se aprobó por el Constituyente Permanente y todos estamos obligados a cumplirla.

Aurelio Nuño señaló que la ruta del magisterio es la de la modernidad. (Martín Salas)

REDACCIÓN01/03/2016 03:10 AM

México La reforma educativa es un una hecho constitucional que ya existe y todos estamos obligados a cumplirla, por lo que el diálogo debe ser sobre esa base, advirtió el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño.

Señaló que él comprende que la disidencia magisterial diga que no está de acuerdo; sin embargo, ningún diálogo será para ver cómo "darle la vuelta".

"Entiendo que el diálogo puede ser para que alguien diga que no está de acuerdo con la reforma, está bien, y lo escucharemos, nada más que la reforma ya es un hecho que ya existe, se aprobó por el Constituyente Permanente y todos estamos obligados a cumplirla. Desde la Constitución hasta las nuevas leyes, tuvo un amplio debate nacional, fue aprobada por dos terceras partes en la parte constitucional, leyes secundarias y pasó por los congresos.

En entrevista con Carlos Marín, en El asalto a la razón, en MILENIO Televisión, el funcionario recordó su visita a la primaria Emiliano Zapata, Miahuatlán, Oaxaca, donde platicó con integrantes de la sección 22, quienes le plantearon la necesidad de platicar con su dirigencia sindical.

Nuño dijo que en este encuentro advirtió que los maestros de base están dispuestos a escuchar y aceptar la reforma, por lo que habrán de caminar con aquellos que así lo manifiesten.

Una prueba de ello, dijo, es que ayer tras la convocatoria de paro y manifestaciones que lanzó la dirigencia del magisterio disidente oaxaqueño, apenas 20 por ciento de los planteles en Oaxaca no laboró, mientras que el resto cumplió con sus actividades.

"Ese dato es muy importante, en tiempos anteriores, cuando la 22 convocaba a un paro estatal, ciento por ciento de las escuelas cerraba. Conforme hemos avanzado en esta recuperación de la rectoría del Estado en materia educativa, en los paros que han hecho en los últimos meses, en el primero 30 por ciento de las escuelas tuvieron actividad, en el segundo, 35 por ciento y después llegamos hasta 40 por ciento.

Marín le cuestionó la ausencia del presidente del SNTE, durante la presentación de los resultados de la evaluación de desempeño docente, a lo que respondió: "Tengo un gran respeto por Juan Díaz de la Torre, creo que es un gran líder sindical, él y la mayoría del magisterio han entendido que esta reforma es fundamental para el país, se han sumado a ella, además, han entendido que la ruta de los maestros y del magisterio es la de la modernidad", indicó.

Aurelio Nuño y la tormenta que viene 01/03/2016 01:11 AM

Cuando en los primeros meses después de la toma del Ieepo de Oaxaca por las autoridades estatales y federales, el tranquilo regreso a clases y la desmovilización de la sección 22, frente a algunos festejos prematuros Aurelio Nuño insistía en que el camino sería largo, la reforma educativa compleja y las resistencias múltiples.

Ayer en el patio central de la SEP, el mismo Nuño hizo el que, tal vez, sea el anuncio más importante de la reforma desde su implementación: los resultados del primer ejercicio de evaluación docente aplicado en 28 entidades del país a 134 mil 140 profesores.

Los primeros resultados no son demasiado sorprendentes (ya sabíamos cómo andaban los alumnos). Poco más de la mitad de los docentes evaluados están reprobados o pasaron de panzazo. Para usar la palabra más abusada en el evento de ayer: tienen áreas de oportunidad para mejorar.

El 8 por ciento obtuvo la máxima calificación, y tendrá aumento de sueldo y otros premios, 41 por ciento está “bien”. Tendrán sus plazas y podrán optar por mejores condiciones. El 15 por ciento, los calificados con un insuficiente, tendrán que volver a evaluarse en un plazo de 12 meses, tres resultados iguales y perderán la chamba. En ese tiempo tendrán acceso a cursos de capacitación y formación, para los que la SEP tiene un presupuesto de más mil millones de pesos.

Pero creo que la nota, por lo que anuncia, está en el 2 por ciento de profesores que decidieron no evaluarse y que serán dados de baja a partir de mañana, tal y como lo señala la ley. Unos 3 mil.

Pero es nada si uno ve al futuro. Los resultados de ayer no incluyen maestros de cuatro estados: Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas, territorio CNTE. En estos estados falta aún una fecha de reposición que, dijo Nuño, será antes de julio; pero si nos atenemos al discurso de la Coordinadora y lo sucedido en los primeros exámenes en esos estados, el número de maestros que puede perder su trabajo por negarse a ser evaluados podría ser, proporcionalmente, bastante más elevado.

Será por eso que ayer, en Oaxaca, regresó la violencia entre policías y maestros frente a las instalaciones del Ieepo, se bloquearon calles y se tomaron algunos vehículos.

Tenía razón Nuño, la verdadera batalla es la de este año, cuando ya conociendo las consecuencias, la CNTE tome su decisión. Y el Estado, la suya.

Twitter: @puigcarlos

Marea roja y muerte de tortugas, el saldo

Envenena El niño costa oaxaqueña

Afecta Chacahua, Zipolite, Palmarito, Tomatal, Escobilla, Ventanilla y Puerto Escondido

SILVIA CHAVELA RIVAS/FOTOS: CARLOS HERNÁNDEZ LÓPEZ / Enviados

Mar, 03/01/2016 - 01:11

PUERTO ÁNGEL, SAN PEDRO POCHUTLA, Oaxaca.-La marea roja que ha arrastrado consigo grandes cantidades de salpas (medusas) con alta concentración de toxicidad, y por la cual hay veda para la pesca e ingesta de moluscos bivalvos, continúa causando la mortandad de tortuga prieta, y el ecocidio ya se extendió a especies de aves conocidas comúnmente como “playeras”.

Expertos de la Universidad del Mar (Umar) han conformado un equipo multidisciplinario en la que participan genetistas, ecólogos marinos, histólogos, biólogos, geógrafos marinos y maestros en ciencias especializados en fitoplancton marino, para analizar este fenómeno relacionado con la presencia de El niño y el calentamiento del mar que está registrando temperaturas por arriba de lo normal.

Juan Francisco Meraz Hernando, Vice-Rector Académico de la institución, recordó que desde fines de enero se reportaron numerosos ejemplares de tortugas marinas muertas en playas oaxaqueñas en la región de las lagunas de Chacahua, Zipolite, Palmarito, Tomatal, Escobilla, Ventanilla y Puerto Escondido, entre otras.

“A partir de datos recabados por varios investigadores de esta universidad, se estableció una relación causal entre la muerte de las tortugas marinas y su alimento”, detalló el también especialista en Ecología de Vertebrados Marinos.

Expuso que este invierno han prevalecido condiciones relacionadas con el evento de El niño que implica, entre otras cosas, el incremento en la temperatura superficial del mar.

“Dichas condiciones favorecen la proliferación de organismos marinos conocidos como salpas (hay varias especies de ellas), que pueden formar agregados de decenas de individuos. Estos organismos son transparentes, de aspecto gelatinoso, que pueden verse en la superficie del mar, pudiendo migrar hacia aguas profundas. Aunque su aspecto es semejante al de las medusas, son un grupo animal diferente, conocido como tunicados (que presentan forma de barril), caracterizado por tener una cuerda dorsal simple; por esta razón, se clasifican entre los urocordados. Esta cuerda dorsal es una versión muy sencilla de la columna vertebral que presentamos los vertebrados (aves, reptiles, mamíferos, peces, anfibios). Las salpas son organismos filtradores activos que pueden filtrar varios litros de agua marina por minuto para obtener su alimento”, detalló.

MAREA ROJA

El experto explicó que, aunado a las altas temperaturas del mar, hubo descarga de los ríos por efecto de las lluvias ocasionales que se han presentado en la región, llevando nutrientes y sedimentos al mar.

Con ello, añadió, se favorece el florecimiento del fitoplancton, consistente de microalgas unicelulares que viven en la superficie marina. Entre estas se encuentran los dinoflagelados, con especies que pueden ocasionar la presencia de mareas rojas debido a que producen neurotoxinas.

“Estos dinoflagelados se encuentran entre los organismos que son filtrados por las salpas siendo, por consiguiente, parte de su dieta”, reveló.

La proliferación de salpas durante esta temporada en la costa de oaxaca significa, a su vez, una enorme fuente de alimento disponible para varias especies de animales marinos, entre las que figuran las tortugas marinas. De éstas, destaca la tortuga prieta (Chelonia mydas) y en menor medida las tortugas de carey (Eretmochelys imbricata) y laúd (Dermochelys coriacea).

“Ante este panorama, es de esperarse que las tortugas mueran por alimentarse de manera abundante de salpas que, a su vez, se han alimentado de dinoflagelados productores de toxinas. Esto tiene sentido, dado que se ha encontrado que la mayoría de los individuos muertos corresponde a tortugas prietas”.

VENENO

El pasado 2 de febrero se llevó a cabo la necropsia de un cadáver fresco de tortuga prieta en el laboratorio de colecciones biológicas de la UMAR, en el campus Puerto Escondido. Esta necropsia fue llevada al cabo por la maestra en ciencias Alejandra Buenrostro, con el apoyo de los maestros Jesús García Grajales y León Vélez, todos profesores-investigadores de la UMAR.

De los resultados de esta necropsia sobresale el hecho de que el ejemplar presentaba una excesiva cantidad de salpas en el estómago, dando la impresión de una severa gastritis no ulcerativa. Una abundante presencia de heces en el intestino indicaba falta de evacuación, provocada por una parálisis intestinal causada probablemente por la presencia de toxinas.

Por otra parte, el maestro en ciencias Eduardo Herrera, profesor-investigador de la UMAR campus Puerto Ángel, analizó muestras de agua de la región, reportando la presencia del dinoflagelado Pyridinum bahamense var. compressum, especie promotora de marea roja que produce Saxitoxina, un veneno paralizante que puede provocar la muerte en vertebrados como humanos y tortugas.

La presencia de una especie de dinoflagelado tóxico hace suponer que está siendo consumido y bioacumulado por las salpas y, a su vez, por las tortugas que se alimentan de éstas. El agente neurotóxico no afecta a las salpas que lo consumen, pero puede mantenerse en el estómago y tejido de estas, afectando entonces a los organismos que las depredan.

“Con los datos analizados, se cuenta con evidencia suficiente que soporta la hipótesis de que las tortugas están muriendo por el tipo y cantidad de alimento que están consumiendo. No obstante, no se descarta la posibilidad de que existan organismos que mueran por alguna causa diferente.

Es de esperarse que se trate de una contingencia estacional que termine pronto; sin embargo, es necesario evaluar el impacto sobre poblaciones de tortugas marinas”. Igualmente, refirió, es importante mencionar que existen reportes que dan cuenta de cómo las salpas tienden a ser abundantes en otras regiones del mundo, llegando incluso a desplazar a otras especies competidoras por el alimento. Estos incrementos en las poblaciones de salpas se ven favorecidos por los efectos de “El Niño” y, muy probablemente, como consecuencia del calentamiento global.

POR INCENDIOS

Declaran a Oaxaca zona de emergencia ambiental

AGENCIAS

OAXACA.- La Comisión Estatal Forestal declaró a Oaxaca como zona de emergencia ambiental por el alto número de incendios reportados en los bosques, selva y zona conturbada, generadas por el cambio climático y cuestiones de tipo político y agrario.

Félix Piñeiro Márquez, director del organismo, indicó que se presentaron cuatro denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) por siniestros provocados en la zona de la Mixteca, el Istmo y la región de la Costa.

Añadió que la temporada de incendios forestales se advierte como la más agresiva de los últimos 10 años, ya que en menos de tres meses se han contabilizado 59 incendios con daño en más de mil 700 hectáreas, convirtiendo a Oaxaca en el estado con el mayor número de siniestros forestales de México.

Piñeiro Márquez explicó que las condiciones ambientales no son las propicias como consecuencia del cambio climático, que provocan altas temperaturas y bajas precipitaciones, además de frentes fríos, que deshidratan las zonas arboladas.

“Estamos viviendo condiciones graves como las que tuvimos en 1998 y 2013, que fueron los peores años en materia de forestal al registrarse el mayor número de incendios de la historia”, dijo.

El funcionario estatal destacó que se alista a hacer valer un decreto firmado por el Ejecutivo para restringir las quemas agropecuarias, y se están gestionado fondos ante el gobierno federal para contar con una fuerza de tarea que permita mantener acciones de vigilancias forestales y de combate.

A su vez, Manuel Maza, jefe del Cuerpo de Bomberos, informó que se han presentado dos denuncias y tres más están en procesos, por los siniestros reportados en la zona conturbada de la Ciudad de Oaxaca, donde sujetos desconocidos prendieron fuego a basureros a cielo abierto.

La deuda de QRoo y Chihuahua se disparará con el aumento de la tasa de Banxico, alerta Moody’s

Por Dulce Olvera marzo 1, 2016 - 12:35h 0 Comentarios

Moody’s considera que el riesgo derivado del incremento en la de tasa de interés “es manejable”, pero los niveles de

deuda podrían subir más de lo que estima si no se aplican controles estrictos de gasto en el corto plazo. Además, las

participaciones federales, una fuente de ingresos para los estados, han disminuido y su fondo compensatorio está en

riesgo de agotarse por la caída en los precios del petróleo.

Ciudad de México, 1 de marzo (SinEmbargo).– El aumento de 50 puntos base en la tasa de interés por parte del Banco de México

(Banxico) es un factor crediticio negativo para los estados y municipios mexicanos, alertó Moody’s, en particular para las entidades con

un mayor costo promedio ponderado de su deuda: Quintana Roo y Chihuahua.

La mayor parte de la deuda subnacional paga intereses a una tasa variable y, por lo tanto, se prevé un aumento en el costo promedio

ponderado de la deuda a 6 por ciento, afirma la calificadora. Pero los niveles de deuda podrían subir por encima de 8 por ciento, alerta, si

no se aplican controles estrictos de gasto en el corto plazo.

Quintana Roo, Chihuahua, Guerrero, Nayarit y Nuevo León se espera que enfrenten un mayor impacto en sus respectivos servicios de

deuda, expone.

En el primer caso, la entidad gobernada por el priista Roberto Borge Angulo tiene el pasivo per cápita más alto entre las 32 entidades del

país, con 14 mil 441 pesos por cada uno de sus ciudadanos, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

(SHCP). Cuando Borge Angulo asumió el Gobierno de Quintana Roo, el 5 de abril de 2011, el estado reportaba una deuda pública de 9

mil 791 millones de pesos. Hoy, casi cinco años después, ese pasivo se ha convertido en el más alto del país, medido por el número de

personas.

En tanto, como en su tiempo lo fue la deuda de Humberto Moreira Valdés, ahora la de César Duarte Jáquez, Gobernador de Chihuahua, se

ha convertido en emblemática debido a su crecimiento exponencial.

El 4 de octubre de 2010, Duarte recibió la entidad con una deuda de 12 mil 547 millones de pesos, para 2011 había crecido a 17 mil 316.6

millones, para el año siguiente cerró en 23 mil 284 millones de pesos, en 2013 dio el salto a 41 mil 768.2 millones de pesos, nivel en el

que se mantuvo hasta el primer trimestre de 2015, con 41 mil 926 millones de pesos, de acuerdo con cifras de Hacienda.

Coahuila, la Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tamaulipas, Jalisco y Michoacán también están por arriba del promedio.

La deuda de Coahuila, de acuerdo con el “Saldo histórico de obligaciones financieras de entidades, municipios y sus organismos” de la

SHCP, hasta el tercer trimestre de 2015, fue de 37 mil 242 millones pesos, mientras que la per cápita asciende a 12 mil 986 pesos.

No obstante, en opinión de Moody’s el riesgo derivado del incremento en la de tasa de interés “es manejable para el

sector en su conjunto”.

Durante el periodo 2010 a 2014 los estados mexicanos registraron déficits financieros cuya mediana fue de -2 por ciento de los ingresos

totales y se estima se ubiquen en -2.4 por ciento en 2015, pero podría superarlo si no se aplican controles estrictos de gasto en el corto

plazo. Los niveles de deuda aumentarían por encima de 8 por ciento, alerta.

En caso de que prevalezcan las condiciones actuales, se esperaría un aumento en las presiones sobre las finanzas estatales y en menor

medida en las finanzas municipales, ya que su dependencia por participaciones federales es inferior a la de los estados.

En febrero el banco central elevó la tasa de interés a 3.75 por ciento, como parte de una serie de medidas para tratar de detener la

depreciación del peso.

El banco Merrill Lynch alertó que ese sorpresivo incremento puede confundir al mercado y limitar el crecimiento económico.

“Banxico no sería capaz de continuar con los aumentos para defender la moneda sin enviar a la economía a una recesión, así que hay un

límite natural para esa estrategia”, expuso en un informe.

PARTICIPACIONES FEDERALES

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que las participaciones federales –que representan un 40 por ciento de los

ingresos totales de los estados– disminuyeron 3.9 por ciento a enero de este año.

Baja California Sur, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí y Morelos fueron los estados que presentaron mayores disminuciones en sus

participaciones federales al mes de enero de 2016.

Uno de los fondos que integran las participaciones federales, agrega la calificadora, es el Fondo General de Participaciones (FGP), que

representa el 80 por ciento de las transferencias tanto para los estados como para los municipios.

Los subsoberanos mexicanos cuentan con el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), que es un

fondo contingente para compensar disminuciones en las participaciones federales, sin embargo podría agotarse por la caída del petróleo.

De acuerdo con proyecciones de Moody’s, los precios del petróleo se mantendrán bajos, promediando 33 dólares por barril para 2016 y

37 dólares para 2017 tanto para la mezcla Brent como para el de Texas.

Distribuirán 90 mil dosis de Tamiflu para combatir la influenza POR LA REDACCIÓN , 29 FEBRERO, 2016NACIONAL

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La farmacéutica Roche México distribuye cinco mil unidades de Tamiflu a partir de este lunes y proporcionará 85 mil más a lo

largo de la semana para enfrentar el incremento de casos de influenza registrados en los últimos días.

Las unidades del medicamento serán entregados mediante una red de distribuidores autorizados que serán los responsables de colocar el

medicamento en las farmacias.

En un comunicado, la farmacéutica señaló que las dosis distribuidas hasta hoy forman parte del “compromiso con la salud y calidad de vida de los

pacientes, así como a su incondicional disposición de trabajar de la mano con las instituciones del sector salud a fin de importar a México los

volúmenes de Tamiflu que se requieran para hacer frente a la demanda”.

Con las dosis entregadas y las anunciadas para esta semana suman más de 180 mil unidades las que se importarán para la distribución en la

temporada invernal 2015-2016.

La farmacéutica refirió que el oseltamivir, fórmula activa del Tamiflu, se vende en México desde 1999 y actualmente está disponible en cadenas de

farmacia que comercializan medicamentos de patente en toda la República.

Hoy concluye plazo para recoger credencial para votar Los ciudadanos que tramitaron su mica, solicitaron renovación o

actualización, tendrán hasta las 00:00 horas de este martes para

recogerla en el Módulo de Atención Ciudadana

claudia.flores

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que este martes concluirá el plazo para recoger las credenciales para votar que se hayan solicitado o actualizado en las 13 entidades que celebrarán comicios el

5 de junio.

De tal suerte que todos los ciudadanos que tramitaron, por primera vez, su inscripción al Padrón Electoral o solicitaron la renovación, actualización o reposición de su mica y aún no la recogen, tendrán hasta las 00:00 horas de este martes para recogerla en el Módulo de Atención Ciudadana en donde la tramitaron.

El INE recordó que solo los ciudadanos que cuenten con su credencial de elector podrán participar en la jornada electoral que se celebrará en su entidad el 5 de junio.

De acuerdo con la ley, cuando el elector inicia un trámite en el Instituto, su registro se baja temporalmente de la Lista Nominal de Electoresy sólo se habilita cuando obtiene su Credencial.

En caso de no acudir al Módulo por la Credencial, se resguardará en una bóveda bancaria hasta el 6 de junio de este año, y será a partir de esa fecha que sus titulares podrán recogerla.

Para recoger su credencial, el único requisito que debe cumplir el ciudadano es llevar su recibo.

Para cualquier duda o aclaración el Instituto puso a disposición de la ciudadanía el número telefónico de INETEL, 01800 433 2000 o bien el portal de internet del INE (www.ine.mx).

Además los perfiles de las redes sociales del Instituto en twitter (@INEtelMX) y Facebook (facebook.com/INEMexico).

Los 13 estados que celebrarán elecciones el 5 de junio y que renovarán la gubernatura son Aguascalientes, Zacatecas, Sinaloa, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas, Chihuahua, Veracruz y Durango, en tanto que en Baja California se elegirá congreso local y ayuntamientos.

Dinero Fobaproa petrolero

La reinvención de TvAzteca

El rumor sobre la quiebra de HSBC

ENRIQUE GALVÁN OCHOA

L a situación no es tan simple como decir que llegó a la dirección de Pemex un concuño de Salinas de Gortari, que tienen cierto parecido físico y que el

plan de rescate que presentó ayer parece salido del despacho de Pedro Aspe. Es un tema más profundo. Se trata del Fobaproa petrolero. El rescate

bancario está costando al país 120 mil millones de dólares, se ha abonado a lo largo de los últimos 20 años y no se ha terminado de pagar, y en parte

es responsable del atorón de la economía. El rescate petrolero tendría un costo mayor. Habrá que pagar –o negociar–, sólo por concepto de deudas,

178 mil millones de dólares (87 mil es bancaria y 91 mil es con los trabajadores). Y no termina en eso el problema, porque el petróleo está

agotándose, no se han descubierto nuevos yacimientos (es cuento chino los que anunció Emilio Lozoya) y el precio internacional no repunta. Será

necesario producir sólo crudo que cueste menos de 25 dólares el barril para obtener alguna ganancia. Todo apunta a que ambos Fobaproas tengan un

destino igual: uno entregó a la otrora pujante banca nacional a la internacional. Y el Fobaproa petrolero apunta a entregar a Pemex a compañías

privadas nacionales y extranjeras. No son buenas noticias. Un Fobaproa que no se ha terminado de pagar se encima a otro. Así que lo de menos es si

el nuevo director es concuño de Salinas de Gortari, si se vio nervioso e inseguro en la conferencia de prensa y si algún tema lo pasó a que lo

contestara el director financiero, Juan Pablo Newman, o si el esquema de rescate fue horneado en el despacho de Pedro Aspe. Lo trascendente es que

tenemos pobreza segura por muchos, muchos años.

Pierde medio billón en 2015

Lo niegan, pero el pasado los delata. Grandes empresas nacionales pasaron a manos privadas –Telmex– o fueron desaparecidas –Ferrocarriles

Nacionales y Luz y Fuerza del Centro. Ese sería el final que depara a Pemex. En ningún momento hay que olvidar cuál fue el punto de partida: el

Pacto por México. Sus firmantes han sido ampliamente recompensados. Los tres son diputados: el Chucho Zambrano, presidente de la Cámara de

Diputados; César Camacho Quiroz, jefe de la fracción del PRI en la misma cámara, y Gustavo Madero, diputado, aunque defenestrado por sus

propios compañeros del PAN. Otro personaje, David Penchyna, el activo promotor del pacto, ha sido recompensado con la dirección general de

Infonavit. Argumentos para privatizar sobran. El año pasado Pemex perdió 521 mil millones de pesos, 96.4 por ciento más que los 265 mil 348

millones del año previo.

El nuevo jefe de TvAzteca

Recientemente, Benjamín Salinas Sada asumió la posición de jefe de TvAzteca, en lugar de su padre, Ricardo. Comenzó a imprimir su propia huella.

Anunció la reinvención de la televisora. Incorpora la creación de Estudio 13 y Estudio 7, en un modelo que permitirá la llegada de los mejores

contenidos. Como director general de Estudio 13, Benjamín Salinas designó a Mauricio Majul Gabriel, y para Estudio 7 a Rodrigo Fernández

Capdevielle.

La discriminación premiada

El subsecretario de Desarrollo Social y Humano de la Secretaría de Desarrollo Social, Ernesto Nemer Álvarez, fue puesto al frente de la Profeco.

Hace apenas unos días se comentaba en Twitter la foto que subió a la red social con un niño que le boleaba los zapatos en San Cristóbal de las Casas,

Chiapas.

Ombudsman Social

Soy cliente de HSBC. ¿Qué habrá de cierto sobre el rumor que corre en redes sociales de que esa institución financiera se declarará en bancarrota?

E.L.

R: En este caso aplicaría la regla ‘‘too big to fail’’. Demasiado grande para caer. Lo rescatarían antes de que cayera en quiebra, como a otros.

Twitteratti

Llamar ‘‘activistas’’ a los porros que viven en el Che Guevara, es como llamar ‘‘su santidad’’ a un líder sindical.

@fedroguillen

Silvano Aureoles dice que Michoacán está en serios problemas financieros. Pero nunca tan serios como para volar a Belinda en helicóptero.

Petit Prince @Bvlxp

El Tamiflu lo tiene acaparado Agustín Carstens por aquello del catarrito.

@JoseLuisRios_

Twitter: @galvanochoa

FaceBook: galvanochoa

galvanochoa@gmail.com • Foro:http://elforomexico.com/encuestas/

México SA Pemex: terapia intensiva

Pérdida: 521 mil millones

Fisco asfixia al consorcio

CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

Bisturí en mano, el nuevo director de Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaya, metió a la ex paraestatal a terapia intensiva y, con esa

dinámica, llega a realizar el trabajo de asepsia, corte y confección que Emilio Lozoya y el consejo de administración alegremente dejaron pasar a lo

largo de la primera mitad del sexenio peñanietista, y de esto último da puntual cuenta el informe financiero de 2015 –divulgado ayer– que, en los

hechos, es un interminable inventario de números rojos.

Entre estos últimos que destaca el relativo a la pérdida neta de la petrolera: 521 mil 607 millones de pesos, casi el doble con respecto a 2014).

Desde luego que tales pérdidas no hubieran sido posibles sin la carga fiscal que asfixia a Pemex y la devaluación del peso. Lo cierto es que en 2015

los impuestos, derechos y aprovechamientos pagados por la petrolera a la Secretaría de Hacienda fueron equivalentes al 400 por ciento del

rendimiento de operación, es decir, tres tantos más que en 2014, de tal suerte que con reforma o sin ella acabar con la brutal ordeña de Petróleos

Mexicanos nunca ha estado en los planes gubernamentales.

Como advierte el informe 2015, a pesar de que el régimen fiscal de Pemex a partir del primero de enero de 2015 está más alineado con el resto de

la industria, la empresa aún no puede deducir la totalidad de sus costos y gastos de operación en el cálculo de impuestos y derechos. Como

consecuencia, el pago de impuestos y derechos ha sido mayor al rendimiento de operación y al rendimiento antes de impuestos y derechos desde

1998 de manera consistente, siendo la única excepción 2006, año en el que la deducción permitida se actualizó. Hacia adelante, es deseable que el

régimen fiscal que le aplique a Pemex sea comparable con el de otras empresas del sector. El que todos los participantes de la industria de petróleo y

gas en México cuenten con las mismas reglas del juego es un elemento indispensable para que la reforma energética rinda todos los frutos esperados.

Pero bueno, de entrada la ahora empresa productiva del Estado reduce su plataforma de producción 100 mil barriles de crudo por día (casi el 10

por ciento de la exportación) y deja para mejores tiempos su eventual participación en la búsqueda del tesorito enterrado(el petróleo en aguas ultra

profundas). De igual forma, cancela, replantea y/o difiere inversiones por cerca de 65 mil millones de pesos; reduce costos por un monto estimado en

alrededor de 29 mil millones, y ajusta su gasto de operación en 6 mil 200 millones. El recorte presupuestal es brutal (100 mil millones de pesos, y

contando).

Pemex lo sintetiza de la siguiente manera: para hacer frente la situación se diseñó un programa de ajuste que tuviera como prioridad no afectar la

viabilidad de la empresa a largo plazo, con los siguientes criterios: preservar la seguridad del personal y mantener la integridad de las instalaciones de

la empresa; utilizar al máximo los nuevos instrumentos y figuras que permite la reforma energética para atraer inversiones; hacer frente a los

compromisos laborales y financieros de la empresa, y mantener, en la medida de lo posible, la plataforma de producción de hidrocarburos de este

año, estabilizando los niveles de producción en el mediano y largo plazos.

La empresa productiva del Estado detalla que las tres principales líneas de ajuste en el corporativo y en todas las empresas subsidiarias de

Petróleos Mexicanos, de acuerdo con el plan aprobado por el consejo de administración el pasado 26 de febrero, son: generar eficiencias y reducir

costos para incrementar la productividad en la operación y promover un uso racional de los recursos por un total estimado de 29 mil millones de

pesos; diferir y replantear inversiones comprometiendo lo menos posible la producción futura en función de su rentabilidad y disponibilidad de

recursos por aproximadamente 65 mil millones de pesos, y ajustar el gasto de operación e inversión a la caída de 25 dólares en el precio promedio del

barril de crudo, a fin de canalizar los recursos hacia proyectos rentables con los precios actuales. Este ajuste representa 6.2 mil millones de pesos y

siguió dos criterios: que las inversiones diferidas no fueran rentables a los precios actuales del petróleo y que no afectaran proyectos que ya

estuvieran produciendo en 2016.

Este ajuste por 100 mil millones de pesos, reconoce Petróleos Mexicanos,permitirá la consolidación como empresa productiva del Estado,

aprovechando al máximo los nuevos mecanismos creados por la reforma energética para establecer alianzas estratégicas con otras empresas. Estos

mecanismos dotan a Pemex de una gran flexibilidad para determinar las mejores condiciones de alianza en función de los dos mandatos establecidos

en la ley e instruidos por el presidente: generar utilidad a la empresa y valor al país.

Para la nueva directiva del consorcio petrolero, Pemex tiene un problema de liquidez y no de solvencia. Este ajuste no debilita a la empresa, sino

que fortalece sus perspectivas de largo plazo. Las medidas que serán implementadas en los próximos meses le permitirán a Petróleos Mexicanos

superar la difícil coyuntura para consolidarse a futuro como una verdadera empresa productiva del Estado y continuar siendo, como lo ha sido por

casi 80 años, la empresa emblemática de México.

Como parte del esquema derescate, en Pemex se considera la factibilidad de monetizar activos (léase deshacerse de ellos), utilizar esquemas de

financiamiento como la llamada Fibra E (Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura) y asociaciones para compartir riesgo. La estrategia

incluyebuscar, junto con la Secretaría de Hacienda, nuevos esquemas para una posible capitalización, y este puede ser uno de los asuntos más

delicados, porque dicha dependencia no entiende razones: simplemente quiere dinero, y arrasa sin más.

Sobre la creciente rebelión en contra de Pemex por falta de pago, la ex paraestatal reconoce que mantiene una deuda con proveedores cercana a

147 mil millones de pesos, lo que a su vez promueve una reacción en cadena, porque tales proveedores tampoco pueden pagar a los suyos, y éstos a

los propios, y etcétera, etcétera. Sin embargo, el consorcio petrolero adelantó que ya se han pagado 20 mil millones y estamos trabajando con la

Secretaría de Hacienda para buscar esquemas y mecanismos alternos para resolver este problema cuanto antes (La Jornada, Israel Rodríguez).

Las rebanadas del pastel

Y el dolarito a 18.42 micropesitos.

Twitter: @cafevega

D.R.: cfvmexico_sa@hotmail.com

Si la idea es quebrar a Pemex, ¿con qué dinero van a mover a México?, preguntan analistas

Por Sandra Rodríguez Nieto marzo 1, 2016 - 00:05h 14 Comentarios

La empresa estatal que aporta hasta 29 por ciento de los ingresos del Gobierno de México atraviesa por su peor

momento. Es notorio que la misma Federación está en una carrera por quebrarla, advierten analistas.

El 9 de febrero, José Antonio González Anaya (a la izquierda de Pedro Joaquín Coldwell) se convirtió en director de Pemex; ahora

tiene el reto de frenar el desmantelamiento de esa 01empresa del Estado. Foto: Cuartoscuro.

Ciudad de México, 1 de marzo (SinEmbargo).– Petróleos Mexicanos (Pemex), empresa del Estado que aporta hasta un 29 por ciento de

los ingresos del Gobierno federal, vive lo que expertos consideran puede ser el peor momento de sus casi 78 años: un informe de 2015

presentado ayer muestra que, a la presión internacional por la caída de los precios del petróleo, se suma una producción en declive de

crudo, gas natural y petroquímicos.

El resultado hasta diciembre de 2015, de acuerdo con el informe entregado ayer a sus inversionistas a través de la Bolsa Mexicana de

Valores, es una reducción en las ventas totales de 28 por ciento, aumento del 19 por ciento en el costo de la producción y, en total y

pérdidas 522 mil millones de pesos; casi el doble de las registradas en 2014.

A esta disminución de los ingresos de la hoy denominada empresa productiva del Estado se suma un recorte de cien mil millones de pesos

anunciado el pasado 17 de febrero por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); medida que, de acuerdo con lo anunciado

ayer por el nuevo director general de Pemex, José Antonio González Anaya, se enfrentará con una reducción de 46 mil 800 millones de

pesos en Exploración y Producción (PEP), su principal fuente de ingresos.

Pero la medida, dice la analista Miriam Grunstein, es una forma “muy agresiva” de forzar a la empresa a buscar recursos propios y a

utilizar los instrumentos previstos en la Reforma Energética para estimular una mayor participación de la inversión privada.

Y es también, dice el profesor en Políticas de la Energía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Víctor Rodríguez

Padilla, parte de la política de la actual administración federal encaminada a “quebrar” a una empresa que todavía, dice, es la fuente de la

tercera parte de los ingresos del presupuesto federal.

“Es su peor momento”, dice Rodríguez Padilla en entrevista.

“Porque por un lado se acumuló el precio del petróleo, pero eso fue lo que precipitó una pésima gestión de la empresa en los últimos años,

desde 2008, que empezaron a querer privatizar. Es una gestión a propósito para llevarla al punto de la quiebra (…)

La caída en los precios del petróleo nada más precipita la mala administración, pero ya venía una mala intención de destruir a Pemex para

justificar la Reforma Energética”, agrega.

LOS AJUSTES

El titular de Pemex dijo ayer a los medios que, ante los ajustes, se priorizará la selección de los proyectos de exploración y producción

más “rentables”, por lo que se diferirán inversiones en campos terrestres, no convencionales y aguas profundas.

Pero el declive en la producción y exploración de reservas es ya tan marcada, dice la Auditoría Superior de la Federación en su más

reciente informe, que lo que está en riesgo es el abasto de la demanda nacional de hidrocarburos y, con ello, la seguridad energética del

país.

“De continuar la deficiencia operativa en PEP, se limitará la expansión de las reservas de petróleo y gas y los propios

volúmenes de producción, lo que puede poner en riesgo el abastecimiento, ya que al no satisfacer la demanda nacional

de hidrocarburos y derivados se incrementarían las importaciones afectando la seguridad energética, las principales

industrias de consumo final y con ello a la población en general”, advierte el dictamen de la ASF sobre “Disponibilidad

de Petróleo Crudo y Gas Natural”, incluido en el informe de evaluaciones sobre Desarrollo Económico presentado este

mes.

Esta revisión al desempeño de PEP en 2014 por parte de la ASF arrojó déficits de hasta un 68.6 por ciento en la meta de perforación de

pozos prevista, además del abandono de proyectos de extracción de gas shale.

OTRA VEZ LA CRÍTICA DEL EXTRANJERO

La situación de la principal empresa del Estado mexicano ha llamado la atención de los medios internacionales especializados, como The

Financial Times, que el pasado 26 de febrero consideró que, “si Pemex fuera una empresa ordinaria, y no un pilar del presupuesto

federal”, se consideraría en quiebra.

El medio atribuye la situación a un “hinchamiento” de 153 mil 85 empleados al término de 2014, que son, agrega, casi siete veces más

que los que tiene la compañía estatal noruega Statoil, y por encima de un tercio más que los de compañías privadas como ExxonMobil,

Shell o BP.

“Pemex presume costos que son hasta la mitad menores que los de las más grandes petroleras, pero su eficiencia la retrasa”, agrega.

Adrián Duhalt Gómez, investigador del área de Negocios Internacionales de la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP), explica

que el recorte en la exploración afectará la producción al grado de que podría bajar hasta dos millones de barriles de petróleo diario;

volumen que hoy se encuentra en 2.2 millones.

“Pemex nunca había enfrentado un contexto tan complejo como éste, y el recorte pegara a muchas áreas importantes,

como también Transformación Industrial, además de Exploración y Producción”, dice.

“Es la acumulación de ineficiencias de décadas y ahora han sido exacerbadas con la caída del precio. No es lo mismo operar cuando el

barril está a cien dólares que cuando está a 25”, coincide.

Grunstein, por su parte, plantea que las implicaciones trascienden a Pemex debido a que no está claro cómo hará el Gobierno federal para

sustituir los ingresos de una empresa encargada de aportar el 29 por ciento del gasto público.

“Es muy preocupante, por las implicaciones al país; no entiendo cuál es la estrategia de alimentación de las finanzas pública, qué va a

sustituir estos ingresos”, dijo.

“No veo mal que se despetrolice la economía, pero sí con mucha preocupación con qué se va a alimentar: si no es con esto, ¿con qué? No

se ha explicado”, agregó la también titular de la consultoría Brilliant Energy.

La ASF señala a Pemex exploración por no aumentar la producción de hidrocarburos, lo que obliga al país a aumentar las importaciones.

Foto: Cuartoscuro.

LA IMPORTANCIA DE PEP

En su reporte, la ASF recuerda que PEP tiene la responsabilidad no sólo de aumentar la producción de hidrocarburos, sino también el

inventario de reservas con nuevos descubrimientos; disponibilidad de recursos, dice, que son la base del desarrollo de la industria

petrolera. La disminución de estos inventarios, por tanto, ocasiona que se reduzca también la producción y sus derivados, motivando el

aumento de las importaciones para atender la demanda nacional.

Pero PEP, advierte la ASF, no garantizó un superávit en la producción de petróleo crudo y gas natural suficiente para cubrir la demanda

de petrolíferos, gas y petroquímicos, por lo que se tuvo que recurrir a crecientes importaciones. El motivo, explica, fueron principalmente

las “deficiencias operativas en la perforación y terminación de pozos exploratorios y de desarrollo cuyos resultados afectaron tanto la

incorporación de reservas como la extracción de hidrocarburos”.

Además, agrega la ASF, “los descubrimientos de reservas en yacimientos de aguas profundas y de shale no han sido significativas. La

calidad del petróleo crudo entregado al Sistema Nacional de Refinación, a PMI Comercio Internacional y a Pemex Gas y Petroquímica

Básica no fue la adecuada. Respecto de la competitividad, PEP logró optimizar los costos de descubrimiento, desarrollo y de producción;

sin embargo, estos resultados en conjunto provocaron que la demanda nacional de petrolíferos, gas y petroquímicos básicos y no básicos

no fuera satisfecha, por lo que Petróleos Mexicanos recurrió a crecientes importaciones para cubrirla”.

¿Y EL IMP?

Otras problemáticas detectadas por la ASF es que el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), creado con la finalidad de reforzar la

investigación científica y la competitividad de Pemex, concluyó 23 proyectos cuya contribución a mejorar la eficiencia operativa de la

empresa “no fue posible verificar”.

Por tanto, dice la ASF, y ante la “falta de vinculación de la investigación científica y la capacitación especializada de recursos humanos

realizada por el IMP con las necesidades específicas de Pemex”, es necesario replantear su visión y operación.

“En opinión de la ASF, en 2014, el Instituto Mexicano del Petróleo, por medio del programa presupuestario E006

‘Investigación en materia petrolera’ realizó proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico alineados con

el Programa Estratégico y Tecnológico 2013-2027 y al Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos 2014-2018, pero no

midió la manera en que los proyectos contribuyeron a mejorar la eficiencia operativa de PEMEX. Además, se constató

que el instituto realizó investigación científica, desarrollo tecnológico y capacitación especializada de recursos

humanos en materia petrolera sin contar con un diagnóstico sobre el problema que pretende atender, por lo que no se

aseguró que esas acciones contribuyan a resolver las necesidades específicas de Pemex”, concluye.

Otra observación es que, durante la Ronda Cero de la Reforma Energética, la Secretaría de Energía (Sener) asignó a Pemex la extracción

de 95 campos que la empresa no había solicitado, “lo que representa un riesgo para garantizar el avance de su prospectiva de producir 2.5

millones de barriles por día de petróleo en los próximos 20.5 años y consolidar a Pemex, a efecto de contribuir al compromiso nacional de

asegurar el abastecimiento de petróleo crudo, gas natural y petrolíferos que demanda el país”.

Pemex: las manos de Hacienda y la Sener en su agonía

Por Rita Varela Mayorga marzo 1, 2016 - 00:00h 2 Comentarios

El pasado 8 de febrero, el Presidente Enrique Peña Nieto presentó en la residencia oficial de Los Pinos a José Antonio González Anaya

como nuevo director de Petroleos Mexicanos. Foto: Adolfo Vladimir, Cuartoscuro

No hay que ser un experto para entender que en la actual administración la crisis financiera en Petróleos Mexicanos (Pemex) y en la

Comisión Federal de Electricidad (CFE), las últimas grandes e influyentes empresas del Estado mexicano, se ha agravado. Pero tampoco

hay que ser un genio para comprender por qué esa situación se ha vuelto prácticamente inmanejable: desde hace décadas, pero ahora con

mayor intensidad, las Secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Energía (Sener) han metido mano en decisiones

trascendentales y, por tanto, son corresponsables directas del desempeño operativo y financiero de ambas compañías, y de no actuar a

tiempo para frenar su deterioro.

Si nos referimos a Pemex, en particular, Luis Videgaray Caso y Pedro Joaquín Coldwell, quienes forman parte del Consejo de

Administración de Pemex desde el inicio del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, sabían bien de su responsabilidad para velar y

trabajar por el buen desempeño de la empresa que ha sido el ancla de las finanzas públicas en México durante casi ocho décadas.

Pero no, no lo han hecho así.

Primero se enfocaron a sacar una reforma constitucional que, de acuerdo con el Gobierno federal y con los legisladores del PRI y sus

partidos rémoras que la aprobaron, iba a darle nuevo impulso al sector energético y, en especial, a la que dieron por llamar “Empresa

Productiva del Estado”.

La paradoja es que, desde entonces, la antigua paraestatal es todo menos productiva, pues aunque se planteó que sería autónoma e

independiente para convertirla en una compañía competitiva y con capacidad de decisiones, lo que sucedió es que ahora los dos

Secretarios de Estado están más metidos que nunca en las decisiones internas, lo que incluye determinar hasta quién es su director

general, por ejemplo.

Así como se impulsó su hundimiento –al cortarle brazos operativos, campos de extracción, decisiones de inversión– y se le quitó

paulatinamente un buen porcentaje de recursos públicos –además de los que cada año Pemex le da en impuestos a la Federación–, ahora,

con el riesgo de perderlo todo, se afirma a los cuatro vientos que no la dejarán sola e intentarán un salvamento.

Pero hundir y salvar a una empresa a la vez no es posible. Usar ambas opciones como estrategias de coyuntura denota una corta visión de

Estado y evidencia, desde el inicio mismo de la discusión de la reforma, la falta de conocimiento que siempre tuvieron –funcionarios y

legisladores– tanto de la situación de la compañía como del propio mercado.

Empeñado en desaparecer a Pemex, al Gobierno federal se le fue la mano, y la caída de los precios petroleros hizo que ese error fuera aún

más evidente.

Lejos de reconocerlo, ahora tanto la SHCP como la Sener lanzaron un plan de reestructuración para la petrolera que, al parecer, le dará la

puntilla si, como hasta ahora, vuelven a exagerar en medidas que antes no dieron resultados: cortes a su presupuesto, ajustes en su

operación –lo cual deja a algunas de sus subsidiarias prácticamente inactivas–, despidos masivos, pérdida del recurso humano con mayor

conocimiento, y venta de activos, entre otras. Todo esto sin tocar uno solo de los privilegios de un Sindicato encabezado por quien es

considerado uno de los hombres más corruptos del sistema político mexicano: el también Senador del PRI, Carlos Romero Deschamps.

Ahora, además, los Secretarios pueden utilizar legalmente lo que la Reforma Energética les pone en mano para dizque dar viabilidad a la

empresa: desde aumentar deuda, hacer alianzas, explotar fibras E, armar asociaciones público-privadas, diseñar fideicomisos, etcétera,

con el fin de achicar la empresa y, según ellos, devolverle valor y capacidad productiva.

Pero todo eso, otra vez, es pura teoría, un discurso político solidario que pocos creen ahora, pues las cifras y los hechos muestran que, tan

se les fue la mano, que difícilmente podrá revertirse el daño… Mientras Pemex sufre esta agonía, del otro lado, los nuevos participantes

en la industria privada del sector –la mayoría de ellos ex funcionarios públicos, ex secretarios de Estado, ex presidentes de la República–,

se frotan y se frotan las manos.

Informan a medias sobre viajes oficiales

Secretaría de Hacienda reservó hospedaje de Luis Videgaray; funcionarios "olvidan" adjuntar cuánto costaron boletos

de avión

Lilia Saúl

lilia.saul@eluniversal.com.mx

El nivel de compromiso con la transparencia y el acceso a la información es dispar entre las dependencias de gobierno. Mientras hubo funcionarios que entregaron tickets para comprobar sus gastos de viaje en el extranjero, otros testaron (tachonearon) la información del hotel en el que se hospedaron o negaron entregar documentación relacionada con gastos ejercidos en sus viajes.

Luis Videgaray, secretario de Hacienda, testó y no permitió saber en qué hotel se quedó durante su estancia en Estados Unidos.

Incluso se reservó la información por 12 años “en virtud de que al difundir la los datos acerca de los lugares en los que el secretario se hospeda cuando se encuentra de viaje por motivos de una comisión oficial que le fue encomendada, se considera podría poner en riesgo su vida o integridad”, detalló la dependencia.

En contraste, Miguel Ángel Osorio Chong, titular de Gobernación, entregó datos de las facturas del hotel Holiday Inn, en el que se quedó durante su visita al mismo país.

Alejandro Murat, ex titular de Infonavit, hoy candidato del PRI en Oaxaca, entregó reportes de cada uno de sus viajes por diversos países como Francia, Singapur, Estados Unidos, Brasil o Colombia. No obstante, no entregó documentación de los gastos que ejecutó. Ni una sola factura, ni un boleto de avión, a pesar de que se solicitaron.

Contrario fue el caso de Mercedes Juan, ex titular de la Secretaría de Salud, o de José Luis Luege Tamargo, ex titular de la Comisión Nacional del Agua, quienes entregaron facturas a tal nivel de detalle, que hasta el tipo de bebidas que consumieron se pueden conocer en su informe para este diario.

Aristóteles Núñez Sánchez, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), fue de los pocos funcionarios que entregó copia, incluso de los formatos que utilizan desde la dependencia para comprobar sus gastos. Sin embargo, no entregó la totalidad de los costos de gastos por concepto de boletos de avión, puesto que en unos reportes sí se detalla y en otros no.

El funcionario sí entregó la copia de los esqueletos de avión utilizados, así como las facturas de hotel, pero no se supo si gastó dinero adicional por concepto de viáticos, puesto que no presentó comprobantes que soportaran dichos gastos.

De todas las solicitudes de información presentadas por EL UNIVERSAL, hubo diferentes respuestas y entregas de la documentación.

Después de 40 días hábiles que tuvo que esperar este diario para recibir respuesta, varias de las dependencias pidieron que se pagara por copias, como fue el caso de las secretarías de Comunicaciones y Transportes, Salud, del Trabajo, de Educación Pública, la Cancillería y Pemex, entre otras.

Más explicaciones. Khemvirg Puente, investigador de la UNAM, afirmó que debería existir una justificación de parte de la Secretaría que compró un boleto de avión de más de 200 mil pesos, cuando un vuelo no debe ser mayor a 20 mil pesos.

En cuanto a la forma en cómo hacen pública la información los funcionarios del gobierno, el politólogo y experto en temas de rendición de cuentas dijo que actualmente no existe un formato homogéneo.

“Esto se deberá corregir mediante la aplicación de la nueva Ley General de Transparencia y los criterios de publicación de información que próximamente aprobará el Sistema Nacional de Transparencia. Deberá vigilarlo el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información”, dijo.

Khemvirg Puente mencionó que no basta con que los funcionarios presenten las facturas. “Se requieren las explicaciones”, acotó.

Diego de la Mora, investigador de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, explicó que los funcionarios deben respetar las Normas que Regulan los Viáticos y Pasajes para las Comisiones en el Desempeño de las Funciones en la Administración Pública Federal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 28 de diciembre de 2007, por las Secretarías de Hacienda y de la Función Pública.

En ellas se encuentra establecido el límite de 450 dólares o euros que los funcionarios pueden utilizar para sus comisiones en el extranjero.

“Boletos de avión cuyo costo rebasa 200 mil pesos, dan cuenta de funcionarios que seguramente viajaron en primera clase, lo cual no se justifica de ningún modo”, concluyó.

Ernesto Nemer, el funcionario que presumió su foto con un niño bolero, es ahora titular de Profeco El presidente Enrique Peña Nieto designó a Ernesto Nemer Álvarez como nuevo titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

// Foto: @PresidenciaMX.@PresidenciaMX

Redacción Animal Político

El presidente Enrique Peña Nieto designó a Ernesto Nemer Álvarez como nuevo titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Peña pidió a Nemer fortalecer la promoción y protección de los derechos de los consumidores, así como procurar la equidad, certeza y seguridad

jurídica en las relaciones entre consumidores y proveedores de bienes y servicios, según un comunicado de la Presidencia.

En días pasados, Nemer fue criticado por presumir en redes sociales una fotografía con Angelito, un niño bolero de San Cristóbal de las

Casas, Chiapas. Entonces Nemer Álvarez se desempeñaba como subsecretario de Desarrollo Social y Humano de la Secretaría de Desarrollo Social

(Social).

“Lo que quise fue compartir con la gente, que tuve la satisfacción de platicar con el niño, de conocer su vida y conocer también sus condiciones, y

sobre todo seguir trabajando por la gente que más lo necesita, que es el objetivo de la Sedesol”, dijo Nemer, tras la polémica y las críticas.

El funcionario anunció que daría una beca al menor.

Nemer es licenciado en Derecho, cuenta con diplomados en Gerencia Pública y Política Social por la Universidad Iberoamericana, así como uno en

Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

En el Gobierno de la República también ha sido secretario particular del procurador Federal del Consumidor, secretario particular del

secretario de Gobernación y coordinador de Eventos Presidenciales.

En el gobierno del Estado de México fue secretario de Administración, secretario de Desarrollo Social y secretario General de Gobierno, mientras

que en el ámbito legislativo, fue diputado local por el Distrito XXXV, y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de

México.