Lievano Aguirre, Indalecio -...

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Indalecio Liévano Aguirre

Los grandes conflictos sociales y

económicos de nuestra historia

TOMO II

Edición original: Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia, 1996

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INDICE

INDICE ....................................................................................................................................... 3

LOS GRANDES CONFLICTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS DE NUESTRA HISTORIATRA HISTORIA...................................................................................................... 4

INDALECIO LIÉVANO AGUIRRE ........................................................................................ 6

LA REVOLUCIÓN DE LOS COMUNEROS ......................................................................... 9

COMO SE DESBANDA UNA REVOLUCION ................................................................... 24

LAS CONTRADICCIONES REVOLUCIONARIAS DEL RÉGIMEN COLONIAL ....... 37

EL 20 DE JULIO DE 1810........................................................................................................ 63

LA BATALLA POR LA INDEPENDENCIA ....................................................................... 76

EN LA PATRIA BOBA ........................................................................................................... 88

LA COLONIA INTERIOR.................................................................................................... 102

NARIÑO EN EL PODER...................................................................................................... 113

HACIA LA INDEPENDENCIA .......................................................................................... 126


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LOS GRANDES CONFLICTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS DE NUESTRA HISTORIATRA HISTORIA

César Ayala Diago

La obra de Indalecio Liévano Aguirre estuvo atravesada por un afán de revisión ideológica dentro del liberalismo. Su carrera de historiador empezó desde las biografías, y éstas lo llevaron a su principal trabajo: Los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra his-toria (ver Credencial Historia Nº 46, octubre 1993). Escritos un poco antes de 1959, el autor accedió a publicar su contenido por entregas primero en Semana y después en La Nueva Prensa, revista ésta que propugnaba por una revisión de las interpretaciones oficiales sobre la historia de Colombia y por una proyección de problemas y actores sociales nuevos. El hecho de ir apareciendo los avances de su investiga-ción cada ocho días en una revista de alternativa política le garantizó un público inmediato. An-tes que estar dirigidos a los medios académicos, su destinatario cubría un espectro amplio de colombianos en busca de orientaciones ideológi-cas. Uno de sus aciertos consistió en mostrar que la historia y los historiadores podían responder rápidamente a las preocupaciones del presente y que podían proponer soluciones a las crisis sin la necesidad de esperar los ciclos lentos de dura-ción de una investigación histórica.

Aportando nuevas formas de abordar la historia, Liévano conservó la vieja escuela de narración literaria y el interés por los orígenes de los fenómenos históricos. Su compromiso con el país lo llevó a buscar en el pasado las explica-ciones a su presente. Se distanciaba de los viejos historiadores en el tratamiento de la explicación histórica. Aquí, la sociedad es abordada desde procesos históricos-sociales y en ellos los con-flictos ocupan lugar destacado. Aunque el crite-

rio de la periodización continúa siendo político, se contextualiza a través de los conflictos que identificaron los periodos que aborda: la Corona y la Iglesia lu-


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chando a favor de los oprimidos; los indígenas contra los desaforados apetitos de conquistadores y encomenderos. Liévano confiere particular importancia a la explicación del advenimiento del período borbónico cuando el Estado abandona la protección de los desposeídos y los humildes y facilita la formación y desa-rrollo de una oligarquía criolla cuya ascendencia, según él, data de los hombres de la conquista y configura el modelo colonial español propiamente dicho.

Así, el libro pasó a ser material de lectura de amplios círculos intelectuales e incluso se convirtió en el manual que reemplazó en la escuela secundaria y en la universidad, los textos oficiales de la historia patria. Los primeros profesionales en ciencias sociales, ramas del saber recién creadas en el país, se iniciaron en la obra de Liévano. Sabemos de la influencia de su trabajo en la circulación de las ideas políticas de comienzos de los sesenta, pero es difícil sopesar su incidencia en el sistema político nacional. En donde influyó mayormente fue en el mundo universitario. La recepción del libro hizo que la polémica historiográfica tuviera altura. Sirvió de confrontación teórica para quienes estaban configurando en Colombia las corrientes de la nueva historia y la historia marxista. De no haber-se contado con la producción de Liévano Aguirre, la discusión hubiese tenido menos vuelo. Fue en contraposición con las revisiones de Liévano, o bajo su estímulo, que se erigieron los nuevos discursos historiográficos modernos en Colombia. Por el espacio que abrió se colaron y se posicionaron en el mundo académico Mario Arrubla, Orlando Fals Borda, Salomón Kalmanovitz y, por último, el grupo conocido con el nombre de Nueva historia, entre quienes se han descollado Germán Colmenares, Jorge Orlando Melo y Alvaro Tirado Mej-ía, entre otros. Se asistía a una complejización y sofisticación de la disciplina de la historia. Con todo, la comunidad académica colombiana le debe a Indalecio Liévano Aguirre una evaluación de su obra. Una investigación que profundice en ella está por hacerse.

Tomado de: Revista Credencial Historia(Bogotá - Colombia). Febrero 1999. No. 110


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INDALECIO LIÉVANO AGUIRRE

Javier Ocampo López

Historiador, político y estadista nacido en Bogotá, el 24 de julio de 1917, muer-to en la misma ciudad, el 29 de marzo de 1982. Hijo de Nicolás Liévano Danies y Emilia Aguirre, Indalecio Liévano Aguirre hizo sus estudios de secundaria en el Colegio Nacional de San Bartolomé, donde obtuvo el diploma de bachiller en Filosofía y Letras en el año 1939. Posteriormente realizó sus estudios universi-tarios de Derecho y Ciencias Sociales y Económicas en la Universidad Javeria-na, donde se graduó en 1944. Su tesis de grado fue una biografía de Rafael Núñez. Esta fue su primera obra de investigación histórica, la cual le mereció la alta distinción de miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia en 1944. En una época en que la interpretación histórica sobre Rafael Núñez y la Regeneración era negativa para la democracia y la utilización de las libertades, el joven Liévano Aguirre se preocupó por estudiarlo con imparciali-dad; con su tesis, defendió y reivindicó al caudillo liberal. Fue elevado a la ca-tegoría de miembro de número en la sesión del 1 de junio de 1950, en la silla que ates ocupara Max Grillo, la número 19. Su posesión académica fue un lus-tro después, el día 6 de julio de 1955, con el tema "La Generación del Centena-rio"; le dio respuesta al historiador Luis Martínez Delgado. Desde la década de los cuarenta, su principal pasión humanística fue la historia. Entre sus obras más destacadas señalamos Los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra historia, Biografía de Bolívar, El proceso de Mosquera ante el Senado y Bolivarismo y Monroísmo. En la misma forma, reseñamos sus estudios: "Una política para América" (la concepción bolivariana y santanderista), "Las dife-rencias entre Bolívar y Santander", "El empréstito inglés y la conspiración sep-tembrina", "colonización española y luchas sociales del Nuevo Mundo", "La independencia americana. Factores de desintegración de la comunidad", "Sem-blanza política de Alfonso López Michelsen", "El renacimiento del sector ru-ral", "EJ Plan para cerrar la brecha", "La descapitalización del campo" y otros. Liévano Aguirre hizo aportes significativos a la historiografía revisionista de Colombia, interesada en la revisión de los marcos tradicionales de la investiga-ción histórica, en la interpretación de los conflictos y frustraciones sociales de las masas, el estudio de los caudillos y las oligarquías colombianas e hispanoa-mericanas y el análisis humanístico de los héroes, bajados ahora de los altares hieráticos de la historiografía romántica. En su obra Los grandes conflictos, se interesó por una nueva interpretación de Gonzalo Jiménez de Quesada y la elite de los encomenderos; la labor misional indigenista de fray Juan del Valle y de fray Juan de los Barrios; la actuación de los encomenderos, burócratas los mi-sioneros, y los conflictos sociales en los diversos estamentos de la sociedad colonial; la situación indígena de la encomienda, el resguardo y la mita; los


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conflictos económicos en la Colonia y la revolución de los Comuneros; la ac-tuación de la fronda aristocrática en la revolución criolla de 1810l la participa-ción de José María Carbonell, el chispero del 20 de julio, y las masas santafere-ñas y cartageneras en la Independencia; la posición elitista de Camilo Torres; el sentimiento nacional y popular de Nariño y de Bolívar y, en general, los gran-des conflictos sociales y económicos entre las masas y las elites colombianas, hasta Ja revolución de independencia. Su reflexión historiográfica revisionista presenta una línea de continuidad entre Los grandes conflictos y el análisis de las ideas, la obra, la acción y el ambiente histórico de la Gran Colombia, a través de la Vida de Bolívar. Su biografía del Libertador ha sido considerada como una de las mejores que se han hecho en Hispanoamérica; es una biografía social, que busca el estudio de su pensamiento y acción integrada al proceso histórico de la Independencia, y en especial de la Gran Colombia. En su obra Bolivarismo y Monroísmo, Liévano comparó la ideología hispanoamericanista del Libertador, con la doctrina monroísta del imperialismo norteamericano, la cual engendró el panamericanismo en la última década del siglo XIX. Estas ideas las analizó también en su estudio Independencia americana, factores de desintegración de 1a comunidad, en la cual analizó los factores externos e in-ternos que llevaron a la desintegración de la Gran Colombia. Dentro de su acti-vidad periodística, Liévano Aguirre colaboró con El Tiempo, El Espectador, La Calle, El Liberal, El Siglo, La Nueva Prensa, Semana, Sábado, Revista de las Indias y otros. Fue gerente del periódico EI Liberal y miembro del cuerpo de redactores del periódico La Calle, cuyo director era Alfonso López Michelsen.

Como político y diplomático, Liévano Aguirre desarrolló una importante, labor desde la década de los cuarenta. En 1943 fue nombrado secretario privado de la Presidencia de la República, en el segundo gobierno de Alfonso López Pumare-jo. Entre los años 1945-1946 actuó como encargado de negocios de Colombia en Londres. En 1953 fue nombrado ministro plenipotenciario de Colombia en Cuba, y al año siguiente, ministro consejero de la delegación de Colombia en la Organización de Estados Americanos (OEA). En esos años fue delegado a la Conferencia Grancolombiana que se reunió en Quito; delegado a la Conferencia del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) realizada en Annecy (1948); secretario de la delegación colombiana a la Conferencia de Comercio y Empleo que se reunió en La Habana; miembro de varias delegacio-nes con rango de embajador a conferencias internacionales y a las Naciones Unidas y embajador permanente de Colombia ante la Organización de las Na-ciones Unidas (ONU). En la década del sesenta dedicó su actividad política al Congreso Nacional; fue elegido representante a la Cámara para el período 1964-1970, y en los cuatrienios 1970-1974 y 19741978 fue elegido senador de la República. El presidente Alfonso López Michelsen lo nombró ministro de Relaciones Exteriores mediante el decreto número 1713 del 7 de agosto de 1974. Fue el ministro estrella del presidente López, lo acompañó en todo su mandato y manejó las relaciones internacionales siguiendo una política de bue-nas relaciones con todas las naciones del mundo. En 1976 fue elegido primer designado a la Presidencia de la República; en el mes de octubre del mismo año, como ministro delegatario, se encargó de la primera magistratura del país.


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Sus actividades diplomáticas en la Organización de las Naciones Unidas fueron muy importantes; fue presidente de la delegación de Colombia en el trigésimo primero, trigésimo segundo y trigésimo tercer períodos de sesiones celebradas en la ciudad de Nueva York en los años 1976, 1977 y 1978; también le corres-pondió presidir la asamblea General de Ja Organización de las Naciones Uni-das. Recibió numerosas condecoraciones, entre ellas; las máximas que confiere España, Venezuela, la Santa Sede, Ecuador, Perú, China, Países Bajos, Argen-tina y la Gran Cruz de la Orden de Boyacá. Fue miembro de la Dirección Na-cional Liberal y encargado de la dirección nacional de su partido. En 1981 re-nunció al cargo de embajador ante las Naciones Unidas, su objetivo era reinte-grarse a sus actividades políticas. Los mayores aportes de Liévano Aguirre fue-ron a la historiografía revisionista, a la diplomacia mundial y al partido liberal, al que siempre sirvió con dedicación [Ver tomo S, Cultura, pp. 38 y 59].

Bibliografía

LOPEZ MICHELSEN ALFONSO "Indalecio Liévano, el historiador". Credencial Historia, N° 46 (Bogotá, octubre 1993). OCEMPO LOPEZ JAVIER"Liévano Aguirre y el Revisionismo histórico". Boletín de Historia y Antigüedades, Academia Colombiana de Historia, N° 737 (abril-mayo-junio de 1982), pp. 358-366. TIRADO MEJIA, ALVARO "Liévano Aguirre y Antonio García". El Tiempo, Lecturas Dominicales, mayo 16 de 1982, p. 5.

Esta biografía fue tomada de la Gran Enciclopedia de Colombia del Círculo de Lectores, tomo de biografías.


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LA REVOLUCIÓN DE LOS COMUNEROS

CRIOLLOS y españoles. El poder político y el poder económico. - La riqueza frondista. - El Marqués de San Jorge. - Las "sesenta perso-nas". Génesis de una oligarquía. - Conflictos entre el Virrey y el Visi-tador. - La presencia del pueblo. - ¡Viva el Rey y abajo el mal gobier-no! - Manuela Beltrán. - Las coartadas. - Plata y Barbeo. - Los criollos arrepentidos. - José Antonio Galán, personero de los desheredados. -Indigenismo. - Cosecheros y campesinos. - Libertad de los esclavos. -Se prepara la reacción.

AUNQUE la política colonial borbónica afectaba indistintamente a todas las clases sociales americanas, las primeras manifestaciones de resistencia a ella se hicieron sentir en el marco de los estamentos acaudalados, porque el arbitrismo despótico de la Metrópoli condujo al rápido recrudecimiento del antiguo anta-gonismo entre criollos y españoles, antagonismo cuya eficacia perturbadora dependía de que los dos estamentos representaban, respectivamente, los poderes más importantes de la sociedad colonial: los españoles el poder político y los criollos el poder económico.

Las causas de esta dicotomía social se comprenden fácilmente si se tiene en cuenta que los criollos eran los descendientes de los conquistadores y enco-menderos y de ellos habían heredado sus vastas propiedades, al tiempo que el núcleo español estaba constituido por los funcionarios públicos - a quienes la legislación indiana tenía prohibido emprender negocios en la jurisdicción donde desempeñaban sus cargos -, y por los emigrantes peninsulares que llegaban pe-riódicamente al Nuevo Mundo, quienes sólo de manera excepcional eran po-seedores de gran fortuna.

Resulta comprensible, por tanto, el resentimiento que sentían los criollos al ver-se sistemáticamente excluidos de los altos cargos de la administración, no obs-tante la preeminencia social que les daba su riqueza, al tiempo que dichos desti-nos eran desempeñados por españoles sin los antecedentes sociales ni la fortuna de que tanto se envanecían los grandes señores de la oligarquía criolla. «No era esto lo peor, - dicen Jorge Juan y Antonio Ulloa - la elección de los funciona-rios (por la Monarquía) era todavía más provocadora. El ayuda de cámara de un secretario de Estado estaba seguro de hallar premiada su adulación con un go-bierno en América; el hermano de una dama cortesana, bajo la protección de algún grande, iba de intendente a un provincia; el leguleyo intrigante, que había servido de instrumento para lograr el deseo de algún favorecido de la Corte, era nombrado Regente u Oidor de una Audiencia; y el barbero de alguna persona real estaba seguro de ver a su hijo, hecho, a lo menos, administrador de una aduana principal».


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El antagonismo entre los españoles y los criollos se tradujo pronto en una so-brevaloración, por parte de los dos estamentos, de las principales características de que cada uno de ellos podía ufanarse. Los criollos se vanagloriaban de sus riquezas y procuraban adquirir carteles de nobleza, al tiempo que los emigrantes peninsulares se envanecían de la |pureza de su sangre española y no desperdi-ciaban oportunidad para acusar a los americanos de estar |manchados por la tierra. «La vanidad de los criollos dicen los autores de las "Noticias Secretas" de América - y su presunción en punto de calidad se encumbra tanto, que cavi-lan continuamente en la disposición y orden de sus genealogías, de modo que les parece no tienen que envidiar nada en nobleza y antigüedad a las primeras casas de España; y como están de continuo embelezados en este punto, se hace asunto de él en la primera conversación con los forasteros españoles recién lle-gados, para instruirlos en la nobleza de la casa de cada uno; pero, investigada imparcialmente se encuentra a los primeros pasos tales tropiezos que es rara la familia criolla donde falte mezcla de sangre (con indios o con negros) y otros obstáculos de no menor consideración. Es muy gracioso lo que sucede en estos casos, y es que ellos mismos (los criollos), se hacen pregones de sus faltas recí-procamente porque sin necesidad de indagar sobre el asunto, al paso que cada uno procura dar a entender y hacer informe sobre su propia prosapia, pintando la nobleza esclarecida de su familia, para distinguirla de las demás que hay en la misma ciudad, saca a la luz todas las flaquezas de las otras, los borrones y las tachas que oscurecen su pureza, de modo que todo sale a la luz ».

La rivalidad entre criollos y españoles tuvo, en las postrimerías del período de los Austrias, caracteres no poco ásperos, pero no alcanzó a implicar una amena-za seria para el orden público, porque el descontento de los magnates america-nos contra las autoridades fue sobreabundantemente compensado por el entu-siasmo y lealtad que otorgaban las masas de la población nativa a la Corona, en reconocimiento, de la protección que de ella recibían contra los abusos de la poderosa oligarquía criolla, dueña de la riqueza. Este equilibrio se encargó de destruirlo la política colonial de la dinastía borbónica, política que provocó un nuevo tipo de conflicto en América, conflicto que no entrañaba ya una contro-versia entre la Corona y las clases privilegiadas, sino una divergencia revolu-cionaria entre la Metrópoli opresora y todas las zonas de opinión de sus pose-siones de Ultramar. En la medida que la Monarquía perdía su prestigio en la gran base popular de las sociedades americanas, los criollos adquirían la posibi-lidad de defender su riqueza y sus prerrogativas feudales, bajo el cómodo dis-fraz de defensores, aparentemente desinteresados, de los intereses comunes de la población americana.

Comenzaron entonces a producirse en el Virreinato las primeras fricciones se-rias entre criollos y españoles. Fue el Marqués de San Jorge, el más rico y emi-nente de los personeros de la oligarquía granadina, quien figuró en la primera línea del conflicto, no sólo por el poder de que disponía, sino porque su posi-ción económica y social hizo de él un blanco favorito para los desacatos y fre-cuentes ofensas de los españoles.


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No sobra referir aquí algunos de los antecedentes familiares y sociales de este personaje en quien se encarnó, con todas sus virtudes y defectos, el espíritu de fronda de la oligarquía criolla. El fundador de la familia en el Nuevo Reino fue don Jorge Miguel Lozano de Peralta, natural de Tarazona, antiguo Oidor de la Real Audiencia de Santo Domingo, promovido en 1721 a la Real Cancillería de Santafé, con el cargo de Oidor y Alcalde del Crimen. De su matrimonio con doña Bernarda Varáez tuvo un hijo, Antonio Lozano, quien contrajo matrimo-nio en Santafé con doña Josefa de Caycedo, uniéndose así el nombre de Lozano al de una de las más ilustres familias criollas del Reino. De este matrimonio nació don Jorge Miguel Lozano, futuro Marqués de San Jorge, y su abuelo, el Oidor, constituyó en su beneficio, por medio de testamento, un valioso Mayo-razgo, vinculado en Tarazona. Como herencia de su madre recibió don Jorge Miguel el Mayorazgo de la Dehesa de Bogotá, cuyos orígenes se remontan a las primeras Encomiendas repartidas por Quesada y confirmadas por el Adelantado Lugo. « Tal vez un historiador minucioso - dice Camilo Pardo Umaña - pudiera precisar los términos que ocuparon en la Sabana las primeras Encomiendas. Pero hay una, la del Alférez Real de la conquista, capitán Antón de Olalla, tron-co que fue de muchas de las principales familias de la aristocracia bogotana, que merece una explicación a espacio, ya que de ella nació e Mayorazgo de Bogotá, la primera y más importante hacienda de la Sabana, de nombre "El No-villero", cuyos términos abarcaron casi en su totalidad los actuales municipios de Funza, Serrezuela y Mosquera. El Alférez Real obtuvo su título definitivo y la Encomienda de Bogotá del Adelantado Alonso Luis de Lugo. Más tarde con-trajo matrimonio con doña María de Orrego y Valdaya, de la nobleza de Portu-gal, quien fue una de las primeras damas que vino a la naciente ciudad de Santa fé y de ellos fue hija la célebre |encomendera de Bogotá, doña Gerónima de Orrego y Castro, por quien bebieron los vientos el Oidor don Francisco de Aun-cibay y don Fernando de Monzón, hijo del Visitador Real don Juan Bautista de Monzón... Casáronse don Fernando y doña Gerónima en 1581, y a las pocas semanas murió aquél, víctima de perniciosa calentura y sin dejar descendencia. Doña Gerónima soportó corta viudedad y contrajo de nuevo matrimonio con el Almirante de la armada don Francisco Maldonado de Mendoza, quien con sus propios bienes y con los cuantiosísimos de su esposa fundó el Mayorazgo de la Dehesa de Bogotá, que posteriormente pasó a su hijo Antonio, después a su nieta María, y así sucesivamente hasta llegar a don Jorge Miguel Lozano de Peralta y Varáez Maldonado de Mendoza y Olalla, octavo poseedor del Mayo-razgo ».

Desde el año de 1754, fue nombrado el señor Lozano regidor del Cabildo de Santafé y poco después se le designó Alférez Real. Durante el desempeño de sucargo de Regidor y aún posteriormente, don Jorge Miguel tuvo no pocos con-flictos con las autoridades por razón del monopolio de |abasto de carnes de la ciudad de Santafé, monopolio que detentaba su famosa hacienda "El Novillero". La intervención de las autoridades de la esclavitud de la raza negra; ni las En-comiendas dadas por los conquistadores habían echado tan hondas raíces que las hicieran resistir a los impulsos de la libre raza andaluza y a la lógica iguala-dora de la división territorial. |Pero, en cambio, los que en el Socorro se tenían


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por hidalgos mostraban acaso más orgullo que en ninguna otra parte, por lo mismo que veían en la actividad industrial y artesanal del pueblo y en la divi-sión del suelo unos elementos de futura igualdad, de elevación de los humildes o de ascensión de los plebeyos. Esta perspectiva de un futuro cambio de situa-ción social era como una grave provocación y amenaza para los hidalgos, los que se vengaban con cierto recrudecimiento de altivez, orgullo y desprecio por los plebeyos ».

En éste relato del señor Samper está bien descrita la grave contradicción, en cuyo marco se iba a frustrar el magno movimiento de los Comuneros. Los grandes señores de la oligarquía criolla, lo mismo en el Socorro que en Santafé, formulaban severas críticas a las autoridades del Virreinato, pero en manera alguna estaban dispuestos a fraternizar con la plebe, como llamaban despecti-vamente al pueblo, ni a convertirse en los voceros de sus aspiraciones. Los des-heredados querían tierras y esas tierras habían sido monopolizadas por las gran-des familias criollas, tanto en la Sabana, como en el Socorro, el Saldaña, Neiva, Popayán y Tunja. Los indios ambicionaban disfrutar de sus Resguardos y evitar que ellos continuaran "demoliéndodse", y los criollos eran, por el contrario, los principales favorecidos por esa "demolición", que les había permitido rematar las tierras de los Resguardos y tener una masa creciente de campesinos indíge-nas forzados a alquilar su trabajo en las grandes haciendas. Los humildes espe-raban que las autoridades, como en otras épocas, los defendieran contra los abu-sos de los grandes terratenientes criollos y éstos reducían sus ambiciones a que se les nombrara en los altos cargos administrativos y políticos, precisamente para conjurar todo peligro de que el gobierno otorgara protección a los despo-seídos o defendiera a los indios.

Sólo los abusos del Visitador Gutiérrez de Piñeres habían establecido un es-porádico vínculo de solidaridad entre la oligarquía criolla y el pueblo, porque ambos sufrían las consecuencias de la política fiscal de la dinastía borbónica. De resto puede decirse que nada aproximaba los intereses de los desheredados a las aspiraciones de los grandes magnates criollos y que la sabiduría popular había definido bien la situación social del Virreinato, en el siguiente romance de la época:

El rico le tira al pobre;al indio que vale menos,ricos y pobres le tirana partirlo medio a medio.

A principios del año 1780, cuando la maquinaria fiscal comenzaba a operar con su máxima eficacia en las provincias de Santafé, Tunja, Popayán, Pasto y el Socorro, se produjeron las primeras manifestaciones de la resistencia popular contra los nuevos tributos y el 21 de octubre de ese año hubo motines, alborotos y protestas en Mogotes, Simacota, Barichara, Charalá Onzaga y Tunja. Los informes enviados a las autoridades de Santafé presentaban caracteres tan alar-mantes que el Visitador decidió hacer algunas concesiones y suprimió los im-


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puestos al algodón y a los hilados. De poco sirvieron estos modestos paliativos y el 16 de marzo de 1781 ocurrieron en la ciudad del Socorro una serie de actos revolucionarios, que sirvieron de preludio al definitivo desencadenamiento del furor popular. Como el 16 era día de mercado, las autoridades de la Villa juzga-ron oportuno fijar en los muros de la Casa Municipal el Edicto con los nuevos impuestos y ello produjo airados gritos de protesta de la multitud reunida en la plaza, sin que el Alcalde, don José Angulo y Olarte, pudiera contener las expre-siones de desacato contra las autoridades ni calmar los murmullos amenazado-res cuya rápida propagación anunciaba el estallido de la tempestad. Inútiles fueron los esfuerzos que en el mismo sentido realizó el más acaudalado de los vecinos criollos de la localidad, don Salvador Plata, quien temía mucho al des-enfreno de la plebe, no obstante su descontento con las providencias del Visita-dor. « Este don Salvador - dice Germán Arciniegas - es de los Platas ricos que hay en la comarca; ellos compran y venden esclavos, rematan rentas, tienen solares, casas, tiendas, pelean entre sí como buenos ricos, se hacen traiciones, se rascan la cabeza cuando pierden unos reales, y la panza cuando ganan mu-chos pesos ».

Cuando don Salvador procuraba calmar a la multitud, sirviéndose de la influen-cia que tenía sobre ella por sus anteriores protestas contra los impuestos, entró en el recinto de la plaza un grupo de vecinos exaltados, tocando tambores y dando gritos contra los tributos y una mujer humilde, Manuela Beltrán, se aproximó al muro donde se había fijado el Edicto, lo arrancó violentamente y arrojó los pedazos al aire con inequívoco ademán de desafío a las autoridades locales, que atónitas presenciaban la escena.

El gesto de Manuela Beltrán comunicó su propia audacia a la ira contenida de la multitud y millares de gentes hicieron sentir, entonces, el terrible poder de un pueblo enfurecido. Los almacenes de los estancos fueron asaltados; los funcio-narios perseguidos por las calles y sus casas convertidas en objeto de saqueo; las campanas se echaron al vuelo; los depósitos del Estanco del aguardiente fueron invadidos y se insultó a los pocos sacerdotes que trataron, con sus prédi-cas, de calmar los ánimos. « Desde aquel día - dice el historiador Restrepo -cesó la obediencia a las autoridades legítimas y mandaron gentes oscuras de la plebe... Rotas las vallas del antiguo respeto que los habitantes del Socorro y San Gil tenían por justicias y autoridades reales, ya no conocen freno alguno que los contenga. Fuerzan las cárceles y dan libertad a los presos; se apoderan de las administraciones del tabaco, del aguardiente, de alcabalas y demás rentas re-ales... ».

Cuando la energía revolucionaria del pueblo comenzaba a agotarse en la rutina-ria repetición de actos de violencia y saqueo, llegó a la Villa del Socorro José de Alba, quien traía, con destino a don Dionisio Plata, un romance de versos mediocres escrito por el fraile Ciriaco de Arcilla, por encargo del Marqués de San Jorge, según parece. De tal romance se apoderó el portero del Cabildo, Juan Manuel Ortiz, y poco después se le vio recitando sus estrofas en las calles y finalmente en la plaza, ante la multitud que se congregó para escucharle. La


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exaltación de los ánimos llegó entonces al pináculo y de nada sirvió que los magnates criollos se reunieran en el Cabildo y suspendieran la vigencia de al-gunos de los tributos más detestados por el pueblo. En el Socorro no se durmió esa noche, porque bandas de gentes ebrias recorrían las calles entonando las estrofas del padre Arcila:

«Viva el Socorro y viva el Reino enterosi socorro al Socorro le prestare ».

La marea de la revolución comenzó a extenderse como un incendio que avan-zaba sobre yerba reseca. Al grito de ¡Viva el Rey y abajo el mal gobierno! esta-llaron motines y levantamientos en San Gil, Simacota, Charalá, Mogotes y fácilmente fueron sojuzgadas las poblaciones aledañas que intentaron oponer resistencia a la dinámica expansiva del movimiento popular. Las dimensiones mismas de la sublevación obligaron a pensar en la necesidad de darle un co-mando central y adoptar objetivos de lucha común y para el efecto se acordó celebrar una reunión en el Socorro, el día 16 de abril, a la que debían concurrir los representantes de los distintos pueblos y villas sublevadas.

Pudieron entonces apreciarse, con todo su dramatismo, las radicales divergen-cias que separaban a las masas del pueblo de los orgullosos magnates de la oli-garquía criolla, a quienes el dominio de las calles y de las plazas por las multi-tudes enfurecidas llenó de temor, de manera que comenzaron a reconsiderar su tímida participación en las primeras fases de la revuelta y a retroceder ante los desarrollos de aquel movimiento de inconformidad, cuyo rumbo estaba jalona-do de peligrosas incógnitas. Fue Juan Francisco Berbeo quien demostró, en aquellos días, menos temores y reservas ante los actos desafiantes de la multi-tud y ello explica su popularidad y la manera unánime como, el 16 de abril de 1781, fue designado por los representantes de los pueblos Capitán General del Común. « Por la declaración de don Fernando Pabón y Gallo, distinguido miembro de la nobleza criolla de la ciudad de Tunja - dice el historiador Cárde-nas Acosta - nos hemos informado de que el cura del Socorro, doctor don Fran-cisco de Vargas, afirmaba que Berbeo residía de ordinario en su casa del paraje de Las Monjas, en el distrito de la Villa del Socorro; que con motivo de sus frecuentes visitas a Santafé se hallaba, mejor que otros, informado de los pro-gresos de la rebelión incásica; que se suponía fuese en el Socorro el cabecilla principal de la insurrección, por ser hombre resuelto y valeroso, a la par que diestro en el manejo de las armas, como se mostró en las expediciones contra los indios |carares y |yarenguíes; que ejercía gran influjo en la plebe; que había recorrido el territorio de las provincias de Tunja, Santafé y los Llanos; que hab-ía viajado, por el Zulia, a la ciudad de Maracaibo y de allí a la isla de Curazao; que en el Istmo de Panamá visitó las ciudades de Chagres y Portobelo, de donde regresó a Cartagena y subió por el río de la Magdalena hasta la boca del Lebri-ja, por donde salió a la ciudad de Girón. Era, pues, Berbeo, hombre resuelto y valeroso y conocía, a lo menos en parte, el territorio donde había de desarrollar-se la revolución ».


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Como Berbeo estaba bien enterado de las dudas y temores que aquejaban a los principales magnates del Socorro, exigió como condición para aceptar la jefatu-ra que se le designara una junta asesora, de la cual formara parte don Salvador Plata, la perrsonalidad más destacada de la oligarquía criolla socorrana, con lo cual pretendía comprometer en la revuelta a la clase dominante de la provincia. Desde entonces comenzó Berbeo a demostrar que no estaba dispuesto a acaudi-llar una revolución popular sino a representar, ante las autoridades, los intereses de la oligarquía criolla. Ello explica la impasibilidad con que contempló cómo la multitud rodeaba la casa de don Salvador Plata y obligaba al aterrado magna-te a aceptar una de las Capitanías de la revolución. «Vienen en tropel los suble-vados a nuestras casas - diría Plata - y enfurecidos hasta el exceso nos ponen a la tortura de admitir sus Capitanías o de morir con nuestras mujeres y nuestros hijos. Resistimos como es notorio, y lo es también que no pudimos disuadirlos ni con ruegos ni lágrimas de que todos nos valimos, ni yo con la gratificación de quinientos pesos que les ofrecí para que me excusaran».

Reforzado el comando comunero con el señor Plata, José Monsalve, Francisco Rosillo, Ramón Ramírez, Antonio Molina y Manuel Ortiz, procedió Berbeo a comunicar a sus compañeros los planes que, en su concepto, podían servir me-jor para conseguir de la Corona las concesiones ambicionadas por los criollos y contener, al mismo tiempo, los ímpetus del populacho, manifestados en forma tan peligrosa en los últimos días. Fruto de este cambio de ideas, fueron las co-municaciones enviadas por Berbeo y los regidores del Socorro al Virrey Flórez para informarle de la gravedad de la situación y solicitarle que accediera a al-gunas de las peticiones del pueblo, a fin de que a éllos les fuera posible calmar los ánimos e inducir a las gentes a acatar de nuevo las autoridades. «Por el in-forme que va de los capitulares de esta Villa - decía Berbeo al Virrey - conocerá V .E - en el estrecho en que nos hallamos, y que violentados hemos admitido el nombramiento que se nos hizo de capitanes, y con el fin de contener los des-arreglados procedimientos que se habían experimentado, y ver si por medios de prudencias se puede conseguir la tranquilidad de estas repúblicas, mediante a que no podemos tratar, sin pérdida de nuestras vidas y pocos bienes de impedir-les el intento, pues ni aún consienten en que se trate en ningún término, al me-nos que no sea el fin que ellos pretenden de quitar todo pecho y consumir a quien se los impida. Por lo que esperamos que la real piedad lo pacifique por medio de informe de V.E., |y sin que se entienda que haber admitido las capi-tanías tenga en nosotros asomos de infidelidad a nuestro Monarca, Rey y se-ñor, pues antes por fieles vasallos nos hemos sujetado a padecer las molestias que son de considerar en tan crítica circunstancia y ver que no han negado la soberanía y potestad de su Majestad, pues si así lo fuera, hubiéramos rendido la vida que admitir ese nombramiento. Por todo lo cual esperamos de la piedad de S.M. el remedio que se solicita».

Al tiempo que Berbeo se dirigía en estos términos al Virrey, las multitudes co-muneras presionaban a sus jefes para que organizaran seriamente la sublevación y de la entraña del pueblo brotó el grito decisivo: ¡A Santafé! Fue ésta la con-signa que espontáneamente se dio el pueblo en momentos en que sus jefes, re-


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presentantes de la oligarquía criolla, sólo pensaban en servirse del temor que podían ocasionar a las autoridades los sucesos del Socorro, para conseguir ven-tajas personales y dirimir sus litigios con los peninsulares.

Mientras en la provincia del Socorro y aledañas se desarrollaban estos sucesos, las autoridades de la Capital no demostraban haber comprendido la crítica gra-vedad de la situación. Igual cosa puede decirse de las grandes familias criollas de Santafé, que no habían presenciado todavía el espectáculo del pueblo en las calles, y no economizaban esfuerzo para difundir noticias alarmantes «atizando el incendio - dice José Fulgencio Gutiérrez - por medio de pasquines que ama-necían fijados en esquinas de parajes concurridos ». Mal informada la Audien-cia de la magnitud e importancia de los acontecimientos, decidió enviar al So-corro al Oidor Osorio con la ridícula fuerza de cincuenta alabarderos bisoños y treinta soldados de la guardia del Virrey, portadores de doscientos fusiles anti-guos destinados a armar a los vasallos leales que pudieran reclutar en la marcha.

Cuando la noticia de la expedición de Osorio llegó al campo comunero se tras-tornaron todos los planes de los oligarcas del Socorro, porque ella desató nue-vamente el furor popular y las calles de la Villa se colmaron de turbas airadas que acusaban a los Capitanes de negligencia o de traición y les exigían ordenar la marcha inmediata de las multitudes sobre la Capital. A fin de evitar que la dirección del movimiento se les escapara de las manos y que las formidables montoneras sublevadas tomaran espontáneamente el camino de Santafé, Berbeo convino en que batallones formados por gentes de Oiba, Moniquirá y Mogotes salieran al encuentro del destacamento de Osorio y designé para dirigir esta operación a los Capitanes Rubio, Molina, Calviño y Araque. Igualmente ordenó Berbeo que se recogieran armas en todas las regiones sublevadas, se alistaran batallones, se les disciplinara diariamente y se pusiera término a la quema de los tabacos, a fin de reanudar las ventas y recolectar fondos para la revolución.

Las avanzadas del movimiento comunero, compuestas aproximadamente de unos cuatro mil hombres mal armados, se movieron con rapidez hacia el sur en busca del Oidor Osorio y consiguieron encerrar a las tropas de la Audiencia en el sitio denominado Puente Real. Después de algunas escaramuzas y de muchas deserciones, Osorio no tuvo más remedio que rendirse a discreción. « Las armas del Rey - dice Briceño - el pendón real, se abatieron por primera vez ante el pueblo».

Cuando uno de los ayudantes de Osorio, que logró escapar, condujo la noticia de la derrota a Santafé, el optimismo inicial de las autoridades desapareció y los relatos del ayudante con respecto al estado de ánimo de "la plebe alzada", ate-morizaron a los magnates criollos de Santafé, pues todos se imaginaron que sus bienes estaban en peligro. Entonces el Marqués de San Jorge y el clan de gran-des familias criollas de la capital corrieron a ofrecer sus servicios a la Audien-cia, a sumarse a las fuerzas que protegían a la ciudad y a formar, por cuenta propia, algunos batallones. El Marqués de San Jorge se comprometió a reclutar hombres entre los trabajadores de sus haciendas y de "El Novillero" hizo traer


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cuatrocientos caballos para montar a las tropas que debían proteger a la Capital de la amenaza comunera. En el informe anónimo enviado desde Santafé al Ge-neral Miranda se dice: « Se han juntado las tropas, acuartelado las milicias, alis-tado todo el Comercio, gremios y gentes del campo, y sobre todo lo más florido de la nobleza de esta Corte, siendo digno de una eterna alabanza el honor, la fidelidad, la alegría, con que a competencia se han presentado, alistado y. con-currido con la mayor puntualidad, constancia y brío todos los caballeros de esta muy noble y leal ciudad ».

Atemorizado el Visitador Gutiérrez de Piñeres al saber, por boca del ayudante de Osorio, que los sublevados pedían su cabeza en Puente Real, tomó apresura-damente el camino de Honda, con la intención de dirigirse a Cartagena, para que allí le protegieran las tropas del Virrey Flórez, cuyas prudentes observacio-nes nunca quiso tener en cuenta. Entonces el Cabildo y la Audiencia, reunidos en Junta de Tribunales, se encargaron del gobierno y las disposiciones que to-maron reflejan el pesimismo que dominaba a las autoridades en momentos en que todas las noticias daban por segura la solidaridad de los pueblos del Reino con la revolución y en la misma capital se sentían los efectos del movimiento comunero, como consta en el informe remitido desde Santafé al General Miran-da: «Lo que sabemos - dice ese informe - es que la plebe en Santafé se halla contentísima y muy alegre con la venida de estos hombres (los comuneros), llamándolos sus redentores y amigos y porque la vienen a libertar de tantos pe-chos e impuestos que se les hacen ya imposibles».

Este conjunto de adversas circunstancias, decidieron a la Junta de Tribunales a convenir a que se entrara en conversaciones con los sublevados y se hiciera lo posible para dilatar, esas conversaciones hasta tanto que llegaran a la capital los refuerzos militares solicitados urgentemente al Virrey. Con seguido este objeti-vo, se pensaba, las autoridades se encargarían de revocar, en el futuro, los com-promisos pactados en tan anormales circunstancias. Para el efecto se designaron como negociadores al Alcalde de Santafé, don Eustaquio Galavis, al Oidor Joa-quín Vasco y Vargas y el propio Arzobispo de Santafé don Antonio Caballero y Góngora, de cuya pericia diplomática lo esperaban todo las autoridades de la Capital. A fin de facilitar las tareas de la comisión negociadora, la Junta de Tri-bunales decretó la rebaja del precio del tabaco elaborado, del aguardiente, y mandó «suprimir - dice Restrepo - el derecho de Armada de Barlovento y or-denó que la Alcabala se pagase, como antes, al dos por ciento ».

Consecuencias bien distintas tuvo en el campo comunero la noticia de lo ocu-rrido en Puente Real. La alegría fue inmensa y tanto en el Socorro como en las poblaciones vecinas se produjeron demostraciones de regocijo multitudinario y en aquella extensa zona sólo se escuchó el grito que sintetizaba las unánimes aspiraciones del pueblo: ¡A Santafé! Berbeo se dio cuenta de que sólo ponién-dose al frente de los sublevados podía mantener el ascendiente que tenía sobre ellos, tanto más necesario cuando que entonces se supo en el Socorro que las avanzadas comuneras, se proponían continuar su marcha sobre la capital. En consecuencia dio la orden de movilización general y escribió al Oidor Osorio,


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como lo advierte Briceño, anunciándole que tomaba el camino de Santafé para " contener las gentes que querían invadir la Corte ".

Comenzó entonces uno de los más espléndidos espectáculos de nuestra historia. De las villas, las aldeas y las campiñas brotaron millares de personas, armadas de palos, viejos fusiles o instrumentos de labranza, que a lo largo de caminos y veredas se encaminaron a los acantonamientos principales de la masa comune-ra. Lo que en un principio fue delgada fila de insurgentes se convirtió pronto en inmensa avalancha humana, sobre la cual flotaba, como una bandera, el sordo rumor de las quejas nunca oidas, de los sufrimientos no comprendidos de los desheredados, de las viejas frustraciones de un pueblo que marchaba, en apreta-das montoneras, en busca de su destino. El río de la revolución acrecentaba su caudal con las aguas de millares de riachuelos tributarios. «Los amotinados -dice un comentarista de estos sucesos - andan con el lodo a los tobillos, metidos entre pantanos, aguantando agua, frío y hambre... Cada cual ha traído para las jornadas cuanto ha podido. En mochilas y en zurrones vienen panelas, quesitos, botellas de aguardiente, terrones de sal, mazos de tabaco, maíz tostado, chicha. Los capitanes proveen de cualquier modo a los mantenimientos. En el Socorro, de la plata de los diezmos se sacaron mil pesos. Luego, en cada pueblo se toma de las Cajas, Reales lo que es preciso, ocupando los estancos a nombre délcomún. De todo llevan los capitanes cuenta y razón. Pero la verdad es que la tropa se sostiene a sí misma, y menos con víveres que con entusiasmo. A veces duermen en las plazas de los pueblos, o debajo de los árboles con las ropas mo-jadas. Las mujeres van y vienen por pueblos y estancias, por trochas y caminos, llevando lo que sus manos diligentes pueden coger para que los rebeldes no mueran de hambre. Cuando no llueve, y el alto se hace a campo abierto, se prenden hogueras a cuyo amor los huesos se calientan y sueltan la lengua los menos tímidos echando al aire coplas obscenas, o simplemente picarescas, sin faltar nunca ni la alusión indecente al Visitador, ni los pomposos versos de la Cédula del Pueblo en donde se pone de tan mal color a Moreno y Escandón... ».

Berbeo tuvo el talento de comprender que no podía oponerse a aquella gran voluntad colectiva y contagiado también por el inmenso fervor popular, procuró ganarse a todos los pueblos que circundaban la ruta de la histórica marcha. En carta dirigida a los capitanes de Cerinza, les decía: « ¡Ya estamos en el empeño! ¡Animo, esforzados vecinos! Salga el cautivo pueblo del poder del Faraón! (Gu-tiérrez de Piñeres) ¡Viva nuestra Santa Fe Católica! ¡Viva nuestro católico Rey de España!».

En la medida en que la multitud avanzaba hacia Zipaquirá y engrosaba su cau-dal con el aporte de innumerables afluentes humanos, las aspiraciones de sus gentes adquirían nuevas dimensiones y en el interior de la masa comunera el espíritu del pueblo se radicalizaba hasta extremos insospechados. La rebeldía de los oprimidos tomaba la forma de protesta contra la miseria y de anhelo profun-do, revolucionario, de cambiar las antiguas estructuras sociales. Este proceso de radicalización habría de adquirir extraordinarias resonancias políticas por la simultánea ocurrencia de sublevaciones semejantes en otras regiones del Vi-


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rreinato y de la América española, las cuales acelerarían la dinámica social del movimiento comunero.

En los primeros meses del año 1781, el Gobernador de Popayán comisionó a don Ignacio Peredo para establecer en las provincias de Pasto y Barbacoas el Estanco del aguardiente y comenzar la construcción de la fábrica de elaboración del licor. Desde su llegada a Pasto, Perede "fue hostilizado en forma ruin por los vivanderos", según decía, y el Cabildo se mostró renuente a colaborar con el nuevo funcionario. Convencido Peredo de que ninguna ayuda le prestarían los Regidores, decidió efectuar la promulgación le los nuevos impuestos y del régimen del estanco por su propia cuenta y valiéndose del pregonero, hizo co-nocer al pueblo de Pasto las nuevas normas del estanco y la naturaleza y cuantía de los tributos decretados por el Visitador Gutiérrez de Piñeres. « Desgraciada-mente para el comisionado - dice el notable historiador Sergio Elías Ortiz - la publicación del bando se hizo en el día menos oportuno, es decir en vísperas de la sonada fiesta de San Juan, patrono de la ciudad, que entonces se festejaba rumbosamente con misa solemne, paseo de estandarte Real, peleas de gallos, corridas de toros y otros regocijos públicos, con bebidas embriagantes y sus consecuencias. La ciudad estaba por ello rebosante de gentes de todos los pela-jes y diversas regiones. Los indígenas de los alrededores habían acudido... y seguramente algún agitador anónimo de la época prendió la chispa en el pueblo con la noticia del estanco, de suerte que en el momento de darse lectura al De-creto estalló la protesta colectiva con gritos, brazos levantados y amenazas de muerte. El doctor Peredo, que presenciaba la lectura del bando para dar más autoridad al acto, apenas tuvo el tiempo justo para huir del tumulto por la Calle de Las Monjas y refugiarse en la casa, medio ruinosa, del antiguo Colegio de la Compañía, herido de una pedrada en la cabeza. Ya en el refugio supo con es-panto que los soldados que lo acompañaban no tenían cartuchos... El motín, en que el grueso de los manifestantes lo componían los indios, iba creciendo por momento, en forma cada vez más amenazante, frente al vetusto edificio, en actitud de asaltar el refugio del doctor Peredo para echarlo de la ciudad, según era el grito de los tumultuarios, que en tanto habían prendido fuego al edificio, sin que la pequeña escolta pudiera hacer nada para defender al cuitado, pues fue literalmente arrollada por la plebe; ni los vecinos protegerlo, ya que todos de miedo cerraron sus puertas, ni las autoridades de la ciudad fueron capaces de hacer valer su prestigio para libertarlo, porque nadie entendía a nadie y la multi-tud enfurecida nada respetaba. Es lo cierto que el doctor Peredo apenas pudo sostenerse en su refugio la noche del 23, pues, al día siguiente por la mañana, la multitud ebria que había estado vigilando la cuadra para que el refugiado no se le escapase hacia Popayán, lo sacó a la fuerza, y como intentase la fuga por el camino de Catambuco, fue alcanzado en este pueblo, al pasar una quebrada, por los indígenas enloquecidos de rabia y el indio Naspirán, que era un gigantón que hacía de cabecilla, le dio muerte violenta con una púa y luego a garrotazos la chusma sació sus instintos feroces sobre el cadáver ».

El espíritu de rebelión, que a la manera de un agitado pleamar revolucionario caminaba sobre la geografía del Reino, adquirió sus mayores dimensiones


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cuando los comuneros del Socorro, en su avance hacia Zipaquirá, se enteraron de la partida del Visitador para Honda y sospecharon que pretendía llegar al Magdalena para reunirse con el Virrey en Cartagena. A fin de detenerlo, Berbeo designó un contingente de tropas comuneras y acatando las exigencias de los sublevados le otorgó su mando a un joven charaleño, quien se había distinguido en los últimos tiempos por su vigorosa personalidad de caudillo y la devoción con que defendía las aspiraciones de los desheredados: José Antonio Galán.

Quien así comenzaba su trágica carrera de personero del pueblo, era hijo del gallego Martín Galán y de Paula Francisca Zorro, nativa de la tierra. Práctica-mente nada se sabe con respecto a su infancia y juventud y todavía se discute si Galán era mulato o mestizo. Cuando en los Archivos del Colegio de San Barto-lomé, que fuera regentado por los jesuítas, se halló un registro con el nombre de José Antonio Galán, se supuso inmediatamente que se trataba de un homónimo, porque el origen racial de Galán no permitía convenir en que se le hubiera ad-mitido en un establecimiento para cuyo ingreso se requería, de acuerdo con las costumbres y regulaciones oficiales de la época, presentar el debido expediente de "limpieza de sangre". No se tuvo en cuenta, a fin de efectuar una investiga-ción más cuidadosa, que dichas regulaciones se burlaban con frecuencia, como lo prueba el caso de algunos próceres de la República, quienes ingresaron en el Colegio de San Bartolomé, en los últimos años del régimen colonial, hallándose en las mismas circunstancias de Galán.

La personalidad del jefe comunero constituye, curiosamente, algo así como una brújula que permite seguir el sentido de orientación de nuestros estudios histó-ricos. Esta particularidad puede apreciarse en el hecho, bien significativo, de que al tiempo que nuestros cronistas e historiadores tradicionales han realizado esfuerzos exhaustivos para investigar los antecedentes de una cantidad de per-sonajes sin mayor importancia para la nacionalidad, la infancia y juventud de Galán, después de tantos años, se desconoce por completo y sólo en épocas relativamente recientes se le comenzó a tratar con respeto y a otorgar la debida importancia a su participación en el movimiento comunero. Todavía los histo-riadores clásicos de la época republicana, como José Manuel Restrepo y José Manuel Groot, se refieren a Galán despectivamente y como si se tratase de un bandido. De esta manera consiguió perpetuarse por mucho tiempo en nuestra historia el odio de la oligarquía criolla contra el caudillo que en el curso de la revolución comunera, como vamos a verlo, se negó a permitir que el magno acontecimiento se redujera a una controversia sin importancia entre los magna-tes criollos y las autoridades coloniales y le dio al conflicto los alcances y desa-rrollos de una revolución social. Por eso va a subir al cadalso en medio del si-lencio y de la complicidad de los magnates de la oligarquía criolla, quienes es-taban dispuestos a exigir "libertades" para ellos, pero no toleraban que se discu-tieran, como lo hizo Galán, sus derechos de dueños de los esclavos, de poseedo-res de los grandes latifundios y de únicos beneficiados con la explotación del trabajo de los indios.


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Como nuestra historia escrita se ha mostrado tan poco interesada en los sufri-mientos de nuestro pueblo y son tan escasas las páginas que ha dedicado a las hazañas de sus voceros, hoy sólo se sabe, de la juventud de Galán, que por su carácter indisciplinado y los conflictos que provocó en Charalá, su pueblo nati-vo, fue reclutado forzadamente y enviado a Cartagena, donde se le incorporó al famoso batallón de "pardos", denominado "Fijo". En sus filas obtuvo lo galones de cabo y de sus cuarteles se escapó cuando comenzaban a producirse las pri-meras manifestaciones de descontento de los pueblos contra las medidas fisca-les del Visitador Gutiérrez de Piñeres. Sus conocimientos en materias militares, el hecho de saber leer y escribir y la manera resuelta como solía defender los intereses de los indios y de todos os oprimidos, explican el rápido ascenso de su popularidad, no bien estalló, en la provincia del Socorro, la revolución comune-ra.

Galán se separó, en las proximidades de Zipaquirá, del grueso de las fuerzas comuneras y seguido del contingente que le había confiado Berbeo, se enca-minó a la villa de Facatativá. Aunque la captura del Visitador era su misión oficial, Galán perseguía objetivos de mayor alcance y la perspectiva de apresar a Gutiérrez de Piñeres, para que fuese ultimado por las multitudes, no desperta-ba realmente su entusiasmo. El tenía la convicción de que el movimiento co-munero sólo podía triunfar si se transformaba en una |revolución social que despertara de su letargia a los sectores populares de la sociedad colonial, y ello explica su poca inclinación a permitir que los sublevados agotaran sus energías en fáciles empresas de represalia. En el estandarte que portaba su pequeña tropa hizo la divisa que resumía sus aspiraciones y sería símbolo de su conducta a lo largo de la revolución comunera: « ¡Unión de los oprimidos contra los opreso-res!».

El caudillo comunero dominó fácilmente la resistencia que le ofrecieron las autoridades en Facatativá y dueño de la villa convocó a los indios de las vecin-dades y los incitó a rebelarse contra el gobierno, a fin de recobrar las tierras de sus Resguardos y no pagar tributos. El |indigenismo adquirió en boca de Galán el sentido de una protesta revolucionaria de la raza oprimida y al conjuro de su voz los indígenas recobraron el orgullo de su sangre y se aprestaron a sacudir el yugo centenario. Así lo demostraron cuando se aproximó a Facatativá un desta-camento militar enviado por las autoridades de Santafé para contrarrestar las actividades de Galán. En el informe enviado al General Miranda se relata que, al encuentro de ese destacamento, "les salieron todos los indios, indias, mesti-zos, mulatos y hasta los muchachos, armados de piedras, palos y cuantos ins-trumentos toparon y estrechándolos entre dos vallas los obligaron a una san-grienta defensa".

Victorioso Galán en esta acción y dueño de las armas que portaban las tropas de la capital, confió el mando de la Villa a autoridades populares y partió para Vi-lleta, donde fácil mente arrolló la escasa resistencia que se intentó oponerle. En Guaduas hizo repartir, entre el pueblo, los bienes de los principales señores de


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la oligarquía local, sin excluir los del alcalde don José Acosta, y a continuación avanzó hacia el valle del Magdalena, su futuro campo de operaciones.

Galán no se esforzó, sino todo lo contrario, por capturar al Visitador, de manera que éste pudo escapar de Honda mientras el comunero, perseguía objetivos dis-tintos de los señalados por Berbeo en sus instrucciones. A lo largo de su marcha hacia Ambalema, los pueblos se levantan y una estela de grandes conmociones marca la ruta libertadora del Comunero. La gleba de los campesinos desposeí-dos se apodera de las tierras de las grandes haciendas, los cosecheros se amoti-nan contra los administradores de los latifundios tabacaleros y el asalto a los depósitos del estanco del aguardiente es seguido por orgías populares, inevita-bles en todo proceso de insurgencia democrática. La revolución social, con sus grandezas y sus crueldades, sus virtudes y sus delitos, ilumina con sus llamas rojas la ruta triunfal del gran caudillo de los desheredados.

La sublevación llega a su momento culminante cuando Galán toma la ruta del norte y en la provincia de Mariquita, el gran centro minero, lanza el grito que va a conmover a todo el Virreinato: ¡Se acabó la esclavitud! La conmoción revolu-cionaria es inmensa; los negros se rebelan, las cadenas se rompen, las minas se paralizan, los depósitos de plata son asaltados por los esclavos y los capataces y los propietarios tienen que huir para salvarse. Después de algunos días de des-enfreno, la innata alegría de la raza negra consigue suavizar las violencias de la revolución y los gritos de venganza se pierden entre los festivos aires del "cu-rrulao", a cuyo son bailan centenares de negros embriagados por la alegría de la libertad.

Las noticias de lo ocurrido en Mariquita vuelan hacia Antioquia y allí los mine-ros criollos y españoles deben enfrentarse a las primeras manifestaciones de rebeldía de sus cuadrillas de esclavos. En informe, destinado a las autoridades de Rionegro, dice el alcalde de Medellín, don Juan Callejas: «Habiéndose dado aviso de que los negros esclavos de esta ciudad intentan sublevarse y proclamar la libertad, usando de la fuerza por medios bárbaros y crueles, he procurado indagar la certeza de sus intentos y habiendo logrado saberlos, también pude averiguar que los de la jurisdicción de esta villa con los de Ríonegro habían sido solicitados para el mismo fin, y que todos tienen acordado día para unirse y ejecutar sus designios... El proyecto de estos malvados es matar a sus amos, y de consiguiente a todos los blancos, quemar los papeles de los archivos del Ca-bildo, proclamar la libertad y hacerse dueños de todo... Así, no dudo procederá con aquel celo y vigilancia que piden tan urgente necesidad; y porque no tengo lugar para más, se ha de servir V.M. pasar inmediatamente esta noticia de mi orden a las justicias de Ríonegro y Marinilla».

En su avance hacia occidente Galán ha regado la semilla de la revolución y en millares de surcos, abonados por los dolores del pueblo, ha comenzado a brotar una eflorescencia de selva primaveral. La sublevación se ensancha como un inmenso incendio y el nombre de Galán corre de boca en boca y adquiere, en labios de los humildes, la mágica resonancia de una esperanza de redención. En


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su dramático informe a la Real Audiencia, dice el gobernador de Mariquita: « ¡Han enarbolado bandera! Vuestras reales armas, a machetazos, hechas astillas! Las reales administraciones robadas, yo perseguido, mi hacienda robada, la cuadrilla de negros sublevada, mi familia dispersa ».


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COMO SE DESBANDA UNA REVOLUCION

TUPAC AMARU. - Criollos e indígenas. - La revolución en los llanos. -Monarcas aborígenes. - Ambrosio Pizco. - Revolución y reacción. - La desbandada criolla. - El recurso de la negociación. - Berbeo y el Arzo-bispo. - Entrevistas de Nemocón y Zipaquirá. - La oligarquía en acción. - Los tunjanos. El "berbeísmo". - Conducta de la Real Audiencia. - Tra-tado de Zipaquirá. - La hora suprema de Galán. - El caudillo del pueblo entregado por la oligarquía. - Don Salvador Plata y Juan Rudolfo Azue-ro. - "El Túpac Amaru de este Reyno". - Hacia el cadalso. - "Se dé al ol-vido su infame nombre". - Las represalias. - Defección de la oligarquía. - Indulto. - Los aventajados herederos.

LA GRAN sublevación de los comuneros, que tuvo su epicentro en el Virreina-to granadino, no fue el producto de circunstancias aisladas y casuales, sino una de las manifestaciones del gran proceso revolucionario que estaba, cumpliéndo-se en la América española, profundamente perturbada por el impacto adverso de la política colonial borbónica. Al Perú, por ejemplo, llegó un Visitador Regente, José Antonio de Areche, quien despojó al Virrey Güirior, recientemente trasla-dado a Lima, de sus tradicionales atribuciones y se sirvió - como lo hizo Gutié-rrez de Piñeres en Santafé - de los poderes a él otorgados .por don José Galvez para introducir radicales cambios en la economía del Virreinato, sin otro objeto que el de provocar el rápido desplazamiento de la riqueza nativa hacia la Metrópoli.

«El Virrey don Manuel de Güirior - dice Daniel Valcárcel - gobernó durante el periodo anterior a la rebeldía de Tinta... Le desesperaba sobremanera que el gobierno español contribuyese a aumentar los peligros de una conmoción vio-lenta, debido a sus medidas precipitadas y al empleo de funcionarios desapren-sivos... Lo que Güirior podría haber remediado o mejorado lo deshacía el nuevo Visitador Régente, don José Antonio de Areche, fiel ejecutor de terminantes órdenes dirigidas al aumento de las entradas reales... Fueron aquellas clases carentes de privilegios las que dieron el ejemplo, participando en los movimien-tos iniciales. Ya en 1742, Juan Santos se levantaba en las montañas de Tarma y Jauja. Había logrado adquirir ciertas nociones de la ciencia europea, bajo la protección de los jesuítas. Las "entradas" en la montaña para aniquilarlo termi-naron por fracasar de manera lastimosa, y el movimiento sólo va a desaparecer con la muerte del jefe rebelde, después de catorce años de lucha. Tan grande fue su prestigio que los indios esperan su retorno hasta el presente. Continuaba to-davía dicha rebelión cuando, a las puertas de Lima, en Huarochirí, se frustró el levantamiento de Francisco Inda. Cerca del año de 1780 surgen innumerables movimientos locales, mencionados de manera suscinta en la Relación del Vi-rrey Güirior...».


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El descontento se fue acumulando en los distintos estamentos de la sociedad peruana y finalmente se desbordó por el ancho cauce que abrieron los sufri-mientos de la raza indígena. En el pueblo de Tinta, en el año 1780, los indios se sublevaron, dirigidos por José Gabriel Cóndorcanqui, llamado Túpac Amaru, y dieron muerte en el cadalso al Corregidor de la localidad. La revolución se ex-tendió entonces por toda la Sierra, hogar de la antigua civilización aborigen y las milicias de Túpac Amaru pusieron sitio a la Villa Imperial del Cuzco. Cóndorcanqui, como descendiente de los antiguos Incas, fue proclamado, por multitudes delirantes de entusiasmo, Monarca del Perú, con el título de José I.

El tradicional y profundo anego de los indios al |Ayllú, la antigua comunidad indígena, dificultó su concentración en grandes masas, por la tendencia de di-chas comunidades a operar exclusivamente en su hogar ancestral, de manera que Túpac Amaru no pudo adoptar a tiempo una estrategia de conjunto, ni dis-poner de fuerzas suficientes, en un determinado lugar, para dar el golpe decisi-vo a las autoridades coloniales. La sublevación sacudió con terrible violencia el Virreinato, pero se mostró impotente para ganar una victoria decisiva. Ello ex-plica los serios intentos realizados por Túpac Amaru para llegar a un entendi-miento con los criollos y conjurar así el peligro de que ellos engrosaran las fuerzas potenciales de que se servirían las autoridades para combatirlo. « Ha sido mi ánimo - decía Túpac Amaru en famosa Proclama - que no se les siga a mis paisanos criollos algún perjuicio, sino que vivamos como hermanos, y con-gregados en un cuerpo, destruyendo a los europeos. Todo lo cual no se opone en lo más leve a nuestra sagrada religión católica, sino sólo a suprimir tanto desorden, después de haber tomado por acá aquellas medidas que han sido con-ducentes para el amparo, protección y conservación de los criollos, de los mes-tizos, zambos e indios, y su tranquilidad, por ser todos paisanos y compatriotas, como nacidos en nuestras tierras, y de un mismo origen de los naturales, y de haber padecido todos igualmente dichas opresiones y tiranías de los españoles europeos .

Túpac Amaru se equivocó al considerar posible un entendimiento con los crio-llos y al acompasar el ritmo de sus operaciones militares a la celebración de esta hipotética alianza. No advirtió que en el Perú, lo mismo que en el Virreinato granadino, los criollos dejaron de interesarse en la revolución y procedieron a borrar las huellas de sus actividades subversivas, cuando sus riquezas y privile-gios se vieron en peligro de ser arrollados por las exigencias del pueblo amoti-nado, que reclamaba la distribución de la tierra, la libertad de los esclavos, la integridad de los Resguardos y el término de los conciertos y las |mitas. Losviolentos traumatismos a que se vieron expuestos los magnates criollos en las primeras fases de la sublevación indígena, les quitaron todas sus ilusiones y entre ellos se creó un clima de general hostilidad contra los rebeldes, cuyos ma-tices pueden advertirse en el siguiente romance criollo, publicado en el Perú después de la derrota de Túpac Amaru:

Nos hicieron los indios trabajardel modo que ellos trabajaban


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y cuanto ahora los rebajan, nos hicieron rebajar;nadie pudiera esperarcasa, hacienda ni esplendoresninguno alcanzar honorestodos fueran plebeyosfuéramos los Indios de ellos y ellosfueran los Señores.

Aunque el conflicto tendría resultados adversos para Túpac Amaru, durante sus primeras fases, él repercutió en las más distintas regiones de la América espa-ñola y en el Virreinato granadino tuvo resonancias decisivas en el curso de la Revolución de los Comuneros. Conducidas por "chasquis" llegaron al Nuevo Reino las proclamas del caudillo peruano y desde Santafé se remitieron secre-tamente a distintos lugares. Ello explica por qué el cabecilla de los indios de Tocaima, durante el movimiento comunero, expidió la siguiente alocución, que serviría de lema a los sublevados de esa localidad: «Viva el Rey Inca y mueran los chapetones, que si el Rey de España tiene calzones, yo también los tengo, y si tiene vasallos con bocas de fuego, yo también los tengo, con ondas que es mejor... ».

Fue, no obstante, en el magnífico escenario de los llanos orientales del Nuevo Reino y principalmente en los pueblos de las antiguas Misiones jesuítas, donde el movimiento |indigenista sus más radicales manifestaciones. El terreno estaba abonado para la sublevación, no sólo por la ineptitud y abusos de los curas doc-trineros y de las órdenes religiosas que sustituyeron a la Compañía de Jesús, sino porque las famosas haciendas y los hatos fundados por los Jesuítas y cuyo usufructo y propiedad transmitieron a los indios de las Misiones, les fueron arrebatados al producirse la expulsión de la Compañía e incorporados a la Real Audiencia bajo la denominación genérica de "Bienes de Temporalidades" con-siderable proporción de los cuales adquirieron por remate, las grandes familias criollas de Santafé. No fue por una casualidad que la revolución de los comune-ros encontró al Marqués de San Jorge de Administrador de la Encomienda de los Llanos y a don Luis de Caycedo y Flórez de Gobernador General de los Llanos.

Bastó, por tanto, que uno de los Capitanes comuneros, al iniciarse la subleva-ción, incitara a los indios del pueblo de Silos a levantarse contra las autorida-des, para que el día 14 de junio dé 1781 se produjera una general conmoción y se aprobara, en la plaza, el acta siguiente: «En el pueblo de Silos se juntaron todos los del común y en voz alta, con bandera, pífano y tambor se hizo voz: "Que viva el Rey Inca (Túpac Amaru) y muera el Rey de España y todo su mal gobierno y quien saliera a la defensa"...».

La rebelión se extendió rápidamente por los pueblos llaneros; los curas de las misiones fueron agredidos, se les obligó a abandonar sus parroquias y el mismo Gobernador se vio precisado a huir, para salvar la vida. Tamara, Pore, Morco-tes, Paya y Pisba se alzaron en armas y mil quinientos indígenas, debidamente


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montados, se prepararon a ascender la cordillera y marchar sobre la Capital. Ya veremos al Marqués de San Jorge costeando, de su propio peculio, el envío de tropas a los Llanos, a fin de aniquilar la revuelta indígena.

No puede decirse, sin embargo, que el movimiento indigenista se circunscribie-ra a Tocaima y a los Llanos, lugares donde se proclamó a Túpac Amaru como Soberano. La aproximación de las masas comuneras a la Sabana determinó re-acciones no menos radicales en la población indígena. Los indios de las Salinas, despojados por el Fiscal Moreno y Escandón de sus inmemoriales derechos, pronto dieron muestras de su inconformidad, opusieron serios obstáculos al transporte de la sal y exigieron con altivez que se les restableciera en el ejerci-cio de su antiguo dominio sobre las minas. Los ánimos se calmaron un tanto por virtud de las promesas consignadas en las Capitulaciones de Zipaquirá, pero bastó la primera sospecha de que ellas se desconocerían para que el descontento saltara sobre las compuertas del orden y se desencadenara una sublevación, cuyas alarmantes características se describieron, en los siguientes términos, a la Real Audiencia: «Están todos (los indios) insolentados, insultando al admins-trador y Teniente Corregidor don José Raymundo Cabrera, perdiendo absolu-tamente el freno de la obediencia y pretendiendo poner fuego a todo el pueblo, con particularidad a la casa del Administrador, como lo ejecutaron en la noche del 1º de septiembre, abrazándose la casa de la Administración, sin que pudiera salvar sino los libros y papeles... ».

En la Sabana de Bogotá, donde los indígenas habían padecido prolongadamente la opresión y abusos de los grandes hacendados criollos, donde habían librado una batalla sin pausas para defender sus Resguardos y disfrutar del tiempo ne-cesario para trabajar sus tierras, el contagio del espíritu revolucionario no de-moró en prender y los indios, al acercarse los comuneros del Socorro, cortaron las amarras de su tradicional lealtad a la Corona y proclamaron como Monarca, no al Inca del Perú, sino a un descendiente lejano de la antigua dinas tía Chib-cha.

El drama de la raza vencida se advierte, precisamente, en la obligación en que se vieron los indígenas, en aquella hora crítica, de elevar a la categoría de per-sonero de sus aspiraciones al indio Atabrosio Pizco, quien carecía de las cuali-dades indispensables para desempeñar con lealtad y decoro su papel. Divorcia-do ya de sus hermanos de raza e indiferente a su suerte, era Pizco un astuto co-merciante y como tal había tenido gran éxito en los negocios y podía vanaglo-riarse de poseer mayor caudal que muchos criollos. Era dueño de tienda en Mo-niquirá, de almacén en la Calle Real de Santafé y de hacienda de ganado y de mulas en Güepsa. Fue, pues, con sorpresa y sin entusiasmo que Ambrosio Pizco se enteró de que los indios de la Sabana le habían proclamado "Monarca de Bogotá y Señor de Chía". Como muchos de los Capitanes comuneros, Pizco procedió a tomar las medidas del caso para salvar su responsabilidad en la re-vuelta y procuró la impresión de que los rebeldes le habían obligado a aceptar tan engorrosa dignidad. Nada tiene, pues, de extraño que Berbeo se apresurara a comunicarse con Pizco y se preparara a utilizarlo para amortiguarlos ímpetus de


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la revolución indigenista. En Santafé, sin embargo, la noticia causó no poco asombro e indignación: «Cuando se sabe en la Audiencia - dice un comentarista de estos sucesos - que Ambrosio Pizco se ha proclamado cacique de Bogotá y señor de Chía, y se anuncia que los indios le reconocen como a su soberano, no diré que haya sorpresa entre los Oidores y el público a quien llega la noticia, porque el tiempo no es para sorpresas, pero sí las señoras y los caballeros se persignan estremecidos de terror, y con aspavientos se miran y dicen: ¡Es el colmo! ».

Puede afirmarse, por tanto, que el Virreinato ardía por los cuatro costados en momentos en que los emisarios de la Audiencia esperaban a los comuneros en Zipaquirá. Con sobrada razón, el Arzobispo Caballero y Góngora se sentía im-potente para evitar la captura de la Capital, porque la pleamar revolucionaria golpeaba con terrible violencia en Pasto, Ambalema, Mariquita, Antioquia, la Sabana, el Socorro, los Llanos, Cúcuta y Mérida, y no era presumible que los pueblos, una vez arrolladas todas las esclusas del orden, se contentaran con me-nos de una victoria total. Menor habría sido su intranquilidad de haber sospe-chado hasta qué punto habían cambiado, en los últimos tiempos, las ideas de los principales Capitanes comuneros. En el curso de la marcha hacia Zipaquirá ellos se vieron obligados a afrontar graves dilemas y no tardaron en descubrir que una cosa era protestar contra los impuestos y los abusos del Visitador y otra muy distinta solidarizarse con una revuelta, cuya dinámica había conducido al levantamiento de los esclavos, la ocupación de los latifundios, la rebelión de losindios y la proclamación de Monarcas aborígenes en el Virreinato. Dueños los criollos del poder económico y usufructuarios principales de la esclavitud de los negros y de la explotación de los indios, ya no podían ocultar su alarma ante los inesperados giros que había tomado la sublevación y el mismo Berbeo, quien había cedido frecuentemente a las exigencias de la gleba para conservar su in-fluencia sobre ella, miraba con verdadero temor la posibilidad de que las turbas sublevadas se apoderaran de Santafé. Ello explica suficientemente por qué Ber-beo, al enterarse, en las proximidades de Zipaquirá, de «que se hallaban en los llanos de Chía - según sus palabras unos dos mil hombres con el ánimo de diri-girse a esta Capital (Santafé) y deseando evitar las desgracias que de este aten-tado podrían resultar», expidió la famosa orden del 31 de mayo de 1781, cuyo texto, incomprensible en el jefe de una revolución, se acomoda a la conducta de quien tenía el propósito de conjurar los naturales desarrollos de esa revolución. La orden decía: «Juan Francisco Berbeo, Capitán General, Comandante de la expedición de los comunes: Hago saber a todos los señores Capitanes, Diputa-dos y Jefes de mi ejército, que le doy comisión a don Ambrosio Pizco, Cacique llamado de Bogotá, para que pase personal mente y con gentes hasta las goteras de la ciudad de Santafé, |y con todo rigor contendrá las gentes que pretendieren entrar a la ciudad a insultar y robar. Por lo que, si necesarios fuere, hará poner dos horcas, una en la entrada de San Diego y otra en la entrada de San Victori-no, para castigo de los insultores».

Como las autoridades de Santafé se molestaron por la autorización dada a Piz-co, algunos historiadores han supuesto que el propósito de Berbeo no fue con-


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tener a los sublevados sino amedrentar, con las horcas, a los círculos oficiales de la Capital. Semejante hipótesis está en contradicción con el clarísimo texto de la orden con las declaraciones pertinentes de Berbeo y con su extraño com-portamiento en el curso de las negociaciones de Zipaquirá. Sólo porque el Ar-zobispo y Berbeo miraban con idéntica alarma la posibilidad de que las monto-neras sublevadas invadieran a Santafé, fue posible comenzar unas negociacio-nes destinadas a cegar, en sus mismas fuentes, los magníficos ímpetus de la Revolución.

Los Capitanes del Socorro más devotos a la causa del pueblo, principalmente Antonio Monsalve y Francisco Rosillo, sospechaban con fundamento que Ber-beo se proponía evitar la captura de la Capital y por ello juzgaron conveniente remitirle, el 23 de mayo, una nota de instrucciones al respecto, nota en la cual le plantearon, con acierto y visión extraordinarios, los verdaderos objetivos de la revolución. «Nos parece - le decían a Berbeo - que V.M. sin desatender al Ilustrísimo señor Arzobispo en lo, que propusiese, se ha de dar modo, en cuanto a que no se condescienda a que se haya de dejar la empresa de que se entre a la Corte (a Santafé) y que ésta se levante para que todo el Reino quede liberto de la pena que se pudiera adoptar, y a más de esto, para que la Audiencia pueda verdaderamente absolvernos de los pechos y de la culpa, es precisamente nece-sario que la Corte (Santafé) esta levantada, |pues no siendo así puede suceder que la sus pensión de pechos sea para mientras pueden tomar arbitrios para acometernos... Por lo que se infiere de la salida del señor Arzobispo, es a con-tener la entrada y que la Corte quede libre, con lo que no hay que condescender sin el predicho requisito. |En caso que imponga excomunión (el Arzobispo) podrá V.M. extrañarlo y tocar a Sede vacante, que así lo pide este Común ».

Mucho más categórica fue la nota dirigida a Berbeo, el 6 de junio, por don An-tonio Molina: «Ya sabe V.M. - le decía - que el fin principal es hacer de nuestra parte la Corte de Santafé, la que debe invadir en caso de que se hallen sus habi-tantes en contra nuestra, |pues en este supuesto deberá desolarse, pues más vale que así quede y no como enemigo, lo que sería el mayor daño para todo el Re-ino y en especial para los de nuestra parte, y sería necesario mantenernos siem-pre con arma en mano para nuestra defensa; y excusar el menor daño es menor inconveniente, por lo que me parece necesario que por ahora no se propongan más Capitulaciones, que es de treguas, para en este intermedio unir todas las fuerzas y hacerlas con acuerdo de todos. Aquí se están tratando de hacer algu-nas piezas de artillería, para lo que se tiene solicitado el metal y artífice, que dentro de breve tiempo se conseguirán con otros pertrechos de guerra... |Tenemos fuerzas para contrarrestar y vencer cualquier ejército, por numeroso que sea, pues si es necesario dentro de breve tiempo poner en ese sitio cincuen-ta mil hombres o más, con su razón se pondrán, pues tenemos de nuestra parte la mayor del Reino, y hasta la provincia de Caracas creeré está a nuestro favor, pues ya lo está Pamplona, San Cristóbal y La Grita... ».

Estas instrucciones constituían precisamente la contrapartida de las órdenes dadas por las autoridades de Santafé a sus emisarios y al Arzobispo, las cuales


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decían: «Se espera que ese pueblo (Zipaquirá) se acuerde y quede perfecciona-do todo |sin necesidad de que la multitud de gentes venga a esta ciudad o se acerquen a ella, que no se les permitirá...».

La captura de la Capital, la cual ha debido ser el objetivo principal de Berbeo, sólo le sirvió de amenaza para esgrimir ante el Arzobispo, cuando el prelado y los emisarios de la Audiencia se le reunieron en Nemocón. Inicialmente apa-rentó tener pocos deseos de tratar con los comisionados y se mostró reservado y hostil con ellos hasta tanto que el Arzobispo, alarmado, le declaró que la Au-diencia estaba resuelta a hacer las concesiones indispensables para contentar a los pueblos sublevados. Esta oferta satisfizo las aspiraciones principales de Berbeo, quien deseaba obtener de las autoridades coloniales las ventajas y privi-legios ambicionados por la oligarquía criolla, pero quien miraba, con inoculta-ble temor, la posibilidad de que las turbas comuneras invadieran a la Capital, seguro como estaba de que la sublevación tomaría entonces rumbos insospe-chados, escaparía fácilmente de su control y la plebe victoriosa tendría, en me-dio del saqueo y de la violencia, la oportunidad de imponer condiciones incom-patibles con los intereses y las fortunas de los grandes señores de la oligarquía. Bastó, por tanto, que el Arzobispo le ofreciera a Berbeo reconocer, en Capitula-ciones escritas, las principales exigencias de los pueblos, para que éste convi-niera en detener la marcha de los sublevados y en dar principio a las negocia-ciones de Zipaquirá. Así lo confirma el informe remitido por Caballero y Góngora a don José Galvez, cuyos apartes pertinentes dicen: « Supe por los mismos que el campo de Nemocón era el punto de reunión en donde habían de incorporarse las tropas que venían marchando y que ya con algunas había llega-do a él su jefe principal don Juan Francisco Berbeo. Inmediatamente fui a aquel pueblo, y por varios recados que le pasé comprendí la grande repugnancia que él y sus oficiales tenían en avistarse conmigo. La dificultad era casi insuperable y no podía vencerse sin temor de consecuencias muy funestas. (La posibilidad de que se apresara al Arzobispo). Atropellé por todas partes y me les presenté en su campo con solo uno de sus Capitanes. Tuve con todos ellos una larga se-sión, y aunque al principio reconocí sus ánimos impersuadibles, |pude al fin inclinarlos a aceptar mis proposiciones y acomodarse a una composición regu-lar ».

Tan manifiesto era el desgano de Barbeo de proseguir adelante y tan poco se cuidó de tomar las medidas indispensables para garantizar la ocupación de San-tafé, que el Arzobispo pudo crear, en el propio campo comunero, factores de resistencia a la posible prosecución del avance hacia la Capital. Conociendo el antagonismo que existía entre las Villas de Tunja y el Socorro, antagonismo que se derivaba de la pretensión de los tunjanos de mantener al Socorro someti-do indefinidamente a su jurisdicción, el Arzobispo se sirvió de esta rivalidad lugareña para convencer a los Capitanes comuneros de Tunja de que la captura de Santafé por una multitud compuesta, en tan importante proporción, por gen-tes de la provincia del Socorro, haría inevitable la supremacía de dicha Villa sobre Tunja. De esta manera consiguió el Arzobispo que los tunjanos miraran con hostilidad la posible invasión de la Capital y que sus Capitanes, flor y nata


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de la oligarquía criolla y ya suficientemente alarmados par "el desenfreno y desmanes de la plebe comunera", lo respaldaran y respaldaran a Berbeo en los esfuerzos que ambos realizaron para que las Capitulaciones se firmaran en Zi-paquirá y se descartara el asalto a Santafé. Nada tiene, pues, de extraño, que la considerable masa de las fuerzas tunjanas abandonaran tranquilamente el pue-blo de Nemocón, cruzaran la Villa de Zipaquirá y terminaran acampándose en el camino que conducía a la Capital, con la evidente intención de cerrar el paso al resto del ejército, si Berbeo y el Arzobispo no conseguían con tenerlo.

Suponer, como lo hacen algunos historiadores, que un acontecimiento tan im-portante como la movilización de las fuerzas tunjanas podía cumplirse contra la voluntad de Berbeo y sin que él tomara ninguna medida para evitarlo o para contrarrestar sus obvios efectos políticos y militares, no pasa de ser una conje-tura difícil de creer. Berbeo no era un tonto y tenía, como lo reconocen sus de-fensores, indiscutible dón de mando, lo cual no se compagina con la creencia de que el Arzobispo, acompañado de cuatro o cinco personas, pudo impunemente robarle, en sus propios ojos, la tercera parte del ejército comunero. La hipótesis resulta tanto más inverosímil cuando se sabe ciertamente que Berbeo, pudiendo hacerlo, no realizó esfuerzo alguno, por pequeño que él fuera, para evitarlo.

Si existiera alguna duda con respecto al acuerdo entre Berbeo y el Arzobispo y a la solidaridad del mismo Berbeo con los Capitanes de Tunja en el importante asunto de la invasión de la Capital, ella se desvanece con aquellos apartes del Informe del Arzobispo a don José Galvez, en que se refiere a las negociaciones llevadas a cabo en Zipaquirá, después de que las masas comuneras, por orden de Berbeo, se acamparon en las proximidades de la villa. « |Nos lisonjeaba la estipulada paz - dice - y sólo restaba que los jefes de los tumultuantes y acam-pados en las inmediaciones de Zipaquirá formasen sus representaciones para concluirla, pero al tercer día se conmovieron de nuevo las gentes con tanto ar-dor, que se disiparon todas nuestras esperanzas y nos vimos en la última cons-ternación. Algunas compañías pasearon por la plaza en acción de guerra y no contentas con insultar mi dignidad al tiempo que pasaban por mi habitación (en Zipaquirá), publicaron en las cuatro esquinas las sangrientas ideas que los en-caminaban a Santafé. Dio motivo a esto, o una carta que me comunicó don Juan Francisco Berbeo, por medio de un eclesiástico, dirigida a él por los otros nom-brados Capitanes de la Villa del Socorro, en que lo interesaban y empeñaban vivamente a no omitir la entrada a la Capital y a extrañarme del Reyno, tocando a Sede vacante si fuese necesario a sus intentos, o una voz vaga, que esparcie-ron los mal intencionados, de haber yo ganado a Berbeo con quince mil pesos, suposición que los irritó, de manera que no dudó uno en decir: "todo se compo-ne con dos balas, una al Arzobispo y otra al General"; expresión que castigó su Capitán (Berbeo) arrestándolo en la cárcel, pero pocas horas después lo extraje-ron sus mismos compañeros. Viéndolos yo resueltos a marchar a Santafé y te-miendo verificasen sus ideas de pasar de allí a Popayán y Quito, poniendo en combustión todo el Continente, determiné volver a verme con los Capitanes. Fueron incomparables los trabajos, indecibles los insultos que en esta segunda conferencia sufrí de aquellas gentes, las más de infame extracción y aún más


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infames pensamientos; pero, en fin, a costa de una inalterable paciencia logré no sólo aquietarlos y admitir Capitulación, |sino también que don Juan Fran-cisco Berbeo me prometiese se reglaría ésta en el mismo Zipaquirá, sin mover su campamento, contra el dictamen de muchos, que acaso para poner en ejecu-ción sus siniestros fines, intentaban que fuese en Santafé. En esta ocasión fui testigo de la numerosa multitud de gentes que formaban aquel ejército formida-ble sin duda, no sólo a la Capital sino a todo el Reyno, por lo poco poblado quese halla en su extensión. Todo el campo que media entre los pueblos de Zipa-quirá y Nemocón, distante entre sí tres horas de camino, estaba cubierto de tiendas. Se reguló el número de combatientes en el de quince a diez y seis mil, sin hacer cuenta de los indios |, a quienes miraban con desprecio. Los de la comprensión de Tunja y Sogamoso, que componían el considerable número de cinco a seis mil hombres, |adhirieron a mi estipulación con Berbeo y la hicie-ron valer contra el sentimiento del partido contrario; pues aunque éste les ex-cedía en el número de gentes, ellos les llevaban otras tantas ventajas, cuando que era la tropa más lúcida de aquel ejército, la más esforzada más subordinada a sus jefes... Hallándolos así divididos por sus propios intereses me aproveché con felicidad de su misma división, a fin de contener con su respeto a los otros, si intentasen pasar adelante; y tener a ellos siempre a raya bajo mis órdenes, para que se efectuasen las Capitulaciones en Zipaquirá... ».

Algunos historiadores han supuesto que la conducta blanda y contemporizadora de Berbeo en Zipaquirá fue el resultado de la equívoca actitud de los tunjanos, a los cuales atribuyen la intención de ofrecer resistencia armada, si Berbeo insist-ía en proseguir a la Capital. Del informe del prelado se colige claramente que las divergencias decisivas no se presentaron entre Berbeo y los Capitanes de Tunja, sino entre estos últimos y la mayoría de los comuneros, que se mostra-ban resueltos a ocupar a Santafé. Los de la comprensión de Tunja y Sogamoso« adhirieron - dice el Arzobispo - a mi estipulación con Berbeo y la hicieron válida contra el sentimiento del partido contrario » Si en Nemocón o en Zipa-quirá Berbeo hubiera gritado ¡A Santafé! los débiles factores de resistencia construidos por el Arzobispo se habrían visto arrollados fácilmente por la impe-tuosa voluntad de las multitudes.

Berbeo, por el contrario, ordenó a las masas comuneras acamparse en las proximidades de Zipaquirá y todos sus empeños se redujeron a tomar extrañas medidas para diluir sus responsabilidades frente a las autoridades con las cuales se preparaba a negociar. Cuando se le pidió, por el Arzobispo, que presentara, por escrito, las solicitudes de los sublevados, no quiso hacerlo personalmente y comisionó a los Capitanes de Tunja para que las redactaran. De igual manera, insistió en que el Marqués de San Jorge y los Regidores criollos del Cabildo de Santafé participaran en las negociaciones de Zipaquirá, lo cual indicaba que Berbeo, enterado como estaba de las pasadas actividades subversivas del Mar-qués y de las principales familias de la Capital, no se resignaba a permitir que los magnates criollos se colocaran en la cómoda posición de beneficiarse con las ventajas que pudieran conseguirse en las negociaciones y hacer gala, si-multáneamente, de una pérfida lealtad a las autoridades coloniales. No fue pe-


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queño el predicamento en que se vio colocado don Jorge Lozano y Peralta, cuando, como resultado de las exigencias de Berbeo, hubo de trasladarse a Zi-paquirá y dar motivo, con su presencia, a que las multitudes comuneras le ova-cionaran, después de que él había tratado de borrar, en Santafé, las huellas de sus actividades contrarias al orden con rumbosos donativos, destinados a pagar las tropas que debían combatir la Revolución. El Arzobispo Caballero y Góngo-ra observó en silencio los homenajes que rindieron los sublevados al Marqués y tomó atenta nota de ellos para cuando llegara la oportunidad de exigirle cuentas por su conducta equívoca.

Las anteriores precauciones, adoptadas por Berbeo para forzar a otros a com-partir sus responsabilidades políticas, no le parecieron suficientes y al recibir el proyecto de las Capitulaciones, redactado por los Capitanes tunjanos, se apre-suró a dejar la siguiente constancia escrita, en la parte final del proyecto: « Este borrador de estas Capitulaciones lo formaron el doctor Juan Bautista de Vargas y don Agustín Justo de Medina, y concurrieron a ellas don Fernando Pabas, don Joaquín del Castillo y don Juan Salvador de Lagos. Lo cual son sabedores don Pedro Nieto, don Pedro García y don José Ignacio de Ardua; |y por lo que el tiempo ofrece, pongo esta razón en quince mil hombres con que se halla dicho Berbeo, incomparablemente mayores que las que se han adquirido y hay en esta ciudad; |y por otra de la disposición que se ha advertido en el numeroso vulgo para seguir el mal ejemplo de los rebeles, uniéndose a su llegada y aumentando o engrosando su cuerpo infinitamente. De suerte que si por el medio de acceder a todas sus irregularidades y reprensibles ideas no se hubiera evitado el asalto a esta Capital, sin duda alguna se habrían apoderado de todos los intereses reales, que ha sido el principal objeto con que principalmente han dirigido todos sus desórdenes; |habrían saqueado y arruinado todas las casas y conventos, y lo que es peor, habrían no sólo abatido la Real Autoridad, sino que se habrían negado a toda subordinación y reconocimiento del vasallaje al Monarca, cuya conservación, a costa de toda pérdida ha sido la mira que ha gobernado a esta Junta, en tan críticas circunstancias; y por lo que no se detuvo a franquear su condescendencia a tan descomunales propuestas, mayormente, cuando sólo la corta dilación que hubo en que se precediese a la judicial aprobación causó el tumulto y conmoción que consta en la diligencia remitida por los señores Comi-sionados, y por lo mismo, recelosa esta Junta, de que a la menor repugnancia que hubiera manifestado, habría sufrido el insulto esta ciudad, consiguiéndose por violencia y con absoluta destrucción de la Real Autoridad lo que se les ne-gaba, |procedió a la admisión, aprobación y confirmación de las dichas propo-siciones, bajo el seguro concepto de su nulidad, pues al no haber intervenido tan poderosos motivos, lejos de convenir en ellas, ni dispensar su aprobación, habría procedido a escarmentar el execrable delito de la mera proposición, con las penas más severas... ».

El texto del acta demuestra que los Oidores, encabezados por don Juan Francis-co Pey y Ruíz, estaban de antemano resueltos a no cumplir las Capitulaciones y que su confirmación, dada esa noche, no tuvo otro objeto que prevenir el asalto de la Capital, mientras llegaban las tropas solicitadas al Virrey. Por eso hicieron


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constar en el acta que las aceptaban "bajo el seguro concepto de su nulidad". Tal era, precisamente, lo que sospechaban todos los humildes comuneros en Zipaquirá, aunque otra cosa pensaran sus orondos Capitanes, quienes preferían, como buenos criollos, correr el riesgo de ser engañados, a. permitir el desenca-denamiento, con la toma de Santafé, de una vasta revolución social en todo el Reino.

Se ha dicho y se dijo entonces que Berbeo aceptó una dádiva de quince mil pe-sos del Arzobispo como precio de la entrega de la revolución y de los obvios esfuerzos que realizó para evitar que los comuneros invadieran la Capital. No han faltado tampoco, historiadores que le califiquen de felón y traidor por haber solicitado y recibido los dineros que le dio Caballero y Góngora en Zipaquirá. No creemos que sea justo explicar la conducta de Berbeo por motivos venales. Como ya lo advertimos, el Capitán de los comuneros era un criollo por los cua-tro costados, y su lealtad a la sublevación se mantuvo inalterable mientras ella no sobrepasó los linderos de una revuelta compatible con los intereses de la oligarquía criolla. Su comportamiento cambió, y no por razones de indelicadeza personal, cuando la dinámica revolucionaria que empujaba a las multitudes hacia Santafé, se tradujo en actos contrarios a esos intereses, como la invasión de las tierras, los levantamientos indígenas, la proclamación de monarcas aborí-genes y la rebelión de los esclavos. Desde entonces el ardoroso caudillo de los comuneros del Socorro, el hombre que había sacrificado su considerable fortu-na y su tranquilidad personal para ponerse al frente del descontento que alenta-ba en el Reyno contra las providencias de Gutiérrez de Piñeres, perdió el entu-siasmo de los primeros días y sintiéndose extraño al espíritu radical que alenta-ba en el pueblo, fincó todas sus esperanzas en celebrar, con las autoridades, un convenio que clausurara rápidamente un conflicto sembrado de tan peligrosas incógnitas.

Debemos, desde luego, convenir en que era extraño que el jefe de una revolu-ción le aceptara especies venales al representante del poder contra el cual se había desatado sa revolución y se sirviera de ese dinero para amortiguar el entu-siasmo y la fe de quienes le habían confiado la personería de las aspiraciones del pueblo. « Acabándosele el dinero en Zipaquirá - declaró el mismo Berbeo -y no pudiendo contener la gente, lo manifestó al Ilustrísimo señor Arzobispo, quien le dio otros mil pesos, que repartió entre todos ». La extrañeza se amino-ra, no obstante, si se tiene en cuenta que Berbeo se consideraba poco solidario con las esperanzas de los desvalidos y sólo pensaba en salvaguardiar los inter-eses de la clase criolla, gravemente amenazados por la rápida radicalización de las aspiraciones populares. Ello explica su estrecha colaboración con el Arzo-bispo y la plena confianza con que, un tiempo después, solicitó de Caballero y Góngora un certificado sobre su buena conducta en Zipaquirá, certificado que debía absolver las siguientes preguntas, formuladas por Berbeo a don Antonio Caballero y Góngora:

«1º - Si es igualmente cierto que aún después de aquellos alborotos (los del So-corro) parecí yo en las inmediaciones de Zipaquirá en calidad de Comandante


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de la numerosa tropa de tumultuantes en número de más de dieciocho mil bien lejos de que éstos se sujetasen a mis órdenes, venía ceñido al arbitrio de todos, sin poder excusarme por las amenazas con que en cada instante me intimidaban, de practicar todo aquello que tumultuariamente me sugerían? ».

« 2º - Si lo es también que el más principal de todos sus proyectos era entrar a la Capital de Santafé; y si esto lo meditaban con tanto ardor que me pareció imposible disuadirlos, de suerte que sin duda me hubieran quitado la vida |si yo me les hubiera opuesto a cara descubierta? ».

« 3º - Si no obstante lo dicho, propendí con la mayor actividad que me fue po-sible a desvanecer sus ideas, no permitiendo que de suerte alguna se insultase a la Capital, y accediendo cuanto estuvo de mi parte a las proposiciones de paz, que así en conferencias privadas, como por medio de diferentes comisarios me comunicaba Vuestra Señoría Ilustrísima y los señores Comisionados? ».

« 4º - Si estas conferencias las repugnaban siempre los tumultuantes y se les hicieron mucho más sospechosas después |que reconocieron mi abierta y decla-rada oposición a sus intentos? »-

El certificado del Arzobispo está concebido en términos que jamás habría podi-do esperar, por ejemplo, José Antonio Galán, u otra persona menos acreedora a la gratitud de don Antonio Caballero y Góngora. Los motivos de esa gratitud los puede descubrir el lector en el texto mismo del certificado, uno de cuyos apartes dice: « El contenido Berbeo hallándose en el campo de Zipaquirá dio las providencias más justas y oportunas entonces |para contener los insultos de algunas tropas que del mismo campamento se dispersaban, obrando en con-formidad con José Antonio Galán y otros que a la sazón se hallaban levantan-do varios pueblos, haciendo en ellos, según los avisos que se tenían, los mayo-res excesos; y que igualmente, |aunque allí le encontramos (a Berbeo) |inclinado siempre a nuestros pensamientos, conforme pedían aquellas críticas circunstancias, reconocíamos, sin embargo, que no pendía de su solo arbitrio la regular composición (negociación) de que se trataba, |para contener las ideas fijas de todo el cuerpo de sus tropas en atacar a la Capital, entrar en ella y apoderarse de sus intereses, así reales como particulares, con lo demás que a esto sería consiguiente, pues le era preciso ceder muchas veces a la insolencia de su mismo ejército, el que no guardaba subordinación ni respeto a sus oficia-les. Y en el tiempo que ha estamos en esta Villa, hemos confirmado en el citado don Juan Francisco Berbeo el buen concepto que se merece su honradez mani-fiesta en las presentes circunstancias, propenso e inclinado en ellas al mejor servicio del Rey, subordinación y sosiego de estos habitantes... ».

Nadie puede suponer válidamente que el Arzobispo Caballero y Góngora, des-pués de terminada la rebelión, le iba a expedir este elogioso certificado a Ber-beo, de no haberle constado, como le constaba, la eficacia de los servicios pres-tados por él en Zipaquirá para salvar la Capital. Las diferencias que establece el Arzobispo entre la conducta contemporizadora de Berbeo y el comportamiento


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revolucionario y radical de Galán, explican por qué se frustró el movimiento. La revolución fracasó no porque las autoridades desconocieran posteriormente las Capitulaciones, sino porque su ímpetu y energías fueron tronchados en Zi-paquirá, cuando la oligarquía criolla y sus representantes se negaron a seguir vinculados al curso que había tomado la sublevación comunera. En tierras san-tandereanas se ha acuñado recientemente el término "berbeísmo" para designar la conducta política de quienes entregan las grandes revoluciones cuando en su curso emergen a la superficie los dolores del pueblo y el espectáculo sombrío de la miseria de los humildes irrumpe, dramáticamente, en el banquete de los privilegiados. Debemos advertir, sin embargo, que este fenómeno no se presen-ta exclusivamente en la revolución de los Comuneros. Con Berbeo se inicia entre nosotros una tradición política que habrá de tener una rigurosa continui-dad en nuestra historia. El pueblo dará los grandes coletazos sociales, empujará, con el acuerdo de sus anhelos insatisfechos, el ritmo de la vida nacional, pero en la hora decisiva aparecerá siempre el "berbeísmo" de nuestras oligarquías, que se encargarán de amortiguar el impulso popular y de frustrar las grandes revoluciones, reduciéndolas a un sórdido regateo sobre sus exclusivos intereses, que abusivamente presuponen identificados con las conveniencias públicas. Ya veremos cómo el sistema, que hace su amorfa aparición con Berbeo, se perfec-ciona el 20 de julio de 1810 y desde entonces se prende, como una planta pará-sita, al tronco de nuestra historia republicana. La oligarquía gobernante y sus ideólogos se encargarán de elaborar la literatura y de ponerle la música al "ber-beísmo" destinado a convertir al pueblo colombiano en la víctima de una conti-nuada serie de trágicas frustraciones.


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LAS CONTRADICCIONES REVOLUCIONARIAS DEL RÉGIMEN COLONIAL

|LOS DOMINIOS como mercado de la burguesía española. - El monopo-lio mercantil. - Los "Economistas de Indias". -Estructura económica del Virreynato granadino. - Metales preciosos y frutos tropicales. - Mentali-dad colonial de los comerciantes. - Deficiencias de la Metrópoli como vendedora única. - La crisis de abastecimientos. - El contrabando. - Con-flictos en la zona agraria. - La hacienda sustituye a la Encomienda. - Las disponibilidades le mano de obra. - Conspiración criolla contra los Res-guardos de indios. - La cuestión del salario. - Prevenciones del Virrey Mendinueta. - Los Gremios de artesanos. - Producción nacional y comer-cio colonial. - Deficiencias de la Metrópoli como compradora única. - En los albores de la independencia granadina.

SI LA REVOLUCION de los comuneros y el levantamiento de Túpac Amaru indujeron a la Corona a introducir algunos cambios en el conjunto de su política colonial, dichos cambios tuvieron un carácter epidérmico y en manera alguna se puede considerarlos como una rectificación fundamental de esa política. En la medida en que proseguía el desarrollo de las doctrinas burguesas en el Viejo Mundo y se desvanecía la influencia de las ideas morales y religiosas que inspi-raron las Leyes de Indias, se acentuaba, también, la tendencia a transformar los Dominios en una zona subalterna de la economía española y la burguesía penin-sular, mal equipada para comprometerse en una ofensiva frontal contra el añejo feudalismo de España, consiguió, en cambio, que la Corona le permitiera utili-zar las posesiones americanas como el mercado colonial que necesitaba para apresurar su desarrollo y enriquecimiento en cuanto a la clase económica. La importancia y alcances de este proceso los explica con singular penetración Manfred Kossok, quien dice al respecto: «La Corona podía dejarse arrancar concesiones con facilidad tanto mayor cuando que, a costa de sus posesiones coloniales, poco explotadas, contaba siempre con la posibilidad de desarmar el antagonismo fundamental entre nobleza y burguesía, entre el orden feudal de la sociedad y el Estado y la difusión de las formas capitalistas. Dado que la bur-guesía española contaba en las colonias con un mercado asegurado - dice Kos-sok - se conformó durante un tiempo con que en la Metrópoli prevalecieran las condiciones feudales. Desde el comienzo, el punto central de la actividad económica de la burguesía comercial, espina dorsal al mismo tiempo de toda la burguesía no correspondió al mercado interno, sino al externo, o sea al colonial americano. Con esta dislocación del centro de gravedad, y más allá de una prosperidad transitoria, la burguesía aceptó una hipoteca cuyas funestas reper-cusiones se harían sentir después de la pérdida de las colonias... Semejante pro-teccionismo comercial e industrial, como contrapartida de la moderna teoría colonial, impuso al Imperio colonial español una carga funesta, |puesto que la


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aparición de cualquier rama de la manufactura se consideraba como una com-petencia desleal a los ojos de la burguesía metropolitana y también de la Co-rona. La nueva política económica confirió nuevo sentido a las leyes que, desde los tiempos de la Conquista, prohibían la producción y exportación de bienes que debían producirse en España |o mejor dicho, les dio por primera vez apli-cación efectiva. Hasta fines del Siglo XVII, las restricciones se extendían prin-cipalmente a las ramas más nobles de la agricultura (vino, olivetos, etcétera), y sobre todo trataban del comercio intercolonial. En el Siglo XVIII (bajo la di-nastía borbónica) se trató ante todo de medidas que impidieron el surgimiento de una manufactura colonial ».

La burguesía española y sus economistas representativos, como Ulloa, esboza-ron el plan de ocupación económica del imperio colonial, ideando las limitacio-nes que juzgaron indispensables para que la América española redujera sus ac-tividades productivas a aprovisionar la Metrópoli de materias primas y metales preciosos y servir de mercado comprador de las manufacturas peninsulares. «España puede, por sí sola - escribía Ulloa - con los productos de sus manufac-turas, satisfacer el consumo de todas sus posiciones americanas ». Para el logro de este objetivo proponía "prohibir terminantemente todos los productos extran-jeros para el conjunto de América".

Este tipo de política no hubiera colmado las aspiraciones de la burguesía espa-ñola de no haberse él complementado con las importantes providencias promul-gadas por Carlos III, a fin de permitir la participación, en el monopolio del co-mercio de América, de aquellos núcleos de la burguesía peninsular que se hab-ían visto excluidos de sus beneficios por virtud de los privilegios concedidos a los puertos de Cádiz y Sevilla. Para terminar tales restricciones, que obstruían el ensanche del tráfico mercantil, la Corona procedió a aumentar, tanto en España como en América, él número de puertos habilitados, a fin de facilitar el canje de metales preciosos y materias primas por mercancías españolas. « En 1778 - dice Ramos Pérez - se aprecian nuevos e interesantes progresos con la promulgación del Reglamento de Aranceles Reáles para el libre comercio de España con Las Indias, para el cual se abrían trece puertos en la Península, aparte de los de las Baleares y Canarias, y veinticuatro en América

Una política orientada a forzar el desarrollo de un tipo de economía subalterna en los Dominios causó no pocos traumatismos en América, traumatismos cuya intensidad se graduó de acuerdo con las características de cada zona administra-tiva del Imperio. Interesa conocer, por tanto, aquellos tipismos de la estructura económica del Virreynato granadino que, de manera más tajante, chocaron con los objetivos centrales de la política colonial borbónica y determinaron la natu-raleza de las doctrinas y soluciones concretas que emplearían los voceros del descontento para construir, con acierto o sin él, los fundamentos de una nueva nacionalidad.

Aunque la conquista y colonización del territorio granadino fueron fecundas en cambios de orden económico y cultural, debe reconocerse que poderosas razo-


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nes de orden geográfico y telúrico mantuvieron casi inalterables las pautas se-guidas por los aborígenes, en tiempos precolombinos, para determinar el asen-tamiento de la población. En un proceso de siglos los indios se habían retirado de las zonas cálidas y en busca de temperamentos más suaves se localizaron en los altiplanos fríos de las cordilleras o en sus vertientes templadas. En ellos cre-cieron las grandes civilizaciones indígenas, al tiempo que supervivía el más crudo primitivismo en aquellas tribus que se resistieron a abandonar las regio-nes cálidas. Aunque los españoles no tenían un plan preconcebido sobre la ma-nera como debían distribuirse demográficamente en los territorios conquistados y la fiebre del oro los atrajo a las regiones tropicales del occidente granadino -donde se hallaban situadas las minas más ricas -, terminaron por buscar el refu-gio de los altiplanos fríos del oriente, con tanta mayor razón, cuanto que en ellos estaba localizada la gran masa de la población acostumbrada a la vida civil y mejor preparada para incorporarse al régimen de las Encomiendas. A lo largo de la Colonia, por tanto, el centro de gravedad económica del Reyno se desen-volvió en el oriente, al tiempo que las zonas occidentales, donde se hallaban las mayores riquezas mineras, no consiguieron superar los estadios de una difícil y precaria vida económica.

No debe, sin embargo, creerse que las considerables disponibilidades de mano de obra y las benévolas condiciones telúricas que distinguían a las altiplanicies del oriente, crearon un tipo, de economía capaz de atender con idoneidad al bienestar de la numerosa población que se asentó en ellas. La topografía abrup-ta de la cordillera aislaba a los altiplanos de los grandes ríos que podían servir de vías de intercambio y ello condujo a la formación de centenares de ínsulas económicas, separadas entre sí por las arriscadas formaciones de la cordillera, cuyos obstáculos sólo podían vencerse con inversiones considerables, difíciles para una sociedad cuyas fuentes de capitalización eran precarias. La estructura de la economía granadina se conformó, por tanto, como un conjunto de núcleos orientados hacia una relativa autosuficiencia, particularmente intensa en materia de alimentos esenciales, objeto principal de la agricultura, y con respecto al vestuario, cuyos requerimientos dieron impulso a las antiguas industrias textiles aborígenes. Desde luego, este tipo de autosuficiencia no sobrepasó los límites de las necesidades propias de las clases populares, y tanto la población criolla acaudalada como los emigrantes españoles y los funcionarios alimentaron una demanda de mercancías y alimentos importados de España o del extranjero. Esta demanda, originada en los hábitos y refinamientos de las clases dirigentes y en la necesidad de proporcionar al Reyno las herramientas e instrumentos de capital difíciles de producir en el medio nativo, obligó desde temprano a man-tener un considerable nivel de exportaciones, a fin de atender al pago de las mercancías de obligada importación.

Los pobladores del Nuevo Reyno debieron enfrentarse, por consiguiente, al complejo problema que se derivaba de su preferente asentamiento en aquellas áreas cuya producción tenía escasa demanda en España, como era el caso de los frutos de tierra fría, al tiempo que se sentía, en forma dramática, la escasez de mano de obra en las regiones donde abundaban los productos tropicales y los


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metales preciosos, únicos objetos de demanda por parte de la Metrópoli. Basta saber que el trigo y las harinas de la Sabana y de la provincia de Tunja se vieron tempranamente desplazados de los mercados de Cartagena y de las poblaciones costaneras por los trigos extranjeros.

Los efectos que este problema tuvo en el desenvolvimiento de la economía gra-nadina, se hicieron sentir con explicable intensidad desde el momento en que las tribus de indios nómades y belicosos que poblaban las regiones occidentales del Reyno se fueron disminuyendo, huyeron de las minas o declararon franca-mente la guerra a los pobladores españoles y criollos. Las explotaciones mine-ras del Chocó, Mariquita, Antioquia y Popayán sufrieron el deterioro que era de esperarse por la insuficiente previsión de mano de obra y tal fue una de las principales razones que indujo a la Corona a adoptar, en el Nuevo Reyno, el régimen de la Mita, que debía permitir el traslado periódico de cuotas de indios mansos de la Sabana y provincia de Tunja a las regiones mineras de occidente y en particular a la provincia de Mariquita. Esta medida produjo serios desajustes en la estructura agrícola de las regiones orientales, cuyas disponibilidades de mano de obra se redujeron, y ello explica los numerosos memoriales y repre-sentaciones remitidos al Consejo de Indias por los Cabildos de Santafé y Tunja, memoriales en cuyo texto se relataba, con lujo de detalles, los perjuicios oca-sionados a los hacendados por el traslado de los indígenas a las minas, en las cuales su mortandad era alarmante. « De tres años a esta parte - decía el Cabildo de Tunja en 1625 - van los naturales tan a menos y en tanta disminución, que si no se remedia, en pocos años se acabarán, y juntamente la tierra (el Reyno), pues su consistencia pende de la preservación de los dichos naturales...»

No obstante las protestas de los Cabildos, el régimen de la Mita se prolongó por varias décadas y ello permitió mantener en plena explotación las minas de occi-dente y proporcionar al Reyno los metales preciosos indispensables para el pa-go de las importaciones que demandaba el alto nivel de vida de sus clases acau-daladas. Tal resultado se obtuvo a costa de la elevada mortalidad de los indios mitayos, cuya suerte y padecimientos describía, en 1729, el Presidente don An-tonio Manso y Maldonado: «Hecha la conducción - decía - lo que sucede es que salen los indios de sus temples frigidísimos a las minas de Mariquita, que son caldísimas; trabajan dentro del agua con el peso de una barra a que no están acostumbrados, con que de poco enferman, si no mueren muchos a pocos días de trabajo, se huyen y se aplican a bogar en las canoas de trajín que hay en el Río de la Magdalena, o se alejan más distantes, con que es raro que vuelvan a su pueblo. Lo peor es que en seguimiento del marido se suelen ir la mujer e hijos pequeños con él a las minas, y perdido él, ninguno de los que salieron vuelven, y si alguno vuelve es inútil y para todo, porque o viene azogado o me-dio tullido y perdida la salud para siempre ».

El elevado porcentaje de mortalidad de la población aborigen que trabajaba en las minas, obligó a la Corona a expedir la Real Cédula del 7 de junio de 1729, en la cual se exoneraba a los indios del servicio de Mita. La encomiable medida causó, no obstante, los traumatismos económicos que era de esperarse y sus


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efectos se reflejaron en la pronta paralización de las minas. « No hay duda -decía el ingeniero D'Elhuyar que semejante providencia pudo ser en aquellas circunstancias capaz de la total ruina de las minas, por que siendo entonces cor-to el número de las otras castas y nada o poco ejercitadas en la labor de minas, los dueños de ellas debieron hallarse de la noche a la mañana sin brazos para trabajarlas ». Más categórica fue la opinión de don José Celestino Mutis sobre la Cédula que prohibió el traslado de los indios a las minas: « No hubieran ce-sado las labores - escribió - a no haber sobrevenido la absoluta prohibición de las Mitas, sin haberse antes meditado el golpe mortal que con esta providencia sufrió todo el Reyno. Esta es la verdadera causa de haberse extinguido hasta la memoria de las minas en estos reales de Mariquita y los de Pamplona, deduci-das de irrefragables documentos. A un tiempo cesaron todas (las minas) y todas se desampararon a consecuencia de aquella prohibición

La rápida deteriorización de la industria minera produjo un descenso vertical de las exportaciones de metales preciosos, de manera que para el pago de las im-portaciones tradicionales fue necesario acudir a las monedas de oro y plata que constituían los medios de cambio empleados en las transacciones internas del Reyno. Ello determinó un agudo proceso de deflación, el escandaloso encare-cimiento de los precios y una drástica escasez del capital disponible para todas las actividades económicas. En una obra de la época, titulada "Memoria Anó-nima del Comercio del Virreynato", se dice al respecto: «No hay arbitrio para conservar dentro del Reyno la moneda, por ser la especie necesaria para la compra en el exterior y no lograrse proporciones para el canje de los géneros que entran».

Esta crisis, que afectó profundamente a la economía granadina, sólo pudo ali-viarse en la medida en que los |asientos de negros permitieron introducir una considerable cantidad de esclavos africanos, con los cuales se reanudó de mane-ra gradual la explotación de las minas y se aumentó su productividad. A fin de acelerar la reconstrucción de la industria minera, la Corona otorgó a los propie-tarios una notable rebaja en el impuesto de |quintos y estableció numerosas fa-cilidades para la adquisición de esclavos. En 1796 decía el Virrey don José de Ezpeleta en su Relación de Mando: « Las grandes minas de oro que se trabajan por sus propietarios con esclavos, cuyo número es proporcionado a sus faculta-des. Las demás son propiamente unos lavaderos, en las que varias gentes se emplean personalmente en buscar el metal para satisfacer sus necesidades ».

La crisis minera se encargó de demostrar que las energías económicas del Rey-no no eran suficientes para rectificar su estructura económica mono-exportadora, de manera que la recuperación de la industria minera significó solamente el regreso a los antiguos cauces, dentro de los cuales la producción agrícola y una incipiente industria artesanal atendían al consumo de los estratos populares, al tiempo que la demanda de mercancías exigidas por los estamentos acaudalados se saldaba con la exportación de los metales preciosos extraídos de los ricos veneros del Chocó, Antioquia y Popayán. De esta situación dan clara cuenta los documentos e informes de la época, entre los cuales vale la pena citar


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lo siguientes conceptos de don Pedro Fermín Vargas, escritos en 1790: « En el estado presente del Reyno, en que no tenemos abundancia de frutos que cam-biar por los que vienen de Europa, son necesarios los trabajos de minas para pagar la multitud de mercaderías que recibimos anualmente ».

La persistencia de una estructura económica que se distinguía por la exporta-ción de un solo tipo de productos, los metales preciosos, y la importación de una compleja gama de mercancías de la Metrópoli, creó en el gremio de los comerciantes granadinos una mentalidad típicamente colonial, que les tornó alérgicos a todo esfuerzo encaminado a ampliar los renglones tradicionales de exportación del Reyno y les indujo a reducir sus actividades a la introducción, con escandalosas ganancias, de las manufacturas peninsulares. Importar era lo único que les interesaba, de manera que todas las dificultades con que tropezaba regularmente la precaria agricultura del Reyno se multiplicaban por la falta de un gremio comercial interesado en facilitar la salida de los frutos nativos para el exterior. « Este renglón (el del comercio) - decía el Arzobispo Virrey - debe suponerse aún en la cuna en vista de la maravillosa fecundidad del Reyno en todo género de producciones, el añil, la cochinilla, la ipecacuana, la zarzaparri-lla, el excelente cacao de Magdalena, a que sólo hace preferencia el de Somon-doco, e infinitos otros frutos que no se encuentran entre los extraídos, o han sido en muy cortas proporciones, por lo cual debería el comercio solicitar estos objetos a las provincias donde se producen con más abundancia, y no estar ate-nido a los oros que se acuñan en las Casas de Moneda, de donde salen los do-blones por lo común en derechura a registrarse en la Aduana, sin pasar una vez siquiera por manos de los labradores... ».

No existía, por tanto, un verdadero conflicto de intereses entre los grandes co-merciantes de la oligarquía granadina y la política colonial de la dinastía borbó-nica, orientada a estimular, en los dominios, la exportación de metales preciosos y materias primas y a convertirlos en mercado exclusivo para las manufacturas de la industria peninsular. La armonía de intereses era notoria y ello explica el regocijo con que los comerciantes se enteraron de las providencias promulgadas por Carlos III para aumentar, tanto en España como en Ultramar, el número de los puertos habilitados para un tipo de comercio colonial que implicaba el canje regular de manufacturas por metales preciosos y frutos tropicales.

Lo que no tuvieron en cuenta Ulloa y los economistas de la burguesía española - llamados paradojalmente "Economistas de Indias" -, fue la incapacidad de la industria peninsular, ya en franca decadencia, para abastecer en forma mono-polística las demandas del inmenso mercado de Ultramar. No concedieron, tampoco, la debida importancia a la pérdida del domino de los mares por Espa-ña y al establecimiento, por parte de Inglaterra, Holanda y Francia, de impor-tantes factorías en las Antillas, las cuales habrían de utilizarse como bases de penetración comercial en los dominios americanos. La política colonial del Despotismo Ilustrado comenzó a flaquear cuando, el monopolio del comercio de América se tradujo, para los Dominios, en un abastecimiento deficiente de mercancías, consecuencia lógica de la decadencia de la industria española. En-


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tonces se descubrió que España carecía de la potencialidad económica indispen-sable para actuar, con respecto a su inmenso Imperio, como compradora y ven-dedora única y de esta manera se inició el gradual deterioro de las relaciones entre la Metrópoli y los poderosos gremios de comerciantes de Ultramar. Para comprender la naturaleza de este conflicto, que tan decisiva importancia tendría en el movimiento de emancipación, basta considerar la magnitud de las defi-ciencias que, en el siglo XVIII, impedían a la economía española ejercer, con tolerable idoneidad, el monopolio del comercio de América.

La función de |vendedora única, defendida tan tesoneramente por los "econo-mistas" del Despotismo Ilustrado, sólo habría podido desempeñarla España si su industria manufacturera hubiera vivido en una fase de ascenso y no de verti-cal decadencia, como era el caso en el siglo XVIII. El rigor con que se intentó aplicar el monopolio mercantil se tradujo en una crisis endémica de abasteci-miento deficiente de los Dominios, dada la desproporción que existía entre la capacidad productiva de la industria española y la magnitud de las demandas del mercado americano. Para atenuar sus efectos, sin renunciar al monopolio, la Metrópoli se vio precisada, en la segunda mitad del siglo XVIII, a surtir sus colonias con mercancías adquiridas en los países europeos, mercancías que Es-paña distribuía por conducto de sus canales mercantiles.

Esta solución artificial tuvo una eficacia relativa, porque perdido el dominio de los mares por España y comprometida simultáneamente en desastrosas guerras con Francia e Inglaterra, sus naves nunca pudieron recibir adecuada protección, lo que acentuó los desastrosos resultados del déficit mercantil. El empleo de |convoys, para evitar las capturas y hundimientos de los barcos mercantes, hicieron inevitable la reducción del número de viajes anuales, de manera que las fallas del abastecimiento, lejos de disminuirse se aumentaron. La persisten-cia de la crisis se tradujo, como era natural que sucediera, en la regularización del comercio de contrabando con las colonias inglesas y holandesas y el volu-men del mismo adquirió dimensiones que llegaron a sobrepasar la magnitud del tráfico legal. Una vez demostrada la inhabilidad de la Metrópoli para satisfacer oportunamente las demandas de sus Dominios, a los comerciantes importadores de América no les quedó otro recurso, a fin de mantener sus surtidos, que el de servirse del comercio clandestino, fomentado desde las Antillas por Inglaterra, los Estados Unidos y Holanda. « Ocupados los mares por las escuadras y corsa-rios enemigos - escribía el Virrey Mendinueta en 1803 - bloqueados nuestros puertos y empleada en las grandes operaciones de Europa la Armada Española, ni ésta ha podido auxiliar el giro entre la matriz y sus colonias, ni los comer-ciantes de Cádiz, Barcelona, Málaga y otros puertos en la Península se han animado a hacer sus expediciones... Acostumbradas estas gentes al consumo de géneros, efectos y caldos de Europa, y produciendo el Reyno algunos metales y frutos, era consiguiente que para adquirir lo que echaban de menos y dar salida a lo que tenían de más, se aventurasen al comercio clandestino con las colonias extranjeras vecinas... Una costa dilatadísima y despoblada, con abundantes sur-gideros; un corto número de guardacostas, destituidos de muchos artículos para navegar; una decidida protección de los extranjeros al comercio ilícito, y otras


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circunstancias que dependen de las expresadas, hicieron y harán siempre inúti-les las mejores providencias.

Hasta las medidas promulgadas por los Virreyes para favorecer el poblamiento y desarrollo de las regiones costaneras se prestaron para el fomento del contra-bando. Tal ocurrió, por ejemplo, con las providencias que autorizaron la intro-ducción de ciertas mercancías, a fin de estimular la explotación del palo del Brasil en las costas de Santa Marta y la Goajira. El permiso solo sirvió para que se introdujeran clandestinamente, grandes cargamentos de mercancías extranje-ras, destinados a venderse en el interior del Reyno. Igual cosa ocurrió con la apertura de la vía del Atrato, autorizada para facilitar la exportación del oro del Chocó y de la provincia de Popayán. La apertura de esta vía, tan difícil de vigi-lar por la naturaleza salvaje del territorio, permitió el incremento del comercio ilícito de mercancías inglesas y por la vía del Atrato se comenzó a exportar clandestinamente el oro, a las colonias extranjeras, sin el correspondiente pago del impuesto de |quintos. « En la Nueva Granada - escribía Humboldt en 1801 -la exportación fraudulenta del oro del Chocó se ha aumentado mucho desde que se declaró libre la navegación del Atrato. En vez de llevar el oro en polvo, y aún en barras, por Cali o Mompós, a las Casas de Moneda de Santafé y Popayán, toma directamente el camino de Cartagena y Portobelo, de donde sale para las colonias inglesas. Las bocas del Atrato y del Sinú, donde estuve anclado en el mes de abril de 1801, sirven de depósitos de paso a los contrabandistas... ».

La profundidad estructural de la crisis mercantil terminó por dividir al mismo Gremio de Comerciantes y en los Consulados, como ocurrió en el de Cartagena, se produjeron agrias controversias entre los comerciantes españoles, opuestos a cualquier clase de tráfico con las colonias extranjeras, y los comerciantes crio-llos, inclinados a favorecer el libre comercio, dada la imposibilidad en que se hallaba la Metrópoli para atender al abastecimiento de sus posesiones. Presio-nadas las autoridades por los mercaderes españoles y canarios, les fue imposible mostrar la indispensable flexibilidad y terminaron por adoptar, aún en términos más severos, las drástica medidas que, a su sucesor, sugirió el Virrey Ezpeleta. « El comercio nacional marítimo - escribió en su Relación de Mando - debe fomentarse por medios opuestos a los que han influido en su decadencia; y siendo una verdad demostrada que el numeroso Resguardo no alcanza para ce-lar el contrabando en las muchas leguas de costa despoblada a Barlovento y Sotavento de Cartagena, Santa Marta y Ríohacha, |es indispensable convencer-se de la necesidad de cerrar nuestros puertos a toda comunicación con los ex-tranjeros».

Las severas restricciones impuestas en las Aduanas, la terminante prohibición del comercio de cabotaje y la clausura de la vía del Atrato, causaron unánime indignación entre los comerciantes criollos del Reyno, y de ella quedó constan-cia en el extenso documento escrito por Camilo Torres en 1810, bajo el título "|Motivos... para reasumir los derechos de soberanía". En el texto de esta expo-sición dice Torres: « La pública utilidad se quejaba también de que el gobierno había obstruido todos los canales de la felicidad del Reyno... Cuando España no


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podía suministrar géneros ni efectos para el consumo, vio que se cerraron los puertos al comercio de las potencias neutrales, a pesar de las reclamaciones del Consulado de Cartagena, dando lugar al contrabando, y causando al Erario la pérdida de muchos millones de pesos en los derechos de aduana; que se prohi-bió la salida de las canoas para el Chocó, causando la pérdida de los comercian-tes que tenían acopios de quinas y frutos, con improbación del Consulado; que cuando a repetidas instancias del comercio se abrieron los puertos, se recargó un derecho de un cuarenta y cinco por ciento a los efectos, dejando seguir el contrabando, y fomentando la mala fe, y la inmoralidad de las costumbres... ».

En momentos en que se acentuaban las tensiones propias de la crisis mercantil, nuevos factores de conflicto, originados en el campo agrario, se encargaron de multiplicar los motivos de fricción entre el gobierno colonial y los estamentosacaudalados del Virreinato. Ya el agro granadino no estaba dominado por los Encomenderos y en él había surgido un nuevo tipo de poder social, empeñado en emanciparse de las restricciones que, en reemplazo del antiguo régimen de la Encomienda, se habían promulgado por la Corona para organizar la distribución y el empleo de la mano de obra indígena.

En el Nuevo Reyno la Encomienda había perdido ya su importancia, porque las autoridades no se vieron forzadas, ante las presiones de una aristocracia estre-chamente vinculada a la nobleza española - como ocurrió en México y el Perú -, a adjudicar nuevamente las Encomiendas que revertían a la Corona al vencerse los respectivos plazos de "una vida" o "dos vidas". En la segunda mitad del si-glo XVII y en el curso del siglo XVIII se produjo, por tanto, el gradual traslado de las grandes Encomiendas de manos de los particulares a cabeza de la Corona y los indios encomendados se transformaron paulatinamente en indios de Res-guardo, que habitaban en sus propias tierras y pagaban a la Real Hacienda los tributos que anteriormente daban a los Encomenderos.

En la medida que se reducía el número de las personas beneficiadas con la mer-ced de Encomienda, desaparecían también las modalidades impuestas por dicho régimen a la estructura económica del Reyno y adquiría mayor importancia el llamado "concierto agrario", institución por cuya virtud los indios de Resguardo o de Comunidad estaban obligados a proporcionar, para el cultivo y laboreo de las haciendas, una cuota de trabajadores asalariados, fijada en el cuarto o en el quinto de la población de cada Resguardo. Se puede decir, por consiguiente que el tipo de organización agraria que sustituyó a la Encomienda fue el régimen de las grandes haciendas, formadas por las mercedes de tierras o los remates de realengos, haciendas que sus propietarios trabajaban, de manera principal, con indios |concertados. Como la cuantía de los dichos indios se reducía a las cuo-tas autorizadas por el régimen del "concierto", el cual sólo permitía el |cuarto o el |quinto, no puede' decirse que en el Nuevo Reyno existiera un |exceso de mano de obra disponible para la economía privada, sino una relativa escasez de ella, lo que obligaba a los grandes propietarios a ofrecer salarios atractivos a los indígenas, siempre que deseaban obtener una mayor cantidad de trabajadores de la autorizada por las cuotas mi limitadas del "concierto".


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Ello explica suficientemente la aversión que los grandes magnates de la oligar-quía criolla profesaban a los Resguardos y los numerosos intentos que realiza-ron, en el último tercio del siglo XVIII, para destruirlos. Convencidos de que sólo cuando los indios carecieran de tierra podrían los hacendados disponer de abundancia de mano de obra e imponer a los dichos indígenas las condiciones del alquiler de su trabajo, no hubo recurso a que no acudieran para lograr la quiebra de los Resguardos. Primero se valieron, como ya lo vimos, del Oidor criollo, Moreno y Escandón, a fin de conseguir que las autoridades "demolie-ran" gradualmente los Resguardos del Reyno. Como esta tentativa les falló gra-cias a la decisiva participación de los indios en el movimiento comunero, pron-to se ingeniaron el hábil recurso de proponer a las autoridades la venta de los llamados "sobrantes", a sea de aquellas extensiones de tierra de los Resguardos que no estaban en explotación y se ultilizaban como reservas para el porvenir. Tales "sobrantes" eran entonces considerables porque al adjudicarse, en el siglo XVIII, las tierras a los Resguardos se contempló la necesidad de otorgarles ex-tensiones suficientes no sólo para la labranza y los ensanches futuros, sino tam-bién para garantizar a los indios el dominio de las aguas y de los bosques indis-pensables para proveerse de leña y maderas de construcción. Ello explica por qué en los documentos de la época se habla frecuentemente de la "legua cua-drada", al referirse a la extensión mínima de las tierra de cada Resguardo.

Como la vigencia de este criterio permitió la existencia regular de "sobrantes", el nuevo ataque contra los Resguardos se efectuó por el procedimiento de soli-citar a la Audiencia la venta o el arrendamiento de los dichos "sobrantes", lo que implicaba dar el primer paso para conseguir, como se lograría en el futuro, la total enajenación de las tierras de los indios. A las autoridades no se les esca-paron los móviles de esta solicitud y ello explica la resistencia que opusieron a ella y la doctrina sentada en 1809 por el Fiscal en lo Civil en contra del arren-damiento "porque pueden resultar graves inconvenientes de proceder a arrendar las tierras de los Resguardos contra la voluntad de los indios; o porque resenti-dos causen daños a los arrendatarios y éstos a los mismos indios". Con respecto a la venta de los "sobrantes" dijo el Fiscal Protector en 1809: « Que siendo tan justo como lo es, que ninguno sea despojado de la propiedad, uso y usufructo de sus cosas, si no es por deudas o débito, se sigue que no concurriendo tales cau-sas respecto de los indios, sería hacerles de peor condición que otros cuales-quiera propietarios...

La Corona y sus autoridades delegadas no se mostraron dispuestas, como lo demuestran estos documentos, a permitir que los grandes propietarios del Rey-no resolvieran sus problemas de mano de obra por el fácil sistema de despojar a los indios de sus tierras, a fin de obligarlos, ya reducidos a la miseria, a alquilar su trabajo en las condiciones fijadas por los hacendados. En franca discrepancia con los magnates criollos, las autoridades del Reyno se empeñaron en preser-var, para los indios, las tierras de sus Resguardos, lo cual sólo dejaba a los hacendados el recurso de aumentar los salarios si deseaban contar con una ade-cuada provisión de mano de obra. « Son generales las quejas contra la ociosidad - decía el Virrey Mendinueta en 1803 -; todos se lamentan de la falta de aplica-


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ción al trabajo; |pero yo no he oido ofrecer un aumento de salario y tengo en-tendido que se paga en la actualidad el mismo que ahora cincuenta años o más, no obstante que ha subido el valor de todo lo necesario para la vida, y que por lo mismo son mayores las utilidades que produce la agricultura y otras hacien-das, en que se benefician o trabajan los artículos de preciso consumo. Esta es una injusticia que no puede durar mucho tiempo, y sin introducirme a calcular probabilidades, |me parece que llegará el día en que los jornales impongan la ley a los dueños de haciendas, y éstos se vean precisados a hacer partícipes de sus ganancias a los brazos que ayudan a adquirirlas ». (Relaciones de Mando, pág. 476).

Tensiones de intensidad parecida se presentaban en el sector de la pequeña ma-nufactura y artesanía, cuya organización siguió desde temprano, el modelo de los Gremios medioevales españoles. En los Gremios se refugiaron los indios desplazados de sus tierras y los "oficios" permitieron la supervivencia, en el Nuevo Reyno, de algunos aspectos vitales de la antigua economía indígena. En las etapas iniciales de organización de los Gremios, primó el aporte de la pobla-ción indígena y por ello las clásicas jerarquías de Maestro, Oficial y Aprendiz sólo se utilizaron relativamente para establecer estratificaciones de tipo clasista. Esta situación se modificó, en el siglo XVIII, por el ingreso, a los oficios, de los sectores de desecho de la población criolla y española, que intentaron adueñarse de las altas jerarquías de los Gremios y hasta trataron de introducir una división permanente entre "oficios nobles" - como el de los plateros y armeros - y "ofi-cios bajos", como los de zapatería, sastrería, mueblería, curtiembres, etc. Este conflicto se tradujo en la formación de asociaciones parciales o cofradías de ciertos gremios, las cuales adoptaron, para distinguirse, usos y ceremonias pe-culiares y sus respectivos santos y patronos.

La frecuente interrupción del comercio entre la Metrópoli y los dominios cons-tituyó un eficaz estímulo para el desarrollo y ensanche de las pequeñas manu-facturas y la artesanía nativas, a cuyos productos debieron acudir los pobladores del Reyno por virtud de las permanentes soluciones de continuidad que ocurrían en el comercio de importación de mercancías españolas. Los "oficios" adquirie-ron, por consiguiente, una inusitada importancia y la Corona hubo de enfrentar-se, por primera vez, a los complejos problemas que se derivan de la existencia de una considerable masa de trabajadores urbanos, cuyo sentido de clase y or-ganización en Gremios, se prestaba admirablemente para la formación de una fuerza social revolucionaria. Este peligro se presentó con características seme-jantes en los distintos Dominios de América y ello explica la similitud de los principios adoptados por las autoridades, a fin de reglamentar el funcionamien-to de los Gremios. En 1777 se promulgó, en el Nuevo Reyno, la llamada "Ins-trucción General para los Gremios", la cual perseguía dos objetivos fundamen-tales: someterlos a un eficaz control por parte del Estado y "poner las artes en el mejor estado posible".

Para evitar que el desarrollo del movimiento artesanal desembocara en la crea-ción de una fuerza popular revolucionaria, la "Instrucción" adoptó una serie de


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precauciones, destinadas a impedir que los gremios adquirieran la fisonomía de organizaciones independientes, y siguieran prácticas políticas susceptibles de estimular en sus gentes la conciencia de esa independencia. « Los Gobernado-res, Corregidores y Justicias - dice el artículo 20 de la Instrucción - no permi-tirán que los gremios por sí mismos y sin su noticia y aprobación hagan juntas ni cofradías, formándose estatutos y estableciéndose convenciones que cedan en su perjuicio y en el de la autoridad real ».

Condenaron también las autoridades el establecimiento de privilegios en los Gremios y la exclusión de los indios, los mulatos y mestizos del derecho, a in-corporarse a ellos. « Tampoco permitirán las autoridades - decía el artículo 21-que se fije número determinado de los individuos que deben profesarle (el ofi-cio respectivo), sino que en cada gremio entre todo el que quisiere y se juzgare a propósito... ». « Procurando los artesanos observar este orden y método -agrega el artículo 37 - tendrán estimación con el resto del vecindario, sin que se crea haber entre los oficios la menor diferencia, tomada regularmente por la materia del trabajo, ni que los profesores de un Gremio sean menos honrados que los de otro, pues que el acero o metal, madera o lana sobre que cada uno trabaja no deben constituirle de peor o más baja condición ».

Este tipo de mandatos fueron complementados con oportunas definiciones so-bre la importancia de la artesanía, a fin de contrarrestar los prejuicios de criollos y españoles contra las distintas formas de trabajo manual. « Se hace forzoso desterrar - decía el artículo 41 - el error con que las gentes de otra jerarquía o empleados en las carreras de armas y letras, desprecian a los artesanos, tenién-dolos en concepto de hombres de baja esfera, sin dignarse en su compañía y constituyéndolos en un abatido comercio, reducido al trato entre sí mismos, sin atreverse a ingerirse en las concurrencias o corrillos de aquéllos ni aún en sus diversiones y paseos».

Igual interés mostraron las autoridades en la reglamentación de aquellos aspec-tos de la conducta habitual de los artesanos, en los que se deseaba conseguir una mejora de las costumbres y utilizar los Gremios para mejorar las condicio-nes de vida de sus miembros. Veamos algunos ejemplos: en el artículo 42 de la Instrucción se reglamentó de la siguiente manera, el funcionamiento de los Montepíos y se promulgaron las normas del caso para colectar las cuotas desti-nadas a constituir su capital. «Como todos los Gremios - dice - por lo regular su tener algunos gastos comunes con que por repartimiento se carga a sus indivi-duos, siéndoles muy gravosa tal contribución por no poder los más de pronto y de una vez dar cuatro, seis o más pesos que les corresponde, se prohibe para en adelante semejante método y para subsanar estos gastos que en parte son indis-pensables y ocurrir a ellos con menos detrimento de los artesanos, se formará en cada gremio un Montepío con cuyo caudal se asista a los citados fines y su so-brante se invierta en el mantenimiento de algunas miserables vidas de los mis-mos artesanos, dotes de sus hijas huérfanas y alimento del que por su miserable fortuna o vejez quedase imposibilitado para trabajar.. Para fondo y creación de tal Montepío contribuirá cada Maestro de los que quedaren con ejercicio de


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tales en el padrón que verifiquen los Cabildos con $ 4 por una vez, y en lo suce-sivo todo maestro que tuviere tienda, con cuatro reales mensuales, y el que se examinase de maestro dejará cuatro pesos para tal fondo». Tienen igual interés las disposiciones contenidas en los artículos 29, 32 y 35, cuyos textos dicen: « El uso de las ruanas en estos Reynos es parte muy principal del desaseo; ellas cubren la parte superior del cuerpo y nada le importa al que se tapa ir aseado o sucio en el interior; descalzos de pie y pierna se miran todas las gentes y sólo con la cubierta de la ruana, que aunque en efecto es mueble muy al propósito para cuando se encamina a caballo, debería extinguirse para todos los demás usos, y así los Maestros y padres han de procurar quitarla enteramente a sus discípulos e hijos, haciéndolos calzar y vestir de ropas como sayos, aguarinas o casacas... Habituados los artesanos a la bebida de la chicha o guarapo en estos Reynos, abandonan las obligaciones de su oficio o trabajan en él de mala gana prefiriendo la chichería y el juego de naipes que comúnmente se les proporcio-na en ella. De ahí redunda no sólo la falta en el cumplimiento de su oficio sino que en sus casas renacen querellas por el mal trato que dan a sus mujeres y peor ejemplo a sus propios hijos. No permitirán, pues, los Maestros ni padres que sus discípulos e hijos frecuenten las chicherías... Prohíbese absolutamente el re-prensible abuso que tienen algunos oficios de holgar en días festivos como común dicen |guardar el lunes, por ser corruptela introducida por los Maestros y perjudicial a cada uno de los artesanos».

La Instrucción de 1777 otorgó, también, especial importancia a la protección de las escalas inferiores de los oficios, integradas por los oficiales y aprendices. A fin de evitar los frecuentes abusos de los Maestros se les prohibió expresamente exigir a los aprendices, en pago de la enseñanza del oficio, cualquier clase de trabajo gratuito, al final del período del aprendizaje. «Por los vendedores de cada Gremio - decía el artículo 63 - se tasará el salario que debe tirar el apren-diz luego que empiece a trabajar de oficial, y su paga se obligará al Maestro ». Este tenía, como único privilegio al respecto, el derecho de exigir al aprendiz que trabajara su período de oficialía en el taller de quien le enseñó el oficio. « Todo este tiempo - dice el artículo 61 - ha de estar con el mismo Maestro que lo enseñó...».

Debe reconocerse, sin embargo, que la verdadera hostilidad con los Gremios no provino de las autoridades coloniales, sino de la poderosa oligarquía de comer-ciantes importadores de mercancías españolas y extranjeras, decididamente opuesta a que las gentes del Reyno se acostumbraran al consumo de los produc-tos de la pequeña manufactura y artesanía nativas y se limitara así la posibilidad de ampliar la demanda de mercancías importadas. «En los siglos XVI y XVII -dice Manfred Kossok - el comercio, legal e ilegal, había tendido principalmente a satisfacer las necesidades del estrato social superior, mientras que la masa dé la población americana dependía de la fuerza productiva de la manufactura lo-cal; pero ahora se produjo un vuelco: el capitalismo europeo comenzó a pene-trar en el mercado colonial en toda su extensión, con lo cual atacaba las raíces mismas de la manufactura textil de la América española... Una invasión de tex-tiles, en su mayoría ingleses y alemanes, de Silesia, superó todas las proporcio-


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nes conocidas hasta entonces... Ya en 1782 exigió el Gobernador de Quito que se suprimiera la importación de un setenta y cinco por ciento y se doblaran sus impuestos, para salvar de la ruina la producción autóctona de paños ». El pode-roso núcleo de comerciantes importadores del Nuevo Reyno inició su ataque frontal contra la organización gremial de la artesanía y la pequeña manufactura, utilizando los argumentos allegados contra los Gremios medioevales por los ideologos de la burguesía europea. El uso de este tipo de doctrinas se prestó desde entonces para crear los más graves confusionismos sobre la naturaleza y los objetivos económicos que realmente se perseguían, de manera que aun hoy los historiadores se inclinan a considerar el proceso de eliminación de los Gre-mios en la América española como un fenómeno equiparable al que permitió, en Euro la destrucción de los Gremios medioevales. Esta hipótesis no concuer-da con la realidad histórica y las dos situaciones, en manera alguna, pueden parangonarse. Los Gremios del Viejo Mundo fueron liquidados porque ellos llegaron a constituir un obstáculo por su control de la mano de obra y sus regu-laciones monopolísticas de los oficios - para el desarrollo de una economía in-dustrial, centrada en la |fábrica. Ello justifica suficientemente la eliminación de los Gremios europeos, los cuales fueron sustituidos por un tipo de organización superior de las fuerzas productivas. Pasar del |taller a la |fábrica implicaba un progreso real, el cual fue posible por la existencia previa de una clase económi-ca, capaz de crear una auténtica |industria nacional.

Distinto era el caso en la América española. En ella no se trataba de sustituir el taller por la fabrica, los oficios por la gran industria, sino de eliminar los focos de la producción nativa, a fin de ampliar la demanda de mercancías extranjeras. Las consecuencias, por tanto, serían diametralmente opuestas. En Europa la eliminación de los gremios y la consiguiente formación de una poderosa indus-tria significaron auténticos factores de liberación nacional; en la América espa-ñola, la quiebra, provocada deliberadamente, de la pequeña manufactura y de la artesanía, sólo serviría para aumentar su dependencia colonial de los mercados mundiales. Los comerciantes importadores, que durante la etapa de dependen-cia de España fueron el instrumento operativo de una economía colonial, debían cumplir idéntica función al producirse la Independencia, con la sola variante de que ya no actuarían como servidores del monopolio español sino como vehícu-lo, igualmente eficaz, del monopolio mercantil y financiero de las potencias anglosajonas. Su interés, con respecto al fomento de la economía nativa, se re-ducía a estimular la exportación de metales preciosos y materias primas tropica-les, a fin de aumentar los medios de pago internacional requeridos para mante-ner el ritmo del comercio de importación. Ello permite comprender por qué, en los últimos lustros del siglo XXVIII los comerciantes más destacados del Nue-vo Reyno, como don José Acevedo y Gómez - quien era Diputado del Comer-cio de Santafé - realizaron visibles esfuerzos para ensanchar la exportación de materias primas tropicales, como quinas, cacao, algodón, palo del Brasil, añil, etc., esfuerzos que los pusieron en contacto con las deficiencias que aquejaban a la Metrópoli, ya no en su carácter de |vendedora, sino de |compradora.


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Los precios en España no eran muy atractivos en comparación con las cotiza-ciones ofrecidas por los comerciantes o contrabandistas ingleses y holandeses de las Antillas, y a ello se sumaban los riesgos que corrían los frutos tropicales embarcados en la marina mercante española, cuyos barcos estaban sujetos a los frecuentes ataques de los piratas y de las naves de guerra de las potencias riva-les. Tales circunstancias no constituían, propiamente, un estímulo para que los comerciantes granadinos se decidieran a enviar sus cargamentos a la Metrópoli, cuando podían. venderlos clandestinamente, con mayores beneficios, a las co-lonias extranjeras. Así se comprende que los renglones de exportación del Rey-no aumentaron pronto el margen del comercio de contrabando, obligando a las autoridades a multiplicar las medidas restrictivas y a llegar hasta el extremo de prohibir terminantemente el comercio de cabotaje en las costas del Caribe. Na-da tiene, pues, de extraño que los núcleos dirigentes de la oligarquía mercantil criolla se inclinaran, paulatinamente, a considerar la dependencia de España no como un beneficio sino como una fuente de intolerables limitaciones, como una asociación forzada que ofrecía escasas compensaciones a los americanos. Basta saber que don José Acevedo y Gómez el 19 de julio de 1810, víspera del día en que habría de asumir el papel de "tribuno" del pueblo", le decía a don Antonio Villavicencio en carta personal: « Ciento veinte mil pesos, fruto de veinte años de trabajo, me hizo perder el gobierno a principio de la guerra con Inglaterra por que no hubo arbitrio de que este Virrey nos permitiese ni aún el comercio de cabotaje, y en tres años las quinas se perdieron y se cayó su estimación en Europa; los cacaos se pudrieron, y los algodones que el monopolio peninsular me obligaba a mandar a Cádiz, fueron presa de un enemigo poderoso en el mar ».

Debe reconocerse no obstante, que la inconformidad manifestada por los núcle-os dirigentes de la oligarquía criolla, estaba muy lejos de ser el reflejo de un sentimiento unánime. Una lucha sorda, subterránea, se libraba entre los distin-tos estamentos de la sociedad granadina, los cuales no mostraban idéntico entu-siasmo ante la eventualidad de una inmediata y tajante ruptura con la nación española. Al tiempo que los comerciantes y hacendados juzgaban ventajosa esa ruptura, entendiendo que ella les permitiría establecer el comercio libre, liquidar los Resguardos de indios y adoptár un tipo de instituciones políticas, como las anglosajonas, designado admirablemente para garantizar el monopolio del po-der por una oligarquía económica, en, los estratos populares de la población eran notorias las dudas, porque los indios tenían sobrados motivos para mirar con temor la captura del Estado por los grandes propietarios criollos y los arte-sanos no ocultaban su alarma ante la perspectiva de una futura hegemonía de los comerciantes importadores de manufacturas extranjeras. Por su parte, los esclavos, los mestizos, los mulatos y, en general, las clases desvalidas del Rey-no se resistían a creer que su propia miseria y los males que aquejaban al Vi-rreynato tendrían su cura milagrosa cuando el poder de |mandar y |legislar ca-yera en manos de los patricios criollos, quienes sólo aguardaban la oportunidad propicia para entrar a saco en el complejo andamiaje construido por las Leyes de Indias para proteger a los humildes y a los desvalidos.


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Sólo así pueden comprenderse las razones profundas que indujeron, a la postre, a los estratos populares de las sociedades americanas a combatir, en las prime-ras fases de la guerra de Independencia, tan decididamente en defensa de la Corona. Este hecho, mal comprendido por los historiadores hispanistas y por los republicanos, se explica como la legítima reacción del pueblo ante los fran-cos esfuerzos que realizó la oligarquía criolla, hasta el momento en que apare-ció Simón Bolívar, para reducir el movimiento emancipador a la calidad de un chico pleito, destinado a convertir sus negocios en leyes y sus intereses en polí-tica nacional.

En la medida que se tambaleaban los pilares del orden antiguo, el piso social de la América española adquiría esa movilidad dinámica en la que se engendran las grandes revoluciones. Todo era posible en aquella atmósfera de crisis en cuyo ámbito el estamento criollo se disponía a discutir a los españoles el mono-polio del poder político, pero también a no tolerar que el pueblo les discutiera a los grandes señores de la oligarquía criolla el monopolio del poder económico.


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EL DERRUMBE DE LA AUTORIDAD POLITICA DE ESPAÑA

EL ULTIMO símbolo del Imperio. - La influencia francesa. - Napoleón. - Crisis de la Monarquía española. - Bayona. Los derechos dinásticos de Fernando VII. - Junta Central de Sevilla. - La Constitución napoleónica - Igualdad de dere-chos entre la Metrópoli y los Dominios. - El "Memorial de Agravios". - Los criollos rechazan la dominación francesa. - Actitud de las autoridades colonia-les. - La Independencia se planea contra Francia. - Conflicto entre los criollos y la Audiencia. - Rebelión de los Marqueses. - Desacuerdo del Virrey y la Au-diencia. - La Virreyna y Rosillo. - Se aproxima la crisis. - El ejemplo de los Comuneros. -Nariño o la Revolución. - Camilo Torres o la Fronda de los Ca-bildos. - Los "descendientes de don Pelayo". - La hora decisiva.

LOS AÑOS finales del Siglo XVIII se encargaron de demostrar que España tenía poco que ofrecer, en el campo económico, a los Dominios americanos. Su potencialidad industrial no correspondía ya a las demandas de los mercados de Ultramar y su economía había dejado de operar como un mercado atractivo para la producción exportable de América. Llegó el momento, por lo tanto, en que los hechos económicos dejaron de ser vínculos y se convirtieron en factores separatistas, en que los precios, los mercados, la capacidad de compra y de ven-ta se atravesaron, como grandes soluciones de continuidad, entre la Metrópoli y sus Dominios.

Sobre las fronteras que dibujó la economía sólo pudo perdurar la antigua auto-ridad política de la Corona, cuyo profundo arraigo en los pueblos hispanoame-ricanos sirvió para contrarrestar, en aquella hora de crisis, la eficacia aislante de los hechos económicos. Los Borbones fracasaron, es verdad, en su empeño de sujetar el desarrollo de los Dominios a las pautas de la decadente economía metropolitana, pero los vínculos intangibles, personificados en la Corona, con-tinuaron operando como poderosa fuerza de gravedad que anulaba las múltiples tendencias de dispersión. La realidad histórica del pasado de mostraba poseer una consistencia que le permitía disputar el terreno, palmo a palmo a las exi-gencias no muy precisas del porvenir.

Los hechos brutales de la política mundial se iban a en cargar, sin embargo, de derrumbar este último factor aglutinante, porque la Revolución francesa en-gendró en Europa un nuevo y formidable poder y la dinámica expansiva del mismo, estaba destinada a destruir las últimas soldaduras simbólicas que pro-longaban difícilmente la vida del Imperio Español. Desde el momento en que Bonaparte se convirtió, con todas sus limitaciones, en el vocero de los radicales cambios ocurridos en la Revolución, en España se produjo una nueva distribu-ción de las fuerzas políticas y Napoleón fue mirado como el símbolo de un or-den nuevo, como la esperanza de quienes ambicionaban libertarse de las férreas ataduras del pasado. No fue por obra del acaso que un pintor revolucionario, como Goya, sintió tan franca admiración por Bonaparte.


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La influencia de Napoleón en España se vio reducida, no obstante, desde el momento en que su conflicto con la burguesía británica la forzó a organizar el bloqueo continental. Como España y muy particularmente Portugal constituían entonces una de las vías principales de penetración del comercio inglés en el Continente, y sus vastos imperios coloniales representaban un factor decisivo en la lucha por la hegemonía mundial, Napoleón se vio precisado a contemplar la necesidad de incorporar estas áreas geopolíticas a la zona de influencia del Imperio francés y las gestiones diplomáticas realizadas en este sentido determi-naron profundos cambios en la opinión peninsular. Las generosas ideas de la Revolución Francesa, que anteriormente despertaron grandes simpatías en el pueblo español y en sus intelectuales artistas, perdieron muchos de sus atracti-vos desde el momento en que se las identificó con la hegemonía política de Francia. La firma del Tratado de Fontainebleau, que autorizó el paso, por terri-torio español, del ejército francés destinado a ocupar a Portugal, causó grande indignación en le Península y quienes lo negociaron - el Rey Carlos IV y su Ministro Manuel Godoy -, fueron objeto de severas críticas.

Debe reconoeerse, no obstante, que la importancia de la oposición organizada contra la política de la Corona, tuvo mucho que ver con las características indi-viduales de los personajes que actuaron como voceros de esa política. Carlos IV era la personificación exacta de los Déspotas Ilustrados de la Casa de Borbón, tan pródiga en reyes degenerados, vanidosos e ineptos. Como le fastidiaban los negocios del Estado, entregó insensiblemente el gobierno a don Manuel Godoy, hombre de agudo talento pero de escasos escrúpulos, quien se aproximó a las gradas del trono sin otro título que el de ser el amante de la Reina María Luisa, esposa de Carlos IV. Godoy se esforzó por salvar a España de la crisis que pre-sentía cercana, pero su insaciable apetito de honores y su poca delicadeza per-sonal se encargaron de desprestigiar sistemáticamente las soluciones que su talento ideó en los momentos decisivos. Rodeado de la hostilidad y el menos-precio de la nobleza española, detestado por el príncipe Fernando, heredero del trono, Godoy se vio precisado a rodearse de un partido de válidos y parásitos, quienes le apoyaban en la medida que el favorito les permitía enriquecerse a costa del Tesoro Público. Obligado a defender una posición que todo el mundo le discutía, no tuvo manera de atender con regularidad los negocios del Estado, y la eficaz oposición de Fernando, alimentada por el odio que dicho príncipe profesaba a su padre Carlos IV, logró paralizar los esfuerzos realizados por el Ministro para convenir un "modus vivendi" con el Imperio napoleónico, lo mismo que las medidas que éste imaginó, como último recurso, cuando juzgó inevitable la invasión francesa. Godoy pensó en trasladar la Corte española a México y este proyecto sirvió de pretexto a Fernando para estimular una serie de graves perturbaciones del orden público, que obligaron a Carlos IV a desti-tuir a su Ministro y finalmente a abdicar la Corona en favor del Príncipe herede-ro, quien ascendió al trono con el título de Fernando VII.

Las rencillas y rivalidades de la familia real española, llevaron a Napoleón a formarse una idea errada sobre el carácter del pueblo español y convencido de que las autoridades peninsulares, tal como estaban constituidas, no le ofrecían


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seguridad bastante de que ellas se opondrían eficazmente a la penetración ingle-sa en el Continente, decidió deponer a los Borbones y colocar en el trono de España a una persona de su confianza. Contando con la antipatía que se profe-saban Carlos IV y su hijo Fernando VII, consiguió convencerlos de que se en-trevistaran, bajo su patrocinio, en Bayona y allí se cumplió una de las escenas más vergonzosas de la historia de España. Sólo con trabajo consiguió Bonaparte contener su repugnancia ante los cargos que respectivamente se formularon padre e hijo y ante las sórdidas intimidades familiares que allí se revelaron. El odio mutuo de los dos monarcas permitió a Napoleón obtener que Fernando le devolviera la Corona a su padre, en el entendido de que éste procedería inme-diatamente, como lo hizo, a abdicar del trono español en favor del Emperador de Francia. Una vez protocolizadas las abdicaciones, Bonaparte ofreció el trono español a su hermano José, quien lo aceptó en momentos en que los ejércitos franceses completaban la ocupación militar de los principales puntos estratégi-cos del norte de la Península.

Como Napoleón no ignoraba que la hegemonía francesa sobre España sólo tendría un valor relativo mientras ella no comprendiera el inmenso imperio co-lonial de América, imperio que Inglaterra miraba con codicia, el 15 de mayo de 1808 ordenó a su Ministro de Negocios Extranjeros, Conde de Champagny, dirigir una comunicación urgente a cada uno de los Virreyes y Capitanes Gene-rales de los dominios americanos, informándoles de los hechos cumplidos en Bayona, ofreciéndoles la seguridad de que continuarían en sus cargos y hacien-do hincapié en que la soberanía de España no sufriría mengua por su estrecha alianza dinástica con el Imperio francés. La nota de Champagny, dirigida a las autoridades de América el 17 de mayo, decía: « Señor tengo la honra de enviar a usted el informe de los sucesos que han ocasionado la renuncia de la Corona por S.M. el Rey Carlos IV, el príncipe de Austria y todos los príncipes de la familia real, quienes la han cedido con todos sus derechos a S.M. el Emperador de los franceses, Rey de Italia... La independencia de España, la integridad de su territorio, la unidad de su religión le quedan garantizados... Persiguiendo este fin fue que el Emperador llamó al trono de España a su hermano José Napo-león, Rey de Nápoles y Sicilia, quien por instantes debe llegar a Madrid. El Emperador confía en la lealtad de usted para secundar sus intenciones. El nuevo Soberano confirma a usted en el cargo que desempeña, confiando al mismo tiempo al honor y al patriotismo de usted la seguridad y guardia de la Colonia por Ud. gobernada... La dinastía ha cambiado, pero la monarquía subsiste.

Usted debe considerar a honor y deber defender la parte de este depósito a usted confiada, e impedir que una monarquía tan bella pierda una sola de sus precio-sas posesiones... La noticia que comunico a Ud. señor, debe ser conducida por buques españoles, enviados de Cádiz por el actual gobierno de España; pero el Emperador ha considerado conveniente comunicarla al mismo tiempo a Ud. por otras vías, a fin de que usted no se encuentre, por un solo momento, en la incer-tidumbre de la conducta que debe seguir».


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Mientras Napoleón se ocupaba del destino de las posesiones americanas, el pueblo español daba su respuesta inequívoca a los escandalosos hechos ocurri-dos en Bayona. Desde el día 23 de mayo de 1808 se produjeron levantamientos populares en muchas provincias y el grito de ¡Viva Fernando VII y abajo los franceses! se convirtió en la bandera que enarbolaron las multitudes para defen-der la Independencia nacional. Espontáneamente se constituyeron, eh las Pro-vincias, Juntas "con servadoras de los derechos de Fernando VII", y en los campos aldeas surgieron ejércitos improvisados, guerrillas de la gleba, armadas de viejos fusiles e instrumentos de labranza. La rebelión se extendió rápidamen-te por toda la Península, sin que bastaran los regimientos franceses para reducir, a límites manejables, aquel formidable despertar de las energías de un pueblo abandonado por sus Reyes y menospreciado por sus ineptas clases dirigentes.

Napoleón no concedió la importancia debida a la espontánea resistencia que se le ofrecía en España y, el 6 de junio de 1808, reunió, en Bayona, a un numeroso grupo de nobles de burgueses españoles y ante ellos promulgó el Decreto Impe-rial en el cual otorgaba oficialmente la Corona a su hermano José y ofrecía a España una Constitución de rasgos liberales, en cuyo Título X se declaraba que "los Reves y provincias españolas de América y Asia, tendrán los mismos dere-chos que las provincias españolas". El texto de dicho Título estaba cuidadosa-mente calculado para conseguir la simpatía de América y los efectos del mismo no se hicieron esperar. El día 8 de julio de 1808, eminentes personalidades de los dominios firmaron, en la Capital española, el Acta famosa en la que ofrecían su adhesión y acatamiento al Rey José en las ceremonias celebradas ese día participaron activamente varios granadinos, encabezados por el Conde de Casa Valencia y don Francisco Antonio Zea. Para dirigir la palabra al lluevo Monar-ca fue comisionado el señor Zea y los términos de su discurso revelan el impac-to causado, en el ánimo de los americanos residentes en España, por las prome-sas liberales de Napoleón. «Los representantes de vuestros vastos dominios de América - dijo Zea al Rey José - no contentos con haber tributado a V.M., en unión con la Metrópoli, el homenaje debido a su soberanía, se apresuran a ofre-cerle el de su reconocimiento por el aprecio que V.M. ha manifestado hacer de aquellos buenos vasallos en cuya suerte se interesa tan vivamente. de cuyas necesidades se ha informado y cuyas largas desgracias han conmovido su co-razón paternal. Olvidados de su gobierno, excluidos de los altos empleos de la Monarquía, privados injustamente de la ciencia y de la ilustración y, por decirlo todo de una vez, compelidos a rehusar los dones que les ofrece la naturaleza con mano liberal, ¿podrían los americanos dejar de proclamar con entusiasmo una Monarquía que los saca del abatimiento y de la desgracia, los adopta por hijos y les promete la felicidad? No, señor. No se puede dudar de los sentimien-tos de nuestros compatriotas - los americanos - por más que los enemigos de V.M. se lisonjean de reducirlos; nosotros nos haríamos reos a su vista; todos unánimes nos desconocerían por hermanos y nos declararían indignos del nom-bre americano, si no protestáramos solemnemente a V.M. su fidelidad, su amor y su eterno reconocimiento».


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Aunque importantes sectores de la nobleza y de la burguesía españolas no in-gresaron en las filas del partido francés, esos sectores se mostraron visiblemente temerosos de que la heroica resistencia del pueblo pudiera desembocar, a la postre, en una revolución social y por ello se apresuraron a constituir autorida-des provisionales a fin de impedir que el pueblo, después de pagar su cuota de sangre pudiera reclamar los beneficios de la nacionalidad, por cuya superviven-cia había combatido. Así nació el 25 de agosto de 1808, la famosa Junta Cen-tral, cuya sede hubo de trasladarse a Sevilla para ponerla fuera del alcance de los ejércitos franceses. En esta Junta se inició una sorda lucha entre el pueblo español y las caducas oligarquías peninsulares y « desde el principio - dice el historiador Vásquez Fraile - se manifestaron en ella dos tendencias: una dirigida por el Conde de Floridablanca, |enemiga de reformas y partidaria del antiguo régimen, y otra, inspirada por Jovellanos, que pedía la convocatoria de Cortes. Prevaleció el primer criterio y la Junta se dedicó a publicar proclamas y mani-fiestos y a dar disposiciones extrañas a la guerra ». Enfrentada la Junta de Sevi-lla al revolucionario Título X de la Constitución dada por Bonaparte a España, título que reconocía a las Colonias los mismos derechos que a la Metrópoli, no tuvo más remedio que otorgar concesiones semejantes y afirmar en un célebre Manifiesto que los Dominios no son "propiamente colonias o factorías, como las de otras naciones, sino una parte esencial e integrante de la Monarquía espa-ñola". Con el mismo espíritu defensivo, la Junta dio por canceladas la diferen-cias entre España e Inglaterra y celebró un Tratado de alianza con la Gran Bre-taña, a fin de adelantar conjuntamente la guerra contra Napoleón. Mediante este Tratado se abrieron los puertos de América a la flota de guerra inglesa y se asignó a dicha flota la misión de defender las costas americanas contra cual-quier amenaza naval francesa. Desde entonces comenzó Inglaterra a valerse de las dificultades de España para arrancarle concesiones y minar profundamente la influencia de su aliado en tierras americanas. El sentido de la política británi-ca lo definieron las instrucciones enviadas algún tiempo después, por el jefe del Foreign Office, Marqués de Wellesley, al Embajador inglés en España: « Los servicios que Su Majestad - le decía - ha podido prestar a España hasta ahora no tienen otros límites que los recursos del Reyno. Pero es evidente que cesará todo apoyo si no se nos proporcionan recursos adicionales. |Estos recursos con-sistirán, sobre todo, en abrir a los súbditos de Su Majestad los grandes ramos del comercio con las colonias de España. Hacedlo entender así en los términos más claros ».

Sería un error suponer que la Junta de Sevilla obró sinceramente al promulgar a última hora, la doctrina de la igualdad de derechos entre los Dominios y la Metrópoli. Esta doctrina tuvo todas las características de un simple acto de pro-paganda y así se encargó de demostrarlo la misma Junta en el momento en que se vio compelida a precisar la participación que estaba dispuesta a reconocer a los Dominios en el gobierno de la Metrópoli. Cuando los americanos confiaban en que se les permitiría enviar a la Junta Central un número de representantes equiparable al de las provincias de España, dado que la población de los Domi-nios era igual o superior a la de la Metrópoli, sólo les reconoció una representa-ción subalterna, que se determinó en el Reglamento promulgado para establecer


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las circunscripciones electorales de América. De acuerdo con dicho Reglamen-to, la representación total de los Dominios se redujo a nueve diputados, en mo-mento en que las provincias de España estaban representadas por treinta y seis diputados. « La Junta Central - dice el historiador Restrepo - disponía que cada uno de los Virreynatos y Capitanías Generales independientes nombraran un diputado para la Junta. La injusticia no podía ser más clara; provincias peque-ñas de España habían elegido dos diputados, y los vastos Reynos de América, el de México por ejemplo, que tenía la mitad de la población de la Península, so-lamente enviaría uno ».

A los Cabildos correspondió asumir la personería del descontento que se suscitó en América por el injusto tratamiento otorgado a los Dominios y en Santafé se resolvió, por los Regidores de su Cabildo, conferir instrucciones especiales al Diputarlo electo del Reyno granadino, don Antonio de Narváez, para que solici-tara, al llegar a España, la convocatoria de Cortes y diera a conocer a la Junta de Sevilla los términos que, en concepto del Cabildo, debían servir de pauta a las futuras relaciones entre la Metrópoli y sus Dominios. Las instrucciones fueron firmadas por don Gregorio Gutiérrez Moreno, Síndico Procurador del Ayunta-miento, y sus apartes principales decían: « Que siendo el origen funesto de las calamidades que sufre la Monarquía el abuso con que se ha depositado en los Ministros toda la autoridad soberana, que han ejercido tirana y despóticamente en agravio de nuestras antiguas leyes constitucionales que lo prohiben, el Exce-lentísimo señor Diputado pedirá el cumplimiento de estas mismas leyes, con la protesta de que se reconoce y jura al Soberano (Fernando VII), bajo la precisa condición de que él también jura su obediencia y se sujeta a las variaciones y adiciones que el tiempo y las circunstancias hagan conocer como necesarias a juicio de las Cortes. Que éstas deben quedar permanentemente establecidas con el objeto ya indicado, constituyendo un cuerpo que tenga una verdadera repre-sentación nacional y en que se le dé igual parte a la América que a la España. Que debiendo ser una, igual y uniforme representación de ambas, no reconocerá el Señor Diputado de este Reyno superioridad alguna respecto de las de la Península; antes, por el contrario, sostendrá su representación americana con igual decoro al de la española, reclamando al efecto la pluralidad de los votos de ésta respecto de los de aquélla ».

El Cabildo creyó conveniente, también dirigir una "Representación" a la Junta de Sevilla y para redactarla se comisionó a uno de los capitulares, a don Camilo Torres, quien elaboró el famoso documento conocido en nuestra historia con el nombre de "Memorial de Agravios". Por razones que se ignoran, el Cabilclo no acogió dicho escrito cuando se le presentó, y al decir de José María Cárdenas, descendiente del señor Torres, « el Cabildo se intimidó cuando le fue presenta-do el proyecto de la Representación y resolvió archivarla. Luego que se efectuó la transformación política (de 1810), se pensó más de una vez en imprimirla y dificultades del momento lo impidieron siempre; de lo cual resultó que se con-servara inédita en todos los seis años de la primera época ».


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Aunque el "Memorial de Agravios" no tuvo efectos políticos de importancia en su época y sólo lo conocieron contadas personas, su texto sirve, mejor que cualquier otro documento, para precisar la profundidad de los cambios que es-taban operándose en el clima político de América y la altiva resolución que tenían los criollos de intervenir en el gobierno de los Dominios, alegando sus títulos de descendientes de los conquistadores y de herederos legítimos de la hegemonía que ellos establecieron sobre las poblaciones aborígenes de Améri-ca, a las que miraban con mayor menosprecio que sus mismos antepasados. «El Ayuntamiento de la Capital del Nuevo Reyno de Granada - dice Torres en el "Memorial" - no ha podido ver sin un profundo dolor que, cuando de las pro-vincias de España, aún las de menos consideración, se han enviado dos vocales a la Junta Suprema Central, para los vastos, ricos y populosos dominios de América, sólo se pida un diputado de cada uno de sus Reynos y Capitanías Ge-nerales, de modo que resulte una tan notable diferencia como la que va de nue-ve a treinta y Seis... América y España son dos partes integrantes y constituyen-tes de la Monarquía Española y bajo este principio y el de sus mutuos y comu-nes intereses jamás podrá haber un amor sincero y fraterno sino sobre la reci-procidad e igualdad de derechos. Las Américas, señor, no están compuestas de extranjeros a la nación española. Somos hijos, somos descendientes de los quehan derramado su sangre por adquirir estos nuevos dominios de la Corona de España, que han extendido sus límites y le han dado en la balanza política de la Europa una representación que por sí sola no podía tener. |Los naturales (los indios), conquistados y sujetos hoy al dominio español, son muy pocos o son nada, en comparación de los hijos de europeos que hoy pueblan estas ricas posesiones... Así, no hay que engañarnos en esta parte; tan españoles somos como los descendientes de don Pelayo, y tan acreedores por esta razón a las distinciones, privilegios y prerrogativas del resto de la nación española, como los que, salidos de las montañas, expelieron a los moros y poblaron sucesiva-mente la Península. Con esta diferencia, si hay alguna: que nuestros padres, como se ha dicho, por medio de indecibles trabajos y fatigas descubrieron, con-quistaron y poblaron para España este Nuevo Mundo. Seguramente que no de-jarían ellos por herencia a sus hijos una odiosa distinción entre españoles y americanos, sino que, antes bien, creerían que con su sangre habían adquirido un derecho eterno al reconocimiento, o por lo menos, a la perpetua igualdad con sus compatriotas... ¿Diez o doce millones de almas que hoy existen en estas Américas recibirán la ley de otros diez o doce millones que hay en España, sin contar para nada con su voluntad? ¿ Les impondrán un yugo que tal vez no querrán reconocer? ¿Les exigirán contribuciones que no querrán pagar?... ¿Teméis el influjo de la América en el Gobierno?... ¿Y, por qué lo teméis?... Si es un gobierno justo, equitativo y liberal, nuestras manos contribuirán a soste-nerlo. El hombre no es enemigo de su felicidad. Si queréis inclinar la balanza al otro lado, entended que diez o doce millones de almas con iguales derechos, pesan otro tanto en el plato que vosotros formáis. |Más pesaban sin duda siete millones que constituían la Gran Bretaña europea que tres que apenas formaba la Inglaterra americana; y con todo la justicia cargada de su parte inclinó la balanza ».


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La importancia de este tipo de exigencias y reclamos pasó a un segundo plano de interés, no bien comenzaron a conocerse en América los desastres de las fuerzas españolas enfrentadas a los ejércitos de Napoleón. La ocupación de Madrid, la caída de Zaragoza y la pérdida, por las armas españolas, de las deci-sivas batallas de Ocaña, Alba de Torrens y Tamanes, no pudieron ocultarse a los americanos por mucho tiempo, no obstante que las autoridades coloniales se sirvieron de todos los medios, incluyendo la violación de la correspondencia, la censura y el registro de buques, para evitar que tales desastres se divulgaran. A principio de 1809 se conocía ya en las principales capitales de América - inclu-yendo Santafé - la desesperada situación de las fuerzas españolas y pocos duda-ban que la Península sería sojuzgadá por los franceses y el Rey José se afianzar-ía sólidamente en el trono de España. Así se planteó en América el problema que tan decisivas repercusiones tendría en el futuro político del Nuevo Mundo. ¿Se someterían los Dominios, en caso de triunfar Napoleón, a la dinastía impe-rial francesa, representada por el Rey José? ¿Se resignaría América, una vez sojuzgada la nación española, a continuar formando parte de una Metrópoli sometida al Imperio francés? Tales preguntas, que fatalmente debieron formu-larse tanto los Virreyes y Capitanes Generales como las personalidades más destacadas de la casta criolla, determinaron reacciones opuestas en los dos es-tamentos. La burocracia española entendió, desde el primer momento, que la vigencia de sus cargos y de su autoridad sobre las Colonias dependía de la suje-ción de ellas a la Metrópoli, |cualquiera que fuera la dinastía reinante. En esta decisión los acompañaron los peninsulares residentes en América, cuyos privi-legios dependían de la intangibilidad de los vínculos de dependencia colonial. Se comprende, por tanto, que el Virrey del Nuevo Reyno de Granada, don An-tonio Amar y Borbón, no vacilara en declarar, en sus conversaciones íntimas, que « América seguirá la suerte de la Metrópoli y se sujetará a la dominación de cualquiera que reinase en España».

Tal era la contingencia que no estaban dispuestos a correr los criollos, a cuyas manos pasó entonces la defensa de las tradiciones Ellos no rechazaron la in-fluencia francesa, que América venía padeciendo desde el ascenso de la dinastía Borbónica al trono de España, sino la influencia de la Revolución Francesa, personificada, con todas sus limitaciones, en Napoleón. La propaganda de los ideólogos de la Revolución contra la esclavitud era motivo de visible alarma entre los grandes propietarios criollos del Nuevo Reyno y la Capitanía General de Venezuela, y «entre los negros - dice Carlos Pereira - corría la voz de que esta casta omnipotente (la criolla) había secuestrado una Real Cédula que abolía la esclavitud. Por otra parte, de los salones de los blancos bajaban a las chozas de los negros, libres y esclavos, los rumores de una gran Revolución efectuada en Francia y en Haití. La ley de los franceses, decían, emancipaba al esclavo y daba el poder político al negro ». Parecidos temores sentían los criollos ante la posible influencia de las ideas y prácticas anti-religiosas de la Revolución Fran-cesa, y así se comprende la frecuencia con que acusaban a las autoridades colo-niales de poner en peligro "nuestra amada religión", permitiendo la influencia disociadora del ateísmo francés.


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Nada tiene, pues, de extraño, que los núcleos dirigentes de la oligarquía grana-dina, particularmente en Santafé, se hubieran convertido en los defensores apa-sionados de los derechos dinásticos de Fernando VII y que, dando pruebas de mayor lealtad a la nación española que las propias autoridades coloniales, redu-jeran sus esfuerzos a exigir de la Monarquía una completa igualdad de derechos con los españoles y la formación en América, de acuerdo con las tradiciones forales de España, de un tipo de gobierno en el que tuvieran plena representa-ción los "patricios" de las sociedades americanas. Tal fue la doctrina que te-nazmente sostuvieron don Camilo Torres y los más destacados abogados deSantafé, y ella inspiró la política del estamento criollo durante todo el lapso en que las noticias de Europa permitieron abrigar alguna esperanza de que el pue-blo español defendería su independencia.

Esta situación se modificó, explicablemente, cuando se conocieron los desastres de las fuerzas españolas, lo cual obligó a los americanos a reconocer que no estaba lejana la fecha en que José Bonaparte reinaría de manera regular en la Metrópoli. Fue esta indeseable eventualidad, y no el odio a España como suele decirse, la razón que obligó a los |patricios criollos a considerar la posibilidad de la Independencia, concebida no como un movimiento para libertarse de Es-paña sino de Francia, de la Francia de la Revolución, que simbolizaba Bona parte. « Asegurad vuestros puertos - diría Camilo Torres - y no déis entrada por ahora a los enemigos de Europa. Napoleón no os hará la guerra con soldados franceses. Enemigos españoles serán los que él enviará a sujetaros, no con fusi-les y bayonetas sino con seducciones y engaños. |La Constitución napoleónica será un contagio funesto, que apestará nuestros pueblos. Perseguidla, quemad-la y quemad vivo al que quiera introducirla, o publicarla entre nuestros her-manos. Los más distinguidos oficiales del ejército enemigo vendrán a sorpren-dernos, disfrazados de hortelanos, peluqueros y aún cocineros. Nada les parece ruín y vil a estas gentes seductoras, como consigan dividir las opiniones, propa-gar la Constitución napoleónica y engañar a los incautos ». Fue la amenaza de la Francia revolucionaria la que aceleró la crisis, puso término a las indecisio-nes y dos consignas célebres resumieron, en América, las tendencias de los dis-tintos intereses en juego. Los funcionarios españoles dijeron: « Los franceses antes que la emancipación » y los criollos respondieron: « La emancipación antes que los franceses ».

El Capitán Beaver, enviado por aquellos días a Tierra Firme por el Almirante de la flota británica, con base en las Barbadas, remitió a su superior un informe concebido en los siguientes términos: « Creo poder aventurarme a decir que ellos - los criollos - son en extremo leales y apasionadamente adictos a la raza española y a la Casa de Borbón; y que mientras haya alguna probabilidad de volver Fernando VII a Madrid, permanecerán leales a la madre patria. Pero si tal cosa no sucediera pronto creo afirmar, con igual certidumbre, que se decla-rarán independientes. Esta gente aspira, para uno u otro caso, pero particular-mente en el último, a una alianza con Inglaterra... Los franceses son detestados.. ».


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En mayo y junio de 1809 llegaron a Santafé, con el acostumbrado retardo, al-gunas gacetas inglesas y el correo de la Península, y así se supo en la ciudad que los ejércitos españoles estaban empeñados en una desesperada resistencia en las proximidades de Cádiz, último baluarte, al parecer, de la Junta Central. « El 3 de junio aperecieron fijados - dice Monsalve - varios pasquines en las puer-tas del Palacio Virreynal, en la casa del Oidor de Alba, en los puentes de la ciu-dad y en otros lugares públicos, en que se pedía la organización de las milicias y medidas de precaución contra un posible tumulto de los franceses residentes en la ciudad ». Los Oidores de la Audiencia comprendieron que estaba próxima la hora en que debían tomar decisiones trascendentales y procedieron a disponer la ejecución de las medidas de seguridad indispensables para conservar el con-trol político y militar del Virreynato, a fin de no correr el riesgo de ser sorpren-didos por una rebelión cuando se cumpliera el total sojuzgamiento de la Penín-sula por los ejércitos franceses. « Hechuras de Godoy - dice Camilo Torres -tramaban asegurar todas las provincias a su partido. Desconfiados de que los americanos entrasen en sus ideas, arrancaron de los gobiernos y corregimientos a todos los patricios para sustituirlos por europeos de su partido... ».

Como la visible intención de las autoridades coloniales era obligar a los Domi-nios a correr la suerte de la Metrópoli, cualquiera que ella fuera, uno de los primeros movimientos subversivos en que se comprometieron los criollos, el cumplido en Quito el 10 de agosto de 1809, se adelantó con la con signa de "no dejarse sorprender por el enemigo (los franceses), que se aproximaba ya a los puertos marítimos de España y que de repente podía dar un salto a América". El pronunciamiento de Quito fue un típico golpe de Estado de la aristocracia crio-lla quiteña, dirigida por el Marqués de Selva Alegre, el Marqués de Solanda, el Marqués de Villa Orellana y el Marqués de Miraflores, quienes consiguieron el apoyo, para deponer a las autoridades, de las escasas fuerzas militares que exist-ían en la ciudad. El Presidente de la Audiencia, Conde Ruiz de Castilla, fue aprisionado, lo mismo que los Oidores, y el gobierno pasó a manos de los mar-queses quiteños, sin efusión de sangre. Se constituyó una Junta Suprema de Gobierno, encabezada por los cuatro marqueses, Junta que juró "obediencia y fidelidad a Fernando VII, no reconocer jamás la dominación de Bonaparte y conservar en su unidad y pureza la Religión Católica".


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EL 20 DE JULIO DE 1810

CONVOCATORIA de las Cortes. - Los Comisionados Regios. Antonio Vi-llavicencio. - Pacificación con nombramientos bien remunerados. Las medidas de persecución de la Audiencia. - Hacia la Junta de notables. -Historia de un florero. - El 20 de julio. - Morales y Llorente. - Anarquía y saqueo. - Un pueblo sin objetivos políticos. - Lucha desesperada de Ace-vedo Gómez. - Los notables se esconden. - Fracasa el movimiento de la oligarquía. - José María Carbonell, el verdadero prócer del 20 de julio. -El pueblo salva la revolución - Las campanas al aire. - ¿Cabildo Abierto o Junta de Notables? - El Virrey negocia con la oligarquía. - El vanidoso retórico de la oligarquía. - Los pactos del 20 de julio. - Gobierno conjun-to del Virrey y los patricios criollos. - Reconocimiento de Fernando VII y el Consejo de Regencia. - Se trazan las fronteras visibles entre el puebla y la oligarquía frondista.

LA OCUPACION de Andalucía por los ejércitos franceses obligó a la Junta Central de Sevilla a desbandarse y parte de sus miembros, reunidos en la Isla de León bajo amparo de la flota británica, constituyeron un Consejo de Regen-cia, compuesto de cinco vocales, y a continuación convocalas Cortes del Reyno para que ellas afrontaran la historica crisis que vivía la Península.

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El estamento criollo constituía el centro del poder económico en la ciudad y ello explica sus periódicos conflictos con las autoridades, conflictos que se ma-nifestaban en las frecuentes discrepancias del Gobernador y el Cabildo, conver-tido en feudo político de las familias representativas de la oligarquía criolla: los García de Toledo, los Díaz Granados, los Ayos, los Castillo y Rada y los Gutié-rrez de Piñeres. Tales discrepancias se acentuaron, como era fácil prever, al conocerse en Cartagena los adversos desarrollos de la crisis española y los crio-llos trataron entonces de forzar al Gobernador, don Francisco Montes, a com-partir el poder con ellos, a aceptar la asesoría administrativa y política de los Regidores del Ayuntamiento. Algunos más audaces, llegaron, inclusive a pro-poner la constitución de una Junta de Gobierno, formada por los grandes seño-res del estamento criollo y el Gobernador, sin conseguir otra cosa que ahondar el conflicto con Montes, quien se denegó categóricamente a permitir la limita-ción de sus atribuciones jurisdiccionales. Esta negativa obligó a los criollos a examinar la posibilidad de abrir las puertas a la colaboración del pueblo en el conflicto, al tiempo que una fracción, dirigida por Germán Gutiérrez de Piñeres, se inclinaba a pedir el concurso de la barriada de Getsemaní y de los esclavos negros. En esta discrepancia influyó la vieja rivalidad que existía entre Cartage-na y la Villa Mompós, Villa a la cual estaban vinculados los Gutiérrez de Piñe-


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res, pero ello no resta trascendencia a la aparición de un partido popular en Car-tagena, partido que reflejaba, no obstante la extracción patricia de sus dirigen-tes, las aspiraciones de los desposeídos. y que habría de desempeñar un papel decisivo en la declaración de Independencia.

Cuando la pugna entre el grupo dominante de la oligarquía criolla y la fracción que comandaban los Gutiérrez de Piñeres estaba en sus principios y había resta-do no poca eficacia a la oposición contra el Gobernador, llegaron a Cartagena los Comisionados Regios, cuyas amplias miras en pro de los americanos les ganaron general simpatía y les otorgaron autoridad bastante para actuar como jueces en el conflicto entre el Cabildo y el Gobernador. Villavicencio se sirvió de las amplias facultades de que estaba investido para promover importantes cambios en favor de los criollos y obtuvo del Gobernador Montes, no sin gran-des trabajos, que aceptara las exigencias de García Toledo, a fin de debilitar, por este medio, al partido de Gutiérrez de Piñeres, cuya evidente peligrosidad no se ocultó al Comisionado Regio. El 22 de mayo de 1810 se acordó, por tan-to, que "el Gobernador continuaría en la administración de la República en unión del Cabildo" y se designaron dos miembros del Ayuntamiento para aseso-rar a Montes en las cuestiones fundamentales de la Administración. Protocoli-zado este acuerdo, se prestó en Cartagena el solemne juramento de obediencia al Rey don Fernando VII y al Consejo de Regencia.

Satisfecho Villavicencio del éxito dé sus gestiones, procuró enterarse, por dis-tintos conductos, del estado general del Reyno, y cuando dispuso de suficientes elementos de juicio, elaboró una serie de informes para el Consejo de Regencia, en los cuales formulaba severos cargos a las autoridades coloniales y se solida-rizaba con la inconformidad manifestada por los criollos en los últimos años. Su informe del 24 de mayo de 1810, por ejemplo, tenía las características de un Memorial de Agravios y sus principales recomendaciones se concretaban a pe-dir el nombramiento, en los altos cargos de la Administración colonial, del Marqués de San Jorge, don Camilo Torres, Frutos Joaquín Gutiérrez, Ignacio de Pombo, Joaquín Camacho, Eloy Valenzuela, José María Castillo y Rada, Fran-cisco José de Caldas y Miguel Díaz Granados. El Comisionado Regio juzgaba, indudablemente, que el malestar del Reyno desaparecería al otorgarse preben-das bien remuneradas a las personalidades eminentes de la oligarquía criolla.

Si la llegada de Villavicencio a Cartagena disminuyó las graves tensiones polí-ticas que existían en esa plaza, su retardo en ella hizo posible que en Santafé tomara inesperadas proporciones el conflicto que enfrentaba al Cabildo capita-lino y a las autoridades virreinales. Al señor Amar y Borbón y a los Oidores noles causaron gracia ninguna las condescendencias de Villavicencio con los ame-ricanos y decidieron anticipar las medidas de represión policiva que habían ideado para reducir a la impotencia al partido criollo. Su plan, como el plan del Conde Ruiz de Castilla en Quito, fue procesar, por traidoras a la Corona, a las principales personalidades del. estamento criollo, a fin de colocar a Villavicen-cio y Montúfar ante hechos cumplidos y obligarlos a asumir la responsabilidad, si insistían en entenderse con los criollos, de tratar con individuos juzgados por


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el grave delito de traición. Para el efecto, los Oidores Alba y Frías elaboraron una numerosa "lista" de las personalidades que debían ser detenidas y con el mayor sigilo se comenzaron a instruir los procesos, a fin de tenerlos listos en el momento oportuno.

Como los criollos ignoraban la conjura que estaba fraguandose contra ellos en las esferas del Gobierno, esos días daban muestras de su gran alborozo por la próxima llegada de Villavicencio, cuyas cartas les permitían esperar confiada-mente en que el Comisionado Regio los apoyaría en sus reclamos contra el Vi-rrey y la Audiencia. Ello explica por qué en el mes de junio de 1810 se creó en Santafé una situación bien paradojal: al tiempo que las autoridades coloniales discutían sobre la validez de las credenciales del representante de la Metrópoli y ni siquiera pensaban en organizar los festejos acostumbrados para estos casos, los grandes señores criollos, sindicados de rebeldes, no disimulaban su regocijo por la venida del Comisionado y hacían alardes del gran banquete que se prepa-raban a ofrecer a Villavicencio en casa de don Pantaleón Santamaría, la más lujosa residencia particular de Santafé. Hasta el mismo alojamiento del emisario de la Regencia se convirtió en materia de disputa, porque los criollos se resistie-ron a permitir que fuera huésped de un español, de don Lorenzo Marroquín, y ello explica la siguiente carta, dirigida por Acevedo Gómez a Villavicencio: Este pueblo le decía está muy incomodado de que Vuestra Merced haya resuel-to venir a apearse a casa de un particular. Creo que el Cabildo se verá precisado a suplicar a V.M. oficialmente que evite semejante comprometimiento y venga a vivir solo en la que le dispuso Ugarte, o en la que habito yo actualmente que es bastante regular, pues me la pidió el Alcalde ».

En los primeros días del mes de julio se enteraron los criollos, por la indiscre-ción de un funcionario del Real Acuerdo, de la existencia de la famosa "lista" de las personas que debían detenerse preventivamente y de los procesos cuya instrucción se confió a los Oidores Alba y Frías. Aunque sólo conocieron los primeros nombres de la lista, ello fue bastante para alarmar a quienes se habían expresado contra las autoridades y tantos se sintieron amenazados y esperaron escuchar en las puertas de sus casas los broncos golpes de las alabardas de los alguaciles que súbitamente se acabó en la capital el optimismo que despertó la anunciada llegada de Villavicencio. Los más destacados dirigentes del partido criollo trataron, de establecer la fecha de su arribo a la Capital y para su deses-peración sólo pudieron obtener noticias confusas de las cuales parecía deducirse que Villavicencio se encontraba todavía en Cartagena. Si el pánico y el derro-tismo no se apoderaron totalmente de los criollos, ello se debió al oportuno co-nocimiento que se tuvo en Santafé de las insurrecciones ocurridas en Caracas y Pamplona, insurrecciones que terminaron en el derrocamiento de las autorida-des locales y en su reemplazo por Juntas "conservadoras de los derechos de Fernando VII". La solución de una Junta de Gobierno en Santafé se convirtió, para los notables, por tanto, en la única alternativa que podía salvarlos de las medidas decretadas por la Audiencia, y esta común aspiración dio, paulatina-mente un carácter más definido a sus actividades políticas. En carta dirigida por Acevedo Gómez a Villavicencio, el 29 de junio de 1810, le decía:


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« Cada instante que corre hace más necesario el establecimiento de la Junta Superior de Gobierno, a imitación de la de Cádiz y compuesta de diputados elegidos por las provincias, y |provisionalmente por el Cuerpo Municipal de la Capital ».

En casa de Acevedo Gómez se celebraron frecuentes reuniones de los principa-les personeros del estamento criollo y la consideración del problema que a to-dos incumbía, puso entonces de manifiesto las diferentes opiniones y los distin-tos temples de carácter. La hija de Acevedo presenció muchas de las escenas cumplidas en su hogar y más tarde, valiéndose de sus recuerdos, hizo un relato de ellas, relato en el cual puso, en labios de su padre, las siguientes frases: «Muchas conferencias hemos tenido los patriotas, y mil pareceres contradicto-rios se han emitido en nuestras juntas. |El fogoso Carbonell quería un golpe atrevido; Lozano ha aconsejado proposiciones al Virrey; |Camilo Torres quiere que se pidan terminantes y prontas explicaciones al gobierno español; Herrera aconsejaba una asonada ruidosa que intimidase a los gobernantes, y que en caso de correr la sangre de éstos, se mirase este hecho como un castigo ejemplar y una justa venganza; Benítez quiere que se indague con más atención la opinión pública, y no falta quien aconseje un sangriento atentado.

Pronto descubrieron los participantes en dichas juntas que la casa de Acevedo estaba vigilada y ello los forzó a buscar un lugar de reunión menos expuesto. Como don Francisco José de Caldas desempeñaba el cargo de Director del Ob-servatorio Astronómico y de él nada sospechaban las autoridades, se consiguió que autorizara la reunión de los jefes del partido criollo en la torre del Observa-torio, y ello explica por qué, en los días 17 y 18 de junio de 1810, se efectuaron en la oficina de Caldas, en medio de herbarios, libros de cálculo matemático e instrumentos de observación astronómica, las célebres juntas en las cuales se decidió la suerte del Nuevo Reyno. De ellas fueron cuidadosamente excluidos quienes no compartían la idea de reducir el movimiento a la simple captura del poder por los notables del Cabildo de Santafé, y el problema tratado exhausti-vamente en el Observatorio fue el de encontrar la manera de utilizar al pueblo de la Capital, cuyo concurso se juzgaba necesario, para contrarrestar una posi-ble intervención de las milicias, sin tener que adelantar campañas de agitación social, que los magnates criollos, recordando la experiencia de los Comuneros, juzgaban singularmente peligrosas, y sin adquirir compromisos políticos con la "plebe", tan menospreciada por ellos. Libres del estorbo de Nariño, quien insis-tió siempre en la necesidad de deponer a las autoridades con un auténtico levan-tamiento popular, los principales personeros de la oligarquía criolla, - José Mi-guel Pey, Camilo Torres, Acevedo Gómez, Joaquín Camacho, Jorge Tadeo Lo-zano, Antonio Morales, etc. - pudieron consagrarse a idear la táctica política de que se servían para provocar una |limitada y transitoria perturbación del orden público, que habría de permitir al Cabildo capturar el poder por sorpresa y to-mar a continuación las providencias indispensables para el pronto restableci-miento del orden, de manera que el pueblo no pudiera desviar el movimiento de los rumbos que la oligarquía, pensando sólo en sus intereses, trataba de darle anticipadamente. La ocasión era propicia para este género de proyectos, porque


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los abusos de poder cometidos por las autoridades habían deteriorado conside-rablemente su prestigio y los patricios criollos, en su calidad de víctimas, se ganaron una simpatía transitoria, con que no contaron en épocas anteriores y que les sería de gran utilidad en las jornadas decisivas que se aproximaban.

Fue don Antonio Morales quien se encargó de sugerir la manera de utilizar, en favor de la causa, la visible impopularidad del Gobierno, y a propuesta suya se decidió promover un incidente con los españoles, a fin de crear una situación conflictiva que diera salida al descontento potencial que existía en Santafé con-tra los Oidores de la Audiencia. Morales manifestó a sus compañeros que ese incidente podía provocarse con el comerciante peninsular don José González Llorente y se ofreció gustoso a intervenir en el altercado, porque profesaba, por cuestiones de negocios, una franca animadversión al español. Como los nota-bles criollos no disponían de muchas alternativas, la sugerencia de Morales fue aceptada y. se decidió ejecutar el proyecto el próximo viernes, 20 de julio, fecha en que la Plaza Mayor estaría colmada de gentes de todas las clases sociales, por ser el día habitual de mercado. Para evitar la sospecha de provocación deli-berada se convino en que don Luis Rubio fuera el veinte de julio a la tienda de Llorente a pedirle prestado un florero o adorno para decorar la mesa del anun-ciado banquete a Villavicencio y que en el caso de una negativa desobligante, los hermanos Morales procedieran a agredir al español. A fin de garantizar el éxito del plan si Llorente convenía en facilitar el florero o se negaba de manera cortés, se acordó que don Francisco José de Caldas pasara a la misma hora por frente del almacén de Llorente y le saludara, lo cual daría oportunidad a Mora-les para reconvenirle por dirigir la palabra a un "chapetón" enemigo de los ame-ricanos y dar así comienzo al incidente.

Tal era, sin embargo, la parte secundaria del plan, como se encargaron de ad-vertirlo don José Acevedo Gómez y Camilo Torres. Para ellos, como para la mayoría de los asistentes a las juntas del Observatorio, lo importante era conse-guir que el Virrey, presionado por una intensa perturbación del orden, constitu-yera ese mismo día la Junta Suprema de Gobierno, presidida por el mismo se-ñor Amar e integrada por los Regidores del Cabildo de Santafé. Todos los es-fuerzos de los conjurados debían dirigirse, por tanto, a evitar que dicha pertur-bación se prolongara más de lo indispensable, para no correr el riesgo de que el pueblo adquiriera conciencia de su fuerza, como la adquirió durante la revolu-ción de los Comuneros, y pretendiera imponer un orden político difícil de con-trolar por los procuradores de la oligarquía criolla. Como se contaba, por antici-pado, con el endeble carácter del Virrey, la principal preocupación de los conju-rados fue la posible resistencia de las milicias de la Capital y por ello se ordenó al Capitán Antonio Baraya, pariente de los principales conjurados, estorbar cualquier intervención de dichas milicias durante la asonada y se le advirtió que debía estar listo para contribuir al restablecimiento del orden, no bien accediera el Virrey a autorizar la constitución de la Junta de Gobierno. El propio don Ca-milo Torres se encargó de definir el sentido de la decisión tomada por los patri-cios criollos en aquella hora crítica: « En tal conflicto - escribió Torres - recu-rrimos a Dios, a este Dios que no deja perecer la inocencia, a este nuestro Dios


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que defiende la causa de los humildes; nos entregamos en sus manos; adoramos sus inescrutables decretos; |le protestamos que nada habíamos deseado sino defender su santa Fe, oponernos a los errores de los libertinos de Francia, conservarnos fieles a Fernando, y procurar el bien y libertad de la patria». (Motivos... septiembre 25 de 1810).

El 19 de julio transcurrió en aparente calma y los conjurados se limitaron a es-perar, con intensa ansiedad, la hora decisiva. Don José Acevedo Gómez se en-cerró en su casa y ese mismo día escribió una carta a Villavicencio, en la cual le decía: « Dios quiera que llegue Vuestra Merced a tiempo de poder conjurar la tempestad, que lo dudo, así como desconfío de tener el gusto de abrazarle, pues mi vida está acechada por todas partes, como las de otros ciudadanos... Dígnese V.M. echar una mirada de interés y compasión sobre mi desgraciada familia, que ha sido víctima del bárbaro y despótico sistema colonial en que nos han tenido. Ciento veinte mil pesos, fruto de veinte años de trabajo, fatigas y peli-gros, me hizo perder el Gobierno a principio de la guerra con Inglaterra, porque no hubo arbitrio de que este Virrey nos permitiese ni aún el comercio de cabota-je, y en tres años las quinas se perdieron y se cayó su estimación en Europa; los cacaos se pudrieron, y los algodones que el monopolio peninsular me obligaba a mandar a Cádiz, fueron presa de un enemigo poderoso en el mar ». (19 de julio de 1810).

La Capital del Nuevo Reyno de Granada debía transformarse en pocas horas, en el escenario de magnos acóntecimientos políticos y conviene conocer, por tanto, las características urbanas y la vida de la vieja Santafé, de la Santafé de 1810, en la cual iba a decidirse, en un histórico conflicto, el destino futuro de nuestro pueblo. « Pequeña - dice Raymundo Rivas - es aún el área que ocupa Santafé de Bogotá que apenas si mide una milla de norte a sur. Por el oriente, al pie de los montes que la defienden de las brisas heladas de los páramos, y donde nacen los ríos San Agustín y San Francisco y las quebradas el Chuncal, el Manzanares, San Bruno y Monserrate, que la surten de aguas cristalinas, principian las calles en las que se extiende al costado de la iglesia de la Candelaria, cortada realmen-te en sus extremos por los dos citados riachuelos. Una docena de manzanas se prolonga hacia el poniente, cuyo límite, pasando por la carnicena y la Huerta de Jaimes, en cuyo extremo principal las ubérrimas praderas de la Estanzuela, ter-mina en la plaza de San Victonino, en la cual se ofrece la iglesia consagrada al mártir, y se tiende el puente, punto inicial de donde arranca la amplia calzada que iniciara un oidor de amores desgraciados, y se prolonga a través de la saba-na melancólica que brinda dos cosechas anuales. Siguen las escasas mansiones por la vía de la Alameda hasta dar con el templo de Nuestra Señora de Las Nie-ves - por cuanto la plazuela queda excluida del perímetro oficial - templo cuya espadaña, por sobre las campiñas y otro angosto puente, mira a lo lejos, ya en el camino que lleva a Tunja, la Recoleta de San Diego con su capilla de la Virgen del Campo... La corriente del San Agustín cierra en verdad la capital por el sur, si bien algunas mansiones quieren formar barrio en torno de la iglesia de Santa Bárbara, cuyas campanas saludan a las del monasterio de San Miguel del sabio obispo de Hipona, y a las más humildes de las ermitas de Egipto, Belén y Las


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Cruces... Cuatro plazas cortan la monotonía de las calles tiradas a cordel. La de San Francisco aparece recortada por la capilla del Humilladero. En la Mayor, el chorro parlanchín del Mono de la Pila interrumpe el silencio casi habitual; le-vanta la casona de la Real Audiencia su pesada arquitectura, con los tres venta-nales de la sala mayor sobre el ancho portón coronado de inscripción latina sen-tenciosa y balcones sobrepuestos; busca amparo a su lado la cárcel grande, des-de una de cuyas ventanillas piden limosna al transeúnte los presos que aguardan el fallo de los jueces y, profanando la seriedad de sus vecinos, plebeya chichería se acurruca a su lado, y se interpone entre la mansión donde los señores Oidores llenan sus obligaciones y el cuartel de milicias ampara a los escogidos para ser-vir al Rey. En los otros costados de la plaza, la Catedral que empieza a surgir de sus escombros, el Sagrario, la casa de correos, los pilares del incendiado palacio de los virreyes y unas cuantas casas particulares cierran el espacio en donde alternan los ruidos del mercado semanal, el aparato de las ejecuciones y casti-gos que se cumplen con teatral solemnidad, los gritos de regocijo de quienes participan en las diversiones, aristocráticas unas como las cuadrillas de caba-llos, populares otras como las tradicionales fiestas de toros.

« Con sus ocho barrios: Catedral, El Príncipe, Palacio, San Jorge, Oriental, Oc-cidental, San Victonino y Santa Bárbara, separados en algunos de sus límites por cinco puentes de sencilla fábrica, la Capital del Nuevo Reino de Granada presenta modesta apariencia, y su prestigio se sustenta sólo en el lustre que le imprime la escogida sociedad. En sus veinte mil almas escasas, cuya mitad no alcanza a blancos a quienes califica un geógrafo de la Corte de hábiles e inge-niosos, de buena estatura y aspecto, pero flemáticos y pausados, quinientos reli-giosos de ambos sexos ponen con sus hábitos una nota de austeridad en el am-biente, y ochocientos esclavos, sobre cuyo abatido caminar se cierne el peso de la miseria, |proclaman la rígida separación, constante e infranqueable, de las clases sociales ».

El 20 de julio de 1810, hacia las once de la mañana, la plaza mayor estaba col-mada por una heterogénea concurrencia, compuesta de tratantes y vivanderos, indios de los Resguardos de la Sabana y gentes de todas las clases sociales de la Capital. Aunque los conjurados tenían la resolución de correr todos los riesgos, hacia las diez de la mañana convocaron el Cabildo, y, a propuesta de algunos Regidores, que insistían en recomendar una conducta prudente y en que se ago-taran las medidas conciliatorias antes de acudir a hechos revolucionarios, se decidió comisionar a don Joaquín Camacho para que, a nombre del Ayunta-miento, se trasladara al Palacio Virreynal y solicitara a don Antonio de Amar la formación de una Junta de Gobierno, presidida por él e integrada por el Cabildo y los patricios designados por el mismo Cuerpo Capitular. El desarrollo y resul-tados de esta gestión los describe, el mismo señor Camacho en el "Diario Polí-tico": « Cansado el ilustre Ayuntamiento - dice - de pasarle oficios respetuosos (al Virrey) en pie hacía ver la desconfianza de los pueblos para con los funcio-narios del gobierno, de recordarle las medidas que habían tomado las provincias de Cartagena, Pamplona, y últimamente la del Socorro con sus gobernadores y corregidores, y de pedir a una Junta compuesta de los diputados de los Cabildos


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del Reyno, le mandó el día 20 de julio, entre 10 y 11 de la mañana, una diputa-ción para convenir verbalmente sobre las medidas que debían tomarse en cir-cunstancias tan urgentes y tan críticas. El asesor del Cabildo, don José Joaquín Camacho fue el encargado de sostener esta conferencia. Así que se impuso Amar del objeto de esta misión se denegó abiertamente; instado por segunda vez con razones victoriosas, se indignó y con un aire feroz respondió: |

"Ya he dicho ».

El rechazo de una gestión "que habría salvado a este Virrey", según agrega Ca-macho, privó de sus último escrúpulos a los vacilantes y los Regidores se dis-persaron discretamente, a fin de cumplir las consignas que se les habían asigna-do en las juntas del Observatorio. Poco antes de las doce del día, como estaba previsto, se presentó don Luis de Rubio en el almacén de Llorente y después de hablarle del anunciado banquete a Villavicencio, le pidió prestado el florero para adornar la mesa. Todo parece indicar que Llorente se negó a facilitar el objeto pedido, pero no existe prueba de que su negativa hubiera sido dada en términos despectivos o groseros. El comerciante español era un hombre de avanzada edad y de muy mala salud, y ello hace más verosímil la versión de quienes afirman que se limitó a explicar su negativa, diciendo que "por haber prestado la pieza otras veces se iba maltratando y perdía su valor". Sólo la in-tervención de Caldas, quien pasó por frente del almacén y saludó a Llorente, permitió a don Antonio Morales tomar la iniciativa y formular duras críticas a Caldas por dirigir la palabra a "este sastrezuelo que ha dicho mil cosas contra los criollos". Morales y sus compañeros comenzaron entonces a gritar que el comerciante español había dicho a Rubio: «Me c... en Villavicencio y en los americanos », afirmación que Llorente negó categóricamente, al tiempo que se dirigía al interior del almacén para evitar un altercado. Morales "le siguió hasta dentro del mostrador y hartó de palos a Llorente, que por pura casualidad es-capó vivo de entre las manos de éste", según afirma un relato de la época».

Mientras el comerciante peninsular era golpeado por Morales, los principales conjurados se dispersaron por la plaza gritando: ¡Están insultando a los ameri-canos! ¡Queremos Junta! ¡Viva el Cabildo! ¡Abajo el mal gobierno Mueran los bonapartistas! era de preverse, los primeros tumultos se formaron en los alrede-dores del almacén de Llorente y sólo la oportuna intervención del Coronel José María Moledo, Comandante de uno de los Regimientos de la Capital, consiguió salvar la vida al español. Con gran trabajo logró Moledo llevarlo a la casa de don Lorenzo Marroquín, mientras la conmoción se intensificaba en la plaza.

El sentido que espontáneamente tomó la ira de la multitud, compuesta de indios y blancos, patricios y plebeyos, ricos y pobres, indica los extremos de impopu-laridad en que habían caído las autoridades y particularmente los Oidores de la Audiencia. Las turbas se precipitaron sobre las casas de los Oidores Alba y Frías y del Regidor Infiesta y "rompieron a pedradas las vidrieras, forzaron las puertas y todo lo registraron", dice el "Diario Político". Sus dueños sólo pudie-


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ron salvarse refugiándose en los zarzos ó saltando por las tapias a las residen-cias vecinas.

El Virrey, las autoridades militares y los españoles, contemplaron atónitos ese súbito y violento despertar de un pueblo al que se habían acostumbrado a me-nospreciar, y la maquinaria del Estado se inmovilizó desde el momento en que la magnitud de la emergencia hizo imprescindible que fuera el Virrey quien tomara las decisiones para afrontarla. Mientras la marejada popular adquiría las dimensiones de una tormenta revolucionaria, el señor Amar y Borbón escucha-ba en Palacio, sin poder resolverse, las opiniones de la Virreyna, quien le solici-taba ordenar la salida inmediata de las tropas a la plaza y los juicios del Oidor Jurado, recientemente llegado a Santafé, quien le aconsejaba buscar un com-promiso con la oligarquía criolla y romper francamente con los Oidores Alba y Frías. Como todos los hombres débiles, el Virrey sólo trató entonces de evitar que sus subalternos tomaran decisiones que pudieran echar sobre sus espaldas la sombra de alguna responsabilidad. Cuando el Coronel Sámano le pidió per-miso para sacar las tropas y los cañones a la plaza, agregando que se compro-metía a dominar en pocos minutos el tumulto, el Virrey le respondió con la prohibición expresa de tomar ninguna medida de carácter militar, negativa que desmoralizó a la oficialidad española y le comunicó el complejo de temor que dominaba al mandatario. De esta manera se facilitó la tarea del Capitán Baraya, quien en el Batallón Auxiliar y en el Parque de Artillería, pudo fácilmente ga-narse a muchos de los oficiales, arguyendo, como lo hacían los patricios criollos en la plaza, no era ésta una insurrección contra España, sino un acto de legítima defensa de la patria española contra unas autoridades corrompidas, que tenían el proyecto de entregar el Reyno a Napoleón y a los "libertinos de Francia".

Como a la heterogénea multitud, cuya ira se desató el 20 de julio, no se le seña-laron objetivos políticos ni un programa de acción revolucionaria, sino que re-pentinamente se estimularon sus resentimientos contra las autoridades, fue in-evitable el rápido desborde de la violencia vindicativa contra las personas y propiedades de los Oidores, y esa violencia adquirió caracteres dramáticos en la medida en que las turbas se daban cuenta de que no se les ofrecía resistencia por parte de las tropas. Después de saquear las casas de los principales funcio-narios de la Audiencia, los amotinados se dirigieron contra las tiendas y alma-cenes de los comerciantes españoles, y al cabo de una hora de desenfreno eran pocas las puertas, ventanas y vidrieras del comercio peninsular que no mostra-ban las huellas de la piedra y el garrote. Hacia las tres de la tarde la situación tomó visos más alarmantes, porque las multitudes comenzaron a olvidarse de las autoridades y la dinámica de la miseria y de la injusticia las indujo a pres-cindir de toda distinción, de manera que los magnates criollos de la Capital te-mieron, con sobrada razón, que pronto les llegaría el turno de sufrir el impacto de la inconformidad popular. Hacia las cuatro de la tarde los patricios criollos habían renunciado a permanecer en las calles y se habían ocultado en sus casas, pensando los unos en salvar sus vidas y los más en proteger sus bienes.


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La violencia de las turbas no tuvo entonces las proyecciones revolucionarias que era de esperarse, porque gran parte de La gleba que intervino en esta prime-ra fase del conflicto estaba formada por indios y vivanderos de las poblaciones de la Sabana, que debían regresar a sus pueblos al atardecer. Ello explica por qué, hacia las cinco de la tarde, la presión multitudinaria había cedido y tanto en la plaza como en las calles era menor la concurrencia. Después de asaltar las residencias y almacenes, los indios y vivanderos comenzaron a dejar la ciudad y en las vías de salida se advertía la aglomeración que anteriormente tuvo su epi-centro en la Plaza Mayor y calles adyacentes. « Todo dice Acevedo Gómez en su relato de los sucesos del 20 de julio era confusión a las cinco y media: |los hombres más ilustres patriotas, asuztados por un espectáculo tan nuevo, se habian retirado a los retretes más recónditos de sus casas. Yo preví que aque-lla tempestad se iba a calmar, después de que el pueblo saciase su venganza derramando la sangre de los objetos de su odio y que a manera del que acalora-do por la bebida cae luego en languidez y abatimiento, iba |a proceder un pro-fundo y melancólico silencio, precursor de la sanguinaria venganza de un go-bierno que por menores ocurrencias mandó cortar las cabezas del cadete Rosillo y de Cadena ».

La convicción de que el movimiento estaba a punto de fracasar, de quedar redu-cido a "un profundo y melancólico silencio", indujo a Acevedo Gómez, quien era el más firme y valeroso de los jefes de la oligarquía criolla, a salir de su casa « dejando - dice - a mi desolada familia sumergida en el llanto y en el dolor ». Inmediatamente se encaminó al edificio del Ayuntamiento, con la intención de invitar a los Regidores a reunirse en Cabildo y resuelto a arengar al pueblo para evitar su total dispersión. Ya en el edificio del Cabildo, sólo consiguió reunir a don Miguel de Pombo, a don Manuel de Pombo, don Luis de Rubio, el secreta-rio Meruelo y el Coronel José María Moledo y, en un esfuerzo desesperado por salvar el movimiento, salió al balcón del Cabildo, llamado "La Cazueleta", y pronunció una elocuente arenga pidiendo al pueblo no olvidar que "la suerte de todo el Reyno dependía del resultado que tuviese este movimiento de la Capi-tal". De esta manera trataba de ganar tiempo y de mantener reunidos a algunos grupos de gentes en la plaza, pues no se le ocultaba que el Virrey y las autori-dades sólo esperaban el momento en que acabara de desbandarse la gente para reasumir el control del orden público. La difícil situación a que se hallaba en-frentado Acevedo hacia las seis y media de la tarde la describe el español don Manuel María Fardo, testigo ocular, en su famosa relación de los Sucesos del 20 de julio: «En medio de la oscuridad de la hora - dice - me pareció ver al Re-gidor don José Acevedo, tan acérrimo revolucionario como V.S. sabe, dando fuertes palmadas sobre la baranda |para llamar la atención de algunos pocos de la plebe que habían quedado por allí y se iban retirando ya; les gritaba que no se fueran, pues importaba más que antes su reunión y permanencia para lo que aún faltaba. Seguidamente, con el breve intermedio de completar el alumbrado del balcón y de hacer agolpar debajo a los referidos plebeyos, entre quienes se veían andar algunos individuos de poca mayor esfera, como tenderos y reven-dedores, amagando y conteniendo a los que intentaban dejar el puesto, o pasan-


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do rehusaban tomarlo en el montón, principió Acevedo desde arriba a perorar-les... ».

El tribuno comprendió que debía aprovechar el resto de entusiasmo que aún se advertía entre el limitado grupo de gentes situadas en las proximidades del Ca-bildo y procedió a poner en ejecución la parte vital del proyecto acordado en las juntas del Observatorio. Se declaró investido del carácter de "tribuno del pue-blo", carácter que le habían otorgado pequeños grupos de amigos suyos cuando salió de su casa y desde el balcón de "La Cazueleta" comenzó a designar las personas que debían formar parte de la nueva Junta del Gobierno del Reyno. « Principió Acevedo desde arriba - relata Fardo - a perorarles y proclamar una caterva de |sujetos de viso para miembros o vocales de la Junta que dijo debía e iba a establecerse y a encargarse del Supremo Gobierno, nombrando uno por uno y esperando que los del pelotón, precedidos y guiados de las voces sobresa-lientes de algunos que después me dijeron había entre ellos confabulados con el proclamador y sus comitentes, prestasen, levantando como levantaban una con-fusa, indistinta y destemplada gritería, su aprobación y con descendencia sobre cada proclamado ».

Tal fue el procedimiento que se empleó el 20 de julio para constituir la famosa Junta de Gobierno, Junta integrada por Acevedo, en su mayoría, con personas que no se habían aproximado siquiera al lugar de los acontecimientos. Por ex-clusiva voluntad suya y de acuerdo con lo decidido en las Juntas del Observato-rio fueron nombrados para vocales de dicha Junta, don José Miguel Pey, enton-ces Alcalde ordinario de primer voto, don José Sanz de Santamaría, Tesorero de la Real Casa de Moneda; don Manuel de Pombo, Contador de la misma; don Camilo Torres, Luis Caycedo y Flórez, Miguel de Pombo, Juan Bautista Pey, Arcediano de la Catedral; don Frutos Joaquín Gutiérrez, Joaquín Camacho, Francisco Morales, Juan Gómez, Luis Azuola, Manuel Alvarez, Ignacio de Herrera, Emigdio Benítez, Capitán Antonio Baraya, Fray Diego Badilla, Coro-nel José María Moledo, Pedro Groot, Sinforoso Mutis, José Martín París, Anto-nio Morales, Juan Francisco Serrano Gómez y Nicolás Mauricio de Omaña.

Como la oligarquía criolla necesitaba justificar la |legitimidad de la Junta así nombrada, en los días siguientes se trató de disimular su origen arbitrario y su composición de casta, y los historiadores, guiados por los documentos parciales de la misma Junta, se encargaron de prolongar el equívoco. Existen, no obstan-te, valiosos documentos de la época, los cuales permiten establecer que las aclamaciones no fueron unánimes y que, en la selección de los vocales, no hubo verdadera consulta al pueblo, sino la más franca y deliberada imposición. En "La Constitución Feliz", primer periódico cuya publicación ordenó la Junta, dice su director, al relatar los sucesos del 20 de julio: Omito referir las altera-ciones acaloradas |que hubo entre varios individuos de la nobleza y del pueblo relativas a la elección de vocales, porque sería necesario escribir un tomo en folio, y yo me he propuesto ser muy lacónico en esta relación ».


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Aunque don Manuel del Socorro Rodríguez, director de esta publicación no quiso escribir el "tomo en folio" que juzgaba necesario para referir las "acalora-das alteraciones" que hubo entre patricios criollos y el pueblo "relativas a la elección de los vocales", el hilo de los acontecimientos puede seguirse en el Manifiesto publicado, en enero de 1811, por don Ignacio de Herrera, uno de los personajes a quien Acevedo nombró vocal de la Junta. « Reunido el pueblo en la Plaza Mayor - dice Herrera - insiste en la instalación de la Junta; era preciso que nombrara vocales que la compusieran; pero el desorden, los diversos obje-tos a que debía atender, no le permitieron detenerse en la elección; |aprueba el pueblo lo que propone un individuo; y esta buena fe ha sido el principio de sus desgracias. El favor y la intriga colocaron a muchos que no tenían un verdade-ro mérito. Este vicio era preciso que ocasionara tristes consecuencias; hom-bres que no tenían más conocimientos que los que presta el miserable manejo de un ramo de la Real Hacienda; otros educados en el comercio, y algunos abogados sin más estudio que el necesario al foro, compusieron el mayor número de los vocales... De ahi el choque de opiniones, las dilatadas disputas el desorden y otros mil vicios que apartaban las miras del Gobierno |de la utilidad común ».

Aunque la oligarquía había nombrado, hacia las seis y media de la tarde, su propia Junta de Notables, el hecho tenía todas las características de una victoria fugaz. Los grupos de gente que rodeaban el Cabildo eran cada vez más escasos y al mismo Acevedo Gómez le había sido imposible conseguir que los Regido-res y la mayoría de los vocales nombrados se trasladaran al lugar de los aconte-cimientos. En el Palacio Virreynal las caras se habían alegrado de nuevo y el señor Amar, demostrando unos bríos que no se le conocieron durante toda la tarde, lanzaba puyas a la Virreyna y a quienes le habían sugerido medidas drásticas. Con esa peculiaridad propia de los temperamentos débiles y bona-chones, el señor Amar pasaba fácilmente de un estado de completo abatimiento a otro de euforia y ahora se ufanaba, ante sus consejeros y la Virreyna, de la intuición que le permitió anticiparse a prever que el "bochinche" no tendría ma-yores consecuencias y se extinguiría, al cabo de unas horas de retozo popular, con la misma facilidad con que comenzó.

Debe reconocerse que los razonamientos del Virrey no andaban del todo des-caminados, porque a las seis y media de la tarde el movimiento proyectado por los magnates criollos estaba tocando los linderos del más completo fracaso. Cada minuto que transcurría era menor la concurrencia en los alrededores del Cabildo y mayor la resistencia que demostraban los Regidores y vocales a com-prometerse en una aventura que tenía escasas perspectivas de éxito. Acevedó Góméz, dando muestras de un coraje extraordinario, trataba de evitar que las gentes se dispersaran y luchaba, prácticamente solo, por salvar su causa del desastre inevitable. Entre él y el Virrey se libraba un duelo silencioso y dramá-tico, de cuyo desenlace dependería la suerte futura del Nuevo Reyno. El señor Amar, siguiendo las tendencias de su carácter abúlico, se limitaba a esperar sonriente, seguro de que el tiempo era su aliado y obraba en su favor, mientras Acevedo, aprisionado en las redes de estrategia política de la oligarquía criolla -


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fundada en la desconfianza por el pueblo y en el deseo de limitar, al mínimo posible, su participación en el movimiento - se veía precisado a realizar deses-perados esfuerzos para conseguir, con ruegos y discursos, que los grupos de gentes cada vez más escasos, que permanecían en la plaza, no se desbandaran. « Si perdéis este momento de efervescencia y calor - clamaba Acevedo desde el balcon del Cabildo -; si dejais escapar esta ocasión única y feliz, antes de doce horas seréis tratados como insurgentes; ved (señalando las cárceles) los calabo-zos, los grillos y las cadenas que os esperan ».

Estas vibrantes sentencias, citadas por los historiadores como prueba de la elo-cuencia de Acevedo, constituyen, más bien, la demostración palpable de la dramática encrucijada a que se hallaba enfrentado en esos momentos. La derro-ta del movimiento hubiera sido inevitable de no haber intervenido, entonces, esos imponderables que tan frecuentemente varían el curso de la historia. El desequilibrio que estaba deteriorando, minuto a minuto, la posición de Acevedo en el Cabildo, fue contra pesado, inesperadamente, por la participación de nue-vas fuerzas en el conflicto, gracias a la actividad política de un hombre extraor-dinario, del verdadero prócer del 20 de julio, de José María Carbonell, a quien nuestra historia oficial ha tratado de arrinconar en los modestos desvanes que se reservan para los personajes de secundaria importancia. Nada tiene ello de sor-prendente, porque esa historia sólo ha otorgado el apelativo de "prócer" a los servidores sumisos de la oligarquía, y para los defensores del pueblo y los voce-ros de sus intereses, ha reservado invariablemente los calificativos de "demago-gos", "agitadores" y "tiranos". Si nuestra historia republicana se inicia con la persecución del hombre que salvó el movimiento del 20 de julio, ello se com-prende al conocer los procedimientos de que se sirvió Carbonell para rescatar la causa americana del fracaso a que la habían conducido esa tarde los patricios criollos. Carbonell no desconfió de nuestro pueblo, ni quiso limitar, al mínimo indispensable, su intervención, en aquellos sucesos, decisivos, sino que lo in-vitó, sin reticencias ni reservas mentales, a llenar con sus aspiraciones y espe-ranzas el magno escenario a donde iba a cumplirse el nacimiento de la naciona-lidad.


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LA BATALLA POR LA INDEPENDENCIA

EL RETRATO de Fernando VII. - Fiesta de Corte. - El huésped incómo-do. - Manifestación permanente. - La Junta Popular. Prohibidas las reu-niones públicas. - La guardia pretoriana de la oligarquía. - Los "orejo-nes". - El 25 de julio. - Detención del Virrey. - Desconocimiento de la Re-gencia. - Se prepara la reacción. - La Iglesia y los criollos. Conmemora-ción de la Conquista. - El 13 de agosto. - Victoria popular. - El Virrey en la cárcel. - Los notables actúan. - La contrarrevolución. - Prisión de Carbonell.

LOS COMPROMISOS pactados en la noche del 20 de julio no implicaron, co-mo suele pensarse, una declaración de Independencia, sino que ellos se limita-ron a institucionalizar el gobierno de responsabilidad compartida entre el Virrey y los grandes voceros del estamento criollo. En esa alianza, acordada a espaldas del pueblo, los dos socios se beneficiaban mutuamente: el Virrey continuaba de Jefe del Gobierno, previa declaración de que el Nuevo Reyno reconocía a Fer-nando VII y al Consejo de Regencia de España, y los notables criollos ingresa-ban en la Administración, como miembros de la Junta Suprema, para compartir el poder con quien representaba a la Corona y servía de símbolo a las relaciones de dependencia entre los Dominios y la Metrópoli.

A don José María Carbonell no se le ocultaron las vinculaciones que existían entre la permanencia del Virrey en el Gobierno y la consolidación de la hege-monía política de la casta criolla hegemonía que estorbaba todo cambio de la estratificada sociedad granadina - y se propuso conseguir, por eso, la destitu-ción de los funcionarios españoles, comenzando por el Virrey, a fin de que la nueva nacionalidad, independizada de sus amarras coloniales, se diera un go-bierno que fuera el resultado de airear francamente, en el ágora pública, los alcances y proyecciones del histórico conflicto entre la oligarquía y el pueblo.

A las ocho de la mañana del día 21 de julio se presentaron en el edificio del Cabildo las personas designadas por Acevedo Gómez para integrar la Junta de Gobierno y procedieron a ocuparse de la cuestión que tenía, para todos, la ma-yor importancia: el reconocimiento oficial de la Junta Suprema, que debía pro-tocolizarse por medio del Juramento que prestaría el Virrey, comprometiéndose a obedecer los dictados de una entidad de la cual era Presidente. Si los vocales del nuevo organismo gubernamental hubieran deseado asumir una posición de independencia frente al representante de la Corona, lo natural hubiera sido soli-citar al señor Amar que se trasladara a las Casas Consistoriales a prestar el ju-ramento. No ocurrió así, porque los notables criollos necesitaban del Virrey y deseaban ganarse su buena voluntad, lo cual explica la actitud dócil que siguie-ron en la mañana del 21. «Formados en dos alas - dice el "Diario Político" -pasaron al Palacio » Virrey los recibió en la Sala de Audiencias, con la ceremo-


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nia y pompa acostumbradas, y nadie hubiera imaginado, tales fueron los home-najes y las venias, que los personajes allí presentes representaran un nuevo or-den. El ceremonioso acatamiento de los patricios criollos, con sus atuendos domingueros y su pegajosa etiqueta de burgueses con aspiraciones cortesanas, disipó todo escrúpulo del Virrey, y ante el Vicepresidente de la Junta, don José Miguel Pey, prestó juramento de obediencia a ella, empleando, eso sí, la fórmu-la acordada la noche del 20 de julio, que establecía el expreso reconocimiento de Fernando VII y del Consejo de Regencia. Así se comprende la armonía que reinó durante la ceremonia y la facilidad con que ella se convirtió en ágape so-cial cuando la Virreyna dispuso traer vino dulce y bizcochos a la Sala de Au-diencias, a fin de dar un carácter más ameno a aquella reunión en la que parec-ían canceladas las antiguas discrepancias del Virrey con los notables criollos.

La alegría y el regocijo que reinaban en Palacio se interrumpieron súbitamente cuando se supo que grandes manifestaciones populares, agrupadas por Carbo-nell y sus amigos en San Victorino y los barrios altos, avanzaban sobre el cen-tro de la ciudad, a lo largo de la Calle de La Moneda y de la Calle Real. La no-ticia causó general desconcierto y el ágape mañanero se disolvió. El señor Amar ordenó cerrar las puertas de la mansión virreynal y los vocales de la Juntase encaminaron a las Casas Consistoriales, a fin de actuar, por primera vez, co-mo suprema autoridad del Reyno. Minutos después de reunirse en la Sala del Cabildo, se enteraron los vocales de que las oleadas de pueblo en marcha hacia la Plaza Mayor tenían un carácter impresionante por su volumen y obedecían a consignas altamente peligrosas para la supervivencia de los pactos celebrados en la noche del 20 de julio. Conocieron también que la multitud portaba armas y en ella era general el vocerío contra el Virrey, los Oidores de la Audiencia y los españoles.

A las doce del día la Plaza Mayor se había convertido en el epicentro de una vasta conmoción republicana y tanto Carbonell como numerosos oradores im-provisados se dirigieron a la Junta de Gobierno, pidiendo, en términos altivos, la prisión del señor Amar, de los Oidores Hernández de Alba y Frías y del Re-gidor Mancilla. Solicitaron también la excarcelación de los presos condenados por las autoridades coloniales y la inmediata libertad del Canónigo Rosillo, de-tenido en el convento de los Capuchinos. Enfrentada la Junta a exigencias que afectaban seriamente las bases del acuerdo pactado con el Oidor Jurado y el Virrey, trató de calmar los ánimos, de actuar con parsimonia y prudencia, sin conseguir otro resultado que aumentar la inconformidad popular. Las turbas, guiadas por Carbonell, comenzaron a obrar por cuenta propia y gravísimos hechos se cumplieron en Santafé ante la aterrada e impotente Junta de Notables. Las casas de los Oidores fueron asaltadas se las saqueó, y sólo la intervención de las milicias y de algunos miembros del nuevo gobierno, consiguió salvar la vida de sus dueños. Simultáneamente, otra porción de la multitud se dirigió al convento de los Capuchinos, libertó al abate Rosillo y lo llevó en triunfo a la plaza, donde los amotinados realizaron una desafiante exhibición de poderío. « Cuando el pueblo llegó a la Plaza - dice el "Diario" - y vio el Palacio del Virrey


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sin adornos, mandó que se colgasen inmediatamente y obligó a la Guardia a presentar las armas y batir marcha ».

Al pueblo de Santafé no se le ocultó entonces que la deseada emancipación de la Metrópoli perdería sus efectos libertadores si ella se traducía en el simple acaparamiento del gobierno por la poderosa oligarquía criolla, y ello explica el carácter radical de su comportamiento. La trascendencia de la obra realizada por Carbonell, en Santafé, se descubre en los pasajes consagrados por los redac-tores del periódico de la Junta, a comentar los sucesos del 21 de julio. « El pue-blo - dicen - sostenía su puesto y su firmeza. A cada momento gustaba más de su libertad, conocía más y más sus derechos, su dignidad y su |Soberanía. To-maba aquel tono imperioso, libre y de Señor. |Ya no era ese rebaño de ovejas, ese montón de bestias de carga que solo existía para obedecer y para sufrir. Pedía, o casi mandaba a la Suprema Junta la ejecución de muchos artículos... No todas sus peticiones eran justas. Muchas respiraban sangre y dureza. La Jun-ta Suprema concedía unas, olvidaba otras; otras, en fin, negaba con persuacio-nes... |Ya muchos ciudadanos ilustrados preveían las consecuencias a que dar-ían origen las reuniones frecuentes de un pueblo numeroso y embriagado con la libertad. Se temía que aquellos esfuerzos, que al principio habían salvado la patria, le fuesen funestos en los días consecutivos, y deseaban que la Suprema Autoridad impidiese las reuniones ».

La preocupación de los notables estaba sobradamente justificada porque la pre-sencia del pueblo en las calles había creado una situación revolucionaria, cuyos lógicos desarrollos resultaban incompatibles con los compromisos pactados el 20 de julio. Ese mismo día, hacia las cinco y media de la tarde, el pueblo hizo una nueva demostración de fuerza, tanto más afrentosa para la Junta, cuanto que la futilidad de los pretextos invocados, indicaba que Carbonell se proponía po-ner de relieve el carácter precario de las nuevas autoridades. El pueblo y sus tribunos exigieron, al atardecer, no sólo la conducción de los Oidores a la cárcel común sino también que se les hiciera comparecer en los balcones del Cabildo, una vez les fueran remachados los grillos. No obstante que la Junta diputó a varios eclesiásticos para hacer desistir a los amotinados de tan humillante soli-citud, las gentes reunidas en la plaza permanecieron impasibles y « viendo que era preciso presentarlos - refiere el "Diario Político" - los eclesiásticos vocales referidos recomendaron moderación; pidieron que no se les dijesen palabras injuriosas, ni fuesen a arrojar piedras... La noche se acercaba, y en efecto, se oscureció en estos debates. El pueblo pidió que se encendiesen bujías y que se realizasen cuanto antes sus deseos. En efecto, se expusieron estos dos ministros desgraciados a los ojos de un pueblo ofendido... Concluida esta escena doloro-sa, fueron conducidos a sus respectivos calabozos ».

Las experiencias de la agitada jornada del 21 de julio, durante la cual el pueblo consiguió sus primeras victorias contra la Junta de Notables, demostraron a Carbonell la necesidad de organizar un Estado Mayor revolucionario, que pu-diera competir con los nutridos cuadros dirigentes del estamento criollo y man-tener el entusiasmo libertario de las multitudes. Para el día 22 fueron convoca-


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dos, por él, los jefes de los barrios, los conductores de los artesanos y los estu-diantes de avanzada, a quienes se señaló, como punto de reunión, un viejo local situado en el barrio de San Victorino. « Como contrapunto al gobierno paternal que presidía el Vicepresidente Pey - observa Abello Salcedo - se estableció en el barrio de San Victorino una |Junta Popular, bajo la presidencia del joven y ardoroso patriota don José María Carbonell, la que se instaló en el patio de una fonda, sin más plan y actividades que dar rienda suelta a las pasiones que bull-ían en los suburbios capitalinos. Esta Junta no era otra cosa que un |Club Revo-lucionario permanente, en donde se pronunciaban las más disparatadas arengas sobre la |soberanía popular, el derecho de los oprimidos, y se esparcían terrífi-cos relatos sobre la vida y andanzas de los antiguos amos. Allí iniciaron su ca-rrera pública estudiantes y mozalbetes, quienes más tarde se distinguieron en la gesta emancipadora, en la magistratura, o rindieron estoicamente la vida en los patíbulos levantados por los pacificadores en el año 16 ».

La Junta Popular se instaló el día 22 y durante toda la tarde y parte de la noche se debatieron en ella los grandes temas de la Revolución. Allí combatió Carbo-nell elocuentemente la solución pactada el 20 de julio entre la oligarquía criolla y el Virrey, expuso la necesidad de movilizar al pueblo para conseguir la inme-diata declaratoria de Independencia, la prisión del señor Amar y el desconoci-miento de Fernando VII. En su recinto habló Carbonell de la "soberanía popu-lar", del "derecho de los oprimidos" e hizo hincapié en la necesidad de mante-ner una permanente acción multitudinaria, a fin de conjurar el peligro de que el movimiento de Independencia se redujera a un simple traslado del Poder de manos de los funcionarios de la Corona a la oligarquía de hacendados, comer-ciantes y plantadores esclavistas, que andaban buscando la oportunidad propicia para derogar las Ordenes españolas que otorgaban alguna protección a los indi-os y a los desheredados. Uno de los grandes méritos de Carbonell fue el haber comprendido, como comprendió, que la nobilísima causa de la Independencia no tenía para los notables criollos otro sentido que el de una gran fronda de las clases acaudaladas, empeñadas en desmantelar el Estado para convertir su liber-tad de dueños de la riqueza en abusiva licencia contratos desposeídos y los humildes.

La |Junta Popular organizada por Carbonell en Santafé tendría su igual en la famosa |Sociedad Patriótica de Caracas, en la cual iniciarían su vida pública los grandes libertadores. En el Club revolucionario de Caracas, diría Juan Vicente González: « ¿La anarquía? Esa es la libertad cuando para huir de la tiranía des-ata el cinto y desanuda la cabellera ondosa. ¿La anarquía? Cuando los dioses de los débiles, la Desconfianza y el Pavor, la maldicen, yo caigo de rodillas en su presencia. Señores: que la anarquía con la antorcha de las furias en la mano, nos guíe al Congreso para que su humo embriague a los facciosos del Orden y la sigan por las calles y plazas gritando ¡Libertad! ». En esa misma Sociedad se levantó el joven Simón Bolívar y situándose en la oposición a la oligarquía de los "mantuanos" caraqueños - como lo había hecho Carbonell frente a la oligar-quía criolla santafereña -, pronunció la histórica oración, con la cual se inaugura su vida pública: « Se discute en el Congreso - dijo - lo que debía estar decidido.


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¿Y qué dicen? Que debemos comenzar con una Confederación. ¡Como si todos no estuviéramos confederados contra la tiranía extranjera! ¿Qué nos importa que España venda a Bonaparte sus esclavos o que los conserve, si estamos re-sueltos a ser libres? Estas dudas son tristes efectos de las antiguas cadenas. Que los grandes proyectos deben prepararse con calma. ¿Trescientos años de calma no bastan? ¿Se quieren otros trescientos todavía?».

En la Junta Popular de Santafé, como en la Sociedad Patriótica de Caracas, hicieron su aparición los grandes voceros de la democracia, los encargados de trasladar al pueblo la soberanía política y de enfrentarse a las pretensiones de las clases acaudaladas, a los "descendientes de don Pelayo", a los herederos criollos de los conquistadores y encomenderos.

El 22 de julio fue un día de aparente calma, de obligada pausa que ir a la Junta de Notables y al Club Revolucionario de San Victorino para prepararse, respec-tivamente, a afrontar el histórico conflicto que se aproximaba. Al tiempo que en la Junta Popular se decidía mantener al pueblo en |manifestación |permanentehasta conseguir la prisión del Virrey y la declaratoria de Independencia, los notables criollos, reunidos en las Casas Consistoriales, acordaban realizar un gran despliegue de propaganda, a fin de preservar el prestigio de Fernando VII, y proceder, también, a la organización de unas milicias de confianza para resta-blecer el orden. Esta última medida era tanto más necesaria cuanto que las tro-pas regulares españolas que el 20 de julio se pusieron a órdenes de la Junta, contemplaban ahora, no sin cierto regocijo, los apuros de la oligarquía criolla, que no vaciló en estimular el desorden cuando él podía convenirle y a la postre se mostraba aterrada ante los desenvolvimientos lógicos del movimiento revo-lucionario de liberación.

Tales antecedentes permiten comprender el curso que siguieron los aconteci-mientos el día 23, cuando la Junta de Gobierno, inspirada por José Miguel Pey y Camilo Torres, tomó la iniciativa, resuelta a poner término a los "desmanes del pueblo" y a impedir las actividades revolucionarias de don José María Car-bonell. Desde muy temprano se colocó en los balcones de las Casas Consisto-riales, bajo palio, un enorme retrato del Rey Fernando VII, y se situaron las milicias regulares en la plaza, como guardia de honor de "la imagen de nuestro Amado Soberano", según refiere el Diario Político". Hacia las diez de la maña-na se inició la ceremonia, preparada cuidadosamente, y del Palacio Virreynal salió un desfile, encabezado por el propio señor Amar, don José Miguel Pey, Camilo Torres y los vocales principales de la Junta de Gobierno, desfile que rindió honores al retrato de Fernando VII, mientras una banda militar tocaba aires marciales de España y las tropas presentaban las armas. Poco después se dio a conocer, por conducto del pregonero, el primer Bando de la nueva Junta de Gobierno, cuyo texto, redactado seguramente por don Camilo Torres, decía: « Convencido este Cuerpo de los sentimientos con que el pueblo ha excitado su lealtad en favor de su justa causa, ha resuelto, como fundamento de la Constitu-ción a que prestará todo el lleno de su energía, se observen los puntos siguien-tes: 1º - Sostener y defender la Religión Católica, Apostólica y Romana, univer-


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salmente recibida por nuestros mayores... 2º - Defender los derechos de nuestro amable soberano don Fernando VII, |conservando este Reyno a su augusta per-sona hasta que tengamos la feliz suerte de verlo restituido a un trono de que le arrancó el tirano del mundo (Napoleón)... 3º - En favor de la tranquilidad pública se prohibe absolutamente todo espíritu de división como perjudicial en un tiempo en que la Junta Suprema se ocupa en el reposo y quietud general; |exigiendo muy particularmente el amor que debe tener el pueblo a los españo-les europeos, reconociendo en ellos a sus hermanos conciudadanos, y enten-diendo que sobre puntos de tan alta consideración, la misma Junta tomará las providencias más activas y vigorosas... |Con este objeto de la tranquilidad se prohiben también los toques de campanas extraordinarios, y cualquier otra alarma que no se haga de orden de la Junta... 4º - El pueblo pedirá lo que quie-ra por medio de su Síndico Procurador General en quien ha puesto su confianza, que aprobará lo que sea justo, desechando con maduro examen lo que en lugar del beneficio público engendre la inquietud de los ánimos, o traiga alguna con-secuencia perjudicial... ».

No se crea, sin embargo, que estas precauciones parecieron bastantes a los vo-cales de la Junta Suprema. En el mismo Bando, en su punto sexto, se determinó la creación del Regimiento de Voluntarios de la Guardia Nacional", cuyo reclu-tamiento y mandos se confiaron a don Antonio Baraya y a don Joaquín Ricaur-te. Como su leva organización y disciplina demandaban tiempo y debían some-terse a las ordenanzas militares en vigencia, el mismo día 23 ordenó la Junta la creación de cuatro Escuadrones de Caballería, compuestos en su conjunto de seiscientos hombres, los cuales debían reclutarse entre los hacendados de la Sabana, los famosos "orejones", y sus mayordomos de confianza, a fin de que custodiaran el orden en la Capital e impidieran los "desmanes del pueblo". Para comandar esa famosa Caballería de "Cincinatos que, arrojando el arado volaron a empuñar la espada" - como dice pomposamente el "Diario Político" -, fue designado el más respetable y representativo de los grandes hacendados de la Sabana, don Pantaleón Gutiérrez, casado con la hija del famoso Oidor Moreno y Escandón, quien en su época propuso, no obstante su título de Protector de Indios, "demoler" los Resguardos, y fue uno de los personajes más odiados por los Comuneros. El principal biógrafo de don Pantaleón, refiriéndose a su vida familiar en estos días, dice: Aficionados ambos cónyuges a la quietud campes-tre, hicieron del predio de |La Herrera su morada favorita, estableciendo allí costumbres verdaderamente patriarcales. En aquella "antigua casa solariega con apariencia de feudal", como ha dicho un cronista, reclinada en el cerro de Se-rrezuela, dominando una hermosa laguna y un valle encerrado entre pintorescas colinas, hallaban de gracia los transeúntes lecho cómodo y limpia y bien abas-tecida mesa ».

A fin de conocer las opiniones políticas de don Pantaleón Gutiérrez, a quien la Junta confió el mando de la Guardia destinada a custodiar el orden en la Capi-tal, vamos a citar algunos apartes de la correspondencia de su hijo, el notable patricio don Gregorio Gutiérrez Moreno, quien le informaba a don Agustín Gu-tiérrez, en días posteriores al 20 de julio, de los sucesos de la Capital. « Si las


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cosas hubieran seguido como iban y se habían puesto en los días que yo estuve fuera - escribía el hijo de don Pantaleón -, a la fecha creo que no habría Junta, |por que el pueblo amotinado había tomado tanto ascendiente y estaba tan so-bre sí, que a nadie respetaba, de manera que de un mes a esta parte hemos es-tado en perfectísima anarquía... Los principales autores del desorden y los que conmovían al pueblo, esparcían |ideas sediciosas, y entre ellas la detestable máxima de que en el día no hay distinción de personas, que todos somos igua-les; y para autorizar más su idea, dicen que uno salió vestido de ruana (Carbo-nell), paseándose hombro a hombro con los |guarnetas, que ya te harás cargo le seguirían muy gustosos. Así fue que no temió insultar a la Junta en la misma sala, y formar un pedimento de setenta y tantos artículos, al cual más descabe-llado y sanguinario » (19 de agosto de 1810).

La Guardia fue reclutada apresuradamente y para completar el armamento de los "orejones" se tomaron del Palacio Virreynal "las numerosas medialunas y lanzas que se hicieron para oprimir a la ilustre provincia del Socorro en 1781 ". Estas armas servirían ahora para amedrentar al pueblo de Santafé, que había enarbolado, bajo la dirección de Carbonell, la bandera libertaria que la oligarqu-ía criolla entregó, en 1781, en las Capitulaciones de Zipaquirá.

Como consecuencia de las medidas de prevención adoptadas por la Junta, el día 24 transcurrió en calma y el 25 la ciudad presentaba el aspecto de una plaza sitiada. « La caballería - dice el "Diario Político" - velaba en todos los puntos peligrosos, paseaba las calles, visitaba el Parque, los cuarteles, las entradas y rodeaba las cárceles... Se notaba cierto grado de tranquilidad en los movimien-tos del pueblo, que no se había observado en los días precedentes, y aún pareció en este momento semejante a un mar enfurecido que comenzaba a calmar ». Días después efectuó la Guardia un desfile militar en Santafé y la descripción que de él hizo el historiador Groot, nos permite apreciar la composición y apa-riencias del ejército que garantizaba, en la Capital, el gobierno de los notables criollos. « Figúrese el lector - dice Groot - una columna de hombres a caballo de cuatro en fondo, armados de lanzas y medialunas; en sillas vaqueras de enorme tamaño, con rejo a la arción, pellón de lana, arretranca, pendientes y grandes estribetes de cobre que llamaban de baúl, a manera de los que usan los turcos, que de ellos los tomarían nuestros padres; y sobre cada una de esas sillas un |orejón con gran ruana de lana listada, calzón corto de gamuza, botas de lana azul, a manera de medias sin pie; zamarros de cafuche, pañuelo rabogallo en la cabeza, cuyas puntas salían sobre la espalda; sombrero de lana con media vara de ala, bajo cuya sombra sé veía una caraza embarboqueada y requemada. Qui-nientos hombres de esta calaña, marchando a medio trote calle arriba de San Juan de Dios, metían tal ruido con las estriberas que se topaban y rozaban unas con otras, que aquello era de ver y oir ».

No debe creerse, sin embargo, que Carbonell y la Junta Popular habían perdido su tiempo o se hallaban intimidados. Desde el día 24 por la tarde Carbonell y sus compañeros se dispersaron por los barrios de Santafé, con la consigna de alertar a sus habitantes contra una posible traición de los notables y resueltos a


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promover una gran conmoción revolucionaria para conseguir la prisión del se-ñor Amar y de la Virreyna. «Los que se apellidaban tribunos del pueblo - ob-serva el mismo historiador Groot - que como ya hemos dicho eran el croquis de los demagogos que más tarde habían de venir, instigaban a la plebe contra los anteriores gobernantes y contra todos los españoles, contando a estas gentes ignorantes patrañas... Los principales directores de la máquina popular eran: el escribano García, llamado por antonomasia el |patriota; el doctor don Francisco Javier Gómez, alias |Panela; don José María Carbonell, el doctor Ignacio de Herrera y otros, Así el pueblo estaba siempre a disposición de los |chisperos, quienes se entendían inmediatamente con ciertos gamonales, maestros de ofi-cios, carniceros, revendedores y pulperos que tenían a su disposición las masas para conducirlas a gritar donde era menester ».

En la mañana del día 25, Carbonell y sus amigos hicieron circular el rumor de que en Palacio se estaban alistando las tropas y cargando los cañones y esta especie actuó como el fulminante que puso en combustión los materiales explo-sivos acumulados en los días anteriores. Los redactores del "Diario Político" nos dejaron un adecuado relato de los sucesos del 25 y de la sorpresa que se llevó la Junta Suprema ante una súbita conmoción popular, que juzgó imposible después de las drásticas medidas adoptadas para conjurar el peligro de este tipo de perturbaciones. « En todos los ángulos de la ciudad - dice el "Diario" - rein-aba silencio y tranquilidad. |De repente se difunde con una velocidad increíblela voz de que la guardia de honor que aún se conservaba al Virrey Amar, había cargado con balas sus fusiles; que había muchas armas ocultas en Palacio; que había también cañones, y que habían oido los golpes precisos para cargarlos... Un pueblo inmenso se deja ver en las agitaciones más vivas. Una parte acude al Parque de Artillería, otra avanza a Palacio, otra, en fin, pide urgentemente a la Junta el registro de las armas y la seguridad de Amar y de su mujer... La Junta dudaba, pero conocía que la perplejidad en estas circunstancias podía tener las más funestas consecuencias y resolvió acceder a los deseos del pueblo ».

El gobierno ordenó a dos de sus vocales trasladarse a Palacio, a fin de verificar si eran ciertos los cargos formulados al Virrey, y los dichos vocales, después de "registrar todos los departamentos de Palacio, que se franquearon por el Secre-tario del Virreynato, don José de Leyva, no hallaron las armas, ni los cañones que se creía". No obstante que el mismo Vicepresidente Pey informó al pueblo del carácter infundado de sus temores, los ánimos no se aquietaron y la multi-tud, azuzada por Carbonell y sus amigos, realizó el primer intento de asaltar la mansión virreynal. La Junta se halló entonces ante la misma crítica alternativa que hubo de afrontar el señor Amar el 20 de julio. O cedía ante la presión del pueblo enfurecido u ordenaba a la Caballería despejar la plaza. En tan apuradas circunstancias, la Junta optó finalmente, por claudicar y el mismo Virrey convi-no, de buena gana, en que se le trasladara al edificio del Tribunal de Cuentas. En todo caso, antes de sacar al señor Amar de Palacio, la Junta tomó la precau-ción de situar la caballería y las tropas regulares en los alrededores de Palacio y los Comandantes Baraya y Lastra dieron orden de hacer fuego, a la primera orden, si se intentaba agredir al Virrey. « Un silencio majestuoso y amenazador


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- dicen los redactores del "Diario Político" - reinaba en toda la plaza... Condu-cido (Amar) por los tres primeros vocales que hemos nombrado salió de Palacio y atravesó por medio de las filas del pueblo armado hasta llegar al Tribunal de Cuentas. La Virreyna le siguió, acompañada de los tres últimos vocales; mani-festando al mismo tiempo serenidad y firmeza de ánimo, atravesó por entre las filas y fue conducida al convenio de monjas de Santa Gertrudis... ».

Cuando la multitud, satisfecha de su victoria, comenzó a dispersarse, la Junta de Gobierno se declaró en sesión permanente, a fin de considerar las medidas in-dispensables para evitar, en los días siguientes, la repetición de sucesos revolu-cionarios de tanta gravedad. Se produjeron entonces en su seno las primeras divisiones, "el choque de opiniones, las dilatadas disputas y otros desórdenes", de que habla don Ignacio de Herrera. Estas disputas se originaron en las drásti-cas medidas propuestas por don Camilo Torres y el señor Pey para impedir que las manifestaciones y actos multitudinarios continuaran deteriorando las bases del acuerdo pactado con el Virrey el 20 de julio. El señor Herrera y don Emig-dio Benítez se negaron a convenir en esta clase de providencias y declararon francamente que ellos no estaban resueltos a imitar la conducta de los Oidores Alba y Frías, conducta que los miembros de la Junta censuraron en otras épo-cas. Sus argumentos, sin embargo, no encontraron eco, porque los acuciosos procuradores de la oligarquía ya habían comenzado a echar por la borda los ideales políticos que utilizaron cuando se hallaban enfrentados a las autoridades coloniales. A lo que ayer llamaron Revolución, lo calificaban ahora de motín subversivo; al Virrey, acusado y denostado implacablemente por ellos antes del 20 de julio. lo colmaban ahora de elogios y hacían constar en documentos públicos "las virtudes y nobles cualidades que adornan a ese distinguido mili-tar". Quienes en la noche del 20 impusieron una Junta prefabricada de Gobier-no, ahora acusaban a José María Carbonell de tomarse, sin derecho, la personer-ía del pueblo, y el Vicepresidente Pey declaraba, en Proclama dada a la publici-dad en la tarde del 25: « Retiraos y que no se oigan más en adelante las tumul-tuosas voces |que el pueblo pide; el pueblo dice; el pueblo quiere, cuando tal vez no es más que un individuo, una pequeña fracción, un partido, que se apro-vecha de vuestra reunión para usurpar vuestro nombre ».

Explicablemente, las voces de protesta de Herrera y de Benítez fueron ahogadas en medio de aquella camarilla de notables, convertida en Junta de Gobierno, y esa misma tarde se acordó promulgar un nuevo Bando, escrito y firmado por don Camilo Torres y sancionado por el Vicepresidente Pey. Los apartes princi-pales de dicho Bando decían: « Convencida la Suprema Junta de que al paso que nada es más justo que escuchar los clamores del público en la crisis impor-tante en que nos hallamos, nada es más perjudicial tampoco que el que se abuse de su nombre respetable... y deseando conciliar el justo interés que tiene el ver-dadero público y los ciudadanos bien intencionados en manifestar cualesquiera medidas que crean convenientes a su seguridad, con la tranquilidad publica, que no se puede obtener por medio de tumultos y facciones, y que antes bien se tur-ba por esas mismas reuniones, |ha acordado y ordena se prevenga a toda clase de gente se tranquilicen y retiren a sus ocupaciones domésticas... Y para que


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sus clamores y cualquiera especie de solicitudes que quieran hacer, lleguen a sus oidos (de la Junta) de un modo decoroso y conveniente, dándoles el lugar de preferencia que merezcan en medio de las graves atenciones que hoy llaman su cuidado, determina se entiendan precisamente en cada barrio, los de su respec-tivo distrito, con los sujetos que se van a nombrar; en el de Las Nieves con su párroco y con el vecino don Ignacio de Umaña; en el de Santa Bárbara con su párroco y con el doctor don Manuel Ignacio Camacho y Rojas; en San Victori-no con su párroco y con el doctor Felipe Vergara; en la Catedral con su párroco doctor don Pablo Plata y con el doctor don Domingo Camacho... |Bien entendi-do que las solicitudes que no se dirijan en estos términos no podrán ser atendi-das... Y para que llegue a noticia de todos se publicará por Bando en el día de mañana y se fijarán copias de él en las ya dichas parroquias y lugares acostum-brados. Sala Consistorial de la Junta Suprema de la Capital del Nuevo Reyno de Granada, julio 25 de 1810. Doctor José Miguel Pey, Vocal Vicepresidente. Doctor Camilo Torres, Vocal secretario».

El estamento criollo, que deliberadamente provocó el altercado entre Morales y Llorente para desatar una conmoción que obligara al Virrey a cederle parte de su poder, declaraba ahora, por boca de sus procuradores, que el pueblo no podía pedir en las calles y en la plaza la declaratoria de Independencia y la destitución de las autoridades coloniales, sino que |estas magnas cuestiones de la naciona-lidad debían tratarse como un chico pleito, por medio de memoriales ante un párroco o un funcionario de confianza de la Junta!

El 26 de julio transcurrió en relativa quietud, no obstante ser día de mercado, porque la detención del Virrey apaciguó considerablemente los ánimos y el pueblo aceptó, con aparente conformidad, los mandatos del último Bando, leído por el pregonero en los principales sitios de la ciudad. « Una proclama y un Bando - dice el "Diario" - restituyeron al campo sus labradores y a los talleres sus artistas ». Durante la tarde y noche del día 26 pudo la Junta ocuparse en escuchar, con alguna tranquilidad, el informe de la comisión designada para visitar los archivos de la Real Audiencia, como prestar la debida atención a los problemas planteados por la próxima llegada del Comisionado Regio, don An-tonio Villavicencio, quien había salido de Honda y estaba aproximándose a Santafé. Por el informe de la Comisión que visitó los archivos del Acuerdo co-noció la Junta el texto de algunas órdenes reservadas, remitidas por el Consejo de Regencia a las autoridades del Nuevo Reyno, órdenes que indicaban la hosti-lidad del Consejo con respecto a las Juntas de Gobierno constituidas por los criollos en América y las condenaban como actos subversivos, que debían san-cionarse sin contemplaciones. Igualmente se enteró de la comunicación "reser-vadísima" enviada a las autoridades virreynales por don Antonio Villavicencio, el 20 de mayo de 1810, comunicación en que les notificaba el nombramiento de don Fran cisco Javier Venegas como nuevo Virrey del Reyno Granadino, en reemplazo del señor Amar. Estas informaciones plantearon a la Junta una serie de complejos e inesperados problemas y acentuaron las discrepancias que se habían suscitado, en su seno, a propósito de las medidas de orden público de-cretadas el día anterior.


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La naturaleza de los temas tratados esa noche explica por qué la sesión se pro-longó hasta la madrugada. ¿Se aceptaría al nuevo Virrey, don Francisco Javier Venegas? Y en caso de hacerlo, ¿en qué calidad? ¿Como Virrey o como Presi-dente de la Junta constituida el 20 de julio? Posiblemente se le hubiera recono-cido en una de tales calidades, de no haber mediado los gravísimos motines del día anterior, que forzaron a la Junta a ordenar la detención del señor Amar. Ta-les motines demostraron la imposibilidad de llevar, pacíficamente, al pueblo de Santafé a reconocer un nuevo Virrey, « pues no tanto se observa en el pueblo -dice el Acta de ese día - su detestación hacia las personas de los funcionarios del último gobierno, cuanto hacia sus dignidades y representaciones, siendo constante que aborrece hasta los nombres que se daban a los empleos y trajes con que se condecoraban » La Junta se vio precisada por tanto, a abocar el pro-blema de fondo, "a resolver si debía o no continuar esta Junta Suprema en el reconocimiento del Consejo de Regencia". La cuestión tenía trascendentales implicaciones, porque el reconocimiento de la Regencia, tal como se había ju-rado solemnemente en los días 20 y 21 de julio, conllevaba la aceptación de la plena autoridad del Comisionado Regio, don Antonio Villavicencio, y obligaba a recibir, en calidad de tal, al Virrey Veneges, muy poco parecido a don Anto-nio de Amar. Como ello implicaba una posible limitación del poder absoluto de que actualmente gozaba la Junta, la mayoría de sus vocales se inclinó en favor de la ruptura con la Regencia, aunque fue imposible obtener la unanimidad, según lo declara el Acta y se colige de las declaraciones consignadas por el vo-cal don Manuel de Pombo en el llamado "Breve Manifiesto", que su autor re-dactó en agosto de 1816. En el punto sexto de dicho Manifiesto dice el señor Pombo: «Habiéndose propuesto en aquella Junta la moción de que, si había o no de continuar dependiente del Supremo Consejo de Regencia establecido en Cádiz y por consiguiente admitirse o no el Virrey don Francisco Javier Venegas que había nombrado la misma Regencia, fue mi opinión por la afirmativa; e hice en consorcio de los doctores don Tomás Tenorio y don Camilo de Torres muchos esfuerzos en favor de esto, y de que fuese también admitido el Ilustrí-simo señor Arzobispo don Juan Bautista Sacristán, que se hallaba en Cartagena ». (Archivo Nacional, Guerra y Marina, Biblioteca Nacional, Tomo 135, págs. 87 y ss).

Aunque esta discrepancia de opiniones versaba sobre materias graves, la cues-tión no provocó un serio conflicto en el seno de la Junta, porque en ella no se descuidaron los intereses de la oligarquía criolla, y ninguno de los vocales, in-cluyendo los disidentes, dejaron de advertir la conveniencia de no comprome-terse con el Consejo de Regencia, hasta no conocer los resultados de la crisis española y la manera como se resolvía el conflicto con Napoleón. En la noche del 26 no primó la idea de la Independencia, sino que se resolvió mantener la intangibilidad de los vínculos con la Metrópoli a través del expreso reconoci-miento de Fernando VII, y organizar en el Nuevo Reyno un Gobierno con plena representación del estamento criollo, Gobierno que exigiría al Rey Fernando, cuando su causa triunfara en España, la idónea representación en Cortes desea-da por los criollos, y la amplia autonomía, en cuestiones sociales y económicas, que ellos ambicionaban para la administración local. En la madrugada del 27 se


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acordó, por mayoría, que no estaba ya la Junta ni ninguno de sus vocales ligado con aquel juramento, en cuanto a continuar esta Junta Suprema y el pueblo que representa, |subordinados al citado Consejo de Regencia, o a cualquier otro cuerpo o persona que en defecto de la de su legítimo Soberano el señor don Fernando VII no sea proclamado por el voto libre, unánime y general de la na-ción ». Con fundamento en esta declaración se dispuso que «se oficie al muy ilustre Cabildo y señores asociados del Cabildo de Cartagena, para que hacien-do en tender al citado don Francisco Javier Venegas, el estado de las cosas en esta Capital, según la gradación con que se han ido encadenando los sucesos, le detenga decorosamente en aquella plaza ». En el mismo sentido se decidió el caso de Villaviencio y en el acta se hicieron constar sus cualidades de « ciuda-dano de las primeras familias de esta ciudad y hombre ilustre ... Que con estas consideraciones se le haga un recibimiento correspondiente a ellas, |al mismo tiempo que diverso del que se le preparaba... »


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EN LA PATRIA BOBA

LA EDAD Dorada. - Genealogía de la mediocridad. - El Precursor Don Antonio Nariño, y los revolucionarios de ultima hora. - La tierra prome-tida. - El premio de la Fronda. - Liquidación de los Resguardos. - La igualdad mentirosa. - Ensanche del latifundio. - Los juicios ejecutivos. -Exodo hacia los páramos. - Erosión de una raza. - La mortuoria de Es-paña. - Los descendientes de don Pelayo y los herederos de "menor edad". - Sufragio de los Elegidos. - Los Lanudos. - El futuro Memorial de Agravios.

EL CALIFICATIVO de Patria Boba, que suele emplearse para designar la épo-ca comprendida entre los años de 1810 y 1816, se ha prestado para que se iden-tifique dicha época con el supuesto predominio de personalidades generosas y tan apegadas a ideales altruistas y románticos, que sus errores se juzgan, por anticipado, limpios de todo interés mezquino y se los explica como el producto involuntario de un noble idealismo, que no les permitió percibir, a tiempo, la realidad. Así se urdió la leyenda de una Edad Dorada, de una Patria Boba que a la manera de Atenas, tuvo la fortuna de ser gobernada por un areópago de "próceres", cuya conducta desprendida y romántica les ganó el derecho de per-sonificar las grandes virtudes de la nacionalidad. Estas premisas benévolas y optimistas sirvieron para revestir, con una fachada brillante y engañadora, el conflicto entre la oligarquía y el pueblo, conflicto sobre el cual se tendió, desde 1810, un velo de silencio deliberado. Se quiso así prefigurar una inexistente |armonía |social, que no pudo alcanzarse entonces porque los notables criollos fueron hallados faltos de la grandeza huma y de la generosidad de miras que hubieran sido indispensables para plasmar una temprana unidad nacional. El visible contraste entre la destreza de que dieron muestras cuando se trató de utilizar el gobierno para sus propios y egoístas fines y la lamentable ceguera e insensibilidad que les distinguió en todos los momentos en que se requería una auténtica comprensión de las necesidades y esperanzas de nuestro pueblo, fue el origen de su rápido desprestigio y la causa de esa atmósfera de mediocridad que le imprimieron indeleblemente a su época.

Asegurado Carbonell en la prisión, correspondió a don Antonio Nariño ser la segunda víctima. Quien tradujo los |Derechos del Hombre, quien conoció las principales cárceles coloniales y padeció encierro en las más sombrías prisiones de la Metrópoli, pudo descubrir ahora el ominoso significado de la desconfianza que han profesado siempre las oligarquías a las personalidades eminentes. El 20 de julio encontró a Nariño en las cárceles de la Inquisición de Cartagena y allí esperó, vanamente, que la Junta de notables recordara sus eximios servicios a la causa de la Independencia, servicios que le ganarían, en la historia, el título de Precursor. Mientras los nuevos mandatarios se ocupaban de rendir honores desmedidos a quienes tenían la confianza de la camarilla gobernante, a Nariño


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no se le prestó atención, si nombre se rodeó de un silencio intencional y le fue-ron negados hasta los recursos indispensables para trasladarse a Santafé, porque se temía, con fundamento, que su prestigio le convirtiera automáticamente, en vocero de un pueblo sobre el cual se había establecido una nueva tiranía, Los vocales de la Junta no parecían dispuestos s tolerar el regreso inoportuno del hombre que poco había simpatizado con los proyectos del núcleo dirigente del estamento criollo, y se anticipaban, por eso, a prevenir el conflicto inevitable con quien comprendió tempranamente que la empresa de formar una nación no podía limitarse a una conjura de notables o al reemplazo de la hegemonía espa-ñola por la hegemonía de una casta soberbia, que intentaba cerrarle al pueblo todas las vías de acceso a los beneficios de la nacionalidad. Como Nariño co-nocía íntimamente a los nuevos mandatarios, como estaba emparentado con ellos y pertenecía a la gran tribu doméstica de notables de Santafé, no sólo se le temía sino, que no se le perdonaban su indiferencia y despreocupación por los intereses de la rosca gobernante. Nada tiene, pues, de extraño que no se vacilara en emplear todos los medios, legítimos e ilegítimos, para evitar su regreso a la Capital y que la Junta respondiera a los reclamos de su esposa y de sus deudos con un insólito intento de reabrir ¡oh, ignominia! el juicio que siguieron a Nari-ño las autoridades coloniales por el mal llamado "alcance en la Tesorería de Diezmos". El que entonces se llegara al extremo de resucitar este cargo atroz-mente injusto - cargo que analizaremos con prolijidad al relatar el Proceso de Nariño ante el Senado -, indica la resolución que tenía la Junta de impedir, a toda costa, una nueva intervención del Precursor en la política. Con sobrada justicia dice José Ricardo Vejarano, uno de los biógrafos de Nariño: « El mo-vimiento popular del 20 de julio en Santafé debía causar a nuestro héroe una amargura más honda que todas las que hasta entonces le hubieran producido sus luchas por la patria. El triunfo de sus ideales llegaba de improviso y, al parecer, en forma definitiva. |Los revolucionarios de última hora, los que habían vivido en paz y en holgura durante el régimen español, son en estos momentos los héroes del día, los favorecidos con las aclamaciones y con las prebendas... De todos los entusiastas luchadores del país se acuerda el nuevo gobierno sur de una revolución que viene de tan lejos, y que los sufrimientos de Nariño y las lágrimas de su mujer y de sus hijos habían hecho, al fin, arraigar sobre un suelo impropicio. De todos se acuerda, pero se preocupa también de aparentar olvido e indiferencia hacia el protomártir que, después de destituidas las autoridades legítimas, se encuentra aún en Cartagena sufriendo una prisión que esas mismas autoridades le habían impuesto. Tres meses después del 20 de julio, Nariño está aún en la extraña condición de un prisionero viviendo en un bohío al pie de la Popá y para salir de allí necesita acudir al interminable papeleo. ¿Es que se quiere impedir a toda costa que este hombre temido, solicitado, amado, respeta-do, despreciado, porque todo lo era al tiempo, regresase a Santafé? Con una insania increíble se ha pretendido revivir sus procesos del año 94, especialmen-te en lo que se refiere a su alcance a la Caja de Diezmos ».

Debe reconocerse, sin embargo, que la hostilidad contra el Precursor apenas evidenciaba un aspecto marginal y negativo de la política criolla. Nariño, por su prestigio, era uno de tantos obstáculos que necesitaban removerse a fin de des-


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pejar el camino a las viejas aspiraciones del estamento criollo, aspiraciones que lo enfrentaron a la Corona, lo indujeron a traicionar la Revolución de los Co-muneros y constituían ahora los objetivos centrales de la sórdida filosofía social que se pretendía imponer al pueblo granadino, no obstante que ese pueblo la miraba con instintiva hostilidad.

Cuando todavía no habían transcurrido dos meses desde el 20 de julio, cuando Nariño permanecía en Cartagena, Carbonell se hallaba en la cárcel y la ciudad era patrullada por la famosa Guardia de |orejones, los vocales de la Junta dicta-ron la providencia con que soñaron los hacendados y propietarios desde los tiempos del Oidor Moreno y Escandón, providencia cuya finalidad era la des-trucción, cuidadosamente planeada, de los Resguardos de Indios. El 24 de sep-tiembre de 1810 se descubrió el resultado de muchas sesiones secretas de la Junta, porque ese día se dio a la publicidad el Decreto, aprobado por la unani-midad de sus vocales, en el cual se ordenaba poner término al |status jurídico excepcional de que habían gozado los indios durante la Colonia y se disponía liquidar la famosa institución que los protegió y gracias a la cual dispusieron de tierras abundantes y de alguna seguridad para que las condiciones de su trabajo no quedaran totalmente a merced de la rapacidad de hacendados y latifundistas.

El Decreto tiene caracteres tanto más censurables cuanta que él fue redactado en términos engañosos, destinados a crear una falsa impresión en los indios y a persuadirlos de que se trataba de otorgarles un beneficio, cuando en realidad se les iba a convertir en las víctimas del más cruel e inconveniente de los despojos. Su equívoca fraseología puede apreciarse desde el artículo primero, el cual dice: « Quitar desde hoy esta divisa odiosa del Tributo y que en adelante gocen los referidos indios de todos los privilegios, prerrogativas y exenciones que corres-ponden a los demás ciudadanos... ».

La abolición del Tributo daba margen para suponer que se trataba de conferir un beneficio a los naturales y los historiadores se encargaron de presentar esta hipótesis como prueba indiscutible de las generosas y avanzadas ideas que ins-piraban a la Junta. Lo que se cuidaron muy bien de mantener en silencio, o de no comentar, fue la segunda parte del artículo citado y las mismas característi-cas de la institución del Tributo, por que sólo así podría hacerse pasar como benéfica una medida que acarreaba a los indios los más graves perjuicios. Los verdaderos fines del Decreto se descubren, sin embargo, cuando se tiene en cuenta la naturaleza del Tributo y la situación privilegiada en que dicho impues-to colocó a los indígenas durante la Colonia. El Tributo, en efecto, fue concebi-do y aplicado como el impuesto único que debían pagar los indios y con excep-ción de los Diezmos, a los que estaban obligados, por sus finalidades eclesiásti-cas, todos los vasallos de la Corona, con el dicho Tributo se agotaban las obli-gaciones fiscales de los indígenas para con la Real Hacienda. Su |status tributa-rio era, pues, privilegiado y excepcional por cuanto estaban exentos de los de-más impuestos y de los más gravosos, y porque la cuan tía del Tributo indígena era notablemente inferior a la suma erogable de todos los impuestos que debían pagar los vasallos blancos y mestizos en los Dominios. De ahí que la verdadera


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intención del Decreto de septiembre sólo se descubra en la segunda parte del artículo primero, la cual dice: « Quedando. - los indios - sólo sujetos a las con-tribuciones generales que se imponen a todo ciudadano para ocurrir a las urgen-cias del Estado». No se trataba, pues, de aliviar la suerte de los indios, como se ha dicho frecuentemente, sino de liquidar, en forma definitiva, la situación jurí-dica excepcional de que disfrutaron durante la Colonia, sometiéndolos a pagar impuestos más cuantiosos que el Tributo, como eran todos lo que obligaban a los demás ciudadanos.

En el plano académico es discutible, naturalmente, la conveniencia o inconve-niencia de que en una sociedad existan sectores de su población asimilados a "menores de edad", con la finalidad de otorgarles, como se otorgaba a los indi-os, una excepcional protección; pero nunca podrá decirse, con justicia, que el súbito término de este régimen excepcional constituya, automáticamente, una ventaja y un servicio para quienes de él se beneficiaban. Los mismos indios no tardaron en descubrir que el Tributo representaba una erogación mucho menos cuantiosa que "las contribuciones generales que se imponen a todo ciudadano", y ésta fue una de las causas que malograron los esfuerzos realizados por la oli-garquía criolla, entre los años de 1810 y 1816, para incorporar a su causa a las masas indígenas de la Nueva Granada. Explicablemente los indios miraron con profunda desconfianza las actividades de un Gobierno que se inauguraba con actos de tan franca hostilidad contra ellos y el partido español pudo afianzarse en las provincias donde era mayor la densidad de la población aborigen, sin que el estamento criollo consiguiera, cuando llegaron las fuerzas expedicionarias del General Morillo, que la gran base indígena de nuestro pueblo lo acompañara a ofrecer resistencia a los ejércitos pacificadores. Esa resistencia sólo comenzó, como habremos de verlo, cuando Simón Bolívar cambió las consignas de la lucha contra España y convirtió la batalla de la Independencia no en la causa recortada de los oligarcas criollos sino en una vasta revolución social, que des-pertó el entusiasmo de los esclavos, de los indígenas y de los sectores desposeí-dos de nuestra población.

En realidad, los perjuicios acarreados a los indios por el Decreto que comenta-mos - Decreto cuyas doctrinas inspiraron la legislación adoptada posteriormente en el Congreso de Cúcuta - sólo pudieron verificarse debidamente cuando el Libertador regresó del Perú e indignado ante los abusos que estaban cometién-dose contra la población aborigen, ordenó a los intendentes y gobernadores efectuar una investigación a fondo y enviar al Poder Ejecutivo los informes correspondientes. Esos informes tienen particular valor porque en ellos no se registran simples hipótesis, sino que se relatan las consecuencias reales que se siguieron para los indios como resultado de la legislación promulgada, desde 1810, por los procuradores de la oligarquía criolla. Con respecto al Tributo indígena, del que estamos ocupándonos, vale la pena mencionar las opiniones de la Comisión de Letrados que, por orden del Libertador, estudió el problema en los Departamentos del Sur, opiniones incorporadas en el informe remitido por ella al Poder Ejecutivo el 5 de septiembre de 1828: « No habiendo duda -dice la Comisión - qué el indio es la presa infalible del más fuerte, y que nadie


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deja de serlo respecto de un ser tan abatido y miserable, debemos confesar que en la necesidad de exigirle un impuesto como miembro del Estado, es preferible aquél que le salve de mayores males. Tal es la ventaja que aseguraba el Tributo, pues la suerte de los indios ha estado rodeada de peligros, ya de parte de los curas que, alegando tener afianzada su subsistencia en el altar, podían abusar de su poder y de la afición de los naturales a la pompa del culto para agravar su miseria; ya de parte de los curiales que no perderían la ocasión de vejarles en sus pleitos; y ya de los guardas de Alcabala, que, verificando la exacción en parajes solitarios, ejercerían a salvo todo género de violencias para sacar partido de su desvalimiento. La tasa - del Tributo - les defendía de semejantes extorsio-nes; |pues era contribución única, y la cuarta parte de su valor se destinaba para su Cacique, para su Protector y para el clero. Los curas percibían de este ramo los derechos sinodales que debían erogar los indios por sus matrimonios y en-tierros, y ellos formaban la renta de algunos beneficios, cuyos proventos ordina-rios no alcanzan a mantener el párroco. |Abolido el Tributo ha caído sobre los indios una nube de calamidades; de manera que, en cambio de una igualdad nominal, han perdido las garantías civiles a que debían la exención de mayores males; dejándose entender que, los que participaban del impuesto, se habrán indemnizado a costa de los naturales indefensos ».

«Llamados en efecto al goce de los derechos políticos que no han ejercido a falta de luces y de interés por la causa pública, han perdido la protección que recibían del Ministro autorizado (Protector de Indios) que les servía de salva-guardia contra los ataques a que provoca su debilidad, y un abuso continuado desde el descubrimiento de Colón. |Cuando se concedió a los indios los privile-gios de menores, en nada menos se pensó que en degradarles; no influyó otro motivo que el convencimiento de su debilidad y de la tendencia de los demás a sacar ventajas de su abyección. Esta providencia, censurada por los que des-conocen las circunstancias locales, produjo los mejores efectos a favor de los indios. El Protector General supervigilaba la conducta de los partidarios; el po-der y la malicia tenían el celo y representación del Protector Fiscal, y los indios gozaban del sosiego que procura la confianza de vivir seguros bajo la sombra de la ley. ¿Ha variado, acaso, su condición? No; sin más luces, sin otros senti-mientos, |están privados de la asistencia paternal del Ministro Protector, y abandonados a merced de las gentes de pluma y de las que especulan sobre la desgracia ajena. Sus querellas se eternizan, los curiales les despojan; y deco-rados con el título de ciudadanos, no participan siquiera de los derechos de la humanidad, pues se ven condenados a servicios duros y gratuitos, a trabajar en climas mortíferos, y a todas las vejaciones y pensiones de que es víctima el hombre débil y desvalido.

« |Desde que el indio pagaba su tasa (el Tributo) quedaba libre de otras moles-tias de parte del fisco; pudiendo introducir sin estorbo al mercado los efectos de su industria para reducirlos a dinero. Sus pobres cargas son ahora registra-das, detenidas y pensionadas a las puertas de los lugares; pudiendo calcularse que vale más este pecho que la antigua tasa, con la diferencia que su pago no era entonces difícil, pues gozando de una plena libertad en el comercio, recogía


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fácilmente la suma necesaria, |cuando al presente no sólo padece los embara-zos y sobre cargas de la Alcabala, que tal vez importa más que el efecto, sino, lo que es peor, lo pierde del todo, porque los guardas, mal pagados y poco deli-cados en materia de honradez, gustan de cebarse en los despojos de estos infeli-ces... - Comisión de Letrados - Salvador Murgueíto, José Fernández Salvador, Víctor Félix de San Miguel e Ignacio Ochoa ».

No debe, sin embargo, creerse que el aspecto tributario del Decreto de la Junta Suprema era el más lesivo para la población aborigen. Sus disposiciones real-mente perniciosas, las que serían causa de la profunda miseria y del drama de nuestros campesinos en la época republicana, se encuentran en su artículo se-gundo, el cual ordena liquidar los Resguardos de Indios. Como nuestros lecto-res recordarán, por Resguardos se entendían, en las Leyes de Indias, las vastas extensiones territoriales otorgadas a los naturales para su uso y beneficio, ex-tensiones que dichas Leyes mantuvieron indivisas, a fin de que los indios las trabajaran en común, de acuerdo con sus tradiciones inmemoriales. El indígena, como bien lo comprendieron sus defensores durante la Colonia, amaba la tierra, pero no ambicionaba ni entendía |la apropiación individual de la misma, por-que sus hábitos inmemoriales le inclinaban a trabajarla |colectivamente con las consiguientes ventajas que para él se derivaban de conseguir una amplia divi-sión del trabajo dentro de la misma Comunidad aborigen y de no condenar a cada individuo de ella a depender, para su subsistencia, de las escasas posibili-dades de una parcela de tierra de extensión precaria. El Resguardo representaba para el indio no sólo una institución adaptada a sus tradicionales formas de vivir y de producir económicamente sino que él lo emancipaba del dramático destino que le sobrevendría cuando se encontrara sin tierra o circunscrito a una pequeña parcela, cuya extensión y calidad no le permitirían derivar de ella su subsisten-cia.

Fueron, no obstante, las ventajas y la protección que los Resguardos ofrecían a sus beneficiarios, las verdaderas causas que hicieron odiosa la institución entre los propietarios criollos, porque los indios, en tanto dispusieron de tierras sufi-cientes, trabajadas colectivamente por ellos y cuyos frutos distribuían en común, no mostraron propiamente entusiasmo por alquilar su trabajo en las haciendas y ello creó una periódica escasez de mano de obra, sólo superable cuando los propietarios se decidían a ofrecer a los indígenas salarios atractivos. Por eso, en los prolegómenos del movimiento de 1810, se agudizó el problema a que hicimos alusión en el Capítulo XVIII de esta obra. «En la medida decía-mos entonces que se reducía el número de las personas beneficiadas con la merced de Encomienda, desaparecían las modalidades impuestas por dicho régimen a la estructura económica del Reyno y adquiría mayor importancia el llamado "concierto agrario", institución por cuya virtud los indios de Resguardo o de Comunidad estaban obligados a proporcionar, para el cultivo y laboreo de las haciendas, una cuota de trabajadores asalariados, fijada en el |cuarto o en el |quinto de la población de cada Resguardo. Se puede afirmar, por consiguiente, que el tipo de organización agraria que sustituyó a la Encomienda fue el régi-men de las grandes haciendas, formadas por las mercedes de tierras o los rema-


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tes de realengos, haciendas que sus propietarios trabajaban, de manera princi-pal, con indios |concertados. Como la cuantía de los dichos indios se reducía a las cuotas autorizadas por el régimen del "concierto", el cual sólo permitía el cuarto o el quinto, no puede decirse que en el Nuevo Reyno existiera un exceso de mano de obra disponible para la economía privada, sino una relativa escasez de ella, lo que obligaba a los grandes propietarios a ofrecer salarios atractivos a los indígenas, siempre que deseaban obtener una mayor cantidad de trabajado-res de la autorizada por las cuotas muy limitadas del "concierto".

Ello explica suficientemente la aversión que los grandes magnates de la oligar-quía criolla profesaban a los Resguardos y los numerosos intentos que realiza-ron, en el último tercio del siglo XVIII, para destruirlos. Convencidos de que sólo cuando los indios carecieran de tierra podrían los hacendados disponer de abundancia de mano de obra e imponer a los dichos indígenas las condiciones de alquiler de su trabajo, no hubo recurso a que no acudieran para lograr la quiebra de los Resguardos...

La Corona y sus autoridades delegadas no se mostraron dispuestas, sin embar-go, a permitir que los grandes propietarios del Reyno resolvieran sus problemas de mano de obra por el fácil sistema de despojar a los indios de sus tierras, a fin de obligarlos, ya reducidos a la miseria, a alquilar su trabajo en las condiciones fijadas por los hacendados. En franca discrepancia con los magnates criollos, las autoridades del Reyno se empeñaron en preservar, para los indios, las tierras de sus Resguardos, lo cual sólo dejaba a los hacendados el recurso de aumentar los salarios si deseaban contar con una adecuada provisión de mano de obra. «Son generales las quejas contra la ociosidad - decía el Virrey Mendinueta en 1803 -; todos se lamentan de la falta de aplicación al trabajo; |pero yo no he oído ofrecer un aumento de salario y tengo entendido que se paga en la actua-lidad el mismo que ahora cincuenta años o más, no obstante que ha subido el valor de todo lo necesario para la vida, y que por lo mismo son mayores las utilidades que produce la agricultura y otras haciendas, en que se benefician o trabajan los artículos de preciso consumo. Esta es una injusticia que no puede durar mucho tiempo, y sin introducirme a calcular probabilidades, |me parece que llegará el día en que los jornaleros impongan la ley a los dueños de haciendas, y éstos se vean precisados a hacer partícipes de sus ganancias a los brazos que ayudan a adquirirlas ». (Relaciones de Mando, pág. 476).

Dueño el estamento criollo del gobierno, su principal empeño fue ofrecer, para este vital problema, una solución acorde con sus intereses de clase. Ello explica la naturaleza de los mandatos contenidos en el Decreto de septiembre de 1810, mandatos que significaban, en realidad, la culminación de los numerosos es-fuerzos realizados a lo largo del Siglo XVIII para arrebatar a los indios sus tie-rras, a fin de obligarlos, ya reducidos a la miseria, a convertirse el gleba irre-denta de peones y terrasgueros, adscritos a las grandes haciendas. La solución ideada por los vocales de la Junta de notables de Santafé se redujo, en conse-cuencia, a ordenar la liquidación de los Resguardos y la partición de sus vastos territorios en pequeñas parcelas, las cuales debían adjudicarse a cada una de las


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familias de la antigua Comunidad indígena. Se les repartirá, a los indios - dice el Decreto - en propiedad las tierras de sus Resguardos, distribuyéndolas en cada pueblo según su justo valor y en suertes separadas, con proporción a sus familias... » Así se puso súbito término a todas las instituciones de |colaboración social de los antiguos Resguardos - fueran ellas las siembras y cosechas |en común o las llamadas Cajas de Comunidad -, y se condenó al indio a derivar su sustento de una parcela que, por su precaria extensión, le era a to-das luces insuficiente. Ello le obligaría a buscar medios suplementarios de vida, alquilando su trabajo en las condiciones y el salario determinado unilateralmen-te por los hacendados. El proceso era tanto más inevitable cuanto que los auto-res del Decreto nunca tuvieron en mente distribuir entre lo indios |la |totalidadde las tierras de sus antiguos Resguardos. En la reglamentación de dicho Decre-to, como en las disposiciones legislativas promulgadas posteriormente por el Congreso de Cúcuta, se puso en evidencia el fondo de la vasta conjura fraguada para traspasar, al área del latifundio criollo, las mejores tierras de los Resguar-dos, tierras que, para esta época, tenían la más ventajosa situación económica, por su localización con respecto a los centros de demanda efectiva. Con este objeto se fijó en un cuarto de hectárea y en media, en casos excepcionales, la extensión de las parcelas que debían adjudicarse a cada una de las familias de la antigua Comunidad indígena, lo cual creó los famosos. "sobrantes" de tierras de los Resguardos, que fueron destinados para adjudicarse a título gratuito o en almoneda pública a terceros. Tales "sobrantes" constituyeron una de las princi-pales fuentes del latifundio de la República y del escandaloso ensanche del lati-fundio colonial. Nada tiene, pues, de extraño que a los indios se adjudicaran las porciones de peor calidad de sus antiguos Resguardos - las faldas erosionadas, los páramos, las extensiones estériles - al tiempo que la tierra feraz de ellos, la bien provista de aguas y mejor localizada, se trasmitía profusamente a los gran-des señores de la oligarquía criolla.

Debe reconocerse, no obstante, que lo peor vendría después, y vendría como resultado de la misma |atomización de la vida económica de los indios, que sustituyó a sus antiguas formas colectivas de producir y se tradujo en la rápida disolución de la comunidad aborigen, cuya base económica era la propiedad colectiva de las tierras de los Resguardos Privados los indios de la ayuda que les proporcionaron tradicionalmente las Cajas de Comunidad, se vieron forza-dos, en las épocas de siembra o de cosecha, a solicitar préstamos a los usureros de la región, préstamos que se les otorgarían, naturalmente, con la estipulación de intereses leoninos y la hipoteca de sus pequeños lotes. Como el producido de dichos lotes ni siquiera les alcanzaba para su propio sustento y el de sus fami-lias, mal , podía permitirles cancelar con oportunidad las obligaciones usurarias contraídas y los Juicios Ejecutivos se encargaron de despojarlos, en el curso de corto lapso, de sus propiedades. Tales Juicios constituyeron, por ello, una de las principales fuentes de enriquecimiento del Gremio de Abogados y de leguleyos, vital apéndice de la oligarquía gobernante, y ensancharon las vías a través de las cuales se cumpliría el sistemático traspaso, al área de la economía criolla, de las tierras de los antiguos Resguardos. En este marco de desleal competencia y de completo desamparo fue inevitable que los indios pasaran rápidamente, como


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pasaron, de propietarios que habían sido durante casi dos siglos, a la final con-dición de los desarraigados peones y arrendatarios que hoy forman el cuadro de fondo de la horrible miseria de nuestro pueblo. Resulta pertinente, por tanto, transcribir aquí las observaciones de don Miguel Triana con respecto a la suerte que sobrevino a los indios como consecuencia de la liquidación de sus Res-guardos. « Tan pronto como fueron dueños libres - dice Triana - hubo quienes les compraran su misérrima propiedad a menos precio: así se dispersaron y ca-yeron en la más dolorosa miseria y en el más absoluto abandono. Puede decirse que desde este momento comenzó la definitiva desaparición de la raza indígena en "el País de los Chibchas"... |De la ventajosa posición de propietarios, la que dignifica y ciudadaniza, pasaron los indios por centenares de miles a la de concertados inseguros, en la calidad de colonos de tierras estériles o insalu-bres; o como dispersos jornaleros sin familia, en empresas desarraigadas, donde hace esta raza sus últimos esfuerzos de agonía... En las lomas desoladas por los desmontes y estriadas por los amarillos barrancos que ha cavado el to-rrente fugitivo de las lluvias, pastorea un rebaño de ovejas un niño medio des-nudo, de cuatro años de edad, cubierta la espalda con un fleco de pingajos con-tra los rigores del páramo. Al apoyo de un peñasco se recarga la techumbre es-cueta del hogar paterno, rodeado de un pequeñísimo cultivo de coles, las cuales aporca con un pedazo de azadón ya sin paleta, roída por el uso, un viejecillo harapiento, de piernas cortas y anchas espaldas. En cuclillas una mujer desgre-ñada atiza el fogón, formado por tres piedras, o hace girar diligente el huso de la rueca. Al pie de la techumbre, sobre un pequeño remplán que hace el oficio de patio, gatean o dan los primeros pasos, bajo la vigilancia de un perro sarno-so, los niños de corta edad que todavía no son capaces de ir con el cántaro a la lejana fuente. Los nietos mozos, la nuera, y los muchachos trabajan a jornal en la hacienda que extiende sus feraces cultivos en la planicie fecunda del fronteri-zo valle que se columbra en la hondonada bordeada de ala medas, por entre las cuales se desliza el río perezoso y apacible. |Aquélla es la familia indígena en éxodo hacia las cumbres del páramo, cuyo abuelo vendió su derecho de tierra (en los Resguardos) al patrón que hoy le cobra en trabajo la obligación por vivir en un retazo estéril al pie del peñasco ».

Con la benevolencia de que suelen dar muestra nuestros historiadores cuando se trata de disculpar a los personajes con decorados con el título de "próceres" por la oligarquía agradecida, se dice frecuentemente que los notables de la Junta de Santafé, a cuya cabeza figuraban don José Miguel Pey y Camilo Torres, no podían prever los desastrosos resultados futuros de sus providencias, las cuales suponen inspiradas en un generoso humanitarismo. Los hechos históricos, sin embargo, no dan asidero a la hipótesis de una posible e inverosímil ignorancia de los miembros de la Junta con respecto a las consecuencias sociales y econó-micas de sus medidas legislativas. Durante toda la parte final del siglo XVIII ningún tema fue más prolijamente debatido en el Nuevo Reyno que el de los Resguardos y en dichos debates se puso de manifiesto, de manera exhaustiva, la necesidad de mantener el |status jurídico excepcional de los indios, a fin de defenderlos de una competencia económica para la cual no estaban preparados. Como nadie desconocía, en 1810, las consecuencias que se seguirían de la diso-


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lución de los Resguardos, la misma Junta se preparó una justificación anticipa-da, - para evadir sus responsabilidades históricas -, justificación que consistió en fijar un corto plazo, durante el cual les estaba vedado a los indios enajenar sus parcelas. Las razones de esta medida transitoria, consignadas en el Decreto, constituyen toda una confesión de parte y demuestran que sus autores no igno-raban los previsibles resultados de la nueva legislación sobre Resguardos. Por eso la Junta fundamentaba el mencionado plazo, diciendo: «De modo que no sea fácil engañarlos ni seducirlos valiéndose de su natural sencillez, |para des-pojarlos de su pertenencia territorial ».

Mal puede, pues, alegarse una supuesta ignorancia invencible por parte de los nuevos gobernantes, quienes tenían plena conciencia, como la tenían todos los hacendados criollos, de que la disolución de los Resguardos determinaría el deterioro radical de las condiciones de vida de los indios y los condenaría, en corto plazo, a perder su calidad de propietarios y a convertirse en colonos, te-rrasgueros, arrendatarios y peones adscritos a las grandes haciendas, en cuyos patios se levantaría el famoso "cepo", como tenebroso símbolo de la hegemonía feudal de los nuevos amos.

Nuestros lectores supondrán, tal vez, que aquí se agotan las sombras del cuadro y que arribamos, por fin, a los límites del drama cuyos orígenes se encuentran en la Patria Boba; del drama en que corresponderá al pueblo desempeñar el papel de víctima y a la oligarquía redactar la Historia y distribuir los títulos de "prócer". Pero no fue así. Todavía quedaban en pie aquellas Ordenanzas - in-corporadas a las Leyes de Indias -, que establecían la jornada de ocho horas, el salario mínimo y el descanso dominical remunerado. Ordenanzas que un últi-mo refugio para los indios, los desvalidos y los desheredados. Aunque hoy se ha convertido en un lugar común afirmar, con evidente exageración, que dichas Leyes no se cumplían durante la Colonia y que la protección otorgada por ellas tuvo un carácter teórico, conviene advertir que la circunstancia de su real o su-puesto incumplimiento, no constituía razón válida para exonerar a quienes se decían personeros del espíritu republicano y adalides de la civilización, del de-ber de dar plena vigencia a esas instituciones, si es verdad que ellas no estaban cumpliéndose, o de sustituirlas por otras que satisfacieran, en forma, más efi-caz, las mismas necesidades sociales. No ocurrió así, sin embargo, porque la supervivencia de tales garantías significaba una considerable limitación de las ventajas que la oligarquía criolla esperaba derivar de la destrucción de los Res-guardos. Si se trataba de forzar a los indios, despojándolos de sus tierras, a al-quilar su trabajo a menosprecio en las haciendas, mal podía convenirse en la supervivencia de una serie de garantías sociales cuyo objeto era, precisamente, defender al indio asalariado.

No se crea, sin embargo, que para derogar las Leyes de Indias se empleó el re-curso de expedir un Decreto, como ocurrió con los Resguardos. Era difícil hallar argumentos ficticios en este caso y se prefirió, por tanto, enterrarlas sigi-losamente. En la difusa penumbra de la Patria Boba se tendió sobre ellas el velo de un olvido deliberado, y la Junta de Gobierno, que había festejado la Con-


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quista y se decía defensora y garante de "los derechos de Fernando VII", les hizo un entierro de pobres a las leyes que protegían a los pobres. El histórico Juicio de Sucesión en que se repartió el activo y el pasivo que nos dejó España, la |herencia |colonial fue aceptada, sin beneficio de inventario, en aquellos de sus aspectos en que ella implicaba la continuación del latifundio, la esclavitud de los negros, los resabios aristocráticos y las distinciones señoriales de clase, pero los "descendientes de don Pelayo" se cuidaron muy bien de recusar esa herencia en aquellas de sus porciones que engloban las Leyes de Indias y las Ordenanzas que otorgaban alguna garantía a los desvalidos. Ello explica por qué sólo una centuria después, en pleno Siglo XX, se reincorporaron a nuestras instituciones la jornada de trabajo de ocho horas, el salario mínimo y el descan-so dominical remunerado, derechos que le fueron arrebatados al pueblo colom-biano por una oligarquía frondista, de la cual fueron víctimas, en la primera fase de nuestra historia republicana, don José María Carbonell, Antonio Nariño y Simón Bolívar. A ellos se les tildó de tiranos, de agitadores y demagogos por-que trataron valerosamente de contener el proceso de "oligarquización" econó-mica y social del país y de representar las aspiraciones y esperanzas de la gleba anónima y humilde en su desigual controversia con los poderes consagrados de la sociedad.

Debe reconocerse, no obstante, que los personeros del estamento criollo no fue-ron solamente los vocales de la Junta de Santafé y los hacendados de la Sabana. En la poderosa provincia del Socorro, para citar solo un ejemplo, se apoderó del poder, en 1810, el clan de notables cuyo núcleo principal estaba formado por los descendientes y la parentela del famoso don Salvador Plata, autor de la en-trega de Galán a las autoridades españolas, y allí, al igual que en Santafé, se decidió prohibir al pueblo, por anticipado, toda intervención en la política. En el Acta de constitución de la Junta de Notables del Socorro, firmada el 15 de agos-to de 1810, se hizo la siguiente declaración, que recuerda los Bandos promulga-dos por los notables de la Capital contra don José María Carbonell: « |Solamente la Junta podrá convocar al pueblo, y éste no podrá ahora reclamar sus derechos sino por medio del Procurador General, y si algún particular osa-re tomar la voz sin estar autorizado para ello legítimamente, será reputado por perturbador de la tranquilidad pública y castigado con todo el rigor de las pe-nas ». En dicha Acta se decretó, también, la disolución de los Resguardos, si-guiendo los términos engañosos y los mismos principios equívocos practicados en Santafé. « En el día que proclamamos nuestra libertad - dice el Acta - y san-cionamos nuestro gobierno por el acto más solemne y el juramento más santo de ser fieles a nuestra Constitución, es muy debido dar un ejemplo de justicia declarando a los indios de nuestra provincia libres del Tributo que hasta ahora han pagado y mandado que las tierras llamadas Resguardos se les distribuyan por iguales partes... Asimismo se declara que desde hoy entran los indios en sociedad con los demás ciudadanos de la provincia a gozar de igual libertad y demás bienes que proporciona la nueva Constitución, |a excepción del derecho de representación que no obtendrán hasta que hayan adquirido las luces nece-sarias para hacerlo personalmente ».


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En los últimos pasajes citados se anuncia ya la medida que ha de completar el círculo de alambradas hostiles, entre las cuales se aprisionará el destino de nuestro pueblo. A los indios, con el engañoso pretexto de incorporarlos "en sociedad con los demás ciudadanos", se les privaba del |status de especial pro-tección que les había defendido en el pasado y se les sometía, al suprimir el Tributo, a cargas fiscales más cuantiosas; pero en el momento de definir no sus obligaciones sino sus derechos, se invocaba habilidosamente su falta de "luces", a fin de privarlos de la prerrogativa fundamental de la ciudadanía: la del sufra-gio. Para pagar impuestos, prestar servicio militar y competir en la vida econó-mica se les consideraba hábiles, en contra de los precedentes y la experiencia, pero otra cosa ocurría en cuanto al derecho de representación, a la facultad vital de intervenir en la organización del Estado, facultad que se les negaba para re-servarla privativamente a los notables.

Con estos elementos de juicio es posible tener ya una visión conjunta de la polí-tica del estamento criollo, orientada a destruir las instituciones que salvaguar-diaban el trabajo de los humildes y a dar al Estado una conformación que lo convirtiera en instrumento de los intereses sociales y económicos de la oligar-quía. Por eso se negaba al indio el derecho de votar y esa restricción se haría extensiva a los pobres, los desvalidos y los desheredados en el Derecho pro-mulgado, el 26 de diciembre de 1810, por la Junta de Gobierno de Santafé. Ese Decreto, destinado a reglamentar los comicios, decía en sus acápites pertinen-tes: « Reunido el pueblo el día señalado, se le advertirá la grandeza del objeto para que se ha juntado, y la necesidad de que los votos recaigan en personas idóneas, de luces y de patriotismo... |Pero se les hará entender, que no pueden votar, ni puede recaer la votación, en las mujeres ni en los menores de veinti-cinco años... ni en los que carezcan de casa abierta, ni los que viven a expensas de otros, o estén en el actual servicio suyo, a menos que en la pública opinión sean propietarios de bienes raíces o muebles ».

Las restricciones impuestas al sufragio por la Junta de Gobierno, revelaban no solamente el espíritu de casta de sus miembros, sino la influencia que en ellos ejercían las doctrinas del puritanismo burgués, consignadas en la Constitución norteamericana. La teoría calvinista de los "Santos Visibles", de los ricos con-vertidos en "predestinados" y en agentes únicos de la Voluntad Divina en el mundo en el mundo, teoría que los constituyentes de Filadelfia tradujeron en fórmulas destinadas a solo otorgar el sufragio de los ricos, adquirió carta de naturaleza en nuestro Derecho Constitucional por medio de ese Decreto, que inspiraron don José Miguel Pey y don Camilo Torres.

En el Archivo Nacional existen muchas de las actas y diligencias de las prime-ras elecciones efectuadas en el Nuevo Reyno después del 20 de julio, elecciones que se llevaron a efecto para renovar los Cabildos o designar los nuevos vocales de las distintas Juntas gubernamentales de las provincias del Reyno. Como en dichas actas se puede seguir el acentuado proceso de "oligarquización" de la vida política granadina, vamos a transcribir algunas de ellas, a fin de que nues-tros lectores puedan apreciar las tendencias características que informaban el


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clima social de la Patria Boba. « En virtud de orden expedida - dice una de tales Actas - por el señor Teniente Corregidor de la Villa de Ubaté, don Juan Manuel Bernal, en fecha 11 del corriente mes y año, hice juntar y se juntaron y congre-garon en este referido pueblo, en forma de cabildo abierto, todos |los vecinos blancos, a efecto de elegir el diputado que sufrague la votación, en la elección que en dicha Villa de Ubaté se ha de hacer de los sujetos que deben componer aquel Cabildo... ». Otra Acta reza: « En Tausa, en 13 de septiembre de 1810, en virtud de la orden que antecede, convoqué a Junta a |todos los vecinos principa-les, los que juntos, |que serían treinta sujetos, les leí la orden, explicándoles que era para que eligiesen un diputado para que representara las acciones de cada uno, los que habiendo hablado uno por uno y después todos juntos dijeron que quien elegían era Pedro Forero...». Veamos, por último, el texto de otra diligencia: «Convoqué juntos a todos |los vecinos principales, los que juntos serían veinte sujetos, les leí la orden explicándoles la orden que era para que eligiesen un diputado que representara las acciones de cada uno, los que habiendo hablado uno por uno y después todos juntos dijeron que quien elegían era a José Manuel Torres...

Don Camilo Torres, como vocero del estamento criollo, criticó acerbamente, en el Memorial de Agravios, las odiosas distinciones establecidas durante la Colo-nia entre criollos y peninsulares y predijo la ruina del Imperio español si se pro-longaba en América esta absurda dicotomía política. Pero el mismo señor To-rres y la clase social que representaba, no vacilaron en establecer, al adueñarse del mando, distinciones no menos odiosas entre ellos y el pueblo que tenían la pretensión de gobernar. Así se opusieron, alegando su calidad de "descendien-tes de don Pelayo", a que la Metrópoli favoreciera a los peninsulares, pero al llegar el momento de definir, |en el ámbito mismo de la Patria, sus relaciones con los artesanos, los indios y los campesinos granadinos, echaron por la borda la filosofía igualitaria y el humanitarismo que habían dicho profesar, y trazaron unas fronteras, para defender el privilegio, en cuyo curso discurre, ignorado, todo el drama de nuestro pueblo. «Los que conmovían al pueblo - escribía con horror uno de los voceros del estamento criollo - esparcían ideas sediciosas, |y entre ellas la detestable máxima de que en el día no hay distinción de personas, que todos somos iguales ».

En nuestro pueblo, más cercano a esas zonas de vitalidad donde rigen las poten-cias telúricas de la raza y de la tierra, afloró, en 1810, la conciencia de la auten-ticidad nacional y nació la esperanza de que una vez rotas las amarras de la Co-lonia tendría la fortuna de ser gobernado por gentes que se le parecieran, simpa-tizaran con sus vivencias espirituales y quisieran ayudarlo a vencer el abismo de su inmensa miseria.

Pero en la vanidosa oligarquía criolla se evidenció, desde el primer momento, ese menosprecio por lo típico, por lo popular, a que se acostumbraron sus gen-tes en los prolongados esfuerzos que realizaron durante la Colonia para aseme-jarse a los representantes de la Corona, con la esperanza de que se les permitie-ra introducirse en los mandos políticos. Por eso, la Metrópoli distante fue susti-


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tuida por el predominio de una oligarquía vanidosa y simuladora de cultura que pretendió dar a la sociedad granadina la configuración de una colonia interior, en la cual le correspondía a ella desempeñar las funciones de Metrópoli. El nuevo orden político perdió así las anclas que podían atarlo al piso firme de la nacionalidad y se convirtió en el epicentro de una discrepancia fundamental entre los sanos instintos del pueblo - en los que afloraban los valores de la pa-tria, la continuidad vital de su historia, las emociones profundas del alma colec-tiva - y el espíritu cosmopolita y despectivo de unas minoría que consideraban denigrante y hasta poco distinguido simpatizar con los valores nacionales y cuya conducta en el poder habría de despojar de sus raíces telúricas e históricas, a la cultura, el arte, el folclore y la organización económica del país; de unas minorías que se encargarían de obstruir todas las vías que podían aproximar a los poderosos y a los humildes y de hacer imposible el nacimiento de una autén-tica unidad nacional. « Piensan esos caballeros - diría Simón Bolívar que Co-lombia está cubierta de |lanudos arropados en las chimeneas de Bogotá, Tunja y Pamplona. No han echado sus miras sobre los caribes del Orinoco, sobre pasto-res del Apure, sobre los marineros de Maracaibo, sobre los bogas del Magdale-na, sobre los bandidos del Patía, sobre los indómitos pastusos, sobre los goaji-bos de Casanare y sobre todas las hordas salvajes de Africa y América que co-mo gamos recorren las soledades de Colombia ».

Por eso nuestra vida social se resiente de una visible falta de solidaridad huma-na y de espíritu nacionalista y en ella se abren profundas brechas, que son a la manera de heridas sangrantes clamando justicia en el desierto, sordo y mudo, de una larga Patria Boba. De una Patria Boba en la cual la nacionalidad no se ha configurado en un generoso proceso de integración de sus componentes, sino que ha padecido una serie de rupturas profundas de su solidaridad, celebradas por los de arriba como victorias y sufridas por los de abajo como derrotas. Des-de hace ciento cincuenta años vienen depositándose en el alma nacional los materiales amargos para un gran Memorial de Agravios - que no le interesaría escribir a don Camilo Torres -, pero que un día escribirá, con justicia, el pueblo colombiano!


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LA COLONIA INTERIOR

CONTRADICCIONES de la clase dominante - El Patriciado provincial. -Nariño y el sufragio universal. - Federación de Juntas de notables. - La oligarquía federal. - Los eslabones críticos. - Primer Congreso del Rey-no. - Patricios y chisperos. - Tunja frente a Sogamoso. - Torres y Benítez. - Cartagena y Mompós. - La hora de las verdades. - Cali y Popayán. -Acusaciones a don Camilo Torres. -: Regentistas disfrazados de próceres. - El Congreso y la Junta Suprema. - La libertad de prensa de la oligarqu-ía. - La prensa amordazada. - Segunda prisión de Carbonell. - Disolución del Congreso. - La Corte criolla.- Su Majestad Jorge I.

SI EL ESTAMENTO criollo presentaba una recia cohesión interna, en su es-tructura existía una peligrosa brecha, la cual fue motivo de constantes preocu-paciones para sus voceros desde los días inmediatamente anteriores a los acon-tecimientos del 20 de julio. Nos referimos a la multiplicación de los núcleos regionales de la oligarquía granadina, núcleos cuyo poder económico y social se desarrolló en forma dispersa en el territorio del Reyno por la acción aislante de la geografía y la escasez de comunicaciones. El acuerdo virtual que existía entre los patricios criollos en cuanto al derecho que les asistía de ser ellos, y solamen-te ellos, quienes debían encargarse de la administración pública, dejaba de ope-rar desde, el momento en que se consideraba la posibilidad de reconocer pre-eminencia a un determinado centro de poder, porque entonces en Popayán, Car-tagena, el Socorro, Antioquia o Pamplona se ponía de manifiesto una invencible resistencia a otorgarle prelación a la Capital histórica del Virreynato. Ello ex-plica el entusiasmo que suscitó en 1810 el sistema federal norteamericano y la facilidad con que los abogados de la oligarquía granadina se pusieron de acuer-do sobre el otorgamiento de la soberanía total a las provincias y la organización del gobierno, en cada una de ellas, en la forma de Juntas de notables, elenes debe votar y todo el que vota debe tener opción a ser elegido. No temamos, señores, esta declaración, y apartemos de nosotros esos principios, consignados en nuestras Constituciones, |de medir el derecho de ser electo o elector por la cantidad de dinero que un codicioso ha podido atesorar... Si las Constituciones modernas han adoptado el partido contrario, la historia manifiesta, a lo menos, lo insuficiente de esta medida. Que no se hable, pues, entre nosotros, sino de la virtud y el mérito para los empleos, |sin que las riquezas sirvan de medida para las elecciones ».

Fueron las convicciones democráticas de Nariño con respecto al sufragio uno de los factores que más profundamente contribuyó a aislarlo de la clase dirigen-te de su época, y ahondar sus radicales discrepancias con don Camilo Torres, alérgico por temperamento a toda influencia de la gran masa popular en la di-rección del Estado. « No fue dice el historiador Alberto Miramón - una pugna de ambiciones, no, lo que surgió entre ellos. Nariño concibe la revolución,


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según su propio temperamento, como un impulso humano hacia la libertad, hacia la justicia; por eso al pueblo le agrada su influencia. Torres, con todo su saber, con su estilo cálido pero jurídico, permanece extraño al pueblo... Como Miranda, hombre del siglo XVIII y tipo girondino, Nariño es ardiente, aventure-ro, abierto a la simpatía popular, confiado sin medida en la potencia de la sola libertad y en la sencillez de los medios. Camilo Torres, temperamental e ide-ológicamente, le es en todo contrario. Su espíritu ordenancista, apasionado por las reformas sensatas y pausadas que introdujeron los hombres de la Unión Americana, repugna de la precipitación e improvisaciones del Precursor ».

No se crea, sin embargo, que las restricciones al sufragio, calculadas para de-fender la ciudadela del poder, formaban el principal o el único baluarte que ga-rantizaba el predominio del patriciado criollo. En realidad, ese predominio se apoyaba en la cuidadosa prolongación de aquellas tradiciones señoriales del régimen colonial que servían para apuntalar el |statu quo y conjurar el peligro de que las transformaciones de superficie, introducidas en los mandos políticos en 1810, pudieran deteriorar las viejas estructuras de clase y crear un clima pro-picio para inmediatos cambios revolucionarios. Por ello las Juntas de notables del Reyno insistían en mantener el expreso reconocimierito de los derechos de Fernando VII o del Consejo de Regencia de España, a fin de defender el orden social de los traumatismos que podían sobrevenirle en el momento en que sus fundamentos políticos fueran objeto de una radical revisión. En los siguientes términos definía el Vicepresidente Pey, en Circular dirigida a las provincias, las bases constitutivas de su futura asociación federal: « Nuestros votos, nuestro juramento, son la defensa de nuestra Santa Religión Católica; la obediencia a nuestro legítimo soberano el señor don Fernando VII, y el sostenimiento de nuestros derechos hasta derramar la última gota de nuestra sangre por tan sa-grados objetos. Tan justos principios no dejarán de reunirnos las ilustres pro-vincias del Reyno. Ellas no tienen otros sentimientos, según lo han manifestado, ni conviene a la común utilidad que militemos bajo otras banderas o sea otra nuestra divisa que |"religión, patria y rey"... Pero si alguna de ellas (de las pro-vincias) intentare sustraerse a esta liga general, |si no quisiere adherir a nues-tras miras, tranquilos en la santidad de nuestros principios, firmes en nuestra resolución, la abandonaremos a su suerte...» (29 de julio de 1810).

Proyectada esta férrea estructura política, que aparentemente no presentaba fi-suras por donde pudieran escapar, a la superficie, las aspiraciones confusas del pueblo granadino, la Junta de Santafé juzgó que su poder estaba suficientemen-te afirmado y procedió a decretar la libertad de don José María Carbonell, a quien había sido imposible seguir, durante su permanencia en la cárcel, ningún proceso, porque era difícil graduar de delito "el haber sido causa que pusieran al ex-Virrey en la cárcel y a la ex-Virreyna en el Divorcio". A fin de calmar la indignación que existía en los barrios populares de Santafé por la arbitraria pri-sión de Carbonell, la Junta ordenó insertar, en el periódico "Aviso Público", el siguiente comunicado oficial: «Después de practicadas las diligencias oportunas para el seguimiento de causa contra don José María Carbonell y don Manuel García por los acontecimientos del 13 de agosto último, en que se sospechó


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podían haber tenido influjo; después de oido el señor Fiscal don Joaquín de Ortiz, y a las partes, la Sección de Justicia tuvo a bien cortar dicha causa y de-clarar: que la larga prisión sufrida por los dichos Carbonell y García no debe obstar a su buena reputación y fama, ni servir de óbice al relevante mérito que ambos contrajeron en nuestra feliz revolución... » (8 de diciembre de 1810).

Explicablemente el primer Congreso del Reyno, convocado por la circular atrás citada, se convirtió en acontecimiento decisivo y a su éxito o a su fracaso se vincularon el buen suceso o el deterioro de la política inaugurada por las Juntas de notables en las diferentes provincias del Reyno. La misma prolijidad desple-gada para obstruir las vías que podían permitir la expresión de los anhelos na-cionales no incorporados a las aspiraciones concretas del estamento criollo, dio a la presión que emergía desde abajo el formidable poder de todas las fuerzas contenidas y su dinámica de ascenso cuarteó, a la postre, la estructura política construida por la oligarquía. Como ella había evadido sistemáticamente el gran problema del momento, la declaratoria de Independencia, a fin de contar con la eficaz protección que el principio monárquico prestaba al |statu quo social, fue a través del anhelo de completa Independencia que comenzó a empujar, desde abajo, todo un atormentado mar de fondo, en el cual se mezclaban y cambiaban su orden de sedimentación los estratos más profundos del alma colectiva. Ante el súbito ensanche de las aspiraciones populares, la camarilla gobernante cerró sus filas y en Cartagena se dio a conocer, ya sin disimulos, el carácter colonia-lista de la política criolla. La Junta de Cartagena publicó entonces un Manifies-to, dirigido a las provincias del Reyno, en el cual aceptaba la convocatoria del Congreso, pero encarecía la necesidad de mantener el reconocimientó de Fer-nando VII y de la Regencia de España y se negaba a convenir en que la sede del Cuerpo legislativo fuera Santafé, acusando de "sedicioso" y "revolucionario" al pueblo de la Capital, por las escenas subversivas que antecedieron a la prisión del Virrey Amar, escenas que demostraban, en concepto de los autores del Ma-nifiesto, que el Congreso no dispondría en Santafé de la libertad indispensabl6 para deliberar. Con fundamento en las citadas consideraciones, los notables de Cartagena, dirigidos por García de Toledo, los Castillo y Rada, del Real y Díaz Granados, postulaban a Medellín como sede del Congreso y hacían una apasio-nada defensa de la soberanía absoluta de las provincias, anticipándose a dar al régimen federal una interpretación que habría de permitir a la oligarquía, en los próximos meses, dejar sin definir el problema de la Independencia, dando por supuesto que las provincias, por ser soberanas, podían reconocer a Fernando VII y la Regencia, como lo hacía Cartagena; o a Fernando VII con exclusión de la Regencia, como era el caso de Santafé, el Socorro y Pamplona; o a Fernando VII, la Regencia y sus actuales gobernadores españoles, como ocurría en Po-payán y Santa Marta, sin que ello afectara la |unidad federal del Estado. De tal manera sería posible esperar, sin premura, hasta tanto que se conocieran los desarrollos finales de la crisis española y el término de la lucha contra Napo-león, a fin de exigir a Fernando VII, no bien triunfara su causa, las prerrogativas que ambicionaban los patricios americanos y la remodelación del Imperio espa-ñol en forma que garantizara la igualdad de privilegios entre criollos y peninsu-lares. Esta doctrina, desarrollada por don Camilo Torres en el Memorial de


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Agravios, fue presentada. de nuevo a la consideración de los granadinos por la Junta de Cartagena en el Manifiesto publicado el 9 de noviembre de 1810, en cuyo texto se decía: «Esta Junta plena dirigió una representación a Su Majestad en la que además de darle cuenta de los acontecimientos de la Capital del Rey-no, protestó nuevamente su unión a la Madre Patria y ofreció trabajar en la grande obra de reconciliación de las otras provincias en el Congreso General del Reyno que ha de deliberar sobre el reconocimiento provisional (de la Re-gencia) que tenemos hecho; pero haciendo presente que será imposible adelan-tar nada, si sobre la base de una sabia Constitución no se cimentaba la más per-fecta igualdad de derechos con las provincias de España, como parte integrante que es este Reyno de la Monarquía ».

A Nariño no se le ocultaron las graves implicaciones de las doctrinas esbozadas por la Junta de Cartagena, y desde dicho puerto dio a la publicidad su célebre respuesta a los notables de Cartagena, respuesta en la que solicitaba una defini-ción inmediata y perentoria del problema de la Independencia. «Estando las provincias divididas - decía Nariño - sobre la opinión del reconocimiento de la Regencia es innegable que debe (el Congreso) tratar este punto y decidirlo |por la pluralidad... El de la Independencia es consiguiente al anterior si se recono-ce la Regencia, no hay caso; y si no se reconoce es inevitable |promulgarla para poder proceder consiguientes en todas las deliberaciones ulteriores y no caer en los inconvenientes que traen las restricciones en una organización general; por-que en este caso determinaremos ya como dueños absolutos de lo que sea con-veniente a nuestros intereses y seguridad ».

Poco caso se hizo a don Antonio Nariño en los círculos oficiales de la oligarqu-ía y la cuestión de la Independencia continuó evadiéndose, al tiempo que se insistía en el reconocimiento de Fernando VII o del Consejo de Regencia, por-que los notables del Reyno experimentaban un santo temor ante los traumatis-mos sociales que podían presentarse cuando la ruptura definitiva con la Metró-poli pusiera término a la vigencia del principio monárquico, que constituía el más sólido sillar del |statu quo social. El patriciado criollo, por eso, no quiso otorgar a los acontecimientos del 20 de julio los alcances de un movimiento de secesión de la Metrópoli, sino que se esforzó por reducir sus proyecciones al carácter de una empresa destinada a definir sus privilegios dentro del marco político del Imperio español. Como auténticos miembros de una |fronda aris-tocrática, no les interesaba la independencia nacional sino su propia indepen-dencia de clase y por ello se limitaron a discutir sus prerrogativas y derechos dentro de la estructura jurídica de la Monarquía y a otorgar, por conducto de un federalismo acomodaticio, la soberanía política a los distintos núcleos regiona-les de la casta dominante nativa, proscribiendo toda intervención del pueblo en la política. Explicablemente la doctrina federal del oficialismo criollo presenta-ba una antipática modalidad clasista, que don Ignacio de Herrera denunció en el dictamen presentado, el 28 de diciembre de 1810, a la Sala Capitular de la Junta Suprema de Santafé « Algunas ciudades y villas del Nuevo Reyno - decía - tie-nen |bajáes que embriagados con el poder que han buscado con sus riquezas, pretenden la independencia de la Capital (de Santafé) para colocar en los em-


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pleos a los de su familia y continuar de este modo en la tiranía. Ellos son los que la persuaden porque están acostumbrados a tener pendientes de sus labios a los pobres del pueblo».

La inconformidad popular se tradujo entonces en un proceso de gradual des-composición de ,las antiguas provincias del Virreynato, porque al federalismo prefabricado de las Juntas de notables, que otorgaba la soberanía a las provin-cias cuyas capitales dominaban los patricios criollos, contestó el pueblo instin-tivamente con un federalismo revolucionario, que permitía a villas y regiones enteras separarse de la jurisdicción de las antiguas provincias coloniales. Este proceso, que dispersaba el poder y lo situaba en niveles más próximos a la in-fluencia popular, tuvo sus primeras manifestaciones en aquellas zonas donde era más aguda la tensión entre los estratos populares y la clase gobernante crio-lla: en Cartagena, Santafé, Tunja y Popayán.

Vamos a hacer un rápido recuento de la manera cómo se deterioró, en dichos centros, el ilimitado predominio de la oligarquía federal. En la provincia de Tunja imperaban entonces las mismas familias criollas que en 1781 detuvieron la Revolución de los Comuneros en Zipaquirá y ayudaron a Berbeo y al Arzo-bispo a contener la marcha de las multitudes hacia Santafé, lo cual explica la pugna que existía entre el clan de patricios de la ciudad de Tunja y aquellas zonas de la provincia densamente pobladas por indígenas y donde se hallaban localizados los principales Resguardos, como era el caso de Sogamoso. Esta pugna se acentuó al comenzar la liquidación de los Resguardos y se tradujo en total ruptura cuando Sogamoso, a fin de defender su población aborigen, se proclamó en provincia soberana e independiente de Tunja y nombré al doctor Emigdio Benítez, uno de los jefes del partido popular de Santafé y compañero de Carbonell, como su diputado al Congreso General del Reyno. Ya veremos las consecuencias de este gesto de independencia.

En la poderosa provincia de Cartagena, otro de los baluartes del estamento crio-llo, el explosivo conflicto social que había encontrado su válvula de escape en la controversia federalista, tuvo efectos no menos graves y comprometió no sólo la integridad de la provincia sino que puso en tela de juicio el reconoci-miento de Fernando VII y de la Regencia, reconocimiento de que venían sir-viéndose los notables de Cartagena para preservar su hegemonía de la amenaza que para ella implicaba el rápido crecimiento del partido popular acaudillado por los Gutiérrez de Piñeres. La crisis estalló, explicablemente, cuando la villa de Mompós, en la cual tenían decisiva influencia los Gutiérrez de Piñeres, re-solvió emanciparse de la aristocracia criolla cartagenera y para hacerlo se sirvió de doctrinas que daban un golpe demoledor a las premisas políticas en que hab-ía fundado su autoridad la Junta de notables de Cartagena, doctrinas que así describen los |Apuntamientos Históricos de Mompós: « Con toda franqueza declaróse independiente del Supremo Consejo de Regencia proclamando su independencia absoluta de España y de cualquier otra dominación extranjera».


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Una vez que Mompós se constituyó en provincia soberana y desconoció la Re-gencia, procedió a efectuar, como lo hizo Sogamoso, el nombramiento de sus propios delegados al Congreso del Reyno, a lo cual respondió Cartagena con preparativos militares dirigidos inequívocamente a sojuzgar a la Villa secesio-nista.

El tercer foco donde se quebró el predominio de la oligarquía fue Popayán, re-sidencia de las grandes familias de plantadores y mineros esclavistas, herederas de los conquistadores y encomenderos, las cuales acataban a Fernando VII y la Regencia y se habían negado a desprenderse de los gobernadores y funcionarios españoles de la provincia. La ruptura se produjo por tanto, entre la ciudad de Popayán y los pueblos y villas del llamado Valle del Cauca, donde abundaban los criollos de escasa fortuna y estaban situadas las vastas plantaciones trabaja-das con glebas de indios, mestizos y esclavos negros, glebas que frecuentemen-te se habían rebelado contra la opresión económica y social de que eran vícti-mas. « En 1743 - dice Jorge E. Cruz - el pueblo de Cali se levanta contra los alcaldes. A mano armada rompe la pared de la cárcel y pone en libertad a un preso de su clase. Se va contra la casa donde se ha escondido uno de los alcal-des y trata de forzarla. Los eclesiásticos exhortan a la plebe, pero ésta no hace caso, por lo cual el Vicario saca el Santísimo. Mas todo ha sido inútil porque los amotinados no paran sino cuando con hachas derriban la horca colocada poco antes en la plaza mayor. Por los lados del Llano Grande y Buga ruge tam-bién la tormenta. Se publica a són de cajas, el decreto del Virrey que manda al vecindario concurrir con hombres a la apertura del camino del Chocó, ordenada desde 1775, por considerar que ya en 1778 debe haber cesado la "grandísima pobreza" del vecindario, causada por la peste y la langosta.

«Las víctimas escogidas se rebelan. Los hombres del Llano Grande toman la iniciativa, convocan a los de Tuluá y se comunican con los de Cartago. En Buga hay Cabildo abierto con asistencia de los vecinos principales, y se determina nombrar una comisión para que investigue el "fin que tienen los mulatos para la sublevación", y procure atajarla. Se sabe entonces que el ánimo de los amotina-dos es pedirle al Gobierno Supremo que los releve de concurrir a la apertura del camino del Chocó, y agregan que de no oírsele esta súplica y considerárseles lo que piden, están dispuestos a hacer resistencia. Y en esta petición, hay solidari-dad entre "pardos e indios".

«Nicolás de Escobar, en nombre "de todo el común plebeyo" presentó al Cabil-do de Buga, en su sesión del 28 de julio de 1778, las peticiones del caso, y esta entidad, en vista de la grave situación creada, ordenó suspender las providen-cias de avíos y las más que estaban practicando para la remisión de la plebe de esta ciudad, para la apertura del camino del Chocó. La idea triunfó, pero Pablo Salazar, Eugenio Chávez y otros más, que figuraron como los promotores del motín, fueron encarcelados, se les instruyó información sumaria y se ordenó pasar la causa al Virrey para que dispusiera lo que debiera ejecutarse con los reos ».


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Esta larga tradición de rebeldía y de lucha en defensa de sus derechos sociales, característica de los pueblos del Valle del Cauca y principalmente de Cali, se tradujo, a partir de 1810, en un gran movimiento de dichos pueblos en favor de su separación de Popayán y así comenzó a formarse el núcleo llamado "Ciuda-des Confederadas del Valle", que aspiraba a constituir su propia Junta de Go-bierno y a enviar sus representantes al Congreso del Reyno. Obedeciendo a tendencias sociales semejantes se separaron Vélez de la provincia del Socorro, Quibdó de la de Nóvita e Ibagué y Tocaima de la provincia de Mariquita.

La sorpresa y alarma que causó a la camarilla gobernante en Santafé esta rápida deteriorización del andamiaje construido para mantener su hegemonía política y social, se descubre en el discurso pronunciado, en la Junta de la Capital, por don Frutos Joaquín Gutiérrez, discurso cuyos apartes principales decían: «Lasprovincias, desconfiadas unas; envidiosas otras; aquéllas orgullosas de su liber-tad, pero sin ilustración; éstas, vergonzosamente abatidas e interesadas; todas, o casi todas, ingratas y sin política, han formado del Nuevo Reyno de Granada un teatro oscuro donde se ven en contradicción todas las virtudes y todas las pasio-nes... |Unos profetizan la tiranía vinculada a ciertas familias; otros anuncian la protección que aquélla y el fanatismo podían hallar, por desgracia, en el san-tuario. Todos opinan, todos sospechan, todos proyectan, todos temen; cada hombre es un sistema y la división ha penetrado ya hasta el seno de las familias. |Entre tanto el descontento va cundiendo; el gobierno va perdiendo opinión... »

En medio de esta atmósfera de constantes recelos y de apasionados conflictos, se aproximó la fecha acordada para instalar el primer Congreso del Reyno en Santafé. Explicablemente las grandes provincias matrices - Cartagena, Antio-quia, Tunja y otras - se abstuvieron de enviar, por el momento, sus delegados a la Capital y a don Camilo Torres, electo a última hora por la provincia de Pam-plona, se le dieron instrucciones precisas para que manifestara en el Congreso que las provincias matrices no se harían representar hasta tanto que el dicho Congreso declarara enfáticamente su negativa a recibir los delegados de las villas, ciudades y regiones que se habían segregado de sus provincias colonia-les.

En el entendimiento de que el Congreso procedería una vez instalado, a definir esta decisiva cuestión prevía, el día 22 de diciembre de 1810 la Junta de San-tafé, en Sala de Acuerdo, efectuó la solemne ceremonia de instalación. « Com-parecieron - dice el Acta - el muy ilustre Cabildo, los jefes y oficiales de todos los cuerpos y un número considerable de sujetos de la primera distinción, y, estando en ella los señores diputados de seis provincias para el Congreso, pues-tos en ceremonia tomó la palabra el señor Vicepresidente de la Suprema Junta (Pey) diciendo: que esta respetable. Asamblea se había convocado a fin de ins-talar en el día el Supremo Congreso por cuya formación anhelaban las provin-cias y estaba ansiosa la Capital... En su virtud, continuó diciendo, se debía pro-ceder al juramento y habiéndose puesto de pie inmediatamente los dichos seño-res diputados que lo son: el señor don Andrés Rosillo, por la provincia del So-corro; el señor don Manuel Campos, por la de Neiva; el señor don Manuel Ber-


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nardo Alvarez, por la de Santafé; el señor doctor don Camilo Torres por la de Pamplona; el señor doctor don Ignacio de Herrera por la de Nóvita, y el señor don León Armero, por la de Mariquita, dispusieron que se empezase por la dili-gencia de prestar aquél... ».

Para local del Congreso designó la Junta el antiguo Convento de monjas de la Enseñanza, situado frente a la Catedral, y allí comenzaron las sesiones, después de la respectiva elección de dignatarios. Para presidente se nombró a don Ma-nuel Bernardo Alvarez y al procederse a la elección de secretarios se llevó a efecto un nombramiento destinado a tener las más trascendentales consecuen-cias. Como en diciembre de 1810 había llegado a la Capital don Antonio Nariño y la Junta se esforzó por restarle importancia a su regreso y le excluyó de todo cargo oficial, la división de los partidos adquirió nuevos vuelos, las huestes de Carbonell se congregaron alrededor de Nariño y en el Congreso se decidió, con la sola oposición de don Camilo Torres, romper el cerco de hostilidad de que se había rodeado al Precursor y designarlo Secretario General.

A partir de este momento empezó a deteriorarse la aparente armonía que había reinado entre la Junta y el Congreso y el conflicto se agrió en la medida que se hacía más visible la influencia de la garra política de Nariño. Si la Junta había esperado que los diputados de las provincias seguirían una conducta sumisa y se negarían a aceptar las credenciales de los representantes de las regiones o villas que se habían separado, se convencieron de lo contrario cuando el Congreso, al recibir las credenciales del diputado de Sogamoso, región que se había separado de Tunja, las aceptó y declaró su plena validez. Esta decisión trascendental fue aprobada por todos los congresistas, con la sola excepción de don Camilo To-rres, quien protestó por ella e hizo en la sesión una escena de teatro. Después de referirse a Sogamoso en los términos más despectivos, calificando a sus habi-tantes, por el hecho de ser indígenas, de "pueblos miserables", declaró «que tenía especial instrucción de su provincia para no reconocer a Sogamoso bajo esta calidad, ni de consiguiente admitir su representante; que no se debían ad-mitir otros que los de las provincias habitadas por tales en el antiguo gobierno». A ello agregó Torres que todo lo que se acordara en el Congreso con la partici-pación del diputado de Sogamoso sería nulo y abandonó la sala espectacular-mente, diciendo que «protestaba y protesta, que Pamplona no reconoce a So-gamoso por provincia, ni el señor su representante (Torres) concurrirá con el de ella, sino que desde este momento se retirará del Congreso ».

Si don Camilo Torres pensó intimidar, con su petulante gesto, a los diputados del Congreso, se equivocó totalmente. No estaba ya en el Cabildo de Santafé o en el de Pamplona, a cuyos regidores solía deslumbrar con su cultura libresca y sus despliegues de falsa erudición, y don Ignacio de Herrera se encargó de darle la respuesta que merecía: ¿Puede - declaró Herrera - explicarse con más imperio el Gran Sultán cuando habla a sus vasallos? Esta respetable Asamblea, que re-sume legítimamente la soberanía de las provincias ha degenerado en un conjun-to de esclavos sujetos a la cadena. Su diputado (el de Pamplona) no viene auto-rizado para tratar de la utilidad común sino para sostener sus opiniones. El dic-


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tamen de los otros es una locura y, aunque sean muchos, tienen que sucumbir ala ley que le solo uno. ¿Entre quiénes vivimos? ¿Qué conducta es esta? En me-dio del ardimiento y energía con que los pueblos defienden su libertad, ¿vamos a ponerles unas cadenas mucho más pesadas? ».

Nuevos hechos se encargaron de demostrar, a continuación, que la actitud de don Camilo Torres, no obstante su forma personal de presentarla, obedecía a la política muy concreta del estamento criollo. Así lo demostró la insólita actitud de la Junta de Santafé, la cual entró inmediatamente en la palestra para solidari-zarse con las declaraciones del señor Torres y calificar, en forma despectiva, a los habitantes de Sogamoso, por ser indígenas en su gran mayoría. Los términos de la nota dirigida, el 29 de diciembre de 1810, por el Vicepresidente Pey al representante de la provincia de Santafé en el Congreso, señor Alvarez, consti-tuyen la mejor prueba del insolente espíritu de casta que inspiraba la política de la camarilla criolla gobernante y del menosprecio con que sus procuradores miraban a las masas indígenas granadinas. « La Junta Suprema - decía el señor Pey - depositaria de los derechos del pueblo de Santafé, ha sido también con-servadora de los que pertenecen a la ilustre provincia de Tunja... En estas cir-cunstancias se reunen seis diputados al Congreso y sin consideración a los prin-cipios de la más sana política, seguidos por la Suprema Junta que reunía la re-presentación de esta provincia y la de Tunja y a lo contestado, en consecuencia de ello, por las de Cartagena, Antioquia y Pamplona, y a que sus facultades (las del Congreso) están ceñidas a llevar la voz del Reyno para cuidar de la seguri-dad exterior y convocar una legítima representación nacional, que es la que debe hacer la Constitución del Estado, ha admitido en su seno, en calidad de provincia, |al miserable pueblo de Sogamoso, dependiente de Tunja, que sólo se compone de indios que no han adquirido ni adquirirán en años los derechos activos de la representación civil, por la estupidez en que yacen... Por estas razones el Poder Ejecutivo de Santafé, que gobierna según la ley, ha resuelto dar a entender a Ud., a nombre de su provincia y la de Tunja, cuyos derechos jamás abandonará, que... se abstenga Ud. de toda concurrencia (al Congreso) si no es con los legítimos diputados de las provincias antiguas... ».

La altiva respuesta del señor Alvarez al Vicepresidente Pey deja adivinar la influencia intelectual de Nariño y la resolución que tenía el Congreso de no permitir el recorte de sus atribuciones por parte de la Junta de Santafé. « La prevención - decía Alvarez - que con iguales miras se me hace por dos o tres señores a que se halla reducido el Poder Ejecutivo de Santafé, no puede tener otra cualidad que la de meramente instructiva para proponerla en el Congreso General y excitar su decisión; pero ésta se me comunica en términos de manda-to, no solamente a nombre de esta provincia sino también de la de Tunja, de cuya defensa parece se ha encargado en estos últimos días el Poder Ejecutivo... Mi representación, a la que se ha confiado la atenta y cuidadosa defensa de la libertad y derechos de Santafé, |está muy distante de todas aquellas limitacio-nes que puedan reducirla a la de solo agente de esa Junta y mucho menos a la de procurador de plaza de las intenciones y empresa de la de Tunja... Yo me atrevo a anticipar el presagio de mis temores, cuando miro los perjuicios que a


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todo el Reyno, y particularmente a esta Capital, amenaza la violenta sujeción de numerosos pueblos a sus antiguas cabezas de provincia, de cuya opresión inten-tan sacudirse, usando oportunamente de la legal libertad a que los ha restituido su general revolución... ».

La gradual ruptura entre la Junta de notables de la Capital y el Congreso del Reyno, motivada por la aceptación del delegado de Sogamoso, agudizó la con-troversia entre |patricios y |chisperos, y dio a esa controversia el carácter de excepcional oportunidad para que se descubriera la resistencia de la camarilla gobernante en Santafé a proclamar la Independencia y los esfuerzos que venían realizando sus más destacados voceros para mantener o restablecer el recono-cimiento del Consejo de Regencia de España, a fin de cerrar la única brecha cuyo ensanche podía traducirse en la completa emancipación del Nuevo Reyno de su antigua Metrópoli. La actitud de don Camilo Torres en el Congreso sirvió de ocasión para que se comenzara a hablar claro y se dijeran una serie de graves verdades que sólo se murmuraban entonces en voz baja, porque la atmósfera de hipocresía y de violencia moral impuesta por la Junta de la Capital, había logra-do mantenerlas en la sombra, cubriéndolas con un silencio convencional, que los historiadores se encargarían de perpetuar. Ese silencio se rompió por una vez en el Congreso del Reyno, porque sus diputados, en dictámenes e informes escritos, pusieron inequívocamente al descubierto los verdaderos móviles que inspiraban la conducta de don Camilo Torres y de la Junta de notables de San-tafé.

El primero de los temas que constituyó materia para los dictámenes de los dipu-tados al Congreso, fue la misma soberanía de las provincias, o sea la doctrina federal. El asunto era tanto más importante cuanto que el principal abogado de esa doctrina había sido don Camilo Torres, quien la hizo incorporar en el texto del Acta del 20 de julio de 1810, a fin de constitucionalizar la total independen-cia de las antiguas provincias coloniales frente a la Capital del Reyno. Pero don Camilo Torres se apresuró a fijarle limitaciones |ad hoc a esa doctrina no bien los pueblos, las masas indígenas y la gleba de los oprimidos, quisieron libertar-se de las Juntas de notables que ejercían su hegemonía en las capitales de las provincias matrices. Entonces don Camilo protestó indignado, renunció a la lógica del sistema federal y declaró que los alcances del mismo no iban más allá de reconocer la soberanía de las provincias que existían en la Colonia hasta el 20 de julio de 1810. Esta interpretación ecomodaticia del federalismo fue co-mentada, en los siguientes términos, por don Emigiclio Benítez en su dictamen: «En el deseado momento de nuestra santa revolución, en el lenguaje del doctor Torres y sus secuaces, se rompieron los vínculos que ligaban a las provincias con la Capital (Santafé). ¿Por qué han de quedar subsistentes los de los pueblos numerosos con sus antiguas matrices, cuando ellos son capaces de organizarse por sí solos sin dependencia alguna? ¿Qué, los principios del derecho natural y de gentes no son comunes a todos? ¿ Tiene por ventura el doctor Torres algún código que restrinja a determinados sujetos, y a estos lugares, que sólo el antojo de las bárbaras demarcaciones del antiguo gobierno colocó en la clase de matri-ces? ¿ Son éstas unas sanciones inalterables como las que impone la misma


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naturaleza, como explican los falsos filósofos del día, |esos misántropos que alucinados con sus caprichos y llenos de orgullo y vanidad, quieren dar tono a la organización general del Reyno, haciéndolo partícipe de sus melancólicas flemas y de sus consecuentes des aciertos? ».


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NARIÑO EN EL PODER

LOS CRIOLLOS se preparan a negociar con la Metrópoli. - Rechazo es-pañol. - Los realistas toman la ofensiva. - Se libertan los esclavos. - Im-popularidad de la causa criolla. - Hostilidad de los indios y los negros. -Interviene Nariño. - La batalla por libertar a la opinión pública. - Contra un régimen sin válvulas de escape. - "La Bagatela". - El canapé de la Pa-tria Boba. - El Derecho como guardián del espíritu conservador. - La le-galidad del "statu quo". - Las renuncias del señor Lozano. La magia de los discursos. - Nariño y Carbonell en acción. - El pueblo y el ejército. -La hora de la democracia. - Levantamiento popular. - La oligarquía cer-cada. - El 19 de septiembre de 1811. - "Noticias muy gordas". - Conquis-ta revolucionaria del poder. - Nariño Presidente.

PARCIALMENTE conjurado el peligro de una insurrección general del pueblo granadino contra la férrea estructura política forjada por las Juntas de notables, peligro que indujo a dichas Juntas a participar activamente en la disolución del primer Congreso General del Reyno, sólo restaba, a los distintos núcleos regio-nales del estamento criollo, llegar a un acuerdo de fondo sobre la naturaleza de las futuras relaciones del Reyno con la Metrópoli española. - El problema tenía destacada importancia porque la aristocracia criolla, para estas fechas, todavía continuaba condicionando la cuestión clave de la Independencia a los resultados finales de la guerra que se adelantaba en España contra Napoleón, y en momen-tos en que el partido realista y españolizante de la Nueva Granada afirmaba que los Dominios debían permanecer unidos a la Metrópoli, cualquiera que fuera la suerte de la guerra - incluyendo el triunfo de Bonaparte -, la oligarquía granadi-na, los "descendientes de don Pelayo", se declaraban defensores de Fernando VII y sólo contemplaban la posibilidad de una franca declaratoria de Indepen-dencia si los "libertinos de Francia" triunfaban en España y pretendían trasladar a los Dominios la doctrina de la igualdad de las razas y la filosofía abolicionis-ta, que implicaban el fin de la esclavitud de los negros y de las distinciones de casta a que se mostraban tan apegados los grandes señores del patriciado crio-llo. Como la Independencia era, para ellos, una solución desesperada, sólo de-seable en la eventualidad de una victoria de los ejércitos napoleónicos, poco o nada se preocuparon los gobiernos criollos por preparar militarmente a la Nue-va Granada para resistir al poderoso partido realista que existía en ella y sus empeños, a la postre, se redujeron a tratar de conseguir que las provincias do-minadas por los españoles, como Popayán, Pasto y Santa Marta, se hicieran representar en el segundo Congreso del Reyno, cuya misión sería constituciona-lizar aquellas garantías y privilegios que los criollos deseaban establecer como bases irrenunciables para pactar con Fernando VII, cuando triunfara su causa, una remodelación del Imperio español, orientada a cederles importantes porcio-nes del poder político y del poder económico y financiero. Crear esas bases y


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dejar pendiente, hasta el término de la crisis española, el problema de las rela-ciones futuras con la Metrópoli - por ahora garantizadas con el reconocimiento a Fernando VII -, era el propósito central de la política criolla y así lo declaraba don Jorge Tadeo Lozano, Presidente de Cundinamarca y Vice-Gerente del Rey, en el oficio que dirigió, el 29 de agosto de 1811, al Gobernador realista de San-ta Marta: Desde mi ingreso en la Presidencia - le decía - llevado de mi genial amor a la paz y buena armonía, y convencido de que la guerra civil y ruina con-siguiente de las provincias de este Reyno nunca pueden mirarse como medio acertado y útil, |sean cuales fueran las opiniones políticas y partido que cada una de los provincias haya abrazado, oficié el 9 de abril próximo pasado con el Gobernador y Juntas anteriores que gobernaban en ésa (Santa Marta), haciéndo-les ver la importancia y utilidad que les resultaría de fraternizar con Cundina-marca y manifestar a todo el Reyno el mismo afecto, nombrando un diputado que viniese a tratar con este Gobierno o a ser miembro del Congreso General que va a instalarse, |mayormente cuando las opiniones políticas que nos dividen son de tal naturaleza que de una hora a otra las decidirá la suerte de las armas en Europa, sin necesidad de que nosotros manchemos infructuosamente nues-tras manos en la sangre de nuestros parientes, amigos y compatriotas. Las razo-nes aducidas en aquel oficio hicieron tanta impresión, que cuando se contestó, con fecha primero de mayo, se manifestó la resolución de enviar el diputado que se pedía y que para su pronta elección se habían hecho |chasquis a los Ca-bildos de distrito que debían elegirlo. En este concepto creía la Presidencia (de Cundinamarca) contar entre sus más gloriosos timbres la reunión de Santa Mar-ta a la totalidad del Reyno y haber sido la medianera para que nuestras diferen-cias políticas se terminaran de un modo amigable, |cual conviene entre perso-nas que tienen un mismo origen, una misma patria, una misma religión y un mismo Rey; pero por desgracia la mudanza de Gobernador y la disolución de la Junta, parece que ha destruido aquellas nacionales y benéficas disposiciones...».

En Santa Marta, como lo decía el señor Lozano, las autoridades realistas termi-naron por adoptar una actitud hostil con las Juntas de notables del Reyno, por-que los españoles residentes en América y los gobernantes de la Península no estaban dispuestos a tolerar el ascenso del patriciado criollo a los altos mandos de la Administración colonial, aunque ese ascenso no implicara, como no im-plicaba entonces, una ruptura con la Metrópoli. Ello explica por qué en Santa Marta y principal mente en Popayán y Pasto, los gobernantes españoles y el partido realista no vacilaron en decretar una medida revolucionaria - la libertad de los esclavos negros -, cuyo natural objetivo era minar el poder económico de la oligarquía criolla, en cuyas filas figuraban los grandes propietarios y mineros esclavistas del Reyno. El historiador José Manuel Restrepo, quien vivió en la época y fue uno de los más eminentes personeros de la oligarquía criolla, dice en su Historia de la Revolución, al referirse al tópico que nos ocupa: « El Ca-bildo de Popayán, |realista decidido, asociado al pueblo, acordó... que se diera libertad a todos los esclavos que tomaran las armas en defensa del gobierno real; medida impolítica e imprudente en una provincia donde los esclavos eran tan numerosos, la que inmediatamente produjo motines de éstos en todas las minas situadas sobre las costas del Pacífico... El mismo Tacón había puesto en


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insurrección, |con imprudencia imperdonable en un jefe español, las cuadrillas de esclavos de las minas de Micay y del Raposo, pertenecientes a propietarios de Popayán, en odio de que algunos de éstos eran adictos a la revolución; había-les también puesto las armas en la mano (a los esclavos) a fin de que combatie-sen a favor de la causa del Rey ».

Estos procedimientos revolucionarios indujeron a la vacilante aristocracia crio-lla payanesa a separarse de la causa española y a buscar una rápida aproxima-ción a las Juntas de notables del Reyno, pero ellas afianzaron, también, el poder de los españoles en la misma provincia de Popayán, en el Chocó, Pasto y sobre todo en el Patía, cuyas gentes « eran en la mayor parte - dice Restrepo - negros y mulatos », y provocaron graves traumatismos sociales en la Provincia de An-tioquia, en donde las frecuentes rebeliones de esclavos obligaron al momposino Juan del Corral, al encargarse del Gobierno en la provincia antioqueña, a pro-poner un sistema de abolición gradual de la esclavitud, destinado a contrarrestar la eficaz colaboración que prestaban los esclavos negros a la causa española. Esta propuesta, como habremos de verlo, fue rechazada por la oligarquía criolla granadina y ello contribuyó decisivamente a prolongar el proceso de Indepen-dencia y a hacer de él una guerra civil entre granadinos, porque los estratos po-pulares de la población, particularmente los negros y los indios, no regatearon su apoyo al partido peninsular, al verse gravemente lesionados por una política, como la criolla, que se orientaba a disolver sus Resguardos y sólo aceptaba la Independencia como recurso desesperado para aislar a la Nueva Granada de los "libertinos de Francia", cuyas doctrinas favorecían la abolición de la esclavitud y de la trata de negros. Explicablemente el historiador Joaquín Posada Gutié-rrez, quien vivió en la época, describía la actitud de los sectores populares de la Nueva Granada en los siguientes términos: He dicho "poblaciones hostiles" porque es preciso que se sepa que la Independencia fue impopular en la genera-lidad de los habitantes; que... los ejércitos españoles se componían de cuatro quintas partes de los hijos del país; que los indios, en general, fueron tenaces defensores del gobierno del Rey, como que presentían que |tributarios eran más felices que lo que serían como ciudadanos de la República ».

Bien comprendió Nariño, como después lo comprendería Bolívar, que la causa americana no podía continuar identificándose con los intereses y conveniencias de la clase social que, en una época de magnos acontecimientos históricos, sólo ambicionaba crear las condiciones propicias para acentuar la explotación del trabajo de los indios, los esclavos y mestizos que formaban la inmensa masa de la población granadina. Nariño concibió, por ello, el grandioso proyecto, cuya realización le convertiría en el hombre más perseguido de nuestra historia, de expulsar a la oligarquía criolla de los altos mandos políticos, en los cuales se había acampado desde el 20 de julio, y construir un gran Estado Nacional que pudiera recoger las aspiraciones de nuestro pueblo y darle a la sociedad la co-herencia que le faltó durante la Colonia, por los privilegios y prerrogativas in-troducidos en favor de los españoles y de la Metrópoli, coherencia que mal pod-ía lograrse ahora si no se rectificaba el rumbo de una política, como la criolla, orientada a acaparar los beneficios de la nacionalidad para una minoría y a dar a


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la Nueva Granada la configuración de una Colonia interior, en la cual esa mi-noría desempeñaba, sin ninguna generosidad, las funciones de nueva Metrópoli.

Para llevar adelante su histórica empresa, debía enfrentarse a la tremenda des-igualdad que, en la distribución del poder político, existía en la Nueva Granada, desigualdad en virtud de la cual las mayorías nacionales estaban privadas de todos los medios de expresión, fueran ellos los del sufragio, la representación en los cuerpos colegiados o el uso de los instrumentos de publicidad, porque tales medios habían sido concentrados desde 1810 en manos de una camarilla, que disponía del gobierno a su antojo, controlaba todos los periódicos y había establecido un régimen electoral |ad hoc, que entregaba el completo control del Estado al patriciado criollo.

Nariño comprendió que había llegado el momento de comenzar a proclamar las grandes verdades que se veían condenadas al anonimato, porque el régimen político ideado por los abogados criollos carecía de válvulas de escape y había tapo nado sistemáticamente todos los canales que podían permitir la expresión de la inconformidad popular. Su glorioso pasado de luchador y el hecho de per-tenecer a la misma oligarquía que detentaba el poder, le daban una autoridad excepcional y su intervención en la controversia pública iba a provocar, expli-cablemente, una profunda división de la clase gobernante, parte de la cual acompañaría a Nariño en su generoso intento de representar a la gleba anónima del pueblo granadino, cuyas aspiraciones se habían querido silenciar en aquella hora decisiva de la nacionalidad.

Para romper ese silencio convencional, para denunciar las intimidades de esa mentirosa Arcadia cuyas delicias y virtudes cantaban los de arriba, fundó Nari-ño el primer órgano periodístico de combate de nuestra historia, "La Bagatela", editada en la Imprenta de Espinosa y cuyo número inicial se entregó al público el día 14 de julio de 1811. « Fue "La Bagatela" - dice Groot - periódico satírico y burlón que redactaba Nariño |y que hacía las delicias del pueblo; y como fue lo primero que se escribió aquí en este género, causó tal impresión en el genio de los santafereños, tan inclinado a la burla, que los viejos, hasta ahora, recuer-dan aquella producción como sin igual en su género ».

A partir de este momento la controversia periodística perdió el carácter boba-licón que había sido su distintivo desde 1810 y en Santafé se interrumpió el coro de alabanzas que, al régimen vigente, entonaba una prensa sumisa. Si la situación política dejó de dibujarse con colores de rosa, a los santafereños, en cambio, les fue posible ver de bulto los grandes problemas de la nacionalidad, problemas que no habían desaparecido porque la prensa de la oligarquía fingie-ra ignorarlos. Nariño comenzó por pedir, en su periódico, la inmediata declara-toria de Independencia y el desconocimiento de Fernando VII, porque él no estaba resuelto a permitir que aquella extraordinaria coyuntura histórica se mal-baratara y sus efectos se redujeran a la simple ocupación de los empleos de la Administración colonial por los patricios criollos. «No hay medio - escribió en "La Bagatela" -; querer ser libres dependiendo de otro gobierno, es una contra-


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dicción; con que, o decretar de una vez nuestra independencia, o declarar que hemos nacido para ser eternamente esclavos ». No menos categóricas fueron sus apreciaciones con respecto a la transformación política iniciada por los no-tables el 20 de julio de 1810: « Nuestra revolución - decía Nariño - no sólo fue necesaria, fue justa, justísima; |pero la justicia de la causa no prueba que las cosas vayan justamente ». Y en la sección, deliciosamente irónica de "La Baga-tela", que Nariño titulaba "Carta del filósofo sensible a una dama su amiga", agregaba Nariño: «Les parece (a los gobernantes de la oligarquía) que esto de la libertad es una fiesta de toros, o una buena cosecha a donde todos han de coger sin haber hecho antes ningunos sacrificios... |Parece que lo que hemos querido conquistar no es la libertad sino el mando ». El ataque de Nariño al gobierno de los notables se acentúa con el transcurso de los días, como lo demuestran los siguientes juicios, consignados en la sección "Carta del filósofo sensible a un amigo": «Yo he comparado varias veces, a mis solas -escribía Nariño -, estos tiempos de revolución a un baile de máscaras: unos ves-tidos de filósofos, otros de militares, éste con la capa de la virtud, aquél con el traje del patriotismo; la revolución les quita la máscara y vemos todo lo contra-rio de lo que nos parecía... Todos los días oirás hablar de intrigas, de divisiones, de partidos, de desvergüenzas, y apenas oimos una acción mediana de virtud y patriotismo. Vaya más claro, ni aún lo conocemos. No te puedo citar una sola acción de aquéllas que han hecho producir las antiguas repúblicas... |Pero silos oyeras ¡Cielos Santos! se comen al mundo cuando están fumando en un ca-napé; todos los grandes hombres del mundo quizá no han hecho la mitad de lo que cacarean estos fumadores... Me avergüenzo, te confieso la verdad, que cuando no te puedo citar un ejemplo de generosidad y desinterés, te pudiera citar un millón de enredos, de chismes, de divisiones, de raterías, |de bravadas envueltas en los lugares comunes del amor a la patria, de sacrificios de sus vidas, de valor guerrero, etc. Mata más enemigos uno de nuestros pisaverdes en una hora con el tiple, o conversando con su mujer, que Gengis Kan en las cam-pañas de la India, o Julio César en la Guerra de las Galias ». Más categóricas aún son las opiniones de Nariño en su editorial "Dictamen sobre el Gobierno de la Nueva Granada", en el cual dice: « |Nada hemos adelantado, hemos mudado de amos, pero no de condición. Las mismas leyes, el mismo gobierno con algu-nas apariencias de libertad, pero en realidad con los mismos vicios... Los mis-mos títulos, dignidades, preeminencias y quijotismo en los que mandan; en una palabra, conquistamos nuestra libertad para volver a ser lo que antes éramos ».

Nariño estaba persuadido de que los rápidos progresos realizados por los espa-ñoles en la reconquista de la opinión pública granadina sólo podían contrarres-tarse eficazmente si se procedía a declarar la Independencia absoluta de España, pero no una Independencia que se tradujera en el simple traspaso del poder al patriciado criollo, odiado por los sectores populares, sino en un auténtico mo-vimiento de liberación, que emancipara al pueblo granadino no sólo de su anti-gua Metrópoli, sino también de la nueva tiranía de los "descendientes de don Pelayo" y de sus abogados, cuya recortada noción de la patria se había revelado en la conducta seguida por las Juntas de notables desde 1810.


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Para derribar el gobierno de la oligarquía le era preciso a Nariño enfrentarse a una serie de |tabús políticos, de los cuales se servían los procuradores de la cla-se patricia para impedir la revisión de las premisas políticas del régimen vigen-te. Tal ocurría, por ejemplo, con las nociones de |legalidad y |juridicidad, a las que tempranamente se dio en nuestra, historia una interpretación mágica, a fin de convertirlas en tutoras del espíritu conservador y en centinelas alertas del |statu quo social. Así sucedió desde 1810, porque los criollos no sustituyeron el orden colonial por un orden jurídico que permitiera a la sociedad granadina efectuar los cambios exigidos por los desequilibrios e injusticias heredados de la Colonia, sino que construyeron un andamiaje legal estrictamente acoplado a sus intereses de clase y a continuación procedieron a |propagar el Mito de la sagrada invulnerabilidad de la Ley, a fin de evitar toda modificación de las normas promulgadas por ellos para apuntalar una estructura económica y políti-ca en cuyo ámbito se habían tomado la parte del león.

Esta interpretación acomodaticia de la |legalidad sólo perjuicios podía acarrear en una sociedad que, como la granadina, estaba plagada de injusticias, las cua-les requerían no la perpetuación del |statu quo, sino el impulso dinámico de una mentalidad progresista y la creación de un marco jurídico flexible que facilitara, en lugar de obstruír, aquellos cambios indispensables para corregir los contras-tes sociales que impedían la formación de una recia unidad nacional. « La Ley sola - escribía Nariño - no es bastante si no se facilitan también los remedios contra los asaltos del oro y del valimiento ».

La clase gobernante criolla no quiso, sin embargo, otorgar al orden jurídico el alcance de un conjunto de reglas imparciales de juego, en cuyo ámbito se ofrec-ían iguales oportunidades a los distintos estratos de la sociedad, sino que prefi-rió convertirlo en baluarte de un |statu quo en el que se sobrevivían aquellas injusticias del régimen colonial que favorecían el enriquecimiento y la desme-dida influencia política del patriciado criollo. A nuestro pueblo y a sus conduc-tores no les quedó, desde entonces, otro recurso que el de rebelarse contra una |legalidad dictada por los poderosos y cuya misión no era garantizar "un go-bierno de leyes y no de hombres", como decían pintorescamente sus defensores, sino apuntalar el predominio de la oligarquía más rapaz de Hispanoamérica.

Con Antonio Nariño aparece en la historia nacional el primero de nuestros grandes conductores que no se deja intimidar por el mito de esa legalidad enga-ñosa. Bajo su dirección nuestro pueblo se prepara a conquistar revolucionaria-mente el poder, y para esa gran batalla cuenta Nariño con la eficaz colaboración de los antiguos Comandos populares organizados por Carbonell, a quien se aca-baba de excarcelar, por la imposibilidad en que se vieron las autoridades judi-ciales de seguirle ningún proceso. Don Pedro Groot, Manuela García, don Igna-cio de Herrera y Carbonell trabajaron activamente en el mes de agosto de 1811 para restablecer en la Capital el clima revolucionario que determinó la caída del Virrey en las históricas jornadas del 25 de julio y el 13 de agosto de 1810 y las prédicas de estos destacados personeros del pueblo, como los editoriales de "La Bagatela", renovaron en la ciudad el entusiasmo por la Independencia, aletarga-


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do en los últimos meses por la equívoca conducta política de la oligarquía crio-lla. Ellos alertaron al pueblo contra los visibles progresos realizados, en la con-quista de la opinión pública, por el partido español, partido que desde Popayán, Pasto, Santa Marta y Maracaibo, estaba preparándose a lanzar una gran ofensi-va militar contra las regiones centrales del Reyno, en las cuales imperaban to-davía los desprestigiados gobiernos de lo notables.

Después de una etapa de intensa agitación, Nariño y los dirigentes del partido popular pudieron impartir, el 15 de septiembre de 1811, las últimas consignas y las correspondientes instrucciones para llevar a cabo la movilización en masa de todas las gentes de los suburbios de la Capital hacia la Plaza Mayor, y el día 17 se sucedieron graves motines en San Victorino, lo mismo que en Calle Ca-liente, de manera que la Compañía de Challerde, cuerpo militar compuesto en su mayor parte por españoles, se vio precisada a contener, en el puente de Hon-da, una manifestación de artesanos que intentaba dirigirse al centro de la ciu-dad. Algunos de los miembros del Cuerpo Legislativo del Reyno de Cundina-marca y los Ministros del Presidente Lozano le solicitaron, por ello, ordenar la inmediata detención preventiva de Carbonell y de Nariño, suspender las garant-ías constitucionales y asumir la dictadura a fin de defender las instituciones contra el complot preparado por "los demagogos", y prevenir las amenazas implícitas en la actitud insubordinada de "los guaches", como decían.

Estas solicitudes le fueron reiteradas al señor Lozano por una Comisión espe-cial del Cuerpo Legislativo y ante ella dio el Presidente muestras de su carácter vacilante, de su tendencia a evadir las responsabilidades y a resolver todos los problemas con discursos. Declaró a la Comisión que él carecía de ambiciones y no estaba dispuesto a emplear medios violentos para perpetuarse en el mando, por lo cual había decidido enviar esa misma tarde su dimisión al Congreso. Agregó que tanto él como su familia - la famosa dinastía de los marqueses de San Jorge - habían sido objeto de malévolas insinuaciones; que en la calle se le llamaba "Jorge I", no obstante su despego por los honores y su deseo de retor-nar pronto a su gabinete de estudio, del cual se le sacó contra su voluntad, por considerarse que sólo él podía unir las voluntades y acallar las pasiones parti-distas. Que habiendo fracasado en este empeño, se debía proceder a nombrarle un sucesor capaz de comprender, mejor que él, las tendencias políticas del mo-mento y de con jurar los gravísimos peligros que, para el orden social, se per-cibían ya en el horizonte.

La decisión del señor Lozano, como los términos en que ella fue presentada, causaron general desconcierto y los principales voceros de la camarilla gober-nante, con don Camilo Torres a la cabeza, declararon al Presidente que su re-nuncia aceleraría el desencadenamiento del desorden y facilitaría el triunfo de Nariño y de Carbonell, porque en circunstancias tan críticas era imposible hallar una persona qué reuniera, como reunía el ilustre vástago del marquesado, todas las voluntades de la clase gobernante. Insistentemente se le pidió, por eso, apla-zar el envío de su dimisión al Congreso y después de prolongados debates y no pocos ruegos se obtuvo, que el señor Lozano no diera curso a la anunciada re-


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nuncia, aunque fue imposible llegar a acuerdo ninguno con respecto a las medi-das de seguridad que convenía decretar para atender a la oportuna defensa del orden público en la Capital.

La confusión y el desconcierto que reinaba en el Gobierno facilitaron los pro-yectos del partido popular y ofrecieron nuevos estímulos a la creciente incon-formidad del pueblo de Santafé, convencido ya de que nada bueno debía espe-rar de la conducta política del patriciado criollo. Nariño y Carbonell prestaron, en consecuencia, particular atención a las ventajosas condiciones que existían en las Fuerzas Armadas de la Capital, profundamente divididas por la equívoca conducta del Gobierno, inclinado a favorecer a los oficiales españoles del anti-guo régimen y mantener bajo su mando a los cuerpos militares claves de la ciu-dad. Ello explica por qué no les fue difícil a Manuel García, Pedro Groot y Car-bonell obtener de los oficiales patriotas la promesa de que se mantendrían neu-trales en los acontecimientos próximos o intervendrían en favor del pueblo, con las tropas a su mando, si las Compañías de oficialidad española intentaban ac-tuar en defensa del Gobierno. Conseguida esta garantía, que restaba toda efica-cia represiva a la guarnición de la Capital, se acordó, en junta celebrada en casa de Nariño, señalar la fecha del 19 de septiembre para efectuar la gran moviliza-ción del pueblo, movilización cuyo objeto sería provocar el definitivo derrumbe del régimen de casta establecido en Santafé desde el 20 de julio. De igual mane-ra se decidió que en dicha fecha se publicaría una edición extraordinaria de "La Bagatela" y en ella denunciaría Nariño la equívoca conducta del Gobierno con respecto del partido español y su indiferencia culpable ante los rápidos progre-sos que él venía realizando para reconquistar la opinión pública granadina.

El comportamiento vacilante del señor Lozano, quien se reveló entonces como el eslabón débil del sistema imperante, y la visible división de las Fuerzas Ar-madas, explican la facilidad con que el día 19 de septiembre, desde las ocho de la mañana, se inició la rápida movilización de los habitantes de los barrios po-pulares de Santafé hacia la Plaza Mayor y el regocijo con que fue recibida la edición extraordinaria de "La Bagatela", distribuida entre la multitud por los artesanos, fijada desde la madrugada en los muros de las principales esquinas de la Capital y leída por oradores improvisados a los grupos que avanzaban hacia el centro de la ciudad, a la manera de innumerables afluentes que ensan-chaban la gran masa de un pueblo, resuelto a defender su derecho, a participar en los beneficios de la nacionalidad. El cronista Caballero, en las anotaciones que consignó en su Diario sobre los sucesos de este día, dice: « Se llenó la plaza de gente ».

El histórico editorial de Nariño en "La Bagatela" se titulaba "Noticias muy gor-das" y en él invitaba al pueblo de Santafé a reasumir la personería del magno movimiento de la Independencia, gravemente frustrado por la política hostil de la camarilla gobernante, política que se orientaba a esperar el desenlace de la crisis española para negociar con Femando VII un compromiso favorable a los criollos. «De Cartagena - decía Nariño en su edición extraordinaria - escriben que se han recibido allí varias cartas de La Habana exhortándolos a la esclavi-


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tud; que los oidores de Santafé se están reuniendo en Audiencia y aguardan al Virrey Pérez para venir a Santa Marta; que mantienen correspondencia con aquellas dos plazas y esta ciudad (Santafé). Entre tanto nosotros estamos divi-didos sutilizando y disputando puntos subalternos, |ambicionando empleos, queriendo preeminencias, y animando a nuestros enemigos con nuestras es-colásticas conclusiones. ¡Herederos pródigos, no sabemos hacer uso de un bien que se nos ha venido a las manos sin trabajo! Mientras nuestros enemigos afilan la espada para degollarnos, los diputados al Congreso se entretienen en buscar el lugar donde deben figurar, ventilan cuestiones teológicas y registran los auto-res que tratan de Cisma... Por el norte sabemos que Cúcuta está resuelta a unirse a Maracaibo, y la toma de Pamplona y de Girón será el resultado de las prime-ras operaciones de nuestros enemigos por aquel lado. De Popayán por el sur, ningún aspecto favorable presentan las cosas. Se ignora el estado de Quito y sólo se sabe que Tacón ha tomado las medidas más enérgicas para hacerse a dinero, ganado y tropas... Y nosotros ¿cómo estamos? Dios lo sabe; |cacareando y alborotando el mundo con un solo huevo que hemos puesto.¿Qué medidas, qué providencias se toman en el estado de peligro en que se halla la patria? Fuera paños calientes y discusiones pueriles; fuera esperanzas quiméricas, hijas de la pereza y de esa confianza estúpida que nos va a envolver de nuevo en las cadenas... La patria no se salva con palabras ni con alegar la justicia de nuestra causa. La hemos emprendido, ¿la creemos justa y necesaria? Pues a ello; vencer o morir, y contestar los argumentos con las bayoneta ¿Habrá todavía almas tan crédulas que piensen escapar del cuchillo si volvemos a ser subyugados? Que no se engañen; somos insurgentes, rebeldes, traidores; y a los traidores, insurgentes y rebeldes se les castiga como a tales. |Desengáñense los hipócritas que nos rodean; caerán sin misericordia bajo la espada de la vengan-za española, porque nuestros conquistadones no vendrán a disputar con palabras como nosotros... No hay, pues, más esperanzas que la energía y firmeza del Gobierno. Al americano, al europeo, al demonio que se oponga a nuestra liber-tad, tratarlo como nos han de tratar si la perdemos. Que no haya fueros, privile-gios ni consideraciones; al que no se declare abiertamente con sus opiniones, con su dinero y con su persona a sostener nuestra causa, se debe declarar ene-migo público y castigarlo como tal. Esos egoístas, esos tibios, esos embrollado-res son mil veces peores que los que abiertamente se declaren en contra. Al que no quiera ser libre con nosotros, que se vaya; pero al que se quede y no sosten-ga nuestra causa con calor, que le caiga encima todo el peso de la ley».

Hacia las once de la mañana la conmoción popular había adquirido caracteres verdaderamente revolucionarios y en la plaza una densa multitud exigía, con voces airadas, la inmediata renuncia del señor Lozano, al tiempo que partidas de artesanos armados ocupaban los centros claves de la Capital. Carbonell y numerosos oradores pidieron al pueblo mantener paralizada la ciudad hasta tan-to se cayera el gobierno de los notables, y grupos de exaltados comenzaron a recorrer las calles dando ¡vivas! a Nariño y ¡abajos! a los explotadores del pue-blo, lo cual determinó el rápido cierre de los almacenes, casas y tiendas y obligó a los patricios, como ocurrió el 20 de julio, a ocultarse en sus residencias. Refi-riéndose a los principales jefes del motín dice el historiador Restrepo: «Don


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Pedro Groot, don José María Carbonell, don Manuel Pardo, y otros que eran amigos y partidarios de Nariño, hicieron gran papel en las escenas revoluciona-rias del 19 de septiembre».

Hacia las doce del día la situación adquirió mayor gravedad porque las primeras filas de la multitud reunida en la plaza iniciaron el ataque al llamado Palacio de los Virreyes, donde se suponía que estaba el señor Lozano -aunque éste se en-contraba encerrado en su casa- y ello indujo a los más decididos miembros del Gabinete Ejecutivo, justamente alarmados, a trasladarse a los Cuarteles, a fin de conseguir que las tropas despejaran la plaza y pusieran término al motín. Allí les esperaba la sorpresa de ver a los soldados y oficiales granadino deliberando y se les acusó de estar vendidos a los españoles y de ser |regentistas. «Con el rifle al hombro -dice el historiador Vejarano-. los regimientos llamados Nacio-nales, Patriotas, Artillería y Milicias aclaman sin cesar a Nariño, mientras que a Lozano lo sostiene.., su guardia personal».

Cuando Nariño supo que la multitud había comenzado el asalto al Palacio de los Virreyes, creyó llegado el momento de proponer una solución que facilitara el cambio de Gobierno sin una sangrienta hecatombe social y por conducto de Carbonell y de Groot dio la consigna de que se estimulara al pueblo a solicitar la inmediata convocatoria de la Representación Nacional, prevista por la Cons-titución vigente para casos de extremada gravedad. « Los demagogos numero-sos que había entonces en la Capital -dice el historiador Restrepo- pidieron al Senado Conservador que convocara la Representación Nacional, o reunión de los poderes legislativo, ejecutivo judicial».

El se Lozano y los principales miembros del Senado de Cundinamarca fueron consultados por los Ministros que habían tratado, vanamente, de obtener la sali-da del ejército a la plaza y no bien conoció Lozano la situación anómala que reinaba en los cuarteles, convino en la convocatoria de la Representación Na-cional y anunció a su Gabinete, reunido en la casa de los Marqueses de San Jorge, que asistiría a la Asamblea de los Poderes Públicos para explicar su con-ducta y justificarse de los cargos que se le formulaban.

Aunque los jefes del partido popular se esforzaron por mantener el orden en la plaza, a fin de permitir la entrada tranquila, en el Palacio de los Virreyes, de los miembros de la Asamblea de los Poderes Públicos, sólo consiguieron su propó-sito en forma muy relativa, dada la exaltación de los ánimos, y tanto el señor Lozano como los principales abogados de la oligarquía fueron recibidos con amenazas y un insultante vocerío cuando se aproximaron, hacia las dos de la tarde, a las puertas de la antigua mansión de los Reyes.

Aunque la propuesta de Nariño había interrumpido transitoriamente el asalto al edificio del Gobierno, la tormenta revolucionaria se renovó en la plaza cuando se supo que la llamada Representación Nacional pretendía deliberar a puerta cerrada, en Junta de notables, y que a don José María Carbonell y a don Pedro Groot se les había impedido la entrada a la sala del Palacio, donde estaba reuni-


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da la plana mayor de la clase gobernante criolla. La ira popular se desbordó entonces, la multitud impidió cerrar las puertas del edificio e invadió el primer piso, de manera que algunos minutos después grupos exaltados, dirigidos por Pedro Groot, irrumpieron en el recinto donde estaba reunida la Representación Nacional, exigieron la inmediata dimisión del Presidente y acallaron con gran-des gritos al mismo señor Lozano, quien acababa de comenzar su discurso de explicaciones. Nuestros historiadores clásicos refieren la dramática escena con distinto énfasis, pero en sus relatos se conservan, no obstante, los elementos esenciales de estos decisivos acontecimientos. Don José Manuel Restrepo, no-toriamente hostil a Nariño, dice al respecto: « Los corifeos del movimiento se apoderaron del salón en que se reunían los miembros de los tres poderes, lo que se verificaba en el antiguo Palacio de los Virreyes. En vez de pedir medidas para salvar la patria, entre ellas la instalación del Congreso del Reyno, los que sé titulaban |pueblo soberano comenzaron un furioso ata que contra la adminis-tración del Presidente Lozano, acusándolo públicamente de que no miraba por la prosperidad de la Capital, y haciéndole otros varios cargos infundados; sólo uno era cierto: su debilidad. Allí acabó de confirmarla; pues en vez de dar órde-nes a los militares de que disipasen el tumulto, aún por la fuerza (ya vimos por qué no lo hizo), para que la Representación Nacional pudiera deliberar con li-bertad y decoro, se abatió a contestar las acusaciones que le hicieron algunos del pueblo, entre ellos don Pedro Groot, tan brusca e incivilmente que habló desde la puerta con sombrero puesto y embozado en su capa. Animados con la impunidad de tan pernicioso ejemplo, |los demagogos aumentaron los insultos, de modo que Lozano repitió la renuncia que antes había hecho de la Presiden-cia ». El historiador José Manuel Groot refiere la escena en estilo más lacónico, pero su relato registra los factores reales que determinaron la caída del Gobier-no el 19 de septiembre: «La Representación Nacional - dice - admitió la renun-cia del Presidente, |intimidada por el populacho y por los militares, todos diri-gidos por los jefes del partido nariñista ».

Aunque la Asamblea se vio forzada a aceptar la renuncia del hijo del Marqués de San Jorge, trató de salvar, no obstante, el régimen de casta que imperaba en la Capital y solicitó al Vicepresidente, don José María Domínguez, asumir in-mediatamente el mando. Esta decisión dio motivo para que e reno varan las demostraciones de descontento y la multitud, ya prácticamente dueña del edifi-cio, exigió también la dimisión de Domínguez, amenazando, de lo contrarió, con disolver violentamente la Asamblea Parece que los artesanos mostraron sus cuchillo y que muchos de los presentes fueron agredidos de palabra por la turba exaltada. Aterrados los miembros de la Representación Nacional por la amena-za que los cercaba, aceptaron la renuncia presentada por el Vicepresidente y entonces se comenzó a escuchar, tanto en el recinto como en la plaza, el grito unánime ¡Nariño Presidente! ¡Nariño Presidente! En medio de este tumulto ensordecedor « fue preciso comenta el historiador Groot nombrar por Presiden-te al ídolo del |pueblo soberano, traductor de |Los Derecho del Hombre y autor de "La Bagatela" ».


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Mientras el pueblo de Santafé obligaba a aquella Asamblea de notables aterro-rizados a elegir a Nariño Presidente de Cundinamarca don José María Carbo-nell, seguido por un considerable grupo de artesanos, se encaminó a la residen-cia del Precursor y un tiempo después se presentó Nariño, escoltado por Carbo-nell y sus amigos, en la Plaza Mayor, donde fue recibido con una de las más formidables ovaciones populares que registra nuestra historia. En la personali-dad Política de Nariño se sintetizaban, en ese glorioso momento, todas las aspi-raciones de un pueblo que había contemplado atónito, desde el 20 de julio, cómo una casta soberbia se empeñaba en frustrar el magno movimiento de la Independencia nacional y en servirse del poder político para conservar las injus-tas instituciones de la Colonia que la favorecían y derogar aquellas otras que ofrecían alguna protección a los humildes y a los desheredados. ¡Nariño! ¡Nari-ño! era el grito que pronunciaban emocionadas miles de gargantas cuando el gran luchador y el más grande de los próceres colombianos caminaba hacia el. Palacio de Gobierno por la estrecha calle que le abrió la multitud. Todas las amarguras y padecimientos que sufrió Nariño en las sombrías prisiones españo-las encontraban ahora su suprema compensación en el delirante homenaje de un pueblo, en la emoción que advertía en las miradas de los humildes artesanos y en la ternura con que lo vivaban las mujeres de "la chusma", muchas de las cua-les se le aproximaban para abrazarlo devotamente.

Una escena muy distinta debía representarse en el interior del Palacio Virreynal, cuando Nariño acompañado por Carbonell, Manuel García y Manuel Pardo, entró en la sala donde estaba reunida la Asamblea de los Poderes Públicos Allí se hallaban congregados todos sus antiguos enemigos; allí le esperaban quienes prolongaron deliberadamente su prisión en Cartagena y pretendieron reabrir los procesos que le siguieron las autoridades españolas; allí estaba la plana mayor de la oligarquía, por fin vencida y acorralada por un pueblo que había dado un audaz paso en el camino de su liberación. Gracias a Nariño, el poder político había abandonado el recinto de las tertulias de notables para descender al ágora popular y recoger allí las esperanzas y los anhelos de la gleba anónima, sin cuya comprensión la nacionalidad resulta una sarcástica burla y la Patria se parece a un coto de caza para minorías rapaces. Entre Nariño y ese Colegio de Procura-dores de la oligarquía se interponía la frontera trazada por un gran conflicto social y en aquel reducido recinto se enfrentaron, a la manera de dos poderes hostiles, el caudillo del pueblo y los personeros de esa casta privilegiada que había intentado convertir la libertad en sórdido salvoconducto para oprimir a los desheredados.

No quiso Nariño, ni por un momento, permitir que se le supusiera identificado con la legalidad dictada por los "descendientes de don Pelayo" y en medio de atronadores aplausos declaró a la Asamblea que sólo aceptaría el mando si se le facultaba ampliamente para derogar los artículos de la Constitución del Reyno de Cundinamarca que juzgara incompatibles con aquel magno movimiento po-pular, del cual era simple intérprete y vocero. Mal pedía Nariño resignarse a quedar atado por una Constitución que establecía la Monarquía de Fernando VII, privaba al pueblo de toda ingerencia en la administración pública y cuya


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estructura impedía al Gobierno efectuar oportuna y eficazmente los preparati-vos militares indispensables para organizar la resistencia contra España y con-vertía a un grupo de privilegiados en una potencia superior al Estado, dotando a ese grupo de poderes jurídicos eficaces para frustrar cualquiera acción del Go-bierno en defensa de los humildes. La exigencia de Nariño, que por su naturale-za implicaba el desmoronamiento de los baluartes construidos desde el 20 de julio para garantizar el monopolio del poder a la aristocracia criolla, causó tena-ces resistencias en la Asamblea y sólo la actitud amenazadora de las turbas y el temor de los notables ante las previsibles consecuencias de un súbito desborde revolucionario, vencieron la oposición y obligaron a la Asamblea a convenir en las medidas que así describe el historiador Restrepo: « Fuéle concedido (a Nari-ño) cuanto pidió, y la Representación Nacional echó por tierra la Constitución ».

No bien obtuvo Nariño las amplísimas autorizaciones que había solicitado, abandonó el recinto y seguido de la multitud se encaminó a los principales cuar-teles de la Capital, donde los soldados, no siempre en completo acuerdo con la oficialidad le recibieron con grandes ovaciones y le ofrecieron su irrestricta adhesión. Pudo, por ello, remover a los comandantes cuyos vínculos con la cau-sa española eran más notorios y disponer, como lo hizo, la disolución inmediata de la famosa Compañía de Challerde, «la que se quitó ese mismo día - dice el cronista Caballero - y pasaron la mitad (de sus efectivos) a Nacionales y los otros al Regimiento Provincial ». Con sobrada razón escribió don Bernardo J. Caycedo: «Esa Patria fue Boba no por Nariño, sino a pesar de Nariño »


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HACIA LA INDEPENDENCIA

PELIGRO de las soluciones contemporizadoras. - La oposición se re-agrupe. Las libertades públicas convertidas en banderas de corso - Los ideólogos del "statu quo". - Conflicto entre Nariño y el patriciado carta-genero. - Don José María García de Toledo. - El pueblo en acción. - Los hermanos Gutiérrez de Piñeres. - La aristocracia criolla y el principio de la igualdad. - La hora decisiva. - El 11 de noviembre de 1811. - "Noso-tros, los representantes del pueblo".. - La Independencia como revolución social. - Las esperanzas de los humildes. - Destino de los caudillos popu-lares. - Política tributaria de Nariño. - Carbonell nombrado Ministro del Tesoro Público. - Comienza la Fronda. - La Iglesia y la oligarquía. -Dualidades perniciosas. - Dueños de la Iglesia y el Estado. - Conservati-zación del alto clero. - El Montalván. - La Cátedra Sagrada y el borrico de Nariño. - Símbolos de la Nacionalidad. - Don Camilo y don Pelayo. -La india de Nariño. "El Estado de Cundinamarca es una República". -Ante la crisis.

NO DEJA de parecer extraño el que Nariño, al ascender al poder, se inclinara en favor de una política contemporizadora con los núcleos sociales a los que el pueblo arrebató el mando en septiembre de 1811. Exceptuando las medidas de precaución, indispensables para garantizar la supervivencia del movimiento revolucionario, no se permitieron ninguna clase de represalias en Santafé y to-dos los voceros de la camarilla de puesta gozaron de completas garantías, de las que se sirvieron, sin demora, para organizar la oposición al nuevo régimen. Na-riño supuso, y en ello se equivocó, que le sería posible crear, desde el gobierno, una relativa uniformidad de opiniones en la Capital y en las provincias, a fin de conseguir la inmediata declaratoria de Independencia y proceder, una vez re-suelta esta vital cuestión, a modificar la estructura social y política de la comu-nidad granadina, por medio de históricos compromisos o acuerdos negociados, si ello era viable, con los intereses que debían afectarse necesariamente Ello explica por qué aceptó, e inclusive solicitó, la colaboración de personas vincu-ladas, política o familiarmente a la oligarquía caída y conservó en los mandos militares, dándoles amplísimas pruebas de con fianza, a don Joaquín Ricaurte, don Antonio Baraya y Antonio Ricaurte Lozano, quienes habían sido, desde el 20 de julio, los representantes más autorizados del patriciado criollo en las Fuerzas Armadas. Erróneamente creyó Nariño que su extraordinaria capacidad para atraerse a los hombres, le conquistaría la adhesión y lealtad de quienes hasta el momento habían figurado en las filas de sus adversarios o profesaban ideas y representaban intereses difíciles de armonizar con todo lo que significa-ba el gran movimiento político que triunfó el 19 de septiembre en Santafé. Dando muestras, por ello, de una excesiva confianza, poca atención prestó a las actividades hóstiles de sus enemigos y limitó los esfuerzos iniciales de su go-bierno a fortalecer las corrientes de opinión que favorecían la inmediata decla-


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ratoria de Independencia y a prestar discreta ayuda a los partidos populares que, en las provincias, perseguían el mismo objetivo.

La campaña Política iniciada por Nariño en favor de la ruptura con la Metrópo-li, tuvo su principal órgano de expresión en "La Bagatela", periódico que Nari-ño continuó publicando, después de su ascenso a la Presidencia, para combatir los argumentos de variada índole, utilizados por los voceros de la oligarquía depuesta para discutir la |conveniencia o la |oportunidad de que la Nueva Gra-nada se independizar definitivamente de España. El momento culminante del debate llegó cuando se remitió a Nariño una famosa carta abierta, firmada con el seudónimo "El Amigo de la Humanidad" en la cual se le planteaban las re-servas y reparos que tenía el grupo conservador y españoliza dirigido por don Camilo Torres, con respecto a la declaratoria inmediata de Independencia y al desconocimiento radical de los derechos de Fernando VII. « Vuestra Merced decía la carta - sabe cuán varios están los juicios en orden al verdadero estado de España, opinando unos que aún se sostiene el partido del Rey Fernando, conservando un gobierno reconocido por algunas naciones extranjero y espe-cialmente por la Inglaterra, que es una potencia de primer orden, fuerte e ilus-trada, que debe saber a fondo lo que hay en el caso. Otros dicen que la España, en la parte aspirante a su libertad y conservación de sus derechos ya no existe; que no hay ejércitos ni gobierno que puedan llamarse tales; y en una palabra, que está perdida, y que esta nación murió políticamente, y está toda o la mayor parte sujeta al partido francés; por cuyo hecho las pozas provincias libres de la dominación (las americanas) se deben considerar emancipadas y con derecho a formarse el gobierno que n les acomode... No puede Ud., pues, dejar de conve-nir conmigo en que importa mucho, que al público se le dé una razón exacta de si la España está, o no, enteramente perdida, sin esperanzas de recuperación. |Insertando o citando los documentos que lo justifiquen, porque nadie en esta materia y en estos tiempos y circunstancias renunciaría al derecho de la com-probación; y haciéndose al mismo tiempo cargo de la conducta del Gabinete inglés para absolver los argumentos que con ella se pueden hacer... Sentada esta base, se presenta naturalmente sobre ella el tan importante como curioso problema de la América, o para más contraemos, si este Reyno ha tenido o tiene razón y derecho para dar por disuelto el vínculo de unión con la madre Patria y formarse un gobierno independiente, provisional o absoluto. Si esta cuestión se resolviese por la afirmativa, se sigue otra no menos interesante y delicada; |tal es la de si el Reyno tiene en si los medios bastantes para constituirse y conser-varse en Estado soberano, porque ya ve Ud. cuán inútil sería a un hijo de fami-lia el derecho de separarse de la casa paterna si no tenía los medios de subsistir por sí solo; para lo cual necesitaba luces para gobernarse, caudal para sostener-se y relaciones con sus vecinos para conservarse. |Sin estos auxilios el uso de su derecho podía serle funesto ». (27 de octubre de 1811).

A esta carta dio Nariño respuesta en "La Bagatela", el día 3 de noviembre de 1811 « Está Ud. servido, Señor Amigo de la Humanidad - escribía Nariño - se han publicado en letras de molde sus |patrióticos problemas... Usted me parece un sí es no empecinado por eso de la esclavitud americana. ¡Si me engañaré!


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No quisiera ser temerario, porque soy tan amigo de la libertad, que hasta con estas sospechas me parece que se la quito a Ud. para que diga francamente su dictamen, |aunque sea el de atarnos a la popa de un barco y llevarnos a remol-que para España. Mas sea lo que fuere, voy a cumplir con el encargo que me hace... Primer problema del Amigo de la Humanidad: ¿La España está o no enteramente perdida y sin esperanza de recuperación? Resolución: Que Dios le dé mucha vida y salud; pero que esté viva o muerta nada le importa a la Améri-ca para su emancipación, como no obsta al hijo que esté vivo o muerto el padre cuando cumple la edad.

« Segundo problema: ¿La América ha tenido o tiene razón y derecho para dar por disuelto el vínculo de unión con la madre Patria y formar un gobierno inde-pendiente? Resolución: la América ha tenido y tiene la misma razón y derecho para romper las cadenas de España, que nuestro Gil Blas de Santillana para romper la puerta de la cueva de los ladrones en que se veía encerrado; tiene el mismo derecho que un animal oprimido en una jaula para volarse desde, que encuentre la puerta abierta; tiene el mismo derecho que Cervantes para romper las cadenas con que los turcos lo tenían aprisionado... Veamos ahora si el Rey-no tiene en sí los medios bastantes para constituirse y conservarse en Estado soberano, que es el tercer problema. En el estado de división en que el Reyno se halla, es imposible conservarse; pero también es imposible subyugarlo si se une. La naturaleza nos favorece con lo escarpado y áspero de los caminos, con lo mortífero del clima para los forasteros, con la diferencia de los alimentos, con su escasez de los inmensos despoblados, y, finalmente, con el fuego sagra-do de la libertad, que bien o mal entendido, ya arde por todas las extremidades de nuestro Continente. La población nos da una fuerza suficiente para defen-dernos del mundo entero, si sabemos hacer uso de ella. Sobre un cinco por cien-to, podemos poner un ejército de más de cien mil hombres; y aunque no tene-mos las armas de fuego suficientes, tenemos la gran ventaja de manejo del ca-ballo, quizás sin igual en la Europa, y la facilidad y conocimiento de los cami-nos. No son sólo las armas de fuego las que matan... Que nos unamos, que haya |un gobierno fuerte y vigoroso, y que venga la Europa entera... ¡Almas tímidas y cobardes, gobernantes ambiciosos y malva dos, hombres estúpidos y empe-dernidos en la servidumbre |dejadnos obrar y desenvolver nuestros recursos naturales...! ¡Que el cobarde, que el estúpido, el empecinado sistemático se retiren al fondo de sus casas y dejen obrar al hombre libre que prefiere la muer-te a la esclavitud».

Estas tajantes definiciones deterioraron de manera definitiva, las relaciones del Gobierno de Nariño con la Junta Suprema de Cartagena, dominada por las grandes familias de la aristocracia criolla - los García de Toledo, los Narváez, los Castillo y Rada, los Díaz Granados y los Ayos -, empeñados en defender, tenazmente, el reconocimiento de los derechos de Fernando VII y de la Regen-cia española, a fin de conjurar el peligro de que una revisión radical del orden político abriera la puerta a peligrosas situaciones de cambio en la estructura social del Reyno. En la prensa de Cartagena, por ello, se acusaba a Nariño, al-ternativamente, de demagogo y de tirano, y se sindicaba al pueblo de Santafé de


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sedicioso, frenético y de plebe insolente de miserables indios". Durante todo el mes de octubre de 1811 la controversia periodística adquirió las más ásperas características y en "La Bagatela" respondió Nariño a las injurias e hizo defensa de los sectores populares de la población granadina: « ¿Por qué - escribía - es que en Cartagena, Santa Marta, Maracaibo y Coro reconocen la Regencia? La razón es bien sencilla: porque son pueblos |comerciantes como Cádiz... los puertos de mar mantienen la esclavitud por conservar sus caudales y no perder el tráfico. Las cadenas de los puertos de mar les vienen en los fardos de los traficantes. Obsérvese que éstos y los malos eclesiásticos son los más obstina-dos contra nuestra libertad; los unos por la codicia de sus negociaciones, y los otros porque del embrutecimiento y la esclavitud sacan su partido. El eclesiásti-co justo, desinteresado, sigue las huellas del Salvador del mundo y no ve en la Independencia de América sino la mejora y alivio de sus semejantes.¿ |Quien no se enternecerá al ver la suerte de los pobres indios, la desnudez, la ignoran-cia y el abatimiento de América?».

Privada del mando la oligarquía santafereña, solo el núcleo de la aristocracia criolla cartagenera estaba en capacidad de enfrentarse al Presidente Nariño y ello explica la prontitud y beligerancia con que el Gobierno de Cartagena asu-mió la vocería de los intereses criollos. Esa beligerancia consiguió, es verdad, el rápido reagrupamiento del patriciado, disperso y desconcertado por su reciente derrota en la Capital, pero también sirvió para alertar a los sectores desposeídos de la sociedad granadina y principalmente al mismo pueblo de Cartagena. La soberbia de los de arriba determinó la insurgencia revolucionaria de los de aba-jo y al tiempo que el partido de oposición, en Santafé, celebraba regocijado los ataques de la prensa porteña contra Nariño, en Cartagena se operaba el fenóme-no contrario: los sectores populares, acaudillados por los hermanos Gutiérrez de Piñeres, se pronunciaban en favor del Mandatario de Cundinamarca y adopta-ban doctrinas análogas a las que él defendía en escala nacional. En la barriada de Getsemaní y en los arrabales del puerto era notoria, en esos días, la populari-dad de Nariño y en la medida en que el pueblo cartagenero se distanciaba de la casta gobernante porteña, resultaba también más visible su aproximación y su simpatía por los " ideales que personificaba Nariño en la Nueva Granada.

Las decisivas cuestiones que constituían la materia y razón de este litigio, em-pujaron gradualmente al Gobierno de Santafé y al de Cartagena a adoptar acti-tudes defensivas y ofensivas, cuya naturaleza radical se encargó de acelerar la dinámica de la crisis. Tal ocurrió, por ejemplo, con el llamado problema de los "situados", que tanta importancia tenía para Cartagena, porque el sostenimiento de las tropas de dicha plaza se había costeado tradicionalmente con fondos, o "situados", remitidos desde Santafé y otras jurisdicciones administrativas del Imperio español, y la Junta de notables que se apoderó del gobierno de la plaza en 1810, se creyó autorizada, en virtud de esa tradición, para exigir a Santafé el pago de dichos "situados", no obstante que Cartagena había proclamado su In-dependencia de la capital del Reyno e insistía, en abierto desacuerdo con Cun-dinamarca, en mantener el reconocimiento del Consejo de Regencia de España. Nariño no quiso aceptar que tan equívoca situación se conservara y consolidara


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con dineros provenientes del Tesoro de Santafé y ordenó suspender la remisión de los "situados" hasta tanto que las autoridades de Cartagena definieran su actitud con respecto al problema de la Independencia. La medida causó grande indignación en los círculos oficiales de Cartagena y a ella se respondió con un beligerante acto de represalia. Como en esos días arribó al puerto un cargamen-to de armas, principalmente fusiles, que el anterior gobierno de Cundinamarca había adquirido en los Estados Unidos, la Junta de notables de Cartagena or-denó su inmediato incautamiento, para compensarse, según decía, de los perjui-cios sufridos por la renuencia del Gobierno de Nariño a continuar el pago regu-lar de los "situados". Refiriéndose a esta providencia confiscatoria, decía Nari-ño en "La Bagatela": « Si como se anuncia ya, es cierto que el Gobierno de Car-tagena ha resuelto quedarse con mil cuatrocientos fusiles de Santafé contra la voluntad de sus dueños, esta acción despótica y contraria a la sana moral va a descorrer el velo y echar un nuevo borrón sobre los gobernantes de aquella pla-za... Se dirá que Santafé no ha dado plata a Cartagena.. |No es mismo negar lo propio que quedarse con lo ajeno... Esta acción (la de Cartagena) comprueba lo acertado de su previsión (la de Santafé) |para no dar ni auxiliar a unos hombres que, obstinados en reconocer los gobiernos de Cádiz, no pedían (dinero) para sostener nuestra santa causa, sino para destruirla ».

La confiscación de las armas de Santafé produjo efectos bien distintos de los que esperaban notables de Cartagena, quienes se vieron enfrentados, inespera-damente, a la conmoción popular que venía preparándose desde 1810 y cuyos desarrollos se aceleraron en la medida que se ahondaba el conflicto con el Pre-sidente Nariño. En las barriadas populares del puerto ocurrieron, en esos días, numerosos motines y el pueblo comenzó a exigir, con tono amenazador, que las autoridades criollas de Cartagena se pronunciaran en favor de la Independencia con la misma franqueza y coraje con que lo hacía Nariño en Santafé.

El fervor que mostraban los humildes por la causa de la Emancipación se fun-daba en que esa causa, para ellos, no tenía el precario carácter de un mezquino litigio con la Metrópoli, sino que se confundía, en el alma popular, con una gran esperanza de redención, con el principio de un nuevo orden de cosas en el que desaparecerían las viejas injusticias, atribuibles no solamente a los funcionarios españoles, sino también al despotismo económico y social de la oligarquía crio-lla, dueña de la riqueza, principal beneficiada con la esclavitud de los negros y la explotación de los indios y en cuyos cuadros se hallaba concentrada la pro-piedad de las minas y de todas las tierras utilizables del Reyno. « El objeto de la Independencia - dice el historiador cartagenero Jiménez Molinares - no era sen-tido con una misma urgencia por todos los cartageneros y los americanos. Las clases bajas de la sociedad, sumidas en la ignorancia, envilecidas por la política colonial, fueron despertadas en Cartagena precozmente a las nociones de la dignidad humana, y este fenómeno lo favorecieron antecedentes etnológicos e históricos. Las clases bajas de Cartagena eran el último resultado de aquellos indios caribes llamados |Turbacos y |Malembúes que durante treinta y cinco años mantuvieron a raya a los conquistadores, venciéndolos una y otra vez en desiguales batallas; de aquellos negros de Africa, de las castas "Mina" y "Cabo-


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verde", que por su indomable carácter fue prohibida finalmente su importación, y de los altivos castellanos que mezclaron a los de unos y los otros su sangre belicosa... Los Gutiérrez de Piñeres buscaban prosélitos en donde era más fácil encontrarlos y había más gente: entre los que estaban más urgidos de la Inde-pendencia; en las clases populares, entre la gente de color... Ellos (los Gutiérrez de Piñeres) amaban sin duda la Independencia y aborrecían el poder español; mas eran republicanos peligrosos, insaciables de mando y semejantes a los ja-cobinos que agitaron a París y a la Francia entera durante la República... Pro-ponían una política definida, que consistía en declarar inmediatamente la Inde-pendencia de España y de todo otro poder... Para lograr esta finalidad se necesi-taba una carrera vertiginosa, porque luego sería tarde; atropellar, usar la violen-cia contra toda resistenciaLos radicales motivos de discrepancia que separaban al pueblo de Cartagena, dirigido por los Gutiérrez de Piñeres, del patriciado criollo, inspirado por don José María García de Toledo, demostraron pronto que el gobierno de Nariño estaba menos expuesto a sufrir el impacto de la ofensiva desatada contra él des-de las playas del Caribe, de lo que estaba, en esos momentos, el gobierno de los notables de Cartagena, amenazado por el rápido avance de una formidable revo-lución de los humildes, que Nariño veía sin temores y no vacilaba en estimular en "La Bagatela": « Generoso pueblo de Cartagena - escribía ¿en dónde tenéis la razón y vuestra perspicacia natural? ¿Para qué tantos sacrificios, tanto entu-siasmo y tantos sufrimientos como estáis experimentando, |si hemos de volver al antiguo yugo con que vuestros actuales gobernantes nos amenazan? Pero no, mis queridos compatriotas, no creáis ni por un momento que Santafé os aban-done en medio de vuestro dolor, ni que su gobierno se niegue a socorreros, aun-que sea con las lámparas de sus Iglesias, |cuando de buena fe se trate de soste-ner la misma causa ».

En los últimos días de octubre de 1811 se empeoró la situación del orden públi-co en Cartagena y el candente debate sobre la declaración de Independencia aumentó la dinámica revolucionaria del conflicto. «En Cartagena combatían -dice el historiador criollo José Manuel Restrepo - dos partidos que aspiraban al poder: el de García Toledo y el de los Gutiérrez de Piñeres. El primero reunía la parte de los hombres de educación, riqueza y probidad que había en Carta-gena y se le llamaba |Aristócrata. El segundo amaba la libertad, así como las medidas revolucionarias; era mucho su poder, porque dominaba a la multitud y la ponía en movimiento cuando se le antojaba, teniendo igualmente a su devo-ción el pueblo de Mompós, de donde eran naturales, y en que gozaban de un grande influjo, los tres hermanos Celedonio, Germán y Gabriel Gutiérrez de Piñeres. Este (Gabriel) era el más popular de los tres y el que ejecutaba los pla-nes trazados por el abogado Germán Gutiérrez de Piñeres. Gabriel predicaba por todas partes la igualdad absoluta, |ese dogma destructor del orden social.Siempre se le veía cercado de negros y mulatos sin educación, y quería que los demás ciudadanos ejecutaran lo mismo, bajo la pena de ser tenidos por aristó-cratas ».


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Con la tolerancia y la discreta colaboración de sus hermanos, Gabriel Gutiérrez de Piñeres empezó, desde mediados de octubre de 1811, a preparar la gran conmoción social que habría de cambiar, en forma mucho más decisiva que los sucesos del 20 de julio, el destino político de la Nueva Granada, y tanto él como sus agentes organizaron cuadros directivos y brigadas de choque en los barrios populares y suburbios de Cartagena, actividades que recuerdan a las de Carbo-nell en Santafé. Cuando estuvieron seguros de que les sería posible obtener la pronta movilización del pueblo, se pusieron en contacto con los batallones Pri-mero y Segundo del famoso Regimiento de Lanceros de Getsemaní, compuesto en gran parte de soldados negros y mulatos, y lograron ganarse su voluntad y comprometerlos a participar en el movimiento revolucionario. El desarrollo de los históricos acontecimientos lo refiere, en los siguientes términos, el historia-dor Jiménez Molinares, nada inclinado a simpatizar con los Gutiérrez de Piñe-res: «El golpe debió darse el domingo 10 de noviembre (de 1811) a fin de obte-ner la mayor asistencia posible de pueblo, pero el no poder participar en ese día el doctor Joaquín de Viliamil, sujeto de gran prestancia e influencia entre los artesanos y la gente de Getsemaní y a quien convenía comprometer visiblemen-te para aprestigiar el movimiento, obligó a aplazarlo para el siguiente día en que reglamentariamente debía sesionar la Junta, |comprometiéndose los artesanos de todos los barrios y los vecinos de Getsemaní a no trabajar el lunes. Los conspiradores comprometieron a las milicias patriotas denominadas Lanceros de Getsemaní, batallones Primero y Segundo, el último mandado por Pedro Romero, para que apoyase las demandas que el pueblo formularía a la Junta. El pueblo se reunió desde temprano en el arrabal de Getsemaní, en la plaza de la Trinidad, hoy de La Libertad, capitaneado por Gabriel Gutiérrez de Piñeres, por el doctor Ignacio Muñoz, por Pedro Romero, suegro de Muñoz, y por sus hijos Mauricio, José, Tomás y Sebastián Romero... El Comando de esta rebelión ten-ía cuartel en casa de Pedro Romero, ubicada a la entrada de la Calle Larga, en la esquina derecha, entrando por el mercado actual, y emisarios de ellos seguían el curso de los debates que la Junta Suprema, en sesión plena, adelantaba en la Sala Capitular del Palacio de Gobierno, en la mañana del 11 de noviembre. Cuando los emisarios comunicaron que la declaratoria de Independencia (pro-puesta por los Gutiérrez de Piñeres) no se votaba y era evidente que se levantar-ía la sesión dejando insoluta la cuestión, |se dio la orden de marchar sobre la ciudad.

«Los lanceros de Getsemaní se interpusieron entre el cuartel del "Fijo" y el Pa-lacio de Gobierno y se apoderaron de los principales baluartes de la muralla haciendo retumbar el cañón |y el pueblo en espesa muchedumbre y en actitud belicosa se movió de la plaza de la Trinidad hacia la Calle Larga, en donde estaba el mando del movimiento y de ahí, por la plaza del Matadero, hoy de la Independencia a la ciudad, entrando por la Boca del Puente. De paso por él frente del Convento de San Francisco, advirtieron la presencia del presbítero don Nicolás de Omaña y el pueblo lo invitó a servirle de vocero, a lo que acce-dió el religioso. |Omaña estaba en Cartagena en compañía de don Pedro de la Lastra, de regreso de los Estados Unidos, de donde había traído, por cuenta de


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la Provincia de Cundinamarca, mil cuatrocientos fusiles que el Gobierno de Cartagena retuvo arbitrariamente.

« El Parque o Arsenal de Armas, hoy Estado Mayor, fue asaltado y las armas, "fusiles, lanzas y puñales, puestos en manos de los revoltosos". Llegados al frente del Palacio de Gobierno, subieron a él los Comisionados del Pueblo, quienes manifestaron que el Pueblo exigía que se proclamara la Independencia absoluta... |La cuestión propuesta de la Independencia irritó al pueblo, dirigido por Gabriel Gutiérrez de Piñeres, el que invadió el recinto de sesiones y fueron agraviados sin miramiento alguno los que se sabía eran opuestos... García de Toledo fue maltratado de obra, arrojado con violencia y luego aprisionado... El Acta de Independencia fue aprobada y firmada por todo el gobierno, inclusive por García de Toledo. |Quien hubiera persistido en cualquier forma de oposi-ción, hubiera arriesgado, sin duda, la existencia ».

El famoso documento, que bajo el título de "Acta de la Independencia", se firmó ese histórico día en Cartagena, declaraba en su aparte central: «Nosotros, los representantes del buen pueblo de Cartagena de Indias, con su expreso y público consentimiento, poniendo por testigo al Ser Supremo de la rectitud de nuestra causa, declaramos solemnemente, a la faz de todo el mundo, que la Pro-vincia de Cartagena de Indias es desde hoy, de hecho y por derecho Estado li-bre, soberano e independiente; que se halla absuelto de toda sumisión, vasallaje, obediencia, o todo otro vínculo, de cualquier clase y naturaleza que fuese, que anteriormente lo ligare con la Corona y Gobierno de España y que, como tal Estado libre y absolutamente independiente, puede hacer todo lo que hacen las naciones libres e independientes ». Este documentó y las Actas firmadas ante-riormente en Mompós, fueron las primeras e inequívocas Declaraciones de in-dependencia absoluta pronunciadas en la Nueva Granada y tales Declaraciones, que excluían, definitivamente el reconocimiento de Fernando VII y de la Re-gencia española, se debieron, tanto en el caso de Mompós como en el de Carta-gena, a los hermanos Celedonio, Germán y Gabriel Gutiérrez de Piñeres. Si nuestra Historia se hubiera escrito con criterio justiciero, si no hubiera primado en ella el deseo de exagerar los méritos de los servidores de la oligarquía go-bernante y de callar las obras y las virtudes de los personeros auténticos de nuestro pueblo, los hermanos Gutiérrez de Piñeres encabezarían, por derecho propio, la lista de los próceres de nuestra Independencia nacional. Pero a ellos les ocurrió lo mismo que a don José María Carbonell: como no quisieron acon-dicionar su conducta a los intereses de los poderosos, ni ser los acuciosos voce-ros de "los descendientes de don Pelayo", se les arrinconó en la penumbra de un deliberado anonimato y para ellos no hubo estatuas, ni panegíricos académicos. Tal fue el precio que debieron pagar por haber predicado « por todas partes -como dice el historiador Restrepo - la igualdad absoluta, ese dogma destructor del orden social, y por haber sido "republicanos peligrosos y semejantes a los jacobinos que agitaron a París", según observa Jiménez Molinares.

El 12 de noviembre, continuaron en Cartagena los movimientos multitudinarios contra la Junta de notables y el orden sólo se restableció parcialmente cuando


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dicha Junta convino, ante la presión airada de las turbas, en devolver a los emi-sarios de Cundinamarca el cargamento de armas confiscado. «El generoso pue-blo de Cartagena - relata "La Gaceta" - en medio de las expresiones de su alegr-ía buscaba al doctor Omaña y demás vecinos de Santafé, congratulándose con ellos de que ya se habían acabado las competencias de Santafé y Cartagena, yprorrumpiendo en los más agradables transportes, decían: ¡Viva la Independen-cia! ¡Viva Santafé! ¡Viva Cartagena!».

Cuando se conocieron en la Capital los sucesos del 11 de noviembre, la alegría fue inmensa y el pueblo de Santafé, con grandes manifestaciones de regocijo celebró como propia aquella histórica victoria. El Gobierno participó activa-mente en los festejos y Nariño escribió, con profunda emoción, en "La Bagate-la": « Salve mil veces pueblo generoso de Cartagena! Yo os saludo con el óscu-lo de la fraternidad. |Puedan las cadenas que acabáis de romper formar un tazo que os una para siempre con Cundinamarca! ».

No obstante la trascendencia indiscutible de los sucesos del 11 de noviembre en Cartagena, de ellos no se derivaron los buenos resultados que era justo esperar, porque el entusiasmo consagrado por las multitudes y sus dirigentes a obtener la declaratoria de Independencia absorbió todas sus energías y no les permitió atribuir la importancia debida, en el curso de la sublevación, al indispensable derrocamiento, como se hizo en Santafé, del Gobierno de la oligarquía criolla. La gran con moción del 11 de noviembre obligó a la Junta de notables a adoptar la política del partido popular y a declarar la independencia pero dejó en pie las instituciones construidas por el patriciado y toleró, por un espíritu de absurda y equivocada contemporización que continuara en ejercicio del gobierno la mis-ma Junta de notables. Es verdad que los miembros de dicha Junta estaban inti-midados y que en los días siguientes se resignaron a aceptar las exigencias del pueblo y se sometieron prácticamente a la voluntad de Germán Gutiérrez de Piñeres. Pero en la medida que se calmaban los ánimos y se atenuaba, por ello, la eficacia de la acción política del pueblo, la aristocracia criolla comenzó a recobrar la iniciativa y lo hizo con tanta mayor eficacia cuando que todavía conservaba el control de las palancas del mando. Pronto se reanudó la ofensiva contra Nariño y en el periódico "El Argos", que seguía las inspiraciones de García de Toledo, se le acusé de "tirano imprudente, que no reconoce más ley que su voluntad"

Como la gran campaña periodística adelantada por "La Bagatela", había des-prestigiado la postura de quienes todavía discutían la |conveniencia o la |oportunidad de una inmediata ruptura con la Metrópoli, a partir de este mo-mento la oposición renunció a defender, francamente, las doctrinas españolizan-tes, y todos sus esfuerzos se orientaron a conseguir la caída del Gobierno de Nariño, acusándolo de tirano, de dictador y ambicioso y fundando estos cargos en el empleo, por lo demás moderado, que había hecho el Presidente de las fa-cultades conferidas a él, el 19 de septiembre, para suspender los artículos de la Constitución que juzgara incompatibles con el espíritu del movimiento popular triunfante en esa fecha y con la necesidad de preparar a la Nueva Granada para


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oponer una resistencia eficaz a cualquier intento de reconquista española. La supuesta defensa de las |libertades |públicas y de los |derechos ciudadanos se utilizó entonces para disfrazar - con la misma insinceridad con que habrá de hacerse tantas veces a lo largo de nuestra historia republicana - los intereses y la ambición de mando de la oligarquía reinante y a don Camilo Torres correspon-dió asumir el papel de ideólogo de esa oligarquía, encargado de encubrir con su retórica amanerada y su erudición de golilla las aspiraciones incontenibles de una casta soberbia, que suponía otorgarle un honor al pueblo granadino al no renunciar al |sacrificio de gobernarlo.

Afortunadamente Nariño no era hombre fácil de intimidar y frente al oportu-nismo e insinceridad de las consignas y banderas enarboladas por la oposición, se adelantó a desenmascarar su equívoco carácter. El 29 de diciembre de 1811, en el número de "La Bagatela" consagrado a dar respuesta a los cargos del pe-riódico "El Argos", cargos que coreaban en Santafé don Camilo Torres, Cama-cho, Acevedo y Lozano, respondió con su estilo tajante e irónico: « Te remito, estimado amigo, "El Argos", para que veas el lenguaje de la rabia contra el go-bierno de Cundinamarca. Cómo les ha dolido que se descubra la trampa. La armaron y cayeron en ella; ¿qué han de hacer sino morder la cadena y ladrar? Dicen que el hombre de bien, vejado y perseguido en Santafé, llora en su retiro los horrorosos desastres y servidumbre que le amenazan. Que no oculten su llanto estos hombres oprimidos que levanten el grito a la faz del cielo y de la tierra contra el malvado que los oprime; libre está la imprenta y la Constitución los garantiza para poder hablar con la última libertad. No creo que este Gobier-no (el de Santafé) les impida ese precioso derecho del ciudadano tan justamente recomendado por la Constitución, y silo hiciere, entonces no sólo Cartagena sino todo hombre de bien tendrá un derecho para decir, como el autor de "El Argos", que un tirano imprudente no reconoce más ley que su voluntad; que la ambición se ha quitado la máscara para llevar a efecto sus miras ambiciosas. Yo también excito en este caso a los Torres, a los Gutiérrez, a los Camachos y Cas-tillos a que con el sagrado fuego de la Patria desconcierten los planes de los ambiciosos. Pero si el Gobierno (de Santafé) no se opone a la libertad de Im-prenta, si por ella no se manifiesta que gimen bajo el yugo de un tirano impru-dente, y si esto no se verifica a satisfacción del público |es preciso convenir en que la rabia ha sido por la Declaración de Independencias y que se excita a los Torres, a los Gutiérrez, Camachos y Castillos a que manifiesten al Reyno sus verdaderos intereses de someterse al Gobierno de Cádiz, y a abandonar el "diabólico" sistema de libertad, que el "infernal" Gobierno de Santafé ha abra-zado ».

A los factores de desacuerdo que hasta el momento habían alimentado la pug-nas controversia entre el Presidente Nariño y los núcleos directivos del esta-mento criollo, se sumó a última hora, un nuevo elemento de discordia, el cual aceleró la polarización de las fuerzas comprometidas en el histórico litigio. Nos referimos a la inequívoca definición, hecha por Nariño, de la política fiscal y tributaria de su Gobierno, definición que contrariaba las doctrinas consideradas, por los voceros de la oligarquía criolla, como bases insustituibles de toda nueva


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organización económica y financiera de la nación granadina. La profundidad del conflicto puede comprenderse cuando se tiene en mente que los criollos, con impresionante unanimidad, identificaban entonces, las virtudes y el carácter progresista de cualquier nuevo orden de cosas con la radical reducción del número y cuantía de los impuestos, particularmente de aquéllos que gravaban a las clases acaudaladas, porque suponían, entre otras cosas, que las actividades del Gobierno debían reducirse a aquellas funciones de policía indispensables para proteger las fortunas y la seguridad de los poderosos contra las posibles manifestaciones de descontento de los desposeídos. Resulta fácil de compren-der, por tanto, la inconformidad de los patricios de Santafé cuando se anunció oficialmente que el Gobierno de Nariño no convenía en la reducción de las con-tribuciones y lo que es aún más importante, que no compartía el criterio de quienes identificaban el carácter |progresista y la |modernidad de un Estado, con el bajo nivel de los tributos exigibles por dicho Estado a sus ciudadanos. La notificación fue hecha por Nariño, en "La Bagatela", en los términos siguientes: « Las contribuciones que hacen los miembros de un Estado son lo mismo que los desembolsos de una familia o de un particular para su manutención. |Todo el secreto de un buen Gobierno está no en que las contribuciones sean cortas, sino en que el que contribuya disfrute de los beneficios de la contribución... |Mientras más libre es un Gobierno, más contribuciones exige. Ya veo aquí a algunos arrugar las cejas y preguntar: |¿en qué está, pues, la libertad, si nos hemos de ver más gravados que en un Gobierno tiránico? Poco a poco, todo se aclarará, si tenemos paciencia de seguir hasta el fin. |La tiranía de un Gobierno no consiste en que haya muchas contribuciones, sino en el modo de exigirlas y en su aplicación».

Estas declaraciones, sumadas al nombramiento de don José María Carbonell como Contador de Hacienda primero y como Ministro del Tesoro Público des-pués, aumentaron el descontento de los estamentos acaudalados de la Capital y les dieron motivos adicionales para temer la inmediata ruptura con la Metrópoli, la cual podía traducirse no en la disminución de los impuestos sino en el au-mento considerable de ellos, como previsiblemente lo demandaría la financia-ción de la guerra con España y la atención de las exigencias de extensos secto-res de la sociedad granadina, a los que una revisión radical de las instituciones vigentes iba a otorgar desusada importancia política.

Cuando estas dudas producían los efectos sociales que de ellas era dable espe-rar, un nuevo tipo de conflicto agregó frescos materiales de discordia a la histó-rica controversia y ofreció a la camarilla depuesta el 19 de septiembre una ex-cepcional oportunidad para explotar el sentimiento religioso del país en sus campañas contra Nariño. El conflicto se planteé con motivo de las actividades del arzobispo Juan Bautista, designado para la Sede Episcopal granadina con anterioridad a los sucesos 20 de julio y cuyo arribo a Cartagena, poco después de esta fecha, dio origen a candentes debates, porque se tenían fundados moti-vos para sospechar de sus convicciones realistas y de su beligerante adhesión al Gobierno de la Regencia española. Ello explica la resistencia que, a su recono-cimiento, se opuso en Santafé, no obstante los esfuerzos realizados por Camilo


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Torres, como consta en el "Breve Manifiesto" de Miguel de Pombo, a fin de conseguir que las autoridades establecidas el 20 de julio lo aceptaran en su cali-dad de Arzobispo del Nuevo Reyno y autorizaran su traslado a la Capital. Esta situación se mantuvo indecisa desde entonces y el Prelado permaneció en Car-tagena con la tolerancia y contentamiento de la Junta de notables de ese puerto Junta que no vaciló, cuando Nariño ascendió al poder, en utilizar el nombre y la investidura del Arzobispo para atacar al gobierno de Cundinamarca.

Nariño evadió por algún tiempo el litigio, pero la crisis inevitable se precipitó a finales del año de 1811, cuando llegaron a la Capital unos pliegos sellados, re-mitidos por el Gobierno español al padre Sacristán, pliegos que contenían signi-ficativas instrucciones para el Prelado, y cuyo texto indicaba cuán estrechas eran las relaciones que el Arzobispo mantenía con las autoridades peninsulares y cómo era de inequívoca su hostilidad contra la independencia americana. « Al finalizar los tres meses de mi presidencia - decía Nariño en Manifiesto destina-do al público - recibí del gobierno de Cartagena unos pliegos rotulados por la Regencia de Cádiz para el Reverendo Arzobispo don Juan Bautista Sacristán, y a pesar de que podía abrirlos y providenciar sobre su contenido en virtud de los artículos suspensos de la Constitución, no quise hacer ni lo uno ni lo otro. Llamé a los Gobernadores del Arzobispado y ellos los abrieron, los leyeron, y me los entregaron; |contenía uno de ellos, como se ha visto, los sentimientos del Reverendo Arzobispo contrarios a nuestra causa. Convoqué la Representación Nacional, como para un asunto de tanta gravedad y trascendencia y lo que ésta resolvió fue lo que comuniqué al Gobierno de Cartagena, para que se embarque (el Arzobispo)».

La orden de reembarcar al Arzobispo Sacristán, expedida por la Representación Nacional de Cundinamarca a solicitud de Nariño, sirvió al patriciado criollo para dar un cariz religioso a la campaña que se adelantaba contra el Presidente y a esta empresa se prestó un grupo de altos prelados granadinos, porque en la esfera eclesiástica se estaba operando entonces un fenómeno parecido al que venía ocurriendo en el campo civil y en el político. Así como la crisis española facilitó la formación, en 1810, de gobiernos oligárquicos, de Juntas de notables en América, esa misma crisis, que implicó una solución de continuidad en las relaciones de los Dominios españoles con la Santa Sede, sirvió para que prela-dos, pertenecientes a las grandes dinastías de la aristocracia criolla, se apodera-ran insensiblemente del gobierno de la Iglesia granadina y así pudo verse el curioso fenómeno de que unas pocas familias, como fue el caso de los Pey, los Caycedo y los Mosquera, pudieron desempeñar, por turno, la dirección simultá-nea del Estada y de la Iglesia. Estas perniciosas dualidades, que comenzaron a operar tempranamente en nuestra historia republicana, fueron posibles por que nuestro pueblo, en 1810, no estaba preparado para contrarrestar, con la firmeza y regularidad indispensables, el poder social y económico de la tribu de grandes familias criollas, cuyo peso específico se hizo sentir con intensidad parecida en la esfera civil y en la eclesiástica. De esta manera la Iglesia granadina se convir-tió rápidamente, para su infortunio, en un instrumento de resonancia de las ten-dencias mercantiles, retardatarias y conservadoras de la oligarquía criolla, lo


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cual tuvo efectos tanto más graves cuando que los bienes territoriales y los re-cursos económicos a disposición de dicha Iglesia eran cuantiosísimos y la con-servatización del organismo eclesiástico se encargó de crear, con prontitud, una explosiva desproporción entre la riqueza de que disponía el clero granadino y las funciones de utilidad común y los servicios de beneficio social que ese clero estaba dispuesto a desempeñar efectivamente.

Ello explica la facilidad con que el organismo eclesiástico, principalmente en sus altas esferas, fue incorporado a los cuadros de la conjura frondista contra Nariño y el hecho inaudito de que pronto comenzaran a utilizarse los púlpitos, empezando por el de la Catedral Metropolitana, para censurar al Presidente y corear desde la Cátedra Sagrada, comó lo hicieron el Canónigo Caycedo y Flórez, el Magistral Rosillo y el cura Azuero, las consignas políticas de la oli-garquía depuesta por el pueblo. Pero eso no fue todo. El célebre fraile Agustino Diego Francisco Padilla, quien tan estrechos vínculos había tenido con la pri-mera Junta de notables de Santafé, dio comienzo ala publicación de un periódi-co, "El Montalván", en cuyas columnas se pintaba a Nariño con los más negros colores, se le acusaba de ateo y jacobino y se le atribuía el propósito secreto de destruir la fe católica, para imponer en la Nueva Granada los métodos y doctri-nas de la Revolución Francesa. Como en aquellos tiempos todavía no se habla-ba de "la defensa de la Civilización Occidental", nuestro aguerrido fraile y no pocos predicadores, se limitaron a invitar a los buenos santafereños a que salie-ran a la defensa de la Cultura Católica contra los discípulos agentes de los "li-bertinos de Francia".

La dinámica acumulativa del conflicto llegó a su grado de más peligrosa inten-sidad, cuando Nariño y don José María Carbonell indicaron la conveniencia de que se exigiera a la Iglesia Granadina y a las Corporaciones Eclesiásticas una contribución, proporcionada a sus riquezas. y posesiones territoriales, a fin ,de preparar la defensa de la Nueva. Granada contra todo intento de reconquista española. Entonces se intensificó el ataque contra el Presidente y ese ataque tuvo caracteres tan irrespetuosos y agresivos, que Nariño se resolvió a abando-nar la actitud de prudente cautela que había guardado frente al clero y en el número 29 de "La Bagatela", publicado el 12 de enero de 1812, respondió a las agresiones que se le disparaban desde los cuarteles de la oscura alianza pactada entre la oligarquía criolla y la oligarquía clerical. «Prevente, mi querido amigo -escribía Nariño - a oir cosas muy curiosas. Pues ni más ni menos: un eclesiásti-co de los muchos que se han salido de la esfera de su ministerio sagrado, |que son ciudadanos cuando les conviene y eclesiásticos cuando se les quiere tocar el pellejo, que insultan en el nombre del Dios de la Paz a todo el que no aplaude sus ideas ambiciosas, que quieren gobernar todo a su antojo, por un espíritu de dominación, ha desenvainado la espada... ¡Cuánto diera yo porque el Gobierno les hiciera conocer de bulto que son mortales y que el mal eclesiástico, como Judas, debe estar colgado de una higuera...! Como yo no he leído, según dijo el sabio predicador, más libritos de los que no leen ni entienden los Doctores co-mo él, tampoco entiendo su Doctrina, |aunque sé muy a fondo la Cristiana que es muy diferente de la que ellos nos dan ejemplo. No quiero que me tengas por


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temerario: tócales al bolsillo y verás la pobreza evangélica sonando en ello; sólo los eclesiásticos tienen qué comer, y pregunta; ¿qué donativo, qué sacrificio han hecho en nuestra Revolución, no digo por amor a la Patria, pero ni aún para socorrer a los infelices que han quedado sin un pan qué comer? Tócales a la humildad y verás los truenos del monte Sinaí descargar sobre tu cabeza... Dicen que, gozan de todos los derechos de ciudadanos en lo favorable y se llaman eclesiásticos en lo adverso; así es que los vemos mezclados en los empleos del gobierno, revolviendo el mundo, y cuando se trata de imponerles alguna pena pecuniaria o personal, se llaman a fuero... ¿Se hace lo que ellos quieren? Justo y santo gobierno. ¿Se aparta un solo punto de su capricho, de su ignorancia o de su interés? Allá va la máscara y sin detenerse a examinar las consecuencias que se pueden seguir en el orden público, montan en la Cátedra del Espíritu Santo, como yo monto sobre mi borrico, y comienzan a rebuznar como él... ¿Qué te parece? ¿No dan ganas de ser eclesiástico? Una impunidad absoluta y una abso-luta libertad de hacer cuanto les diere la gana, son una tentacioncilla para que tú y yo nos vamos a ordenar, aunque tengamos que hacer viaje a Roma; porque según creo por acá no nos absolverán si conocen nuestra intención ».

No obstante el agresivo tono de la controversia entre Nariño y el alto clero gra-nadino, la oposición no pudo conseguir la finalidad que perseguía, porque el pueblo de Santafé, no obstante la arraigada firmeza de sus creencias, se dio cuenta, en aquella oportunidad, de que era el destino de los oprimidos y de los humildes, y no esas creencias, el que estaba amenazado por la conducta de unos prelados que olvidándose del profundo sentido de la religión de Cristo y de las enseñanzas evangélicas, se habían sumado a la conjura fraguada por una oligar-quía frondista contra el Mandatario que había tenido el coraje de personificar, desde el Gobierno, las aspiraciones y anhelos de la gleba anónima y oprimida del pueblo granadino. Con sorpresa presenció el clan directivo de la casta crio-lla la escasísima influencia que sobre el pueblo tuvo la campaña desatada por el alto clero contra Nariño y esa sorpresa se trasluce en el amargo comentario que a estos sucesos consagró el historiador conservador don José María Groot: « Una cosa hay que admirar - dice Groot pues raya en inexplicable y es que, es-cribiendo Nariño de la manera que escribía contra el clero, |tuviera tanto parti-do en el pueblo de Santafé en aquel tiempo; y aún más, cuando en los escritos de los Canonigos Caycedo y Rosillo y del padre Padilla se daba muy claro a entender que era enemigo de todo lo eclesiástico. |Ya se ve, entonces las gentes estaban como en el estado de inocencia política y era muy fácil alucinarlas ».

Nariño comprendió, a partir de este momento, que no le iba a ser posible, como había sido su deseo, aplazar la solución de los grandes problemas sociales y políticos de la Nueva Granada hasta tanto que se decidiera, de manera definitiva la cuestión clave de la Independencia, y procedió a expedir, en consecuencia, el Decreto en el que convocaba a elecciones populares para integrar un Colegio Constituyente, encargado de revisar la Constitución elaborada por don Jorge Tadeo Lozano y sancionada en 1811 por los voceros y abogados del patriciado santafereño. En "La Bagatela" señaló Nariño los principios normativos de la Constitución que debían revisarse - comenzando por las mezquinas atribuciones


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señaladas al Gobierno en materias tributarias - y el 2 de enero de 1812 instaló el Colegio Revisor, en medio de una ceremonia cuyos detalles y símbolos estaban cuidadosamente calculados para hacer resaltar, ante los legisladores, el signifi-cado del gran movimiento nacionalista y popular que acaudillaba Nariño en la Nueva Granada. « Siguieron los electores - dice el historiador Groot - para el salón que se les había destinado en las aulas altas del Colegio de San Barto-lomé, donde se había colocado un solio con un cuadro en que estaba pintada la Libertad americana |figurada en una joven india con adornos de plumas en la cabeza, carcaj y flechas en la espalda. Estaba sentada sobre un caimán y a un lado el cuerno de la abundancia con frutas del país ».

La personificación de la nacionalidad en la figura de una india, de un miembro de la raza oprimida por "los descendientes de don Pelayo", era el anuncio de toda una revolución social en perspectiva y así lo entendieron los voceros de la oligarquía criolla. Se comprende, por tanto, el violento incidente que se suscité entre don Camilo Torres y el Presidente Nariño cuando este último ordenó efec-tuar, días después, una emisión de moneda metálica y dispuso que la cara de las monedas se sellara no con las Armas Reales de España sino con la figura de unaindia.

El conflicto se ahondó en la medida que transcurrían los días y los dos partidos se comprometieron insensiblemente, en una carrera de mutuas hostilidades, cuya pugnacidad era alimentada por la explosiva naturaleza de las discrepancias sociales y políticas que los distanciaban. Así fueron rompiéndose, uno por uno, los delgados hilos que de manera precaria habían mantenido, en el pasado, la cohesión epidérmica de la sociedad granadina, y ella se aproximó, rápidamente, al terreno de las soluciones desesperadas y comenzó familiarizarse con la idea de que aquel histórico litigio no tenía solución distinta de la Guerra Civil.


Lievano Aguirre, Indalecio -...

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