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SOPHIA AUSTRAL Nº 23, 1er Semestre 2019: 33-55

En los límites del patrimonio. Políticas de patrimonialización en dictadura militar: los casos de Chile y Uruguay 1973-1989

In the limits of heritage. Patrimonialization policies in military dictatorship:

The cases of Chile and Uruguay 1973-1989

Luis ALegríA Licuimea & romAné LAndAetA sepúLvedAb

aMuseo Histórico Nacional, Chile luis.alegria@mhn.gob.cl [orcid.org/0000-0002-4584-9249]

bUniversidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, Ecuadorromane.landaeta@uasb.edu.ec [orcid.org/0000-0002-0658-6466]

Recibido: 14 de diciembre de 2018 Aceptado: 9 de abril de 2019

RESUMEN

El texto corresponde a un estudio comparado de casos sobre las políticas culturales

en el campo del patrimonio cultural de los regímenes autoritarios de Chile (1973-1989) y

Uruguay (1973-1985). Se busca comprender el proceso de patrimonialización expresado en

la declaratoria de monumentos nacionales, como una estrategia de refundación simbólica del

Estado nacional bajo coordenadas autoritarias, nacionalistas y tradicionalistas. Lo anterior

supone discutir la condición refundacional de las dictaduras militares del Cono Sur, ya que no

fueron proyectos de paso, sino que ejercieron una acción en que perpetuaron cierto consenso

cultural y redefinieron las identidades nacionales como forma de proyección futura.

PALABRAS CLAVE: patrimonio cultural, política cultural, dictadura, autoritarismo.

ABSTRACT

The text corresponds to a comparative study of cases on cultural policies in the field

of cultural heritage of the authoritarian regimes of Chile (1973-1990) and Uruguay (1973-

1985). It seeks to understand the process of patrimonialization expressed in the declaration

of national monuments, as a strategy of symbolic refounding of the national State under

authoritarian, nationalist and traditionalist coordinates. The foregoing supposes to discuss

the refoundational condition of the military dictatorships of the Southern Cone, since they

were not projects of step, but they exerted an action in which they perpetuated certain

cultural consensus and redefined national identities as a form of future projection.

KEY WORDS: Cultural heritage, cultural policy, dictatorship, authoritarianism.

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L. ALegríA & r. LAndAetA

INTRODUCCIÓN

El artículo es una propuesta de relectura de los regímenes dictatoriales teniendo como

clave la noción de refundación simbólica, superando un enfoque que ve la acción cultural de

los regímenes militares preferentemente como un conjunto de acciones de tipo represivas

(Errázuriz & Leiva, 2012). Tanto en Chile como en el caso de Uruguay, las dictaduras

militares se iniciaron en el año 1973, ambas además como en el resto del continente, se

caracterizaron por acciones represivas que incluyeron detenciones arbitrarias, torturas y

varios casos de asesinatos y desaparición de dirigentes y agentes culturales identificados

como militantes de izquierda. Pero, por otro lado, como señala Aldo Marchesi (2001), no deja

de ser relevante que en paralelo con las brutales políticas represivas, se inició un proceso

de ‘Reconstrucción Nacional’, que se entendió como un conjunto de políticas culturales que

buscaron la reconfiguración de un nuevo imaginario social. Para ello se utilizaron discursos

históricos, tradiciones políticas, expresiones folclóricas, hasta actividades deportivas.

Villalobos Ruminot plantea que, aunque los debates son muchos, y que incluso atraviesan

diversos campos intelectuales y culturales, en especial en el Cono Sur, todavía los años de

las dictaduras, sus causas y sobre todo sus consecuencias, siguen siendo temas delicados.

Ya sea que pongamos el acento en el uso sistemático de la tortura y de la

violencia represiva en general, o que reparemos en el rediseño forzado del pacto social

llevado a cabo por el fundacionalismo militar, lo cierto es que dicho período histórico,

gruesamente inaugurado en 1964 con el golpe de Estado en Brasil y cerrado con la

intervención militar en Argentina en 1976, implicó un punto de inflexión en la historia

latinoamericana (Villalobos, 2013, p. 3).

El tópico de la refundación se ha comenzado a abordar en algunas investigaciones,

sin embargo, esta idea no ha sido tematizada de manera significativa, mucho menos en

relación con la cultura y el patrimonio cultural, como dimensión simbólica de la realidad.

No obstante como hemos dicho, algunos autores con sus trabajos han comenzado a instalar

una lectura más compleja de los años de dictadura, uno de ellos es Alberto Moreiras, quien

señala que “las dictaduras recientes del Cono Sur, después de un primer período de carácter

represivo-defensivo, avanzan hacia una ‘refundación capitalista’ inspirada por el llamado

principio de mercado” (Moreiras, 2008, pp. 67-79). En el orden de las prácticas simbólicas,

ese primer período, inspirado en la Doctrina de Seguridad Nacional, organizó la posibilidad

de una consolidación disciplinaria cuya clave está en el rapto por parte del aparato estatal de

los mecanismos culturales productores de sentido (Moreiras, 2008, p. 74).

En ese contexto es que proponemos realizar una doble lectura de las dictaduras militares

en la región, examinando los casos específicos de Chile y Uruguay, proponiendo un análisis

que entiende los golpes militares y los regímenes dictatoriales en América Latina, como

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SOPHIA AUSTRAL Nº 23, 1er Semestre 2019: 33-55EN LOS LÍMITES DEL PATRIMONIO

proyectos transformativos radicales de las sociedades -sus dinámicas culturales, productivas,

de consumo, cuya explicación no sólo puede darse por el ejercicio de la violencia represiva,

sino que a través de una agenda de rediseño de la sociedad en su conjunto, afectando de

forma transversal los campos de la vida social y también el campo del patrimonio cultural,

locus privilegiado en el que se cristaliza una singular discursividad. Por otro lado, haciéndonos

cargo del diagnóstico que identifica un agotamiento de las categorías intelectuales y críticas

del campo cultural (Villalobos, 2013), realizamos el desplazamiento analítico desde enfoques

y disciplinas rígidas y cerradas, así creemos relevante articular una propuesta que combina

la historiografía y la propuesta de los Estudios Culturales (EECC) como una aproximación a

un pensamiento interdisciplinario y crítico.

En el caso de Chile, el golpe militar tuvo una clara dimensión cultural que se expresó

inicialmente, como un esfuerzo por erradicar las tendencias del descontrol y el desorden

cotidiano que había generado la experiencia del Gobierno de la Unidad Popular1, al redefinir

bruscamente los límites imaginarios de lo posible, generando un desborde frente a las

expectativas de posibilidad (Brunner, 1988, p. 89).

En el caso de Uruguay, Álvaro Rico sugiere que junto con el carácter preventivo, existió

un objetivo contrarrevolucionario (Rico, 1985, pp. 179-246). El régimen desplegó una fuerte

acción de destrucción de derechos y conquistas sociales de los sectores de trabajadores, así

como la censura y prohibición de medios de prensa, el recorte del ejercicio de libertades

públicas (de reunión, de pensamiento, etc.) y la eliminación física de sus enemigos

(desaparición forzada, asesinato político, torturas generalizadas) y de colectivos políticos y

sindicales de pertenencia (eliminación de la personería jurídica, ilegalizaciones, incautación

de bienes, allanamientos y saqueos de locales). Es decir, orientando la represión a la totalidad

de sectores de trabajadores (militarización), bajo ‘formas pastorales’ (Foucault, 1992), o

bien individualizadas de control y represión (seguimientos, infiltración, captura), el Estado

uruguayo acumuló una experiencia de cerca de tres lustros que tuvo como objetivo central

la vigilancia y disciplinamiento de la población uruguaya en su totalidad (Rico, 1985, p. 203).

Un aspecto importante de la centralidad que adquirirán las políticas del patrimonio

cultural en los regímenes dictatoriales, es atribuible al propio proceso de ruptura y

reconfiguración de la cultura y las relaciones sociales generadas por los golpes militares,

pero también al contexto postmoderno de la cultura. El estudio sobre la producción simbólica

de los regímenes dictatoriales, no fue un asunto central al momento de pensar en las

estrategias de desmontaje de la experiencia autoritaria. Parte de esta explicación se refiere al

escaso interés en el estudio del fenómeno patrimonial por la intelectualidad crítica, que ha

subvalorado la discusión por el uso social del pasado y la tradición. En los inicios de los años

80’ surgió un nuevo sentido en las políticas patrimoniales, que se explica al vincular el campo

1 Alianza Electoral de partidos políticos de izquierda, integrada por los Partidos Socialista, Comunista, Izquierda Cristiana, Movimiento de Acción Popular Unitario y la Central de Trabajadores de Chile, bajo el gobierno del Socialista Presidente Salvador Allende Gossens.

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L. ALegríA & r. LAndAetA

del patrimonio cultural como una tecnología de producción de significados e identidades

sociales, en un contexto de pérdida de la idea de comunidad, por ello,

[…] problematizar el campo del patrimonio cultural como una tecnología de

homogenización, de naturalización de los procesos de conformación social, como un

espacio donde se ponen en juego dispositivos para la reproducción de los preceptos

ideológicos de legitimación de ciertas élites, es, sería ya, un avance fantástico (Palacios

& Rico, 2010, p. 382).

Se pueden identificar ciertas características de las políticas del patrimonio cultural,

situadas hacia el final de ambos regímenes, en la década de los 80’, donde si bien las

coordenadas discursivas del nacionalismo y el tradicionalismo siguen presentes, éstas ya no

intentan copar el espacio público, pues los discursos del crecimiento económico, desarrollo

nacional, productividad, mercado, reestructuran el horizonte valórico de la comunidad

nacional bajo los criterios de competencia e individualismo.

Metodológicamente, el estudio se sitúa como un trabajo descriptivo de enfoque

inductivo, se comparan los casos de Chile y Uruguay, a través del análisis de un conjunto de

variables vinculadas a las tipologías del patrimonio cultural. Intentamos discutir la hipótesis

sobre la relevancia de las políticas del patrimonio cultural, en el contexto de los regímenes

autoritarios de Chile y Uruguay, expresados en los proyectos de refundación simbólica que

se propusieron. En los casos analizados ambas experiencias surgen de golpes militares en

1973. En efecto, Uruguay en junio y Chile en septiembre, aunque el tipo de acción perpetrada

por los militares se dio de manera diferenciada. Así, mientras en el primer caso los militares

pactaron con el gobierno de turno su ingreso a la esfera del gobierno; en el caso de Chile, el

arribo de los militares al poder del Estado se produjo con un asalto al Palacio de Gobierno,

con la muerte del Presidente Constitucional y el control militar de todo el país, lo que no

estuvo exento de enfrentamientos.

El período cronológico en el cual se desarrolló la experiencia autoritaria en Chile va

entre 1973 a 1989, y en Uruguay de 1973 a 1985. Incluso como identifica Montealegre,

ambos gobiernos dictatoriales formaron parte activa de la denominada “Operación

Cóndor”, programa de coordinación de los aparatos de inteligencia. Uno de los pocos

países que el dictador chileno visitó durante su mandato fue Uruguay en 1976. Con

ese viaje se selló una especie de pacto entre ambos regímenes, donde Chile se destacó

como el protagonista central de la coordinación de los servicios de inteligencia del Cono

Sur. Montealegre comenta este encuentro señalando que, cuando en abril de 1976 los

dictadores de Chile y Uruguay se reúnen en Montevideo,se entregan condecoraciones

mutuas, además se dedican discursos y declaran sus respectivos ideales de auténtico

nacionalismo. Discursos y ritos que reclaman un espíritu democrático sui generis, incluso

Pinochet llegó a afirmar: nuestros pueblos han sufrido la acción del marxismo leninismo

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SOPHIA AUSTRAL Nº 23, 1er Semestre 2019: 33-55EN LOS LÍMITES DEL PATRIMONIO

y dan un verdadero ejemplo de democracia. Por su parte, Juan María Boldaberry, el

anfitrión, menciona: nuestras repúblicas están dispuestas a mantener su ideal de vida

democrática. Pero han adquirido conciencia de que ésta no se confunde con la mera

forma de gobierno denominada democracia (Montealegre, 2015).

El estudio incorpora como variables de análisis decretos, leyes, así como la normativa

que regula los procesos de patrimonialización, es decir, la lista de bienes que constituyen

el patrimonio cultural. Se siguió la propuesta de Lijphart que indica que “el foco de la

comparación debe centrarse en los casos que realmente pudieran ser comparados, lo

cual significa que los mismos presentan variables similares que pueden ser consideradas

constantes y variables disimilares que valdría la pena contrastar” (Tonon, 2014, p. 2). A

partir de estas explicitaciones se definieron como variables similares para los Estados: los

discursos refundacionales, junto a las acciones de política pública implementadas en el

campo del patrimonio cultural, las declaratorias de monumentos. En tanto, que las variables

diferentes fueron: los períodos o etapas donde se implementaron muchas de estas acciones,

siendo una condicionante, la coyuntura clave el “Año de la Orientalidad” en Uruguay. A su

vez se abordaron las concepciones jurídicas distintas, respecto de los bienes que constituyen

el patrimonio cultural material: Monumentos Nacionales para Chile y Monumentos Histórico-

Artísticos para Uruguay, pero que se refieren a tipos similares de bienes.

1.- EL PATRIMONIO CULTURAL COMO PRODUCCIÓN SIMBÓLICA DE LA SOCIEDAD

En América Latina no se ha dado de manera significativa un desarrollo académico y

teórico que tematice los fenómenos asociados al patrimonio cultural, quizás cierta condición

de consenso habría generado que la temática del patrimonio cultural no formara parte de

la agenda académica durante un largo período (García Canclini, 1989, pp. 180-181). En este

aspecto, Pierre Bourdieu advierte que “un uso más sistemático debiera plantear como en

cualquier importación de conceptos de un campo a otro, las condiciones epistemológicas y

los límites de su uso metafórico en un área para la cual no fue trabajado” (García Canclini,

1989, p. 181). El patrimonio es el lugar donde mejor sobrevive hoy la ideología de los sectores

oligárquicos, es decir, el tradicionalismo sustancialista. Fueron esos grupos -hegemónicos en

América Latina desde las independencias nacionales hasta los años treinta de este siglo [XX],

dueños “naturales” de la tierra y la fuerza de trabajo de las otras clases - los que fijaron el

alto valor de ciertos bienes culturales:

Los centros históricos de las grandes ciudades, la música clásica, el saber

humanístico. Incorporaron también algunos bienes populares bajo el nombre de

“folclor”, marca que señalaba tanto sus diferencias respecto del arte como la sutileza

de la mirada culta, capaz de reconocer hasta en los objetos de los “otros” el valor de lo

genéricamente humano (García Canclini, 1989, pp. 150-151).

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L. ALegríA & r. LAndAetA

Nos parece relevante referirnos más que al patrimonio cultural como algo dado, como

un proceso de construcción social, donde la memoria, en tanto uso social del pasado, es uno

de los elementos que adquiere trascendencia, a tal punto que, como menciona Candaü:

Ningún elemento patrimonial tiene sentido fuera del vínculo con las sociedades

implicadas en él. El patrimonio es el producto de un trabajo de la memoria que, con

el correr del tiempo y según criterios muy variables, selecciona ciertos elementos

heredados del pasado para incluirlos en la categoría de los objetos patrimoniales.

Funciona eficazmente como “un aparato ideológico de la memoria” (Candaü, 2002, pp.

90-91).

La construcción social del patrimonio se expresa en la patrimonialización, posee historia,

tiempos, etapas, donde además identificamos: producción, distribución, intercambio y uso.

En el campo patrimonial, lo que se juega corresponde a la capacidad de dotar de carácter

patrimonial a las producciones culturales, independiente de si son materiales o inmateriales.

Es el capital simbólico el que transforma a estos bienes en algo más que un simple resultado

de la creatividad individual, pasando a ser una representación hegemónica, como pilar

fundamental que vincula imaginadamente a los seres humanos con su trascendencia como

cuerpo social solidario. En consecuencia, lo que se disputa es la capacidad simbólica de

otorgar a ciertos bienes culturales una connotación que los resignifica como ‘testimonios

legítimos’ de la cultura dominante, la memoria común y la identidad original, que remite a

un discurso único de continuidad histórica.

En este sentido entendemos el capital simbólico como la propiedad de reconocimiento,

vinculado a cualquier otro capital, físico, económico, cultural, social, percibido por los agentes

sociales como generador de poder simbólico. Es el conocimiento y en el reconocimiento

de los demás tipos de capital por parte de agentes sociales que disponen de determinadas

categorías de percepción y de valoración. Es este reconocimiento lo que hace que cualquier

propiedad se vuelva ‘simbólicamente eficiente, como una verdadera fuerza mágica’. El capital

simbólico es un poder reconocido, a la vez que desconocido y como tal, generador de poder

simbólico y de violencia simbólica (Fernández, 2013, pp. 33-60). Sin embargo, toda referencia

actual a la idea de patrimonio cultural debe contener una vinculación al concepto originario

de monumento. En este texto entenderemos como monumento aquel objeto físicamente

concreto revestido de un elevado valor simbólico que asume y resume el carácter esencial de

la cultura a la que pertenece.

En este sentido, la preocupación por la conservación institucional del pasado es un rasgo

característico de las sociedades contemporáneas. Otra forma de abordar la relación entre

monumento y patrimonio cultural, señalará que la emergencia de la noción de monumento

y la posterior configuración del patrimonio cultural, corresponde más bien a una relación

que busca vincular al ser humano con su trascendencia. Lo patrimonial parece estar presente

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SOPHIA AUSTRAL Nº 23, 1er Semestre 2019: 33-55EN LOS LÍMITES DEL PATRIMONIO

bajo una multiplicidad de formas, en todos los continentes y prácticamente en todas las

sociedades, posean o no escritura:

[…] El monumento es, tanto para quienes lo edifican como para los que reciben

sus mensajes, una defensa contra los traumatismos de la existencia, un dispositivo

de seguridad. El monumento asegura, da confianza, tranquiliza al conjurar al ser

del tiempo. Garante de los orígenes, el monumento calma la inquietud que genera

la incertidumbre de los comienzos, desafío a la entropía y a la acción disolvente que

el tiempo ejerce sobre todas las cosas, naturales y artificiales, el monumento intenta

apaciguar la angustia de la muerte y la aniquilación (Choay, 2007, pp. 12-13).

En consecuencia, entenderemos el patrimonio cultural como un conjunto de valores,

creencias y bienes que, conformados y resignificados social e históricamente, permiten

construir una nueva realidad como expresión de las nuevas relaciones sociales que genera

(Alegría, 2012, p. 150). El patrimonio cultural, en tanto construcción ideológica, social y

cultural, no es algo dado de manera natural, siguiendo la tesis de Prats (Prats, 1997), sino que

cada sociedad, y en específico los sectores dominantes de dicha sociedad, de acuerdo a unas

pautas propias, deciden qué bienes y qué valores forman parte de él. La idea de tradición

también es aprehensible desde la idea de tradición inventada que se refiere:

Al conjunto de prácticas normalmente gobernadas por reglas aceptadas abierta

o tácitamente y de naturaleza simbólica o ritual, que buscan inculcar determinados

valores o normas de comportamiento por medio de la repetición, lo cual implica

automáticamente continuidad con el pasado. De hecho cuando es posible, normalmente

intentan conectarse con un pasado histórico que les sea adecuado (Hobsbawn, & Ranger,

2002, p. 10).

Los regímenes dictatoriales de los casos en estudio no modificaron la institucionalidad

y las normativas, sino más bien las utilizaron y las actualizaron en beneficio de su enfoque y

énfasis, respecto de su noción de patrimonio cultural.

2.- INSTITUCIONALIDAD Y NORMATIVA PATRIMONIAL

EN CONTEXTO DICTATORIAL: CHILE Y URUGUAY

Los inicios del régimen dictatorial chileno estuvieron enmarcados por un primer

momento caracterizado como la fase de instalación del régimen, que desplegó una fuerte

oleada de acción represiva sobre los agentes culturales, lo que se tradujo en censura,

tortura, exilio y muerte y desaparición forzada de artistas. Etapa que tuvo la impronta

de cruzada:

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L. ALegríA & r. LAndAetA

Para quienes se trataba de una lucha entre el bien y el mal, entre las fuerzas

represoras de la ideología marxista totalitaria y la restauración de la libertad como

consecuencia de la intervención de las Fuerzas Armadas. Pinochet mismo fue explícito

al indicar que intentaba salvar a la nación y dar un giro histórico (Errázuriz & Leiva,

2012, p. 13).

Sin embargo, se advierte una acción refundadora a inicios del régimen, en 1974, casi

recién culminada la ‘operación de limpieza y corte’, que se enmarcaba en la idea “restauradora

que pueda legitimar su accionar y proyectar el gobierno en el marco de la cruzada de la

reconstrucción nacional” (Errázuriz & Leiva, 2012, p. 27). Se produjo una interesante iniciativa

de regulación del campo del patrimonio cultural al proponerse el “Proyecto de Reglamento de

la ley N° 17.288 sobre Protección del Patrimonio Histórico y Cultural del Estado”2. Un extracto

de dicho Reglamento da cuenta del nuevo énfasis de la conceptualización de patrimonio

cultural que buscaba preservarse:

Título 1. De los Monumentos Nacionales del Inventario del Patrimonio Histórico-

Cultural.

Artículo 2°: Clasificación:

1.- Sitios arqueológicos.

2.- Sitios Históricos: lugares donde ocurrieron hechos que interesan a la historia

militar, civil, constitucional, religiosa, artística, literaria, científica y económica, del

país, en sus períodos colonial y de la Independencia.

3.- Sitios de interés científico.

4.- Conjuntos arquitectónicos.

5.- Conjuntos mineros.

6.- Monumentos arquitectónicos históricos-artísticos, industriales y agrícolas.

Arquitectura religiosa

Arquitectura militar

Arquitectura civil pública

Arquitectura civil privada: incluye las casas rurales aisladas y su entorno,

dependencias y parque; se entiende que esta disposición tiene especial validez en caso

de las casas patronales afectadas por la Reforma Agraria.

7.- Patrimonio histórico-naval.

8.- Patrimonio Histórico Cultural Mueble.

9.- Monumentos Públicos en Plazas y Paseos. (https://www.cultura.gob.cl/wp-

content/uploads/2013/05/5_Ley-N%C2%B0-17.288-de-Monumentos-Nacionales-y-

Normas-Relacionadas.-2011.pdf, revisado enero 2018).

2 Alojado en el Consejo de Defensa, a la fecha no tenemos mayor claridad sobre quiénes son los autores de dicho proyecto, pero es dable suponer que su impulsor fuera el Asesor Cultural de la Junta Militar, Enrique Campos Menéndez, posteriormente nombrado Director de DIBAM.

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SOPHIA AUSTRAL Nº 23, 1er Semestre 2019: 33-55EN LOS LÍMITES DEL PATRIMONIO

Si bien este Reglamento no se llevó a cabo, es clave pues representa una acción

refundacional del régimen, que tuvo otros hitos también esclarecedores, como la creación

del cargo de Asesor Cultural de la Junta de Gobierno. Atendiendo a los cambios políticos

y sociales que la dictadura cívico-militar planteaba, consideró necesario contar con

una asesoría cultural que coordinara y orientara las actividades culturales pertinentes

para dar un carácter reformista al sistema vigente. Con el Decreto Ley N° 804 de 1974,

se creó el cargo de Asesor de la Junta de Gobierno en materias culturales, figura que

dependía directamente de la junta militar, y cuya institucionalidad funcionó a través del

Departamento Cultural de la Secretaría General de Gobierno (Arias & Gálvez, 2010, p.

172). Su misión fue:

Asesorar, proponer las medidas políticas y programas que deban adaptarse para

difundir, armonizar, perfeccionar y en general, incentivar el desarrollo cultural del país

y dignificar sus medios de difusión, en términos que preserven la tradición histórico-

cultural del mismo y permita proyectar al futuro con sentido de nacionalidad (Política

Cultural del Gobierno de Chile, 1975, p. 56).

Además en este documento se presenta un convenio cultural entre Chile y

España, que es la extensión de una colaboración cultural que se había originado en

1967. En 1980 se promulgó en Chile la Convención sobre la Protección del Patrimonio

Mundial Cultural y Natural3, que indicó que el patrimonio cultural y natural estaban

siendo amenazados, pudiendo llegar a su desaparición, lo que representaría un hecho

nefasto para el patrimonio de todos los pueblos del mundo y tomando en cuenta que

la protección de dicho patrimonio es insuficiente en múltiples países, resulta deber de

los Estados resguardarlo, como también trabajar de manera colectiva en esta materia.

Es importante destacar que para efectos de dicha convención se protege el patrimonio

natural y cultural, este último entendido como:

Monumentos: elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas

y grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de

la historia, del arte o de la ciencia;

Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad

e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la

historia, del arte o de la ciencia; los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre

y la naturaleza así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor

universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico

(UNESCO, 1972, p. 5).

3 Suscrita en UNESCO, París, el 16 de noviembre de 1972, según lo establecido en el Decreto Ley Nº 3.056, del 16 de enero de 1980 del Ministerio de Relaciones Exteriores, el que contó con la aprobación del General del Ejército, Presidente de la República y de la Junta de Gobierno, Augusto Pinochet.

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L. ALegríA & r. LAndAetA

Chile como Estado parte de la Convención reconoció la obligación de identificar,

proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural

y natural situado en su territorio. Para ello se comprometió a actuar con ese objeto por

su propio esfuerzo y hasta el máximo de los recursos de que disponga, y llegado el caso,

mediante la asistencia y la cooperación internacional de que se pueda beneficiar, sobre todo

en los aspectos financiero, artístico, científico y técnico.

Similar al caso chileno, en Uruguay las primeras medidas del régimen dictatorial en

el campo cultural y patrimonial, se concentraron en acciones represivas de censura, exilio,

tortura, persecución y muerte de agentes culturales vinculados a partidos políticos de

izquierda. Una diferencia no menor respecto de Chile, fue que la acción de los militares en

el ámbito cultural uruguayo comenzó a operar incluso antes del golpe militar. “Los Consejos

de Enseñanza Secundaria y los de la UTU (Universidad del Trabajo de Uruguay) fueron

intervenidos por el Poder Ejecutivo en febrero de 1970 y junio de 1971 respectivamente,

con el objetivo de perseguir la politización e infiltración marxista” (Marchesi, 1985, pp. 323-

398). Otro elemento distintivo fue la promulgación en agosto de 1974, de la ley que exigía la

declaración de ‘fe democrática’, que se refería a un marco legal para posibilitar la destitución

de los agentes culturales opositores al régimen del aparato público.

El momento decisivo del proyecto patrimonial de carácter ‘refundador y nacional’ en

Uruguay fue 1975, año de la orientalidad, donde se concentraron una serie de iniciativas

patrimoniales de gran masividad e impacto. Si bien en Chile las conmemoraciones también

conformaron un eje clave en la gestión patrimonial en dictadura, la connotación que adquiere

1975 para el campo del patrimonio cultural uruguayo es radical, ya que marca un antes y

un después en la articulación de iniciativas sobre la conmemoración de los 150 años de los

sucesos de 1825, que dan cuenta de una segunda etapa del proyecto del ‘nuevo Uruguay’.

“La principal clave del ‘nuevo Uruguay’ radica en el impulso nacionalista debilitado en dicha

crisis. Este impulso nacionalista debía ser promovido en un clima de consenso a través de

un sistema de medios que lo impulsara y de intelectuales que en los distintos ámbitos de la

cultura lo apoyaran” (Cosse & Markarian, 1996, p. 337).

La primera de las normativas vinculadas al patrimonio cultural fue la Ley N°14.343 de

1975, correspondiente a la Prefectura Nacional Naval, la cual establecía disposiciones referidas

a embarcaciones nacionales y extranjeras hundidas, semi-hundidas o varadas, estableciendo

que dichas embarcaciones y/u objetos pertenecientes a éstas, debían ser notificados ante la

Prefectura Nacional Naval, quien determinaba su destino de acuerdo a la citada ley.

En segundo lugar, la Ley N°14.416 del 13 de agosto de 1975 en la que se aprobó la

rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal correspondiente al ejercicio de

1974, específicamente se autorizaba al Ministerio de Educación y Cultura a reglamentar la

actividad del Consejo Ejecutivo Honorario de las Obras de Preservación y Reconstrucción de

la Antigua Ciudad de Colonia de Sacramento, que tendía a programar, dirigir y llevar a cabo la

preservación, restauración y reconstrucción del barrio histórico de Colonia. Se puede apreciar

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SOPHIA AUSTRAL Nº 23, 1er Semestre 2019: 33-55EN LOS LÍMITES DEL PATRIMONIO

una relación muy próxima entre las gestiones de patrimonio cultural y el fuerte nacionalismo

que proyectaba la figura del general Artigas. De esa forma la exaltación nacionalista invadió

las instituciones estatales y los espacios públicos (Marchesi, 1985, p. 357).

Sin embargo, no fue sino hasta 1979, que se encuentra un cuerpo legal referido

al patrimonio cultural. La Ley N° 14.060 del 16 de noviembre de 1979 que determinó

que los monumentos históricos declarados por el Poder Ejecutivo quedaban exonerados

de los tributos adicionales del impuesto de contribución inmobiliaria y de todos los

tributos nacionales que recaían su fuente en la propiedad raíz y quedaban excluidos de

la liquidación del Impuesto al Patrimonio. Por último, el Decreto N° 372 que modificaba

el Decreto N°536/972 de la Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la

Nación sobre la Preservación y Conservación, específicamente se modificaron el artículo

Nº11° y 12°, que se relacionaba con las tasas aplicadas al comercio de antigüedades de

obras de arte, remate público, subasta o almoneda; y con la adquisición y comercialización

de objetos, obras o colecciones, los cuales deben ser notificados a la Comisión que

determina su venta o adquisición por parte del Estado, como también se debe pronunciar

sobre la venta y salida del país de dichos bienes.

3.- MONUMENTOS Y PATRIMONIALIZACIÓN EN CONTEXTOS AUTORITARIOS

Un aspecto notable en la construcción social del patrimonio cultural está determinado

y condicionado por un acto administrativo y jurídico de tipo político, que se traduce en un

documento, en la forma de Acta de Declaración, dicho documento público de orden jurídico

consagra la nueva categoría del bien en cuestión. Por ello, nos parece muy relevante el análisis

sobre el ¿cuándo?, ¿cómo? y ¿qué? es lo que fue declarado patrimonio cultural durante los

regímenes autoritarios de Chile y Uruguay, ya que constituye uno de los ejes centrales de

toda política pública del patrimonio cultural. En el caso de Chile, la noción de monumento

tiene la connotación de nacional, según la Ley:

Se entiende por Monumento Nacional lo que señala el Artículo 1° de la Ley N°

17.288, que sin embargo, no lo hace elaborando un concepto general; sino más bien lo

hace a través de la enumeración de una serie de bienes y/o lugares que considera que

deben entenderse por Monumentos Nacionales (Mella, 2011, p. 15).

Rodrigo Mella, siguiendo a Revetria, plantea al respecto que, desde el Derecho se ha

avanzado en construir un concepto general de Monumento Nacional, como bienes materiales,

que por interés histórico, científico, artístico y cultural:

[…] han sido sometidos -mediante un procedimiento establecido o por el solo

ministerio de la ley- a la protección y tuición del Estado con el objeto de que sean

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L. ALegríA & r. LAndAetA

conservados debidamente, imponiendo, por tal motivo, a sus propietarios particulares

ciertas limitaciones en su derecho de dominio (Revetria, 1977, p. 15).

En consecuencia el Monumento Nacional (MN), que se expresa de manera singular

con mayúscula, busca establecer una diferenciación con algún otro tipo de monumento,

con minúscula, que independiente de su significado simbólico e importancia histórica,

científica y artística, carece de esta dimensión jurídica-política que otorga el Estado. Tanto

para la dictadura de Chile como de Uruguay, realizar este tipo de actos tenía una doble

condición, de un lado la acción fáctica concreta de declarar MN restituía la legitimidad

de un régimen cuestionado, recuperando una tradición perdida, y de otro, puesto que en

cada declaratoria de MN se expresaba la condición recursiva de la legitimidad y soberanía

del propio régimen, ya que dotaba de una categoría simbólica especial a ciertos bienes

otorgando por tanto una legitimidad que se veía respaldada por la acción jurídico-política

de declaración de MN.

Para el caso de Uruguay, la denominación de Monumento iba acompañada de la noción

de Histórico, esta connotación fue clave para diferenciar a los monumentos protegidos por

la Ley, de otro tipo de monumentos. En 1971 se creó la Comisión del Patrimonio Histórico,

Artístico y Cultural de la Nación, que tenía un carácter asesor del Poder Ejecutivo en el

señalamiento de los bienes que se declaraban como monumentos históricos (Ley N° 14.040). La

condición de Histórico que adquirieron ciertos bienes materiales, ya sea mueble o inmueble,

les otorgó una relevancia central como testimonios del pasado histórico de la nación.

3.1.- CHILE: MONUMENTOS NACIONALES DECLARADOS EN DICTADURA

El Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) es el encargado de la tuición y protección

del patrimonio cultural y natural en Chile, siendo considerados Monumentos Nacionales:

Los lugares, ruinas, construcciones u objetos de carácter histórico o artístico;

los enterratorios o cementerios u otros restos de los aborígenes, las piezas u objetos

antropo-arqueológicos, paleontológicos o de formación natural, que existan bajo o

sobre la superficie del territorio nacional o en la plataforma submarina de sus aguas

jurisdiccionales y cuya conservación interesa a la historia, al arte o a la ciencia; los

santuarios de la naturaleza; los monumentos, estatuas, columnas, pirámides, fuentes,

placas, coronas, inscripciones y, en general, los objetos que estén destinados a

permanecer en un sitio público, con carácter conmemorativo (Ley N° 17.288, 1970).

Durante la dictadura cívico-militar se declaró un total de 376 monumentos nacionales

en todo el país. En relación al factor cronológico, el Gráfico 1 ilustra su distribución durante

los años 1973 a 1989.

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SOPHIA AUSTRAL Nº 23, 1er Semestre 2019: 33-55EN LOS LÍMITES DEL PATRIMONIO

En el gráfico se observan algunas cuestiones que podemos analizar:

a) El año donde hubo una menor acción de declaratoria coincide con el inicio de

la dictadura (septiembre de 1973). Sólo se declaró un MN. Esta situación se observa

también en 1990, que coincide con el término de la dictadura y el inicio de un gobierno

constitucional. El número de declaratorias fue de dos.

b) Los años de mayor actividad de declaratorias fueron 1983 con cincuenta y

cuatro declaratorias; 1981 con cuarenta y uno; 1976 con treinta y cuatro y 1987 con

treinta y tres declaratorias. Es interesante vincular dichas fechas a ciertos hitos y

circunstancias de la política de la dictadura militar en Chile.

El año 1983 fue muy significativo para el régimen, pues se cumplía una década del golpe

de Estado. Fue un momento de consolidación de su obra, tanto así que incluso se homologó

el 11 de septiembre de 1973 con el 18 de septiembre de 1810, llegando a plantearse que

en 1983 se conmemoraban los diez años de la segunda independencia. Esta referencia a

la ‘liberación nacional’ surgió por primera vez en 1976, cuyos sinónimos se expresaron en

los medios de comunicación de la época como “‘Diez años de Libertad’, ‘la cual insiste en

que Chile ha sido liberado de la esclavitud marxista y se encuentra marchando como una

familia -con voluntad y determinación- hacia un futuro promisorio que hay que forjar con

patriotismo” (Errázuriz & Leiva, 2012, p. 84).

Gráfico 1. Chile: Monumentos declarados según año.Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del sitio: www.monumentos.cl (julio 2018).

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L. ALegríA & r. LAndAetA

Además dicho año marcó el inicio de una pre-transición política, donde el régimen

delineó un espacio político para dejar el poder (Rubio, 2013), pero junto a su lento retiro

-y esto nos parece esclarecedor- el régimen fue configurando una política patrimonial que

buscó que sus ideales y coordenadas simbólicas quedaran legitimados en la sociedad.

En el caso de 1981 fue conocido como la segunda fase del régimen dictatorial,

denominada como de instalación e institucionalización, y que se expresó en la promulgación

de la Constitución de 1980, que consagraba el paso de un régimen militar a un régimen

autoritario a partir de 1989, sobre la base de un mecanismo que proyectaba los rasgos

personalistas e institucionales del régimen, a través del plebiscito de 1988 (Garretón, 1993).

El 11 de marzo de 1981, Pinochet asumió como Presidente de la República, así el régimen

pasó a ser un ‘gobierno civil’ y la Junta Militar, a constituirse como el Poder Legislativo de

manera legal.

En el caso de 1976, tercer año en importancia según declaratorias, coincide con el

momento de mayor represión a las organizaciones opositoras al régimen, tanto en su

estrategia de represión selectiva como masiva. La primera se ejerció a través del secuestro

y tortura en centros clandestinos de detención, por parte de los servicios de seguridad,

principalmente la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) a militantes de organizaciones

opositoras. La segunda generaba acciones de amedrentamiento a las organizaciones sociales,

gremiales y barrios pobres. El aumento de las acciones represivas operó en conjunto con la

selectividad, cuestión que aumentó su alcance y eficacia.

Por otro lado, se amplió el espectro de sectores sociales que eran objeto de

la coerción y del amedrentamiento, hasta cubrir todas las organizaciones políticas

y gremiales e incluso religiosas que ponían en cuestión o realizaban críticas a la

conducción económica (Gárate, 2012, p. 42).

La represión social también conoció de despidos y acciones de amedrentamiento y

diseminación del miedo social por parte de todos los aparatos del Estado autoritario al

conjunto de la sociedad, una suerte de sistema organizado del miedo.

El desempleo se elevó a principios de 1976 a casi un 26%, mientras que los salarios

reales habían caído cerca de un 40% respecto del nivel que tenían en 1970. La fuerte

restricción monetaria generó un alza sustancial en el costo del crédito, con tasas de

interés que subieron de un 9% a un 20% (Gárate, 2012, p. 42).

Resulta interesante correlacionar los datos de uno de los años de mayor cantidad de

declaratorias de MN, con un período intensivo de reformas económicas estructurales, junto a

la gran represión social. Es importante mencionar que entre los años 1981 y 1983, sumaron

en total noventa y cinco declaratorias, que corresponde al 25% del total de declaratorias de

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SOPHIA AUSTRAL Nº 23, 1er Semestre 2019: 33-55EN LOS LÍMITES DEL PATRIMONIO

los 17 años de dictadura. Es significativo que ambas fechas coincidan con la segunda fase

política del régimen en lo que se ha denominado la fase de institucionalización.

En cuanto a la distribución espacial de los monumentos en Chile, el Gráfico 2 da cuenta

de la concentración de declaratorias por región durante la dictadura4.

4 Es preciso considerar que esta distribución regional está adecuada a la división político administrativa de Chile en el período de estudio y comprende desde 1974 según se estipula en el Decreto Ley N°573, a 12 regiones y un área Metropolitana de Santiago. Esta división territorial fue mantenida por la Constitución Política de 1980, y sólo reformulada en el año 2007.

Gráfico 2. Chile: Monumentos declarados por región.Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del sitio: www.monumentos.cl (enero 2018)

En la representación se pueden observar varias cuestiones:

a) El fenómeno del excesivo centralismo que se hace evidente con ciento dos

declaratorias en la región Metropolitana, precisamente en la capital del país, lo que

representa casi un tercio del total de declaratorias. En este mapeo es interesante

discutir la idea de regionalización que en diversos momentos el régimen se encargó de

anunciar, pero que no logró materializar.

b) En contraste al resto de Chile, la región de Aisén del General Carlos Ibáñez del

Campo no presenta Monumentos Nacionales, lo que la sitúa en un espacio marginal

de la gestión patrimonial, cuestión que es contradictoria con el énfasis geopolítico del

régimen que señalaba que:

La regionalización tiene que presupuestar un cambio mental del chileno, que lo haga

capaz de imaginar el lugar en que vive y el contorno que lo rodea como algo propio, vinculado

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L. ALegríA & r. LAndAetA

a sí mismo, poseedor de tradiciones, formas de vida y potencialidades culturales y materiales

de gran magnitud, que lo obligan a querer su tierra […] (Gobierno de Chile, Política Cultural,

1975).

Gráfico 3. Chile: Monumentos Nacionales según tipología.Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del sitio: www.monumentos.cl (enero 2018).

El Gráfico 3 nos permite señalar lo siguiente:

a) La mayor cantidad de Monumentos Nacionales declarados en Chile durante la

dictadura tuvo un énfasis histórico (29%).

b) La menor cantidad de MN declarados en el mismo período en Chile correspondió

a monumentos de tipo natural (3%).

c) Si bien se podría inferir que los monumentos de tipo militar podrían destacar,

no existe evidencia numérica que lo ratifique (5%). Es más, estas declaratorias son la

segunda minoría durante los años de estudio.

3.2.- MONUMENTOS HISTÓRICOS DECLARADOS DURANTE LA DICTADURA DE URUGUAY

La Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación creada en 1971, mediante la Ley Nº

14.040 estableció explícitamente lo que correspondía a monumentos en el Artículo 5º:

Podrán ser declarados monumentos históricos, a los efectos de esta ley, los bienes

muebles o inmuebles vinculados a acontecimientos relevantes, a la evolución histórica

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SOPHIA AUSTRAL Nº 23, 1er Semestre 2019: 33-55EN LOS LÍMITES DEL PATRIMONIO

nacional, a personajes notables de la vida del país o a lo que sea representativo de

la cultura de una época nacional. (https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/

leytemp9062972.htm, revisado enero 2018).

Además establecía que “la declaración de monumento histórico se hará por el Poder

Ejecutivo a propuesta de la Comisión” (Ley N° 14.040, Artículo 7°). Es decir, la Comisión

asesoraba al Poder Ejecutivo aunque era este último quien tenía la facultad de declaratoria.

Durante la dictadura en Uruguay (1973-1985) se realizaron quinientos cuarenta y cuatro

declaraciones de monumentos en todo el país (Gráfico 4).

Gráfico 4. Uruguay: Monumentos declarados según año.Fuente: Elaboración propia a través de los datos obtenidos en www.mec.gub.uy (enero 2018).

En el análisis del Gráfico 4 podemos señalar que:

a) La mayor cantidad de declaratorias se realizó entre 1975 y 1976 con doscientos

doce y ciento sesenta y dos declaratorias respectivamente. En este caso existe una clara

y evidente vinculación de las declaratorias de monumentos con lo que se conoció como

‘el año de la Orientalidad’ que fue en 1975. Parece que fue un punto de inflexión en la

articulación de la propuesta cultural por la dictadura. Dicho momento cultural pareció

tener aspectos comunes con el ánimo fundacional planteado para el caso chileno.

La idea de que era necesaria una refundación nacional que implicaba una diferencia

radical con el período previo a 1973, se expresó de diversas maneras en el campo

de la cultura a lo largo de 1975 (Marchesi, 1985, pp. 336-337). La concentración de

monumentos se hace contrastable con los escasez de varios años, en los que existió

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L. ALegríA & r. LAndAetA

una casi nula actividad de declaratorias de monumentos. Mediante la denominación de

‘Monumento Histórico’ (MH) se buscaba conformar una colección de objetos evocativos

de las zonas y valores del pasado que representaban oficialmente la identidad oficial.

En consecuencia en 1975, varias decenas de sitios y edificios entraron en esta categoría,

denotando el interés gubernamental por definir los límites del patrimonio histórico

(Cosse & Markarian, 1996, p. 41).

Hasta el 28 de febrero de 1985 en Uruguay existían diez y ocho departamentos. Es

pertinente subrayar que durante la dictadura se crearon los departamentos de Río Negro,

Rocha, Treinta y Tres, Artigas y Rivera, por tanto, los monumentos declarados en estos

departamentos fueron incluidos de manera autónoma a cada uno de ellos, y no al territorio

departamental anterior a la división territorial efectuada bajo la dictadura.

Gráfico 5. Uruguay: Monumentos declarados por provincia.Fuente: Elaboración propia a través de los datos obtenidos en www.mec.gub.uy (febrero 2018).

En el Gráfico 5 se puede observar que:

a) El departamento de Montevideo, capital del país, muestra la más alta

concentración de declaratorias que fue de 321 durante la dictadura.

b) Existieron departamentos con concentraciones importantes como son Cerro

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SOPHIA AUSTRAL Nº 23, 1er Semestre 2019: 33-55EN LOS LÍMITES DEL PATRIMONIO

Largo (49), Colonia (53), Maldonado (28), Rivera (39) y Soriano (36).

c) Varios departamentos (12 del total) que no muestran una concentración

relevante de declaratorias, incluso algunos no tuvieron declaratorias.

Gráfico 6. Uruguay: Monumentos declarados según tipología.Fuente: Elaboración propia a través de los datos obtenidos en www.mec.gub.uy (febrero 2018).

A modo de síntesis, y en base a los datos contenidos en el Gráfico 6:

a) La mayor cantidad de declaratorias de monumentos corresponde a la tipología

de histórico (32%), seguido por el industrial (26%).

b) La menor cantidad de declaratorias es la de tipo arqueológico (1%).

c) Es considerable el porcentaje correspondiente a monumentos de tipo Militar

(14%).

CONCLUSIONES

Podemos señalar que el análisis estadístico nos permite establecer una mirada que

identifica diferencias de forma y no de fondo, entre los discursos, representaciones y prácticas

con los cuales los regímenes dictatoriales de Chile y Uruguay asumieron su intervención en

el campo del patrimonio cultural. Esto porque se advierte tanto en la retórica expresada en

sus discursos, en el diseño de las políticas patrimoniales, así como en el conjunto de las

declaratorias realizadas, una política compleja de doble faz: por un lado, expresada como

señala Jara (2011) en la noción “restauradora” del alma nacional o la patria, pero que por otro

lado, apuesta por una reconfiguración o “refundación simbólica”; esto quiere decir que no se

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L. ALegríA & r. LAndAetA

trataba sólo de reproducir una política conservadora respecto de la gestión del patrimonio

cultural, sino más bien, de reforzar y resemantizar el campo de la sociedad y la cultura, en

los ejes del nacionalismo y militarismo.

Pese a la condición hegemónica de las autoridades militares, por la vía de la represión y

la fuerza, se da cuenta de cómo el patrimonio cultural es un espacio en disputa, esto porque

el acuerdo patrimonial y la concertación de las prácticas de conservación no transcurrieron

sin disonancias (Choay, 2007, p. 10), como los casos analizados.

Al mirar las declaratorias de monumentos, el caso de Chile se distingue de Uruguay

en que este último tiene una mayor acción declaracionista, pese a que la dictadura chilena

duró más años. En Uruguay, en total se declararon 544 MH entre 1973 y 1985, frente a los

376 de Chile, entre los años 1973 y 1989. Sin embargo, es importante precisar dos aspectos:

para el caso de Uruguay, el hito conmemorativo de la ‘Orientalidad’, marcó de forma absoluta

el fenómeno patrimonial. Es relevante hacer notar que sólo en 1975 se declararon 212

monumentos, casi la mitad de lo declarado en todo el período.

Al situar nuestro análisis en las políticas públicas del patrimonio cultural en el contexto

de los regímenes dictatoriales de Chile y Uruguay, se ha buscado demostrar la condición

crítica de continuidad y ruptura de dichos regímenes, así como de la propia categoría de

patrimonio cultural. Proponemos una interpretación que comenzando en estos regímenes,

a su vez los repasa, por ejemplo, en la discusión por la emergencia de la institucionalidad

y normativas de protección y gestión del patrimonio cultural, donde mostramos que el

contexto más global es el de la crisis de la modernidad y el tránsito hacia la postmodernidad,

en la tensión de lo moderno y lo tradicional.

La década de los 60’ constituye un momento de crisis mundial, coincidiendo con el

estancamiento del modelo de producción, el denominado “desarrollismo” que se conjugará

con el propio debilitamiento de las claves teóricas que permitían una comprensión más

compleja de la sociedad. Los ajustes en la academia, el campo político y cultural, son

parte de una conjunción de procesos, que pueden enmarcarse en el debate modernidad-

postmodernidad, cuyos inicios se dan en Europa, luego USA, para terminar impactando

a América Latina en menor intensidad en la década de los años 80’, coincidiendo con las

transiciones democráticas. Así la historia económica y política del continente se vincula

estrechamente con su historia cultural e intelectual.

Las dictaduras sin duda que poseen un fuerte componente conservador, son el

resultado de una reacción frente a los discursos de cambio, revisión, reforma y revolución

cultural que los movimientos, grupos políticos e intelectuales críticos de los 60’, buscaron

instalar en América Latina. Esta acción restauradora creemos, se expresa, aunque de manera

incipiente, a inicios de los 70’, previo a los golpes militares, coincidiendo con los discursos

patrimonialistas.

En ese sentido, el patrimonio cultural y los monumentos son un dispositivo de resguardo

de la tradición, que se expresará a través de las declaratorias de monumentos, la erección de

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SOPHIA AUSTRAL Nº 23, 1er Semestre 2019: 33-55EN LOS LÍMITES DEL PATRIMONIO

esculturas públicas, la fijación, recreación o resignificación de tradiciones, la ritualización

del calendario conmemorativo y los objetos históricos de los héroes patrios que tendrán

su momento de materialización en las políticas culturales autoritarias de los años 70’ y

80’. Es relevante mencionar que mientras una corriente intelectual conservadora apelaba al

rescate de la tradición con un fuerte sesgo de occidentalismo, cristianismo y nacionalismo,

en un salvamento del pasado ‘republicano’, la intelectualidad crítica hablaba de la muerte

de la tradición, cuestionaba el centralismo de occidente y la matriz cristiana como marco

interpretativo universal. Pero esto lo hacía con una mirada puesta fundamentalmente en el

futuro y no en el pasado, más bien era un debate por el futuro, con poco pasado.

Por ello, la disputa por el patrimonio cultural no formó parte de su agenda y lo

despreció como una simple querella, otra más, de la gestión por el pasado. En ese sentido, el

pasado entró por la vía de la música, el teatro, la danza y en algunas ideas que hablaban de

la revolución como la segunda independencia cultural, pero no dejó de ser en muchos casos

una retórica, mientras que de manera fáctica: plazas, calles, placas, esculturas públicas se

iban erigiendo como una materialidad sin contrapeso, en la trama urbana.

La emergencia de la preocupación por el patrimonio cultural no vino de una iniciativa

local, más bien fue resultado de un contexto internacional de profundo debate por los

vestigios del pasado, a propósito de los efectos de la gran guerra y los propios procesos de

transformación y modernización que vivieron las sociedades europeas en la década de los

60’, muchos de los principales cuerpos legales referidos al patrimonio cultural surgieron de

esas discusiones internacionales, como por ejemplo, la propia Convención de Patrimonio de

la Humanidad aprobada en 1972 por UNESCO, ratificada como hemos visto por los regímenes

dictatoriales en la década de los 80’. No cabe duda que tuvo un gran impacto en las propias

leyes nacionales y los debates locales.

Las dictaduras militares fueron sin duda regímenes donde la producción patrimonial

operará en una doble condición recursiva, por un lado proteccionismo y por otro apertura, pero

también, por uno rescate y por otro creación, discurso conservador y acción transformadora

a la vez. De un lado, el rescate en clave de resignificación de la noción clásica de patrimonio,

pero también un intento, no menor, por diseñar y exaltar la reinvención del patrimonio,

según sus propios intereses políticos.

Finalmente, este trabajo buscó contribuir desde un estudio de caso comparativo

hacia una comprensión más compleja del campo patrimonial, en un contexto de regímenes

dictatoriales, ya que en ellos se anidó un proyecto de sociedad, se desplegaron eficaces

estrategias de producción simbólica, configurando un repertorio de elementos materiales

e inmateriales que constituyeron una visión hegemónica, hasta el día de hoy en algunos

casos, del patrimonio cultural. Lo anterior, ha significado el patrón de continuidad e incluso

de vinculación hegemónica con el pasado. Si dicho alcance no logró plasmarse de manera

total en ambos países, esto fue resultado de factores internos, como la falta de claridad

o definiciones más precisas por parte de las cúpulas militares, pero principalmente por

54

L. ALegríA & r. LAndAetA

la opción en la implementación del modelo de sociedad neoliberal, el cual se sustenta en

los principios de privatización, individualismo y competitividad, opuestos a las nociones

colectivas de nación y patria.

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