El Congreso debe respaldar el acuerdo de los medios contra el crimen.

Por Josefina Vázquez Mota

El jueves 24, un importante grupo de medios de comunicación del país dio un valiente paso al presentar una estrategia para limitar los efectos propagandísticos del crimen organizado en los espacios informativos. Este “Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia” constituye un paso fundamental para evitar que el periodismo sirva involuntariamente como “caja de resonancia” de la delincuencia organizada, para no atribuir responsabilidades de manera explícita y proteger a las víctimas. La iniciativa, firmada por más de 700 empresas líderes de opinión, organizaciones de la sociedad civil, empresarios y miembros de la academia, plantea trabajar responsablemente para dimensionar adecuadamente la información sin interferir en el combate a la delincuencia.

Este acto de responsabilidad se sustenta en la defensa irrestricta a las libertades de opinión y prensa, en la independencia editorial, en el compromiso de informar con profesionalismo. Los mexicanos aspiramos por décadas a tener medios de comunicación que se expresaran sin otra limitante que sus códigos de ética y sus propias líneas editoriales. Sabemos bien el daño que causa a las libertades y la democracia el autoritarismo gubernamental que dictaba las noticias y editoriales a publicarse, o que señalaba qué no podía informarse. Sabemos bien que existieron medios que practicaron una especie de “autocensura”, que sólo buscaba satisfacer y fortalecer un sistema político autoritario y opaco.

Por ello se destaca esta decisión de los propios medios, en función de su experiencia, de formular y acordar criterios para brindar cobertura a temas relacionados con la inseguridad y el crimen organizado, que de ningún modo responden, como en el siglo pasado, a instrucciones o deseos del gobierno en turno. Esta propuesta surge justamente ante la experiencia de enfrentar en sus propios términos las presiones que la delincuencia ejerce o puede desplegar contra ellos.

Es la consecuencia del quehacer moderno de los medios y los comunicadores, que siguen la tradición de dueños de medios y periodistas que en el pasado decidieron no aceptar las reglas políticas autoritarias y que por lo mismo fueron amenazados y perseguidos de varias formas (desde temas fiscales hasta “inexistencia” de insumos para publicar). Precisamente porque se conocen estos costos, es que hay que defender el derecho de los ciudadanos a ser informados.

El crimen organizado, en ocasiones coludido con esferas del poder local, ha encontrado que el temor, la zozobra y la incertidumbre favorecen sus actividades delictivas, por lo que opera estrategias para someter, silenciar o incluso adquirir medios locales, para generar información adecuada a sus intereses. En algunos casos, los atentados contra medios locales han logrado que las noticias fluyan o no en función de la conveniencia de las organizaciones criminales, lo cual amenaza frontalmente la libertad de expresión y representa una manipulación impuesta a la opinión pública.

Así como la censura gubernamental fue autoritaria y antidemocrática, el señorío que en varias regiones busca establecer el crimen organizado sobre los medios y los comunicadores constituye una amenaza a la gobernabilidad, al Estado de Derecho y a nuestras libertades. El Acuerdo es una inteligente respuesta para impedir que el crimen

organizado avance contra la libertad de expresión y que la impunidad sea su aliada más importante.

Este anuncio no implica ocultar lo que sucede en el país. Representa el compromiso por ofrecer mayor cuidado en la calidad de la información que se difunde. Al consolidarse este Acuerdo, se facilitará el apoyo al orden civil y al respeto al Estado de Derecho, se robustecerá la cultura de la legalidad y la democracia, sin renunciar a sus tareas fundamentales del periodismo.

El Acuerdo busca proteger a los propios periodistas, solidarizándose en los casos en que hubiera amenazas contra reporteros o medios. En esta área, los legisladores debemos redoblar nuestro trabajo. Es impostergable alcanzar ya los acuerdos para contar con la legislación que resguarde el trabajo de los profesionales de los medios de comunicación. Ahí está la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal para reformar el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución, que sigue en espera de ser dictaminada en Comisiones de la Cámara de Diputados. No debemos seguir proponiendo el mecanismo para que las autoridades federales tengan la facultad de conocer de delitos del fuero común relacionados con la protección de la libertad de expresión, los derechos humanos, la seguridad pública y la seguridad nacional. Esta medida es muy importante porque dará más fuerza a la investigación y persecución de delitos cometidos contra periodistas, ya sea en cuanto a daño a sus instrumentos de trabajo, agresiones y lesiones, secuestro u homicidio.

Destaca entre los criterios editoriales que impulsa el Acuerdo, el aliento a la denuncia ciudadana, subrayando que debe garantizarse que esta participación no ponga en riesgo a

las personas frente a los criminales. Desde el Poder Legislativo, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional acompañará esta meta, promoviendo mecanismos de imputación seguros para las personas, para que la protección a los testigos no quede al arbitrio de los órganos de procuración de justicia.

Y también refrendamos nuestra convicción en establecer sanciones y condenas más severas, tanto a nivel federal como en el nivel local, contra quienes delincan o agredan a los profesionales de la información y la comunicación, otorgando a su trabajo el reconocimiento como elemento clave de las libertades y la vida democrática de nuestra sociedad.

Para decidir y actuar se necesita información. Es fundamental que la sociedad cuente con información sobre el tema de seguridad. A la información responsable y a la denuncia oportuna, deben sumarse la persecución efectiva de las organizaciones criminales y acabar con la impunidad que alienta a la delincuencia a seguir adelante con sus actividades. En materia legislativa esperan respuesta las iniciativas de ley de víctimas del delito, para protegerlas, garantizar el respeto a sus derechos procesales y asegurar una efectiva reparación del daño, de mando policial único, de lavado de dinero, de tráfico de armas, de robo de combustibles, o de traición a fuerzas armadas, entre otras. Lo propio corresponde hacer a cada orden de gobierno en cuanto asumir las responsabilidades y garantizar el ejercicio de la Ley.

El crimen organizado es un enemigo común de la sociedad, de los medios y del Estado. Los medios han decidido tomar esta acción. Debemos conformar un frente unido y sólido para afrontar la amenaza de la delincuencia. Los medios de

comunicación y los líderes de opinión han dado un paso clave en una agenda muy compleja. Es una agenda urgente y fundamental. Es una agenda en que los diputados del Partido Acción Nacional estamos listos para respaldar y acompañar propuestas que construyan acuerdos responsables, que incluyan voces de la ciudadanía, que respondan al compromiso del momento histórico que vive México.