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UNES: 26 años de Lucha

Ambientalista

por una Sociedad Justa y Sustentable

En esta edición:

-Comunidades de Jujutla, Ahuachapan, afectadas por agrotoxicos demandan atencion

medica al Gobierno de Funes.

-La agricultura es adicta a los agrotóxicos. entrevista con el ecologista Ángel Ibarra.Por

Rosaura Pérez. Contrapunto.

-Posicionamiento del seminario centroamericano de análisis sobre “industria minera, mitos y

realidades” minería: mitos y realidades.

-Manifiesto latinoamericano por el Yasuní.

-¿Quién nos alimentará? Silvia Ribeiro. ETC Group.

ECOBREVES

-Sabiduría ancestral para cultivar la tierra. Por Tomás Andréu. Noticias Aliadas.

Segunda quincena de septiembre 2013.

COMUNIDADES DE JUJUTLA, AHUACHAPAN, AFECTADAS POR AGROTOXICOS

DEMANDAN ATENCION MEDICA AL GOBIERNO DE FUNES

San Salvador, 26 de Septiembre de 2013. Dra. María Isabel Rodríguez. Ministra de Salud Pública y Asistencia Social. Presente. Estimada Señora Ministra. Reciba un cordial saludo de parte de pobladores-as de las comunidades del cantón Guayapa Abajo, en especial las de El Cocalito, El Triunfo, y Morro Grande, de los municipios de Jujutla y Guaymango, del Departamento de Ahuachapán. Le deseamos muchos frutos en su gestión

pública en beneficio de la salud de todos los salvadoreños-as. El motivo de la presente es para hacer de su conocimiento la actual problemática en términos de salud que sufren nuestras comunidades relacionada con el aumento de enfermedades crónicas, en especial las de carácter renal, las cuales se extienden a casi toda la zona sur del departamento; generalmente en aquellas que desde hace muchos años han tenido una vocación agrícola, más que todo en el rubro de caña de azúcar a través del riego indiscriminado de agrotóxicos. Esas enfermedades, en particular la Insuficiencia Renal Crónica, están causando penuria, dolor y muerte a gran número de nuestros hermanos y hermanas. Hacemos esta relación directa, debido a que vinculamos a los agrotóxicos usados indiscriminadamente para dicha explotación como los causante directos de tales padecimientos que hasta la fecha ya

cuenta con cerca de 400 enfermos graves , de los cuales, muchos/as ya han muerto. Nosotros/as como ciudadanos responsables queremos velar por la salud de nuestros pueblos y demandar soluciones inmediatas y factibles para todas las familias afectadas y las que en algún momento también puedan salir afectados/as. Queremos como comunidad unida que se visibilice y se priorice nuestro grave problema a nivel de Ministerio de Salud que tiene que estar al lado del pueblo sufrido que sigue viviendo las consecuencias de un país ha vivido con agrotóxicos desde hace mucho tiempo por culpa de la gran empresa privada y los terratenientes. Es por eso que en su calidad de Ministra de Salud le hacemos un angustioso y urgente llamado para que podamos obtener atención médica oportuna y apropiada en la zona y podamos superar esta situación siendo atendidos dignamente por su personal; tal como ha comenzado a hacerse en otras zonas del país (Bajo Lempa). Tal atención comprende un

proceso de acompañamiento de carácter preventivo y de tratamiento especializado de la enfermedad. En ambos casos demandamos que esta atención requerida cumpla con los estándares requeridos de calidad y calidez, y que sea personal especializado que pueda bridarnos la atención medica demandada. En resumen, nuestras demandas son las siguientes. • Atención inmediata con calidez y buena calidad, localmente y con personal especializado • Atención preventiva y educativa para concientizar sobre la enfermedad y los daños causados por el uso de agrotóxicos • Prohibir el uso de los agrotóxicos según ha sido aprobado a principios de este mes por la Asamblea Legislativa. Mucho agradecemos la atención que le preste a esta demanda angustiosa que le hacemos. Atentamente;

LA AGRICULTURA ES ADICTA A LOS AGROTÓXICOS

Entrevista con el ecologista Ángel Ibarra

Por Rosaura Pérez. Contrapunto Ángel Ibarra, director de la Unidad de Ecológica Salvadoreña (UNES) resume en dos pilares la contradicción que ha surgido luego de las reformas a la Ley Sobre el Control de Pesticidas y Fertilizantes: ARENA es “cínica” porque se opone a una industria que mueve “millones al año”; la agricultura puede sobrevivir si ocupa métodos no industriales y las enfermedades crónicas, a consecuencia de las intoxicaciones, desaparecerán de El Salvador. De acuerdo al ecologista la prohibición de 53 plaguicidas y fertilizantes es el culmen de una lucha que inició en 1992 con la Comisión Nacional de Plaguicidas (CONAPLAG) contra una serie de

agroquímicos conocidos como la Docena Sucia.

¿Cuáles de estos agrotóxicos son los que siguen en disputa? De los 53 agrotóxicos 33 han sido prohibidos por el Ministerio de Agricultura; siete están vinculados al Convenio de Rotterdam. Los que son considerados como indispensables por CAMAGRO, ANEP y una sociedad que defiende los intereses de esta agricultura tóxica que tenemos se

pueden simplificar a cinco: Paraquat, Gramoxone, metomil, tamarón,agromil y endosulfán. Estos, más Glifosato que comercialmente se conoce como Ranger son los seis productos por los que ARENA, CAMAGRO, PCN y la ANEP están peleando, ahí se centra la disputa. El problema es que la agricultura es adicta a los agroquímicos, encareciendo la producción agrícola. ¿Por qué se resisten a retirar estos agroquímicos? En el año 2012 se exportaron 4 millones y medios de litros de Paraquat, que son alrededor de 15 millones de dólares; 4 millones de Glifosato valorados en $5 millones; 5 mil kilogramos de Methil Paration; 60 mil litros de Endulsofán… los negocios de agroquímicos superaron los $25 millones al año. ¡Estos son oligopolios! ¿La agricultura es sostenible sin agrotóxicos? Está claro que estos productos son los principales causantes de las intoxicaciones, particularmente en las zonas donde se usa con mayor intensidad, en la caña de azúcar y la agricultura. Ante eso hay productos orgánicos que no van a enfermar a la gente, que van a apoyar la generación de alimentos sanos que pueden sustituir los agroquímicos. La pregunta es ¿podemos nosotros abandonar esta agricultura que es adicta a los agrotóxicos, dañina a la salud, que produce alimentos que vienen contaminados, por una agricultura sana? ¡Claro que se puede y por la gravedad que tenemos, por los impactos en el medio ambiente y en la biodiversidad hay que hacerlo pronto! ¿Qué más se puede hacer? Le hacemos al Presidente Funes (Mauricio) a no solo sancionar el decreto aprobado, sino a apoyar las prácticas ecológicas. Funes llamó a ARENA a que aprobaran la ley que prohíbe los plaguicidas; ARENA planteó que ese decreto era nefasto; el cinismo de ARENA es por el dinero que produce la venta de agroquímicos. La propuesta urgente es practicar la agroecología antes que en la zona costera se siga muriendo la gente. Es urgente sacar

estos contaminantes que ya han hecho que la insuficiencia renal crónica sea la tercera causa de muerte en el país, de muerte intra hospitalaria, la primera en hombres y la quinta en mujeres.

¿Qué se puede hacer para sustituir los agrotóxicos prohibidos? No es una sustitución mecánica, tenemos que orientar el tipo de agricultura que tenemos y para qué se hace agricultura en el país. Creo que debemos potenciar el rescate de semillas y especies de semillas con prácticas de diversificación de cultivos, conformación de suelos, producción de abonos orgánicos y herbicidas o de pesticidas, que son hechas con otras plantas con prácticas ancestrales; tenemos que sacar la producción verde, tenemos que sacar la revolución verde que se implementada para resolver los problemas de hambre de estos tiempos. ¿Qué beneficios da el retiro de los agrotóxicos? Disminuiría el gasto para atender enfermos crónicos y habría una población más sana. Los agricultores, además, ahorrarían en comprar agrotóxicos. Los exportadores tendrían mayor rentabilidad porque son productos sanos. El presidente debe sancionar el decreto para prohibir los agrotóxicos porque se pasaría a una práctica distinta. Se rescataría la biodiversidad agrícola y ecológica.

POSICIONAMIENTO DEL SEMINARIO CENTROAMERICANO DE ANÁLISIS SOBRE

“INDUSTRIA MINERA, MITOS Y REALIDADES” MINERÍA: MITOS Y REALIDADES

San Salvador, 20/09/2013 Las instituciones, organizaciones y representantes de pueblos en resistencia participantes en el Seminario Centroamericano de Análisis sobre “Industria minera, mitos y realidades” hemos decidido concluir nuestros testimonios, reflexiones, debates y deliberaciones con la siguiente declaración. 1- Declaramos que nos inspira el amor por la vida, la solidaridad y el compromiso con las víctimas y la entrega de los mártires del sistema depredador y productor de violencia y miseria; que nos anima el convencimiento de sentirnos corresponsables de nuestro planeta como un regalo del Dios de la Vida para que dignamente lo compartamos como nuestra única casa común. 2- Declaramos que nos situamos en resistencia permanente contra la industria minera y sus compañías transnacionales explotadoras, generadoras de desastres sociales y ambientales, y que constituyen una amenaza creciente para la vida de las comunidades. Aunque la minería es riqueza, esta funciona en la lógica de multinacionales que, en contubernio con socios dentro de cada país, la explotan para llevarla al extranjero. 3- Declaramos que la industria minera y las concesiones para la explotación industrial de otros recursos naturales son reflejo de un modelo extractivo, consumista y de contaminación. Es una explotación basada en la lógica de consumo infinito en un mundo con recursos limitados. La riqueza mineral deja miseria y desastre ambiental en las comunidades ubicadas en las áreas de explotación, en contraposición a la creciente vida de lujo y derroche de los propietarios de las compañías mineras. 4- Declaramos que la industria minera ha alcanzado tan alto nivel tecnológico que

requiere cada vez de menos mano de obra y de menos tiempo para extraer la riqueza mineral, dejando como secuelas un acelerado desastre ambiental y la destrucción de las tradicionales formas comunitarias de vida. Una comunidad tocada por la explotación minera nunca vuelve a ser la misma; sus tejidos culturales quedan rotos. La explotación minera conlleva, promueve e incentiva la división y la corrupción.

5- Declaramos que en esta resistencia se confrontan dos cosmovisiones. La primera mira a la naturaleza y la Tierra como una madre, como fuente de vida y don sagrado para pueblos y comunidades. Las comunidades indígenas testimonian que “la Tierra es nuestra madre y las mineras la tienen destrozada, le han partido el corazón y eso es un atentado contra Dios”. La segunda es la de las compañías mineras. Para estas, las montañas y las minas, el agua y los bosques son negocio, dinero, crecimiento, desarrollo, bienestar económico, en el que todo debe ser convertido en ganancias y capital. 6- Declaramos que la industria minera con todas sus secuelas es criminal y por eso está provocando un fenómeno creciente de resistencia de comunidades, articuladas con organizaciones ambientalistas y populares. Como contrapartida, las mineras, en alianza con empresarios

nacionales y autoridades públicas, amenazan, persiguen, secuestran y asesinan a dirigentes y líderes comunitarios a través de la Policía, el Ejército y guardias de seguridad privada. 7- Declaramos que las compañías mineras se confabulan con diputados de nuestros Congresos o asambleas legislativas para aprobar figuras jurídicas con el doble propósito de minimizar costos legales y criminalizar las luchas de resistencia. Las compañías mineras han hecho alianzas con medios informativos y comunicadores nacionales hasta conformar cercos mediáticos para controlar la información, desfigurar las luchas y presentar a la industria extractiva y contaminante como “bondadosa” para las comunidades, el Estado y la sociedad. 8- Declaramos que nuestras luchas de resistencia se han de apoyar en alianzas con los diversos sectores nacionales e internacionales con los que compartimos el compromiso de defender nuestros bienes comunes y territorios; en estrategias de comunicación alternativa que logren romper el cerco mediático. Si las corporaciones mineras son las mismas que están en nuestros países, ¿cómo emprender luchas que fortalezcan nuestras identidades para hacer frente al peligro de dejarnos deslumbrar por el oro y las regalías de las compañías mineras? ¿Cómo fortalecer nuestros compromisos éticos para saber vencer las tentaciones de los sobornos, las atractivas ofertas de las

mineras de mejorar los servicios públicos en nuestras comunidades o los miedos ante las amenazas y chantajes? ¿Cómo conformar plataformas/bloques que articulen nuestras luchas nacionales con luchas centroamericanas y latinoamericanas? 9- Declaramos que como comunidades; organizaciones ecologistas, ambientales, populares; universidades jesuitas; pueblos originarios; y sectores de iglesias que buscamos ser fieles al Evangelio, optamos por la articulación de los diversos esfuerzos en una lucha común por la paz, la salud y la vida, a partir de la defensa y protección de nuestros bienes naturales. Nuestra lucha será más creíble y sólida si la sostenemos sobre compromisos éticos y una práctica testimonial de austeridad, reciclaje, ahorro y protección de la naturaleza que comience en nuestros ambientes familiares e institucionales más cercanos. 10- Declaramos que la vida es el don más preciado que hemos recibido de Dios y que lo debemos seguir defendiendo desde todos los medios pacíficos, no violentos. En pie de testimonio, elevamos nuestra plegaria al Dios de Jesucristo para que, con su Espíritu, tengamos las fuerzas para seguir las huellas de nuestros mártires latinoamericanos en este camino de entregas y generosidades hasta alcanzar la paz que nos arrope como un solo pueblo en libertad.

MANIFIESTO LATINOAMERICANO POR EL YASUNÍ

Las grandes crisis de la humanidad suelen propiciar ambientes bastante fecundos en ideas, iniciativas y cuestionamientos. La crisis ambiental que nos acoge

actualmente, nacida de las maniobras extractivas propias del modelo capitalista que viene agobiándonos históricamente, ha sido un escenario fértil para cuestionar

nuestra relación con la naturaleza, para pensar el territorio y para embarcarse en nuevos propuestas alternativas al modelo. Así la iniciativa de “dejar el crudo en el subsuelo”, concebida por organizaciones y ciudadanos ecuatorianos, conscientes de la barbarie ambiental causada por la extracción de petróleo en sus selvas amazónicas, se encamina a proponer estrategias que impidan la continuidad y la implementación de un modelo extractivista en los territorios, llamando a la comunidad internacional a acompañarles en su tarea. Lamentablemente la propuesta de dejar el crudo en el subsuelo, reconocida posteriormente por el gobierno de Rafael Correa como Iniciativa Yasuní/ITT, se encuentra ahora sepultada por el propio presidente ecuatoriano mediante el Decreto 74 del 15 de Agosto de 2013, que da por terminada la Iniciativa Yasuni-ITT. Procediendo inmediatamente a solicitar a la Asamblea Nacional la declaratoria de asunto de importancia nacional la explotación del petróleo en el bloque Ishpingo-Tambococha-Tiputini del Yasuní, ubicado en la región de mayor diversidad biológica del mundo. No obstante, el potente pueblo ecuatoriano, inalienable ahora en este tema, comprende la importancia ambiental del Yasuní y, por ende, ha solicitado a la Corte Constitucional un dictamen de constitucionalidad a la pregunta que servirá de base para una consulta popular. Ante este escenario, las organizaciones sociales, ambientalistas, comunitarias, culturales, académicas y la ciudadanía abajo firmantes apoyamos decididamente la propuesta de Consulta Popular, considerando que además de buscar la conservación eficaz de la vida y existencia de la selva amazónica, la consulta es una evidencia de la conciencia creciente de los ecuatorianos frente a su propia naturaleza. Se triunfa con una Consulta Popular porque se reivindican los poderes políticos de la sociedad, se potencia el poder de lo popular y se refuerza el derecho legítimo de los pueblos de tomar decisiones concernientes a su territorio Sin lugar a dudas, entendemos que la Constitución Política de la República del Ecuador es una

carta audaz en términos de derechos constitucionales y conservación de la naturaleza, y rechazamos la forma en que el gobierno actual pretende transgredirla con la propuesta de explotación del bloque petrolero ITT en el Parque Nacional Natural Yasuní. Rechazamos el decreto presidencial que consideramos ilegítimo, dado que viola los derechos humanos y de la madre tierra contemplados en la Constitución Nacional ecuatoriana. La decisión presidencial vulnera particularmente los siguientes artículos: Artículo 57.- Relacionado los derechos colectivos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. Artículo 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. Artículo 395.- El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras… Artículo 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. Artículo 405.- EI sistema nacional de áreas protegidas garantizará la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas… Artículo 407.- Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles… Artículo 413.- El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en riesgo la soberanía

alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el derecho al agua… Objetamos los argumentos presentados por Rafael Correa para explotar el petróleo existente en el Yasuní, al decir que los ingresos generados de la explotación son indispensables para mejorar las condiciones de vida de las comunidades amazónicas ecuatorianas, dudamos que esto sea posible bajo el escenario propuesto de explotación. En primer lugar, porque históricamente está demostrado que en el Ecuador las regalías por petróleo no tienen una relación directa con una mejor calidad de vida, por el contrario han sido las comunidades, que habitan las zonas de donde se extrae el petróleo, quienes se cuentan entre los más desabastecidos y con los mayores índices de pobreza. En segundo lugar, resaltamos que no es posible pretender mejorar las condiciones de vida de las comunidades mediante la explotación petrolera, porque con la degradación de su territorio, se vulneran asimismo sus relaciones sociales y con la naturaleza, que son el sustento real para su vida. La cultura de las comunidades es una manifestación de la naturaleza de la que hacen parte, así pues el desequilibrio de su territorio, será el desequilibrio de su vida, porque su cosmovisión incluye lo que para ellos es conocido: sus ríos, sus alimentos, sus rutas, sus tiempos, su aire, su maraña verde. Reafirmamos las decenas de razones para defender el Yasuní de cualquier tipo de actividad extractiva, principalmente la riqueza de su biodiversidad, sus relaciones ecológicas tejidas por milenios, sus medicinas, sus particularidades fisiológicas, paisajísticas, su resiliencia, su metabolismo ecológico, sus particularidades étnicas (especialmente la presencia de pueblos en aislamiento voluntario), su valor escénico, su vida, sus millones de años de historia evolutiva. Asimismo rechazamos los modelos gubernamentales basados en el extractivismo, la adicción por el petróleo, la obsesión por el crecimiento económico ilimitado y las economías rentistas.

Rebatimos la idea de que el uno por mil (1x1000) del Yasuní que se explotará es un área mínima o despreciable, pues esa proporción corresponde a la magnífica área de 982.000 hectáreas, que no está distribuida de manera continua, sino que está compuesta por diferentes campos que tendrán que ser interconectados. Por lo cual, el uno por mil presentado como despreciable, aumentará a través del tiempo, por esta razón instamos a las comunidades a no dejarse distraer por la forma conveniente de presentar esta cifra. Asimismo, contradecimos la idea de que la afectación ambiental será mínima por la implementación de modernas tecnologías con poco impacto, pues aún para la explotación horizontal como mínimo se necesita numerosas detonaciones en toda el área solo en la fase de exploración, además se necesitarán también instalaciones para vías de acceso, líneas de transmisión, tuberías en toda el área y usar amplias zonas para la instalación de cada pozo, sin mencionar de los procesos de colonización que provoca la actividad petrolera.

Aplaudimos a los ciudadanos y organizaciones ecuatorianas tanto por la propuesta de “dejar el crudo en el subsuelo” (Iniciativa Yasuní/ITT) como ahora por el llamado a Consulta Popular. En especial a los movimientos de jóvenes que con sus acciones se convierten en un referente histórico para el planeta entero, y el Ecuador como un indiscutible líder en propuestas innovadoras en materia ambiental. Celebramos el mensaje contundente que están dando al mundo, que la permanencia de la vida no tiene discusión, que la vida puede entenderse en términos de ciclos, flujos y sinergias, porque como dice Fritjo Capra, “lo que le hagamos a la tierra nos lo hacemos a nosotros mismos”. Por último hacemos un llamado a la comunidad internacional, organizaciones ambientalistas, académicas, sociales, espirituales, étnicas y ciudadanos

permanezcamos atentos al futuro del Yasuní y continuemos respaldando y acompañando las motivaciones del pueblo ecuatoriano en esta labor de repercusiones planetarias. Apoyamos la Consulta

Popular... queremos un Yasuní vivo y que los ecuatorianos sigan inspirando a las naciones con su proceder!

¿QUIÉN NOS ALIMENTARÁ?

SILVIA RIBEIRO. ETC GROUP

El tema del hambre y las necesidades alimentarias frente a la creciente población mundial es crucial, pero está atravesado de supuestos equivocados que urge terminar. Casi todos los gobiernos y la comunidad internacional que se ocupa del tema alimentario parten de la premisa que necesitamos la cadena industrial y sus tecnologías para alimentarnos, tanto en el presente como para enfrentar los desafíos futuros. Los campesinos y otros pequeños productores de alimentos son vistos como algo casi folclórico: existen, pero son marginales y no juegan un papel importante en la alimentación. Es también la consigna de transnacionales y científicos que son financiadas por ellas: sin semillas industriales y transgénicas, sin monocultivos industriales, maquinarias y gran cantidad de insumos y agrotóxicos, el mundo pasará aún más hambre ante el aumento de población y el caos climático. Sin embargo, los datos duros muestran una realidad inversa: es justamente la cadena industrial, las trasnacionales y sus tecnologías, las que exacerban las crisis y producen más hambre, mientras que las redes campesinas y otros pequeños son quienes alimentan a la mayoría. Frente a las contradicciones entre datos reales y supuestos equivocados que son base de políticas nacionales e internacionales, en el Grupo ETC, que seguimos el tema agrícola y alimentario y sus configuraciones empresariales desde la década de los setenta, decidimos compilar investigaciones de varias décadas y contrastar en un solo documento las realidades de la cadena industrial alimentaria y las redes campesinas. Lo sintetizamos en un poster de 6 láminas, que compara ambas realidades

contestando 20 preguntas comenzando por ¿quién nos alimenta hoy? y ¿quién nos alimentará en el 2030?

El mercado mundial de la alimentación, desde las semillas y la agricultura hasta los supermercados, es desde 2009 el mayor mercado mundial, superando a los energéticos. Siendo además un rubro esencial para la supervivencia, no sorprende que las transnacionales se hayan lanzado agresivamente a controlarlo. El proceso no tomó mucho tiempo: en tecnología unos cincuenta años, con la llamada Revolución verde, en nuevas regulaciones para favorecer los oligopolios de mercado, apenas un par de décadas. De Monsanto a Walmart, una veintena de transnacionales controlan ahora la mayor parte de este lucrativo mercado. Que las transnacionales dominen la cadena industrial de producción de alimentos no significa que alimentan a la mayoría. Aunque controlan cerca del 70 por ciento de los recursos agrícolas globales (tierra, agua, insumos), lo que producen solo llega a un 30 por ciento de la población mundial. La mayor parte de los alimentos sigue viniendo de manos campesinas, indígenas, pescadores artesanales, recolectores, huertas barriales y urbanas y otros/otras pequeños, que con apenas 30 por ciento de los recursos agrícolas, alimentan al 70 por ciento de la humanidad.

La cadena industrial desperdicia dos terceras partes de su producción de alimentos, devasta suelos y ecosistemas, ocasiona enorme daños a la salud y el ambiente, y pro ella 3 mil 400 millones de personas, la mitad de la población mundial, está mal alimentada: hambrienta, desnutrida u obesa. La red campesina y de pequeños proveedores de alimentos tiene un nivel mínimo de desperdicio, usa y cuida una enorme diversidad de alimentos con mucho mayor contenido nutricional, más saludables y con un impacto ambiental bajo o inexistente. Incluso negativo, porque contrarrestan la devastación causada por la cadena, como en el caso del cambio climático. Esto, aún tomando en cuenta que buena parte de los campesinos usan algún agroquímico. Para proveer ese 30 por ciento de los alimentos, la cadena industrial usa el 70-80 por ciento de la tierra arable, el 80 por ciento de los combustibles fósiles y el 70 por ciento del agua destinados para uso agrícola. Además causa el 44 a 57 por ciento de los gases de efecto invernadero, deforesta 13 millones de hectáreas de bosques y destruye 75 millones de toneladas de cubierta vegetal cada año. La red campesina cosecha el 60-70 por ciento de cultivos alimentarios con 20-30 por ciento de la tierra arable, utiliza menos del 20 por ciento de los combustibles fósiles y el 30 por ciento del agua destinados al uso agrícola, usa y nutre la biodiversidad y es responsable por la mayor parte del 85 por ciento de los alimentos que se producen dentro de fronteras nacionales. Es el proveedor

principal, y muchas veces el único, de los alimentos que llegan a los dos mil millones de personas que sufren hambre y desnutrición.

A estos datos se suman muchos otros sobre volumen de producción por hectárea, puestos de trabajo, tierra, agua, pesca, bosques, diversidad de semillas y microbiana, polinizadores, investigación agrícola, patentes y monopolios, producción animal e impactos derivados, impactos en salud y ambiente, que muestran realidades parecidas y a menudo desconocidas no sólo para los gobiernos, también para muchos de nosotros. El documento, titulado ¿Quién nos alimentará? La cadena industrial o la red campesina, parte de más de un centenar de fuentes, la mayoría de organismos de Naciones Unidas como FAO, PNUMA, PNUD, UNCTAD. El resto es de instituciones académicas o de investigación de la sociedad civil, citando reportes que a su vez están basados en otros cientos de fuentes, como los producidos por Grain y Oxfam.

ECOBREVES SABIDURÍA ANCESTRAL PARA CULTIVAR LA TIERRA

Tomás Andréu. Noticias Aliadas Prácticas agroecológicas incluyen utilización de semillas nativas, abonos orgánicos, control biológico de plagas, rotación de cultivos y respeto de los ecosistemas. No hay atajos para llegar a la sabiduría. Tampoco hay una fórmula mágica para

conservarla y hacerla llegar a otras generaciones. El Salvador empieza a entender esto ahora que ve contaminado su suelo y contagiados con químicos sus alimentos. Pero en la dinámica incierta que existe en la producción de alimentos en el país centroamericano, paralelamente se mueven otros mecanismos amigables con la tierra y con la cosecha que esta da. Esto

viene tras retomar la herencia ancestral, el respeto al ciclo de los ecosistemas y de la voluntad de hombres y mujeres que buscan la soberanía alimentaria a través de la agroecología. “Los procesos ancestrales los hemos aplicado gradualmente. Nuestros ancestros no practicaban el monocultivo, por eso buscamos plantar yuca, elote (maíz), pipianes (calabacín), loroco. La gente hasta dejó de sembrar flores en sus parcelas. Por eso nuestros suelos antes eran riquísimos y por eso queremos recuperar toda esa tradición que incluía también la siembra de hierbas como la mora”, le explica a Noticias Aliadas Juan Pablo Pérez, del Programa de Campesino a Campesino, impulsado por los propios agricultores y que se basa en el trueque de los productos que cultivan sus integrantes. Esta iniciativa data de 1984 y tiene a países como México y Nicaragua como precursores, pero en El Salvador el esfuerzo ha fluctuado en el tiempo, desde 1994 hasta tener una dinámica constante y sólida a partir del año 2000. Pérez es un agricultor del céntrico departamento de Cuscatlán. Cultiva granos básicos, hortalizas y frutas. Trabaja con abonos orgánicos para proteger la siembra. Utiliza plantas aromáticas para repeler a los depredadores y evitar hongos. Su método logra mantener a raya a la mosca blanca en cultivos como chile (ají), tomate, espinaca, frijol rojo y maíz criollo. “Lo que hacemos nosotros es preparar sustancias fuertes que huelan mal para ahuyentar a las plagas o insectos. Una de ellas es a base de chile, ajo y cebolla. O hacemos un jabón con semillas de aceituno. La masa de este producto se pone en un galón de agua y se fumiga el follaje de las plantas”, asevera Pérez. “Para nosotros, en una parcela agroecológica, todos los insectos deben de estar ahí: orugas, lombrices, hormigas. Debe de haber un equilibrio para una buena producción”, añade.

Reemplazando los agroquímicos Pérez tiene estrecho vínculo con la no gubernamental Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), que busca nuevas alternativas para enfrentar los daños que causan los agroquímicos y el cambio climático. “Las prácticas agroecológicas tienen un procedimiento totalmente diferente a las tradicionales en el tratamiento de la producción de alimentos que se ha implementado desde la ‘Revolución Verde’ en el mundo. Esto tiene que ver con productos orgánicos para la producción que se vuelven sustentables [para la tierra, los agricultores, el país] porque no necesitan de los agrotóxicos o el uso de semillas híbridas ni mejoradas”, explica Mercy Palacios, del área de Incidencia en Políticas Públicas en Soberanía Alimentaria de la UNES. Palacios comentó a Noticias Aliadas que en San Julián, municipio ubicado en el occidental departamento de Sonsonate, son los mismos líderes de las comunidades quienes han retomado estos conceptos ancestrales con los que gradualmente han sustituido a los agroquímicos. El esfuerzo del Programa de Campesino a Campesino y de la UNES ahora tienen un ingrediente vital de su parte: la Asamblea Legislativa prohibió el 5 de setiembre la importación, exportación, distribución y comercialización de 53 agroquímicos. La acción del Órgano Legislativo ha creado un efecto dominó desde los empresarios, pasando por los trabajadores de la tierra hasta llegar al gobierno, pues este último tiene dos años para buscar los sustitutos de estos agentes.

La prohibición de estos químicos tiene su origen en las 60 muertes, todas por insuficiencia renal, ocurridas entre enero y setiembre del 2013 en San Luis Talpa, departamento de La Paz, en el centro sur del país. Los pobladores de la zona culparon a la contaminación que surgió a través del uso de agrotóxicos. “Uno de los obstáculos que hay que derrotar es que sin pesticidas no se puede sembrar y esto [creencia] es debido a las noticias de los medios de comunicación y a la propaganda de engaños. Esto impide que haya un reconocimiento de las técnicas y sabiduría de antaño”, enfatiza Palacios. Pero la voz de la UNES también reconoce que los agricultores son quienes por voluntad propia y fe ciega buscan los agroquímicos y hasta rebasan su uso en la tierra. “Hay un acomodamiento de muchos agricultores por las viejas prácticas y por el otro lado, la tierra está altamente contaminada”, afirma Palacios. Para devolverle la salud a la tierra, agrega, hay que “pensar agroecológicamente” y “empezar por la descontaminación del suelo a través de la semilla nativa”, porque “esta se puede volver a producir año con año en la misma comunidad” sin necesidad de acudir a un agroservicio. El rol protagónico de las mujeres Si de legado se trata, el protagonismo que tiene la mujer en la agricultura ancestral pervive hasta hoy. Sonia Brito, de la Asociación Agropecuaria “Mujeres Produciendo la Tierra”, es un ejemplo. No sólo es una integrante trascendental en la institución, también cultiva la tierra. “Siembro en un terrenito que tenemos con mi esposo y mi familia y hacemos barreras efectivas con zacate de vetiver [pasto]. Estamos totalmente organizados con mi familia para el mantenimiento y conservación de nuestra parcela”, describe Brito a Noticias Aliadas.

Ella siembra rábano, tomate, chile dulce. También ha empezado a cultivar café en su terreno del cantón Talcomunca, caserío Buena Vista del municipio de Izalco, en Sonsonate, un lugar con fuertes raíces indígenas, esfuerzo que verá sus frutos en tres años. Su labor no llega hasta ahí, también ella transmite su saber. Junto con la asociación cuida los pasos de 12 grupos de mujeres de los departamentos de Sonsonate y Santa Ana. La agroecología que ella conoce la enfoca por áreas: organización, formación, provisión, incidencia y salud comunitaria. Hay frutos, tardan en verse, pero los hay. “La tierra está muy contaminada y no podremos combatir esto de la noche al día. Hemos realizado prácticas que han resultado muy lentas, pero sí hemos tenido cambios, muchos cambios. Hay algo que ya no se debe de permitir y es la tala de los árboles y estos son los que nos ayudan en esta zona tan lluviosa del país, parece simple pero es una defensa contra el cambio climático”, manifiesta desde su experiencia Brito. La agricultora está contenta por la prohibición que hizo la Asamblea Legislativa sobre los pesticidas, aunque reconoce que “usamos agroquímicos, pero ese es nuestra gran apuesta también, dejar de usarlos. Ya tenemos un 35% de reducción. Es una lucha la que tenemos con ese tema”. Para Palacios, el Estado debe implementar “un marco jurídico que permita crear la soberanía alimentaria que necesita el país. Necesita echar a andar un programa de semillas nativas que excluya los fertilizantes químicos y que agregue oportunamente las asesorías técnicas a los agricultores. Y lo más importante: que empiece el rescate del conocimiento de nuestros ancestros”.

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